Monografías de Temas Laborales, nº 41. Derechos de libertad sindical y principio de igualdad

Información general

Autoría
Carrizosa Prieto, Esther
Editado por
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL)
Año de publicación
2009
Tipo
Libros
Soporte
Electrónico
Ref.
400 pág.
Idioma
Español

Resumen de la publicación

De las tres posibilidades que se perfilan en el texto constitucional para proteger el contenido de los derechos sindicales cuando resultan afectados por diferencias de trato (a través del principio de igualdad, de la prohibición de discriminación y desde el propio contenido del derecho de libertad sindical), la jurisprudencia constitucional ha optado claramente por un procedimiento que integra las exigencias del principio de igualdad en el derecho de libertad sindical. De esta forma, la legitimidad de las diferencias establecidas por sujetos públicos y privados en el ámbito de los derechos sindicales se analiza aplicando el juicio de razonabilidad, lo que implica someter las medidas diferenciadoras a los parámetros de objetividad, adecuacion y proporcionalidad en sentido estricto. El presente trabajo tiene por objeto analizar ese procedimiento de integración, poniendo de manifiesto los obstáculos que genera para una efectiva protección de los derechos de libertad sindical. La constatación de que el juicio de razonabilidad, tal como ha resultado aplicado por la jurisprudencia constitucional, permite legitimar las diferencias que inciden sobre los derechos sindicales sin medir los efectos que provocan sobre su contenido constitucional, conduce a la consideración de otras posibilidades, concretamente aquella que opta por una tajante separación entre los preceptos implicados en las diferencias por razones sindicales. Sólo una interpretación autónoma de los derechos considerados permite que el sistema de garantías que el texto constitucional atribuye a los derechos sindicales (garantía del contenido esencial y principio de proporcionalidad en sentido amplio) cumplan efectivamente su función: controlar las injerencias de poderes públicos y privados y asegurar su eficacia directa en los distintos ámbitos en que está llamado a desenvolverse.

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