David Fernandez-Rojo

De los 40.100 migrantes que en 2021 llegaron a España se estima que más del 90% recurrieron a redes criminales de tráfico. Este artículo analiza la relevancia y el uso judicial de la información que se recaba de los migrantes irregulares que acceden a España por vía marítima valiéndose de la asistencia de estas redes. Aquellas víctimas que deciden colaborar presentan la condición de testigos protegidos y su testimonio se incorpora, ante el lógico riesgo de incomparecencia durante el juicio, como prueba preconstituida. Dada la excepcionalidad de este tipo de prueba, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo requieren que se complemente de elementos objetivos. A este respecto, este estudio revela que las fotografías de la agencia descentralizada de la UE, Frontex, en las que se identifica a los patrones de las embarcaciones, constituyen corroboraciones externas que refuerzan las declaraciones practicadas por los migrantes.

The current migration crisis at the Poland-Belarus border has again brought the topic of FRONTEX’s role and operational assistance to Member States that are facing sudden and extraordinary migration pressures at their borders the fore. FRONTEX’s role as EU decentralized Agency in such critical situations has been debated hotly and at times emotionally, particularly since the Agency’s operational powers have been reinforced. This paper provides a description of FRONTEX’s competencies in stopping organized criminal networks from smuggling migrants into the EU.

One of the components of the European integrated border management that FRONTEX shall now develop is the prevention and detection of migrant smuggling. FRONTEX’s objective consists of both, the existing deficiencies at the national level and responding effectively to exceptional and sudden migratory flows.

La progresiva institucionalización e integración de la administración del Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ) ha sido una constante desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht. Gradualmente, las instituciones de la UE fueron adquiriendo relevancia en asuntos que anteriormente eran competencias reservadas en exclusividad a los Estados miembros como la migración, el asilo y la gestión de fronteras. Durante este proceso, las agencias descentralizadas de la UE devinieron en actores institucionales clave para garantizar una implementación efectiva y armonizada de la legislación y las políticas del ELSJ a través de la asistencia operativa que estas prestan a los Estados miembros. Este artículo, por tanto, se centra en estudiar las novedades que los Tratados de Maastricht, Ámsterdam, Niza y Lisboa han supuesto para la administración del ELSJ, así como la relevancia de los programas estratégicos plurianuales de Tampere, La Haya, Estocolmo y las Directrices estratégicas de 2014 en la configuración administrativa actual del ELSJ. Asimismo, ante la ausencia hasta la fecha de una definición y clasificación de las agencias descentralizadas de la UE que operan en el complejo ámbito del ELSJ, tan ligado al núcleo de soberanía nacional de los Estados miembros, se introduce una conceptualización de estas como agencias caracterizadas por su naturaleza operativa y la capacidad de desarrollar sus actividades directamente sobre el terreno.

La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) es una agencia descentralizada de la UE que conforma el entramado institucional del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y que presta asistencia especial y de emergencia a los sistemas nacionales de asilo. La llamada “crisis de los refugiados” de 2015 acentuó la necesidad de garantizar el funcionamiento del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), de ayudar operativamente a los Estados miembros más afectados por la llegada repentina y extraordinaria de flujos migratorios mixtos y de aplicar de forma eficaz y uniforme las medidas adoptadas en materia de asilo a nivel de la UE. Este Estudio analiza la evolución de las tareas operativas de la Agencia, tanto de iure como de facto, desde su establecimiento hasta la propuesta de su transformación en una Agencia de Asilo de la UE (EUAA) con capacidad de intervención, supervisión y de examen de las solicitudes de protección internacional. Asimismo, se explora la necesidad de un control multidimensional, entre el que destaca la supervisión que ejercen los Estados miembros y la sociedad civil, destinado a equilibrar el mandato operativo de la Agencia, supervisar la potencial afección a los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo y limitar cualquier discrecionalidad en el examen de las solicitudes de protección internacional que la Agencia lleve a cabo. De este análisis se extraen dos tendencias en la administración del asilo en la UE y del apoyo institucional a los sistemas nacionales de asilo. Por un lado, si bien el nuevo marco legal de la EUAA subraya que su mandato operativo se limita, al igual que el de la EASO, a brindar a las autoridades nacionales la asistencia que requieren, las tareas que tanto la EASO ha desarrollado en la práctica sobre el terreno como las actividades previstas para la EUAA presentan una naturaleza claramente operativa. Por otro lado, la Agencia tiene un papel destacado en garantizar la aplicación efectiva y uniforme de las medidas de asilo adoptadas a nivel de la UE, así como de asegurar que los Estados miembros no ponen en peligro el funcionamiento del SECA.

La publicación se centra en la política de seguridad y defensa en la Unión Europea (PCSD), la cual ha experimentado estos últimos tiempos importantes cambios, tanto de carácter operativo como estratégico, para hacer frente a los desafíos en materia de seguridad y atender a la exigencia ciudadana de una mayor respuesta de la Unión. En este libro podrán encontrar trabajos multidisciplinares con el fin de aportar ideas y conocimiento sobre la triple dimensión de la que recogen la reflexión experta acerca de las diferentes dimensiones y desafíos actuales de la PCSD, cuya evolución desde el 2016 hasta hoy implica un importante, aunque todavía incierto, paso hacia la integración supranacional del proyecto europeo en una cuestión tan crítica como es la seguridad y la defensa.

Tres años después de la transformación de la agencia descentralizada FRONTEX en la Guardia Europea de Fronteras y Costas (GEFC), el Reglamento 2019/1896 prosigue con la profundización de sus tareas operativas. Este artículo analiza comparativamente en qué medida el Reglamento 2019/1896 refuerza su autonomía y sus actividades operativas, ejecutivas y de supervisión respecto a los Estados miembros conferidas en su momento por el Reglamento 2016/1624. Si la capacidad de intervención de la GEFC directamente sobre el terreno constituyó la principal novedad del Reglamento 2016/1624, la introducción de un cuerpo permanente de 10.000 guardias de fronteras y el desarrollo de poderes ejecutivos y coercitivos por parte del personal estatutario de la Agencia ha tenido un impacto equiparable en relación con el Reglamento 2019/1896. Ahora bien, lejos de centralizar a nivel europeo la administración de las fronteras exteriores, el mandato operativo de la GEFC continúa centrándose en supervisar la gestión eficaz de las fronteras por parte de los Estados miembros y en asistir a aquellas autoridades nacionales sujetas a presiones migratorias extraordinarias.

La llamada "crisis de los refugiados" y las redes criminales que operan en el Mediterráneo pusieron de manifiesto la creciente necesidad de prestar asistencia operativa a los Estados miembros en sus investigaciones nacionales acerca del tráfico ilícito de migrantes. Por ello, este estudio analiza la evolución de las tareas operativas de Europol desde su establecimiento hasta la adopción del Reglamento (UE) 2016/794, su grado de participación en los Equipos Conjuntos de Investigación y el establecimiento del Centro Europeo de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. El estudio establece que ante el secretismo y la ambigüedad del actual Reglamento (UE) 2016/794 en lo relativo a las actividades operativas que la Agencia desarrolla en la práctica sobre el terreno en el ámbito del tráfico ilícito de migrantes es necesario promover su responsabilidad social.

From May to July 2016, the European Commission put forward a wide-ranging European Asylum package, which included the establishment of a European Union Agency for Asylum with the aim of ensuring that Member States get more operational assistance in processing asylum applications. This article analyzes the key operational novelties that the proposed transformation of the European Asylum Support Office into the European Union Agency for Asylum will bring.

Este capítulo tiene como objetivo analizar el nexo entre la dimensión interna y externa de seguridad en el contexto de las medidas adoptadas en respuesta a la “crisis de los refugiados” y, específicamente, la operación militar EUNAVFOR MED SOPHIA. Esta operación naval de la UE, que inició sus operaciones en 2015, constituye hasta la fecha el mejor exponente de una operación militar en el que se aúnan las agendas de seguridad interna y externa mediante el refuerzo de la cooperación entre la misión y las agencias descentralizadas del ELSJ (principalmente la GEFC y EUROPOL). El capítulo comienza examinando el desarrollo de una estrategia global de seguridad en la UE que enfatiza el desarrollo de vínculos entre la seguridad interna y externa. Seguidamente, se procede a analizar las características y funcionamiento de la operación EUNAVFOR MED SOPHIA, así como la cooperación reforzada entre la misión y la GEFC y EUROPOL.

La aproximación de los hotspots es una de las principales medidas adoptadas por parte de la UE para hacer frente a la «crisis de los refugiados». Esta aproximación requiere que, conforme a un marco operativo común, las agencias europeas Frontex, Easo y Europol refuercen su cooperación multilateral y asistan a aquellos Estados miembros sujetos a presiones excepcionales de flujos migratorios mixtos en sus sistemas nacionales de registro, recepción y asilo. Dada la reciente introducción de esta aproximación y la falta de transparencia acerca de las concretas tareas conferidas a las agencias, este artículo analiza en qué medida los hotspots refuerzan la cooperación multilateral y expanden las tareas operativas de Frontex, Easo y Europol sobre el terreno. Tras el estudio del funcionamiento de los hotspots, se concluye que las tareas operativas que desempeñan en la práctica las agencias exceden tanto la mera asistencia técnica requerida en sus mandatos legales como la doctrina de no delegación del TJUE. Es necesario, por tanto, que el poder legislativo de la Unión adopte un instrumento vinculante en el que se detalle y delimite la cooperación, tareas y responsabilidad de las agencias en los hotspots.

El Reglamento 2016/1624 establece una Guardia Europea de Fronteras y Costas con el objetivo de garantizar una verdadera e integrada gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea. El presente comentario estudia la ampliación de competencias de la Guardia Europea de Fronteras, así como en qué medida su mecanismo de denuncia promueve efectivamente la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, se concluye que las funciones delegadas a la nueva agencia no implican, pese a que su nueva denominación parezca sugerir lo contrario, una completa integración del control y la vigilancia de fronteras a nivel europeo. Además, el mecanismo de denuncia tampoco constituye una extensión de la responsabilidad de la Guardia Europea de Fronteras equilibrada al refuerzo de sus tareas y competencias.

Regulation 2016/1624 establishes a European Border and Coast Guard with the aim of ensuring a genuine and integrated management of the external borders of the European Union. This paper examines the extension of powers to the European Border Guard and to what degree its new complaint mechanism effectively promotes the protection of fundamental rights. However, it is concluded that the functions delegated to the new agency do not imply a complete integration of the control and surveillance of borders at European level, although its new name seems to suggest the opposite. Furthermore, the complaint mechanism does not determine an extension of the responsibility of the European Border Guard balanced to the reinforcement of its tasks and competences.

Ante una crisis migratoria y de refugiados sin precedentes, la Comisión Europea adoptó el 13 de mayo de 2015 la Agenda Europea de la Migración, con el fin de establecer una estrategia común en la que estén implicados de forma coordinada los Estados miembros, las instituciones de la UE, las agencias europeas encargadas de la migración, el control de fronteras y el asilo, las organizaciones internacionales, la sociedad civil, las autoridades locales y los terceros países. Entre todos estos actores las agencias europeas Frontex, Easo y Europol desempeñan un papel primordial. La Agenda Europea ha diseñado para ellas un sistema de cooperación reforzada, la Hotspot Approach (aproximación de los puntos críticos) que facilita la intervención rápida e integrada de tales agencias en el territorio de los Estados miembros que presenten una presión migratoria desproporcionada.

La actual crisis de los refugiados ha propiciado una cooperación constante entre las agencias del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ) en los hotspots, así como una importante expansión de sus competencias.  Frontex, Easo y Europol se perfilan como actores clave no solo en la gestión de la crisis migratoria y de los refugiados sino también en la ejecución de las políticas europeas en el ELSJ y, específicamente, en la asistencia a los Estados miembros en los ámbitos de migración irregular, control de fronteras y asilo.

La cooperación y las competencias de Frontex, Easo y Europol se han visto claramente reforzadas fruto de la complementariedad de sus tareas y la necesidad de asistir coherentemente a los Estados miembros cada vez más desbordados por la incesante presión migratoria en sus fronteras. La cooperación reforzada de las agencias también lleva aparejados nuevos retos como son la difuminación de su responsabilidad y la consiguiente dificultad en su control, así como el riesgo de que Frontex, Easo y Europol se culpen entre sí o a los Estados miembros las potenciales violaciones de derechos fundamentales que tengan lugar, lo que puede a la larga dinamitar su confianza mutua y cooperación multilateral en los hotspots.

La aproximación de los puntos críticos introducida por la Agenda Europea de la Migración constituye sin duda un importante paso hacia una creciente cooperación multilateral, multinivel y sistemática entre las agencias del ELSJ. Sin embargo, las actividades de estas agencias aún precisan desarrollar más sinergias operativas, así como una verdadera coordinación de sus tareas y un mayor control. La introducción de un instrumento legislativo que regule y precise las competencias, la cooperación y el control de las agencias del ELSJ promovería efectivamente su autonomía, coherencia, responsabilidad y legitimidad. Este instrumento legislativo regulador de la aproximación de los puntos críticos debería además reforzar las competencias de FRA e incluir un sistema de quejas individuales que permita a los nacionales de terceros países dirigirse directamente a todas las agencias implicadas en los hotspots.

La detención de extranjeros en situación irregular en centros de internamiento para garantizar su expulsión es una medida preventiva cuanto menos controvertida. El objetivo de este artículo es analizar en qué medida la legislación española, la Ley Orgánica 2/2009 y el reglamento de los centros de internamiento de extranjeros, se ajusta e incorpora efectivamente la Directiva 2008/115/CE y los numerosos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto. Concretamente, se estudian tres de los principales objetivos de la Directiva 2008/115/CE, como son establecer una política eficaz de expulsión, priorizar la concesión de un período de salida voluntaria y garantizar los derechos de los extranjeros detenidos en los centros de internamiento.

On 15 December 2015, the European Commission launched a legislative initiative establishing a European Border and Coast Guard System, which would succeed Frontex in providing operational assistance to the Member States in the management of the external borders of the European Union. Although the legislative process is still at the stage of the proposal, the analysis on its main features is not premature. Specifically, this paper examines the reasons which led the Commission to make the proposal and the extent to which the Treaties grant sufficient competences to the EU to set up the new legal regime. In the present Insight, the three most innovative, yet controversial, aspects of the proposal are analyzed: firstly, the possibility that the European Border and Coast Guard System imposes certain measures upon the Member States if their actions are not in accordance with the new agency’s strategy; secondly, the working arrangements of the European Border and Coast Guard System with third countries; and thirdly, the introduction of an individual complaint mechanism, which allows individuals to file a complaint if they consider that any of the activities of the agency violates their fundamental rights.

The mandate and budget of Frontex has consistently been enhanced since its inception in 2004. Since the Agency’s role under EU law has expanded, the capacity of Frontex to deal with possible violations of fundamental rights should be strengthened as well. In this regard, the European Ombudsman and the Parliament recommended that Frontex introduced an individual complaint mechanism to handle violations of fundamental rights alleged to have occurred in the course of its operations. Moreover, the European Commission’s proposal of 15 December 2015, designing a European Border and Coast Guard System, included such a complaint instrument. Consequently, this paper analyzes to what extent the individual complaint mechanism guarantees the protection of fundamental rights and ensures that potential incidents are effectively handled by Frontex. Particularly, the strategy and instruments designed by the Regulation nº 1168/2011 of Frontex to promote the protection of fundamental rights is firstly examined. While these instruments promote respect for fundamental rights in all activities of the Agency, they do not provide individuals with an effective remedy to file a complaint against Frontex should they believe their rights have been violated. Secondly, this paper analyzes the degree to which the creation of a complaint mechanism would strengthen control of Frontex operations, given the current limitations of immigrants and asylum seekers to seek judicial redress at the Court of Justice of the European Union. Lastly, the complaint mechanism introduced in the European Border and Coast Guard System is studied as well as the limitations it presents.

The debate on whether to prohibit the burqa and niqab in Spain has been reopened after the recent decision of the Spanish Supreme Court on 14 February 2013. The Spanish Supreme Court held that a municipality could not pass a local law prohibiting the right to wear the full-face veil in public spaces. This article analyzes a conceptual and theoretical framework to establish that the full-face veil qualifies as an external manifestation of the right to religious freedom. Moreover, the pertinence of a burqa-ban in all Spanish public spaces is analyzed and a general prohibition is not found to be a suitable, necessary, and proportional measure to achieve gender equality, public order or “respect for the minimum requirements of life in society”.

The so-called "refugee crisis" prompted the urge to ensure the functioning of the Schengen area and the Common European Asylum System (CEAS), the need to operationally assist those Member States most affected by the sudden and extraordinary arrival of mixed migratory flows, and the convenience to effectively and uniformly implement the European Union (EU) measures adopted in regards to migration, asylum and border management matters. David Fernández Rojo-researcher at the University of Deusto-analyses in this article the significant reinforcements of the operational tasks entrusted to the EU decentralised agencies FRONTEX, EASO and EUROPOL in the aftermath of the "refugee crisis"

As a result of the migratory crisis, the transformation of Frontex into a European Border and Coast Guard (EBCG) became a political priority for both the EU and the Member States. Regulation 2016/1624 aims to strengthen the position and independence of the EBCG from the Member States, which have not always fully cooperated with Frontex. Precisely, the Commission argued that Regulation 2016/1624 would provide the EBCG " the additional competences needed for it to effectively implement integrated border management at Union level (…) " and overcome the discrepancies that still remain at the national level.

On 6 October 2016 the European Border and Coast Guard (EBCG) was officially launched at the border point of Kapitan Andreevo between Bulgaria and Turkey. As a result of the migratory crisis, the transformation of Frontex into a EBCG became a political priority for both the EU and the Member States. Frontex was established in 2004 to assist the countries of Europe to better cooperate in controlling their external borders. The new Regulation 2016/1624 is the third legislative revision of the mandate and competences of Frontex. This Regulation aims to both strengthen the position of the EBCG from the Member States, which have not always fully cooperated with Frontex, and also effectively and uniformly implement the EU rules and policies on border management.

This insightful book analyzes the evolution of the operational tasks and cooperation of the European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX), the European Asylum Support Office (EASO) and the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (EUROPOL). Exploring the recent expansion of the legal mandates of these decentralized EU agencies and the activities they undertake in practice, David Fernández-Rojo offers a critical assessment of the EU migration agencies.

The book identifies two key trends in the administration of the European Area of Freedom, Security and Justice. Fernández-Rojo discusses how on one hand the new legal frameworks of FRONTEX, EASO and EUROPOL stress that their operational roles are limited to providing national authorities with technical assistance, while on the other hand these agencies are increasingly involved in guaranteeing the enforcement of EU migration, asylum and border management measures. The book expertly illustrates how FRONTEX, EASO and EUROPOL establish an effective and uniform national implementation of laws and policies, with a focus on their multilateral cooperation in the hotspots established in the aftermath of the refugee crisis.

Examining the de jure and de facto operational powers and cooperation of EU migration agencies, this book will be critical reading for academics and students of law, international relations and political science. Its assessment of the effectiveness of policy implementation will also be beneficial for legal practitioners, policy makers and NGOs.