La facultad de atracción como mecanismo excepcional de alteración del reparto de competencias jurisdiccionales en materia penal: un estudio de las reformas de legislación mexicana de 2012 y 2013

• Miguel Beltrán de Felipe ^[1]
  1. [1] Universidad de Castilla-La Mancha

     Universidad de Castilla-La Mancha

     Ciudad Real, España

     
• Localización: Anuario iberoamericano de justicia constitucional, ISSN 1138-4824, Nº. 20, 2016, págs. 33-68
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • The Removal of Criminal Cases to the Federal Jurisdiction: A Study of the Mexican Reforms of 2012-2013
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• Resumen
  • español

    El artículo describe y analiza, desde el punto de vista del derecho comparado, pero con particular énfasis en México, uno de los más relevantes fenómenos de conflicto y/o de alteración del reparto de las competencias entre los órganos del poder judicial en materia penal. Se trata de la llamada facultad de atracción, consistente en que un caso pasa de la jurisdicción territorial (estatal o provincial) a la jurisdicción central (federal). La finalidad del trabajo es presentar una especie de mapa de cómo algunos países regulan y resuelven las posibles conflictos o colisiones de competencia entre los ámbitos de los distintos tribunales o de las distintas jurisdicciones penales, y de si en los países federales como México (en las reformas llevadas a cabo en 2012 y 2013 para la represión penal de los delitos contra periodistas), se prevé o no, y en qué términos, el trasvase de casos de la jurisdicción estatal a la jurisdicción federal, esbozándose algunos criterios para esta facultad de atracción.

  • English

    The article deals with the main situations in which criminal jurisdictions can collide at national level, or in which the courts resolve the jurisdictional conflicts which arise. It focuses mainly on Mexico, and it uses a comparative approach. It analyzes the most common conflict, that is: the possibility of removing or remanding a case from local or State Courts to Federal Courts. The article aims at mapping the main problems posed that this type of conflict in the criminal jurisdictions, and at pointing out what the solutions have been in different countries. It also tries to establish some minimum standards regarding the capacity of federal authorities to remove a particular case from state or local Courts, particularly in Mexico, after the procedural reforms of 2012 and 2013 to punish the crimes against freedom of expression and particularly against journalists.