La Directiva Marco del Agua (DMA) obliga a los países miembros de la Unión Europea a cumplir con una serie de exigencias para alcanzar una buena calidad de agua. Para ello es necesario que las entidades (públicas, privadas o mixtas) encargadas del ciclo integral del agua asuman nuevos costes en infraestructuras, instalaciones y equipos que mejoren esa calidad, lo que conlleva a una nueva política de tarificación que permita recuperar esos costes. Dos de los artículos de la DMA incluyen referencias explícitas al análisis económico: el artículo 5, que exige su aplicación en el uso del agua; y el artículo 9, que establece principios sobre la recuperación de costes y precios. La política de tarifación de la DMA propone que cada usuario debe pagar los costes derivados de la cantidad de agua consumida o de la contaminación provocada para que incite a utilizar mejor los recursos hídricos. Para lograr llevarlo a cabo, es preciso disponer de la información de la demanda de agua, de la elasticidad de la demanda de agua en relación con su precio, de los costes financieros del suministro de agua y de los costes ambientales y de recursos
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