El Derecho europeo y, en particular, las libertades fundamentales reconocidas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea constituyen un límite cada vez más patente a la capacidad de las Comunidades Autónomas para establecer y exigir tributos. Este trabajo realiza una revisión crítica de algunas medidas fiscales aprobadas por las Comunidades Autónomas durante los últimos años, en especial mediante deducciones de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por inversión en empresas de nueva o reciente creación o por la realización de donativos a ciertas entidades. Muchos de estos beneficios fiscales restringen su ámbito de aplicación con criterios territoriales, excluyendo supuestos transfronterizas de inversiones o donativos hacia otros Estados miembros o países terceros. En nuestra opinión, ello supone una vulneración de la libre circulación de capitales y, en su caso, de la libertad de establecimiento, a la luz de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
European law and, in particular, the fundamental freedoms recognised in the Treaty on the Functioning of the European Union constitute an increasingly evident limit to the ability of the Autonomous Communities to establish and demand taxes. This paper provides a critical review of some of the tax measures approved by the Autonomous Communities in recent years, in particular deductions from personal income tax (PIT) for investment in new or recently created companies or for donations to certain entities. Many of these tax benefits restrict their scope of application on a territorial basis, excluding cross-border investments or donations to other Member States or third countries. In our opinion, this is an infringement of the free movement of capital and, where applicable, of the freedom of establishment, in the light of the case law of the Court of Justice of the European Union.
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