El Real Decreto-Ley 28/2020 sobre el trabajo a distancia: ¿un marco normativo que satisface el ejercicio del derecho de representación de los trabajadores a distancia?

• Fernando Fita Ortega ^[1]
  1. [1] Universitat de València

     Universitat de València

     Valencia, España

     
• Localización: Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, ISSN 0213-0750, Nº 156, 2021, págs. 125-148
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    Es un hecho reiteradamente denunciado que la normativa laboral necesita de una revisión que la contextualice al actual entorno productivo. Revisión que resulta más necesaria, si cabe, por lo que se refiere a la regulación de las estructuras de representación de los trabajadores en la empresa. La normativa surgida a raíz de la situación de pandemia provocada por la Covid-19 ha significado un avance en esta labor de actualización, tal y como ha sucedido con la nueva regulación del trabajo a distancia con el Real Decreto-ley 28/2020. Sin embargo, es difícilmente compartible la afirmación de que esta norma constituya un marco normativo que satisfaga el ejercicio de los derechos de representación de los trabajadores a distancia, aspecto sobre el que muy poco se ha avanzado respecto a los criterios que, fundamentalmente la doctrina judicial, venía sosteniendo. El presente texto se centra en analizar esos cambios y detectar sus carencias

  • English

    Different authors have insisted on the necessity of updating the rules applicable to the employment relationships and contextualizing it to the current productive environment. This commitment is even more relevant in the case of the legislation on workers’ representatives. The rules appeared in the emergency context of the pandemic Covid-19 have made progress in this field, and the Royal Decree-law 28/2020 about telework is an example of that. However, it is difficult to consider this new legislation as the legal framework that fulfils the requirements of teleworkers about their representation needs. In this field, no much progress can be observed in relation to the criteria settled by Labour Courts. This paper focuses on analyzing these changes and identifying their shortcomings.