Daniel González Herrera

En este trabajo analizamos las mismas interacciones entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bajo el prisma del diálogo judicial. Para ello, nos refermos, en primer lugar, al extenso periodo de creciente conexión que promedió desde el origen de ambos tribunales hasta el delicado equilibrio que rige tras el Tratado de Lisboa. Sin embargo, no es dable desconocer que el Dictamen del Tribunal de Justicia relativo a la adhesión de la Unión al CEDH ha supuesto un auténtico desafío para las relaciones entre Estrasburgo y Luxemburgo. A pesar de las consecuencias potencialmente catastróficas, la sangre no ha llegado al río. Vemos que, no sin esfuerzo, el diálogo entre los dos altos tribunales está volviendo lentamente a encausarse. Culminamos el trabajo con unas sucintas reflexiones en torno a esta historia de encuentros (y no pocos desencuentros).

En esta contribución examinaremos cómo la libertad de expresión se ha convertido en un derecho esencial de las sociedades modernas (II), tanto en su caracterización general (II.A) como, en particular, por parte de los medios de comunicación (II.B). Pero veremos también cómo ese derecho encuentra un límite infranqueable en el llamado discurso de odio (III), cuya conceptualización no es siempre una tarea sencilla (III.A). Nos detendre- mos, concretamente, en la labor protectora que en esta materia han desarrollado el Con- sejo de Europa, con el relevante papel del Tribunal de Estrasburgo (III.B), para pasar posteriormente a analizar la actividad en el mismo campo de la Unión Europea (III.C), con el mucho más limitado rol del Tribunal de Luxemburgo. Finalizaremos esta comuni- cación con unas breves reflexiones motivadas por las consideraciones analizadas (IV).

Comentarios e implicaciones sobre la Ley española sobre privilegios e inmunidades de los estados extranjeros, las organizaciones internacionales, las conferencias y reuniones internacionales celebradas en España (Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, «BOE» núm. 258, de 28 de octubre de 2015, páginas 101299 a 101320)

El 6 de diciembre de 2016, el Tribunal Supremo de Dinamarca emitió su sentencia en el caso «Ajos». El Tribunal danés, de manera sorprendente, rechazó las orientaciones ofrecidas por el Tribunal de Justicia de la UE en su cuestión prejudicial resuelta el 19 de abril de 2016. Con su decisión, el Tribunal Supremo rechaza el principio de primacía de los principios generales no escritos del Derecho de la Unión sobre el Derecho nacional. Utilizando un razonamiento cuestionable, ha adoptado su propio enfoque sobre cómo debe aplicarse el Derecho de la UE en Dinamarca. Pero también el Tribunal de Justicia puede considerarse en parte responsable, al no tratar con la debida deferencia a los más altos tribunales de los Estados miembros.

On 6 December 2016, the Supreme Court of Denmark delivered its judgment in the Ajos case (no. 15/2014, DI acting for Ajos A/S v. The estate left by A.). The Danish Court surprisingly disregarded the guidelines provided by the Court of Justice in its preliminary ruling of April 19, 2016. With its decision, the Supreme Court rejected the principle of the primacy of non-written general principles of EU law over national law. Using a rather dubious legal reasoning, it has taken its own way in deciding how the EU law is to be applied in Denmark. But the Court of Justice may be held partially responsible for this situation, since it has not shown due respect for the role of the supreme courts in the Member States.

En el presente trabajo tratamos la cuestión del control político del principio de subsidiariedad, tal y como ha sido reformado por el Tratado de Lisboa. En particular, analizaremos el origen y desarrollo de este importante principio del Derecho de la Unión Europea así como la incidencia que en dicho examen tienen ahora los parlamentos nacionales y regionales de los Estados miembros a través del mecanismo de alerta temprana o rápida.

Este artículo fue publicado en:
«Estudios actuales en derecho y ciencia política: [2o. Encuentro INCIJUP]» / coord. por Adán Carrizo González-Castell, 2013, ISBN 978-84-8408-705-2, págs. 157-168

En este trabajo, nos fijamos en la naturaleza jurídica de los privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales, acercándonos a su origen con la vista puesta en los principales conceptos que ayudan a explicarla. Examinamos sucintamente la clásica división entre inmunidad de jurisdicción y ejecución, para conectarla con la inmunidad funcional que se entiende poseen las organizaciones internacionales. Seguidamente, estudiamos la rica cuestión de las fuentes jurídicas que recogen habitualmente los privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales. De especial interés es el análisis sobre esta cuestión de la nueva regulación contenida en la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades. Continuamos con una sucinta exploración del derecho de acceso al tribunal, que puede verse afectado por el reconocimiento de privilegios e inmunidades a las organizaciones internacionales.  Finalizamos  con unas breves reflexiones que, a modo de conclusión, hemos extraído del tratamiento de esta materia.

La intención de este trabajo es elucidar cual sería el impacto jurídico de que un territorio que se transformara por la vía de la independencia en un nuevo Estado europeo —desde el punto de vista geográfico—. Lo haremos centrándonos especialmente en la cuestión que para nosotros reviste mayor interés, esto es, la trascendencia de este escenario teórico en el estatuto de la ciudadanía de la Unión Europea.