La invasión de los «no retornables» es un factor más de la agresión a los derechos fundamentales del individuo en lo que concierne a sus condiciones de vida. En este sentido, resultan alarmantes la pasividad de las autoridades obligadas a mantener la protección ciudadana y como tal preservar las adecuadas condiciones del medio ambiente, así como la complicidad, por ignorancia o no, de una serie de estructuras que contribuyen en el proceso de contaminación galopante, financiado por los bolsillos de los consumidores nacionales.
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