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Introducción
Con la pandemia de COVID-19, la humanidad comenzó a vivir una situación inédita en la historia contemporánea debido al rápido paso de la movilidad a la inmovilidad, la acelerada propagación de la enfermedad y los cambios de hábitos, privados y públicos, en todas partes del mundo. Se trató del evento global más disruptor y sísmico (OIM, 2022) de la historia reciente que convulsionó la vida social en su conjunto porque, en general, las medidas para frenar la propagación de la enfermedad estuvieron “imbuidas de políticas de fronteras” (Kenwick y Simmons, 2020), es decir, de cierre, aislamiento y confinamiento de las personas. Según el Informe Mundial de la Migraciones (2022) se impusieron 108 mil restricciones de viajes internacionales, lo que supuso una caída de los vuelos internacionales en un 60 % (1800 millones) en comparación al 2019 (4500 millones) en el mundo (OIM, 2022). Así, el 11 marzo de 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que estábamos ante una pandemia, muchas personas buscaron regresar de manera desesperada a sus hogares o salir de las ciudades declaradas en cuarentena, produciendo “viajes de pánico” por el miedo al virus (Xiang y Nyberg, 13 de agosto de 2020), otras quedaron varadas en aeropuertos y otras se vieron forzadas a detener sus viajes. Esto implicó una crisis económica global por la pérdida de empleos, el cierre de sus negocios y con ello la imposibilidad de sobrevivir, acentuando las desigualdades sociales ya existentes y creando nuevas (Herrera, 2021). Estas situaciones empujaron a las personas, en especial a las que estaban en movimiento (Bogado, 2021), a retornar a sus países o a continuar sus viajes en condiciones precarias y de riesgo, afectando sus derechos humanos (Bakmant, 2022).
Con la pandemia de COVID-19, las fronteras nacionales han resurgido y han adquirido una centralidad inusitada, fundamentalmente porque una de las respuestas gubernamentales para controlar el contagio fue la gestión fronteriza (Mcauliffe y Triandafyllidou, 2021). De hecho, un número notable de 186 países respondieron al coronavirus con restricciones en las fronteras externas y otros promulgaron disposiciones sobre distanciamiento social, a menudo, con una aplicación mucho más débil (Kenwick y Simmons, 2020). Aunque estas medidas no estaban basadas en un consenso claro sobre la efectividad del cierre de las fronteras para evitar la propagación del virus, reflejan la creciente ansiedad sobre el control y la seguridad fronteriza que la convirtió en un recurso de la política nacional frente al COVID-19 (Kenwick y Simmons, 2020). Sin embargo, el cierre de las fronteras y el control sanitario también impactaron la vida de los habitantes que habitaban espacios fronterizos, dado que muchas de las prácticas sociales transfronterizas, como los cruces por motivos laborales, de salud, de ocio o abastecimiento de productos de primera necesidad, fueron cortadas de la noche a la mañana (Opiłowska, 2021).
En América Latina, el conjunto de medidas tomadas por la pandemia impactó fuertemente las movilidades en curso, marcadas por la no voluntariedad (OIM, 2022) desde antes del COVID-191. De manera general, si bien imperó el cierre fronterizo como principal medida de control, también se registraron excepciones en el marco de procesos de integración regional para la circulación intrabloque2, así como medidas exigidas por habitantes fronterizos para mantener los cruces fundamentales para las vidas y economías locales3. Sin embargo, en otros casos las medidas de cierre fueron acompañadas de despliegue militar, como fue el caso de Costa Rica en la frontera con Nicaragua, Colombia con Venezuela y el caso de México, que ya antes de la pandemia recurrió a la Guardia Nacional para controlar la frontera sur con Centroamérica (Sánchez y Haas, 2020).
Chile no escapó a esta tendencia, ya que previo al COVID-19 se venía impulsando una política nacional bajo el lema de “ordenar la casa”, basada en el control, la criminalización de las migraciones y la securitización de los lindes, es decir, en asociar la movilidad humana con fenómenos como la delincuencia o el crimen organizado (Dufraix, Ramos. y Quinteros, 2020) y a entenderla como una amenaza para la seguridad nacional (Treviño, 2016). Ello en consistencia con la abstención de adherir a acuerdos mundiales como el Pacto Mundial para la Migración, que promueven la protección de las personas migrantes; y sumado a una discusión política que sacó dividendos de la migración como vector del virus, en el marco de la promulgación de la nueva Ley de Migraciones en abril de 2021 (Ley 21325), así como la gestión de la migración venezolana. De este modo Chile cerró sus fronteras el 18 de marzo de 2020 y seguidamente lo hizo Argentina, Perú y Bolivia el 16 de marzo los dos primeros y el 18 del mismo mes el último (según Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2020, Decreto Supremo 184-2020, Decreto Supremo 4196/2020, respectivamente), quedando muchas personas “varadas” en ciudades y aeropuertos chilenos sin posibilidad de retornar (Aguilar, 13 de abril de 2020; Scelza, 30 de marzo de 2021. Esta situación se sumó al mayor éxodo de venezolanos registrado en la historia de América Latina, que se estima en más de cinco millones de personas entre migrantes, refugiados y solicitantes de asilo previo a la pandemia (Osorio y Phélan, 2020).
En este contexto, el objetivo de este artículo es analizar la situación que ocurrió en la frontera chileno-boliviana desde marzo de 2020, con especial énfasis en el momento en que se produjo el mayor ingreso de personas venezolanas por el paso fronterizo de Colchane en enero y febrero de 2021, el desalojo de Plaza Brasil, la primera marcha antiinmigrante, hasta marzo de 2022 con el cambio de gobierno en Chile de Sebastián Piñera a Gabriel Boric. A partir de un análisis de lo acontecido, con elementos teóricos de los estudios migratorios, de la movilidad y fronterizos, se busca aportar a la comprensión de los hechos desde una mirada situada. A ello se suma un enfoque que privilegia el conocimiento del territorio donde ocurrieron los hechos, y que se vivenciaron o encarnaron en quienes lo habitan y también en quienes lo investigan.
Postulamos que, producto de la pandemia y del cierre fronterizo, se visibilizó un espacio del territorio chileno hasta ese momento desconocido. El factor que hizo conocido a Colchane fue el ingreso de población venezolana por pasos no habilitados y la adopción de distintas medidas para detener el flujo, así como los hechos posteriores que sucedieron. Entre ellos, el cierre de la frontera terrestre para las personas, lo que impactó en la vida de las comunidades que habitaban ese espacio, donde son frecuentes los cruces cotidianos del límite internacional. Estos cruces forman parte de prácticas sociales transfronterizas ancestrales, comerciales, laborales y por salud, entre otras (Tapia, Liberona y Contreras, 2019), formales e informales e incluso ilícitas (Corder y Ruiz-Tagle, 2013; Jiménez, 2021). También se analizan hechos ocurridos en la capital regional Iquique, como el desalojo de un campamento levantado por venezolanos en el centro de la ciudad, en Plaza Brasil; y la primera marcha antimigrante del 25 de septiembre de 20214. En definitiva, nos interesa preguntarnos cómo el tratamiento del ingreso irregular de una población que llegó a Chile en contexto de pandemia visibilizó las contradicciones y tensiones existentes en la gestión de la migración y en el tratamiento de los espacios fronterizos.
Hasta la pandemia, las fronteras nortinas eran un espacio donde se había instalado un discurso hegemónico basado en la necesidad de representar un territorio institucionalizado en el que se ejerce, se materializa o se busca practicar la soberanía a través de distintas políticas de control y seguridad (Aranda y Ovando, 2018; Ovando, Álvarez, González e Iturra, 2020). Sin embargo, los planes desplegados para hacer frente a las amenazas, como el crimen organizado o el narcotráfico, se venían aplicando previo a la pandemia del COVID-19 (Dufraix et al., 2020) sin alterar de manera notoria la vida de quienes habitaban ese espacio (Gutiérrez y Bernal, 2020). De modo que era frecuente la realización de cruces cotidianos por parte de los habitantes de los pueblos altiplánicos, en la mayoría de los casos con la anuencia de las autoridades locales y fronterizas. Sin embargo, las medidas para evitar la propagación de la enfermedad agudizaron el sentido territorial de las fronteras, especialmente la del cierre fronterizo.
El desplazamiento venezolano venía ocurriendo con anterioridad, pero el cierre de las fronteras no detuvo el movimiento, lo que llevó a tomar nuevas medidas de reforzamiento de los lindes, basadas en la idea de descontrol fronterizo que alimentó un fuerte sentido de rechazo hacia los extranjeros (Oyarzo, 6 de octubre de 2021) y exacerbó un discurso de corte nacionalista (Chan y Ramírez, 21 de septiembre de 2021). La conjunción de estas situaciones motivó la militarización de la frontera y el inicio de un proceso de expulsiones de migrantes desde el norte de Chile, lo que aumentó la tendencia hacia la fronterización y la asociación de estas personas con la delincuencia e, incluso, del contagio con las personas venezolanas. Esto produjo una crisis humanitaria sin precedentes debido a la falta de acceso a refugio, a la escasez de albergues o espacios adecuados para pernoctar y la lentitud en el traslado de Colchane a Iquique por la saturación de las residencias sanitarias donde se debía hacer la cuarentena. Todo ello alteró las prácticas sociales transfronterizas cotidianas en ese espacio. En contracorriente y por el mismo espacio, el flujo de mercancías si bien se ralentizó, no se detuvo, e incluso se registró una tendencia al aumento del cruce informal de algunas mercancías (Chan yRamírez, 21 de septiembre de 2021).
La metodología utilizada en este artículo corresponde a una revisión bibliográfica sobre fronteras y migraciones en pandemia en Europa y en América Latina, así como a la producción textual sobre el desplazamiento forzado venezolano en América Latina. También hemos usado las notas de campo a partir de dos salidas a terrenos realizadas en la frontera chileno-boliviana, en el paso fronterizo de Colchane en febrero y mayo de 2021, así como de observaciones en la ciudad de Iquique durante el mismo año. En esos espacios se observó cómo funcionaban los dispositivos de control, especialmente de policías y militares. También realizamos una revisión documental de los planes implementados para la frontera norte que permitieron la configuración de un sistema de control migratorio orientado a la identificación, selección y expulsión de personas venezolanas. Por último, revisamos informes de organismos internacionales y nacionales en materia migratoria y aduanera, así como de prensa digital local (La Estrella de Iquique) reciente en el período desde 2021 hasta marzo de 2022. Dada las características que adquirieron los hechos, especialmente por la dimensión humanitaria, es que este manuscrito está elaborado como una reconstrucción de hechos a la luz de los elementos teóricos y del material revisado, así como de la mirada de testigo de los acontecimientos.
El artículo se organiza en cinco apartados. El primero corresponde al marco teórico que se sitúa en la producción de los estudios fronterizos y de la movilidad en el contexto de la pandemia. Luego, el segundo se detiene en el caso de estudio de Colchane, como el territorio en donde se imbricó la crisis humanitaria venezolana con las prácticas sociales transfronterizas ancestrales. El tercer apartado se refiere a la crisis humanitaria venezolana antes y durante la pandemia. El siguiente apartado revisa los procesos de reorganización del control fronterizo, a partir de la crisis y los procesos de criminalización y fronterización, que llevó a cabo el gobierno y analiza la reacción de la sociedad iquiqueña. Se examina la situación vivida en Iquique en el contexto de la pandemia, el desalojo de un campamento de personas venezolanas en el centro de la ciudad y la primera marcha antiinmigrante, para cerrar con las medidas tomadas a fines de 2021 y entrado el 2022. Finalmente, el texto presenta las conclusiones, que señalan, de manera sucinta, que el cierre de la frontera en Colchane, producto de la pandemia, sumado a la militarización que buscó detener el ingreso de personas venezolanas, aumentó la xenofobia y la discriminación, y el sentido de resguardo y separación del límite. Todo ello tuvo por escenario central un espacio fronterizo ubicado en el margen del territorio donde se despliegan prácticas sociales transfronterizas que se vieron afectadas por las medidas para evitar el contagio y la llegada de extranjeros.
Las fronteras en tiempos de pandemia
Previo a la pandemia, ya se registraba una tendencia hacia la fronterización o una “orientación fronteriza” (Kenwick y Simmons, 2020), es decir, a favor del cierre y la restricción del cruce de personas en distintas partes del mundo, en una notoria y tensionada confluencia entre frontera y movilidad humana. La crisis siria de 2015 en Europa, los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla en el norte de África, las caravanas migrantes en Centroamérica y la diáspora venezolana en América Latina, entre otros hechos, aumentaron la preocupación por detener, desviar o desincentivar esos movimientos. También se evidenciaba un aumento en la construcción de muros en distintas partes del mundo. De hecho, de los seis existentes en 1989, hemos pasado actualmente a 63 y muchos países han militarizado sus fronteras con el despliegue de tropas, drones, patrullas y militares (Ruiz, Akkerman y Brunet, 2020). Así, la pandemia vino a reforzar esta tendencia, de control y reforzamiento fronterizo, lo que produjo un proceso de “refronterización” a nivel global (Lara-Valencia y García, 2021). De hecho, en Europa ya previo al COVID-19 se habían reintroducido algunos controles internos, los que se acentuaron con la pandemia con la construcción de vallas fronterizas y con el uso de fuerzas de seguridad para controlar el flujo de personas, en un claro vínculo entre frontera y seguridad (Lois, 2020). Después de décadas de libre circulación para los miembros del espacio Schengen, estas medidas afectaron, especialmente, a los espacios fronterizos donde se forjaron fuertes interacciones, los que de la noche a la mañana fueron cerrados debido al temor del contagio (Opiłowska, 2021). Situaciones similares se registraron en distintas partes del mundo, con varamiento de personas e imposibilidad de retornar a sus países5.
Para el análisis de este trabajo acudimos a la producción de los estudios fronterizos y de la movilidad. En relación con los primeros, nos detenemos en los que vinculan pandemia y fronteras; y respecto de los segundos, examinamos los análisis sobre la movilidad en el contexto de la pandemia. Al respecto es importante señalar que el COVID-19 y sus variantes han demostrado que el control de las pandemias están basadas en políticas de fronteras antiguas (Kenwick y Simmons, 2020). El control fronterizo unilateral fue una de las herramientas más utilizadas a nivel mundial para evitar la propagación del contagio, lo que demuestra la centralidad que adquirieron las fronteras en clave de “escudo protector” y con ello la necesidad de reforzarlas (Lara-Valencia y García, 2021). De alguna forma se buscó trasladar la preocupación ciudadana hacia la frontera internacional, lo que representó “el poder nacional autorizado” (Kenwick y Simmons, 2020, p. 38); es decir, resaltar la facultad exclusiva de los Estados nacionales para cerrar las fronteras. Se trató de una medida que tiene costos más bajos que las restricciones internas, como el cierre del comercio o el control de la movilidad, que permitió, al mismo tiempo, gestionar la ansiedad y la incertidumbre que produjo la propagación de la enfermedad (Vaughan-Williams, 2021) y las nuevas variantes. Así, las fronteras, como límites, reforzaron el carácter político de control y de aseguramiento en concordancia con el carácter de filtro y separación del otro, de quien llega del “otro lado”. En este sentido es posible afirmar que “las pandemias revelan el carácter nacional bajo una incertidumbre radical” (Kenwick y Simmons, 2020, p. 39).
La producción de los estudios fronterizos desde la década de 1990 hasta la fecha ha permitido discutir la noción de la frontera como límite y mirar los procesos de interacción y relacionamientos que ocurren en esos espacios, que en muchos casos tienen un alcance regional (Tapia, 2022b). Ello, gracias a los aportes de la geografía crítica, del transnacionalismo fundamentado y del giro espacial, entre otros, comprendemos hoy los espacios fronterizos en tanto interacción, recurso y posibilidad (Amilhat Szary, 2013; Sohn, 2014). Así, discutir la noción binaria y territorializada que predominó en la definición de las fronteras y transitar a ideas como la construcción social de esos espacios, develó una serie de fenómenos complejos e interrelacionados que permiten debatir, por ejemplo, la noción de migración (Tapia, 2020) o el carácter multiescalar de la producción sobre fronteras (Dilla y Breton, 2018). Por otro lado, la expansión de esta noción más allá de la dimensión territorial favoreció la comprensión de los procesos de fronterización que desbordan el límite internacional y su expresión urbana, social y étnica en distintos espacios de la vida social. Sin embargo, sucesos como el terrorismo y las olas migratorias reavivaron la importancia de las fronteras nacionales, especialmente del control y reforzamiento de la seguridad, así como de su dimensión coercitiva (Scott, 2020). Es decir, la noción de la frontera como dispositivo que rodea un territorio que reclama soberanía, donde el Estado tiene dicho monopolio y hace uso legítimo de la fuerza (Deleixhe, Dembinska y Danero, 2019). Bajo esta mirada se entienden las fronteras como líneas estratégicas donde se defienden de los intrusos o de intromisiones no deseadas. Estas ideas largamente discutidas por los estudios fronterizos se refrescaron y revivieron en la pandemia.
Por otro lado, las desigualdades que expresan las fronteras mantienen su importancia para el tránsito de mercancías, debido a que las diferencias de costos de factores, como el diferencial del valor de las mercancías y de la mano de obra, alientan el intercambio y el cruce de los lindes. Esto nos recuerda que, a pesar del cierre para la movilidad humana, la extensión y la forma de las relaciones fronterizas están fuertemente influenciadas por el grado de asimetría en las economías vecinas, así como por la organización social y política de cada una.
Respecto de la producción sobre migración, apreciamos que previo a la pandemia se estudiaban los flujos migratorios desde una definición más amplia de los desplazamientos humanos como son las movilidades (Heyman, 2011). Ello porque se daba cuenta de lo estrecho de la noción de migración, al dejar fuera una serie de movimientos que no siempre suponían el establecimiento como fin último (Tapia, 2022a). Desde el giro de la movilidad se puso atención al movimiento, como señalan sus fundadores porque “el viaje ha sido para las ciencias sociales vistas como una caja negra” (Sheller y Urry, 2006, p. 208) a la que se ha prestado poca atención. Este enfoque propuso no solo estudiar la movilidad como objeto de estudio, sino como un lente analítico que reorienta la forma de pensar la sociedad concebida como amóvil, y discutir los preceptos fundamentales territoriales y sedentarios que han predominado en las ciencias sociales en el siglo XX (Hannam, Sheller y Urry, 2006).
Así, la movilidad se ha convertido en un factor importante de estratificación social e indicador de acceso variable a distintos tipos de capital simbólico, un “marcador de libertad” (Salazar, 2018). Sin embargo, las críticas vinieron desde la centralidad que alcanzó esa noción de libertad en el análisis, ya que esta se basa en una injusticia de movilidad, es decir, no todas las personas se mueven de la misma forma y eso se relaciona con la clase, la etnia, el género y la nacionalidad, entre otras categorías sociales. En definitiva, para que se muevan unos, otros no pueden hacerlo, por tanto “hay tanta falta de libertad en la movilidad como en la fijeza” (Salazar, 2019, p. 18). Para resolver esta situación, los seguidores de este paradigma propusieron incluir el análisis interseccional para comprender el alcance de las movilidades, especialmente cuando implican el cruce de las fronteras. Esto, porque las fronteras juegan un rol importante en la formación y en la estructuración de los flujos y las rutas de los movimientos transfronterizos y porque no todas las personas que las cruzan son iguales (Thimm y Chaudhuri, 2019).
Hasta la pandemia, el paradigma de la movilidad puso en valor el lugar del viaje o el traslado en las ciencias sociales (Sheller y Urry, 2006) y aportó una forma de comprender el mundo a través del lente del movimiento. Este enfoque develó la concepción sedentaria de las sociedades desde las ciencias sociales, y aunque los estudios migratorios se habían preocupado de los desplazamientos humanos, se preguntaron más por las causas (expulsión) y por los factores de atracción (llamada), y menos por lo que ocurría en el transcurso entre origen y destino. A ello se agrega el carácter bidireccional y estático del concepto, dejando fuera otras formas de cruce de fronteras que no siempre contienen un proyecto migratorio en destino o cuyos proyectos se construyen en el camino (Tapia, 2023). Sin embargo, la pandemia de “COVID-19 ha puesto patas arriba muchas de las dinámicas de movilidad humana del mundo” (Martin y Bergmann, 2021, p. 661), aunque algunas de ellas ya se venían desarrollando. Sin embargo, la pandemia dio lugar a dinámicas de (in)movilidad voluntaria y forzada de distinto tipo y sentido6. A ello se sumó acentuación de la idea de la movilidad como patología, es decir, que tanto los cuerpos móviles como el movimiento fueron etiquetados como “perturbador[e]s de las formas establecidas y en gran medida territoriales” (Cresswell, 2021, p. 53). La historia ha dado cuenta de cómo las enfermedades intensifican la retórica del odio, el miedo y la culpa contra poblaciones indeseadas, especialmente porque estas se propagan por personas en movimiento. “Contagio, epidemia y pandemia son todos términos con movilidad en su corazón” (Cresswell, 2021, p. 53). Pero la movilidad en pandemia también reflejó la desigualdad de las movilidades ya existentes, algo que vimos en quienes estaban en tránsito o con proyectos migratorios poco consolidados en destino. Muchas de las personas perdieron sus trabajos y fueron obligadas a salir, en un contexto de inseguridad y riesgo que las expuso constantemente al contagio (Herrera, 2021). De manera similar ocurrió con quienes sostuvieron la vida durante la vida, por ejemplo, la mayoría de los deliverys estuvieron formados por extranjeros que se expusieron a la enfermedad todo el tiempo.
Por otra parte, la pandemia dio lugar a nuevos tipos de movilidades. Xiang acuñó la noción de las movilidades de choque, aludiendo con este término al “vínculo entre varios movimientos, o un momento en el que diferentes movilidades e inmovilidades se entrelazan intensamente entre sí. Estas in/movilidades interrelacionadas constituyen 'conjuntos de movilidad'” (Xiang y Nyberg, 13 de agosto de 2020, s. p.). Prueba de ello fue el impacto que provocó el cierre de las fronteras y las restricciones sanitarias, lo que afectó de manera desproporcionada, en particular, a las estrategias de vida de las personas migrantes. En otros casos, producto de las cuarentenas, la situación de los migrantes adquirió ribetes dramáticos por la imposibilidad de conseguir recursos para subsistir y continuar la travesía; y en otros, se vieron obligados a emprender viajes en reversa. Esto último debido a manifestaciones de xenofobia que identificaron al migrante como amenaza y vectores de contagio, lo que “configura un clivaje entre quienes son considerados miembros legítimos de la comunidad política versus quienes no son merecedores de protección por ser extranjeros” (Herrera, 2021, p. 108).
Colchane en el centro de la crisis humanitaria venezolana
Como punto de partida es relevante señalar que las fronteras del norte de Chile han sido históricamente un espacio de controversias (González, 2013; González, Ovando y Breton, 2016), debido al impacto que ha tenido en este territorio y hasta la actualidad, la Guerra del Pacífico. Numerosos litigios y controversias con los países fronterizos durante el siglo XX y entrado el siglo XXI, especialmente con Bolivia, se derivaron de este conflicto. De hecho, la aspiración marítima ha sido la demanda que ha marcado la historia diplomática con Bolivia desde la segunda mitad del siglo XX, cuyo punto de inflexión más importante fue el fin de las relaciones bilaterales en 1976 (González y Ovando, 2010; González et al., 2016). A ello se suma la gestión centralista de las fronteras (García, 2015) que, con frecuencia, ignora sus particularidades y a quienes las habitan, lo que profundiza el sentido de abandono del norte del país por parte de la capital chilena. No obstante, el extremo norte de Chile ha sido el espacio de ingreso, vía terrestre, de la migración latinoamericana desde la década de los noventa del siglo pasado hasta el inicio de la pandemia (Tapia, Mardones y Palma, 2021), y es un lugar de fuerte interacción comercial regional con Bolivia y los países transfronterizos (Garcés y Reyes, 2018) producto de la actividad comercial de la Zona Franca de Iquique (ZOFRI) y del flujo de mercancías que ingresan y salen por los puertos de Arica e Iquique.
En este contexto se sitúa Colchane. Se trata de un pueblo altiplánico ubicado en el borde del límite de Chile y Bolivia, empinado a más de 3650 m.s.n.m. en la provincia del Tamarugal de la Región de Tarapacá (ver Figura 1). Cuenta con un clima desértico de altura con gran oscilación térmica entre el día y la noche y fuerte radiación solar diurna. Fue creado el 8 de septiembre de 1970 con el nombre de Los Cóndores, como parte de las comunas de Pisagua y Huara, y en 1979 pasó a denominarse Colchane (PLADECO, 2015). El objetivo de su creación fue fundamentalmente geopolítico, porque buscaba “establecer una población permanente y controlar la frontera chileno-boliviana” (PLADECO, 2015, p. 6), dado que es un espacio de escasa población, sujeto a demandas y reclamos diplomáticos. En la actualidad cuenta con un poco más de 248 habitantes -según datos del Censo de 2017- y el acceso vial fue completado entrado el siglo XXI con la pavimentación de la ruta internacional que une Iquique con Oruro. Hasta hace poco solo contaba con seis horas de luz eléctrica, “un 89% de sus habitantes no tienen acceso a servicios básicos, según el último Censo. Además, casi un 60% de su población no está alfabetizada o no ha terminado la educación básica” (Stang, Cociña y Joiko, 6 de agosto de 2021).
El pueblo es parte de un territorio ancestral aymara de histórica circulación de personas y mercancías, anterior al establecimiento de los Estados nacionales, que fue dividido y delimitado por el Tratado de 1904 (González et al., 2016). La frontera chileno-boliviana cuenta con escasa población, lo que no significa que sea una zona inactiva, puesto que predomina una lógica rural donde se ubican pasos fronterizos formales -Complejo fronterizo de Colchane- e informales, formados por numerosos pasos no habilitados que son fundamentales para la economía local chilena y boliviana (De Marchi Moyano et al., 2020). Esta lógica rural, con apariencia deshabitada, se explica por el despliegue de prácticas translocales de vida, es decir, los habitantes de estos espacios cuentan con viviendas en el altiplano, en los valles o en la costa, las que ocupan con regularidad, especialmente cuando los ciclos agrícolas y ganaderos lo requieren (Carrasco y González, 2014) o durante las fiestas patronales (Díaz, Martínez y Ponce, 2014). Así, es frecuente que, debido al duro invierno, muchos de los habitantes de la zona de Colchane bajen a Iquique, Alto Hospicio o Pozo Almonte donde tienen propiedades para pasar ese período y realizar otras actividades que complementan los ingresos familiares (Carrasco y González, 2014). Quienes se quedan, en su mayoría adultos mayores, salen a cuidar el ganado o trabajan en las chacras y se abastecen de productos de primera necesidad en el lado boliviano. Por eso, muchas de las casas en los pueblos fronterizos se encuentran deshabitadas durante el día o por largos períodos.
Por otra parte, Colchane es un lugar de intenso tránsito internacional transfronterizo gracias a los vínculos creados por la Zona Franca de Iquique y al ingreso y salida de mercancías provenientes o recepcionadas por los puertos costeros. Esa circulación responde a las redes internacionales que unen Asia con Chile y que tienen como destino o salida a Bolivia, e incluso Paraguay y Brasil (SJM, 2021; Tassi y Jiménez, 2021). Así, Colchane y su par fronteriza Pisiga Bolívar, son parte de una red global de mercancías y de tránsito de pequeños y grandes comerciantes populares, formales e informales, que ingresan y salen por este paso fronterizo (Tapia y Chacón, 2016; Tassi, Medeiros, Rodríguez-Carmona y Ferrufino, 2013). Muchos de los flujos son parte de las prácticas sociales transfronterizas ancestrales, y otras se han adecuado a los tiempos gracias a la existencia de numerosos pasos fronterizos no habilitados por donde salen mercancías desde Chile por fuera del control aduanero del complejo fronterizo (Jiménez, 2021). A su vez, esta ruta forma parte de un corredor bioceánico que atraviesa Bolivia y que une el Pacífico con el océano Atlántico (De Marchi, 2020).
En las cercanías del pueblo se encuentra el Complejo fronterizo de Colchane donde diariamente cruzan camiones con mercancías provenientes, fundamentalmente del puerto y la Zona Franca de Iquique ZOFRI, con destino a Bolivia, Paraguay y Brasil. Por otro lado, el complejo fronterizo controla el ingreso y salida de personas que vienen a la región, antes y durante la pandemia, principalmente por trabajo y comercio o que retornan de visitas a sus lugares de origen. Inmediatamente después del control fronterizo se encuentra el pueblo boliviano de Pisiga Bolívar, perteneciente al municipio y provincia de Sabaya que corresponde al Departamento de Oruro. El pueblo cuenta con una población de 400 habitantes y hasta allí cruzan diariamente los pobladores de Colchane y de los distintos pueblos de alrededor a comprar productos de primera necesidad, entre ellos, gas, alimentos y medicamentos homeopáticos. A todos ellos les resulta más barato comprar en el lado boliviano, que además cuenta con mayor disponibilidad de productos que en el lado chileno. A la inversa, trabajadores bolivianos ingresan a Chile a “chambear”, es decir, a realizar trabajos por un jornal diario o semanal. Así como comerciantes que llegan a la feria de Pisiga Carpa, del lado chileno, conocida como la Feria de Colchane, a comprar productos, la mayoría de ZOFRI, que luego revenden en distintos puntos de la geografía boliviana. Durante la pandemia, la feria se suspendió por medidas sanitarias, sin embargo, a fines de 2021 se reinstaló.
A partir de febrero de 2021, Colchane y los pueblos fronterizos de la zona fueron el foco de la atención periodística y de la preocupación de la academia y organizaciones migrantes, porque en pocos días recibió a casi dos mil personas venezolanas, de las cuales se estima que casi un tercio eran niños e infantes (Tapia, Ramos y Quinteros, 13 de febrero de 2021). Todos llegaron al pueblo extenuados después de un largo viaje que, para algunos partió en Venezuela, y para otros se inició en Colombia, Ecuador o Perú. Lo que tenían en común todas estas personas era que formaban parte de la diáspora más grande que registra el continente, producto de la vulneración de derechos humanos, la violencia, la inseguridad alimentaria y la crisis económica y política del gobierno de Maduro, que se ha visto acentuada por los estragos provocados por la pandemia de COVID-19 (OEA, junio de 2021). Sin embargo, la crisis sanitaria -iniciada en marzo de 2020 a raíz de la pandemia- provocó una ralentización del flujo y una modificación de la dinámica migratoria, producto del cierre de fronteras en toda la región (OEA, junio de 2021). Estos cambios se relacionan con la disminución de los ingresos regulares y el consecuente aumento de los ingresos irregulares en los distintos países (SJM, 2021). El COVID-19 y las medidas sanitarias provocaron que algunos retornaran a Venezuela (Albornoz-Arias, Mazuera-Arias y Morffe, 2020), otros -que estaban instalados en los países andinos- que perdieran sus trabajos y decidieran buscar posibilidades en nuevos destinos, y otros que buscaran reunirse con sus familiares, una parte de ellos en Chile.
De esta forma, Colchane se constituyó en la última trocha luego de un largo y penoso camino para encontrar un mejor destino, pero la altura, el frío nocturno, la radiación y las limitaciones urbanas y de servicios del pueblo produjeron un colapso nunca antes visto (El Mostrador, 24 de septiembre 2021). Allí fue frecuente que personas venezolanas buscaran cobijo y resguardo en las casas, aparentemente deshabitadas, desatando la indignación de los habitantes de la zona y las autoridades locales. También ocuparon los espacios públicos, como la plaza del pueblo con campamentos improvisados y precarios y fogatas que les permitían soportar las bajas temperaturas nocturnas. El cierre de la frontera no detuvo el ingreso a Chile, sino que lo hizo más difícil y peligroso, sumada a una ineficiente gestión de la crisis humanitaria (González, 4 de noviembre de 2021) que cobró numerosas vidas en el cruce (Poblete y Arriagada, 20 de octubre de 2021).
Chile en el mapa de la movilidad forzada venezolana y la crisis en pandemia
El continente americano ha experimentado cambios en los flujos migratorios desde fines del siglo XX. En la década de 1990 predominó un patrón extrarregional especialmente hacia Europa y Estados Unidos, mientras que en las últimas décadas se pasó a un patrón intrarregional estimado en más de 40 millones de personas (CEPAL, 2020a). Entre esos flujos se cuentan los del corredor que forman Centroamérica y México hacia Estados Unidos y el de Haití y Venezuela hacia América del Sur por el corredor oeste. Este último se estima en más de cinco millones de personas previo a la pandemia por causa de la carestía, la hiperinflación, la violencia y la vulneración a los derechos humanos bajo el mandato del gobierno de Maduro. Los sueldos en Venezuela oscilan entre los tres y cinco dólares americanos mensuales, monto que es insuficiente para sobrevivir, sumado a que el país es uno de los más violentos de la región (Albornoz-Arias et al., 2020). El mayor flujo de la migración venezolana se registró a partir de 2015, en especial a Colombia y Ecuador, manteniéndose durante el 2020 hasta la llegada del COVID-19 (Álvarez y Phelan, 2020). En la práctica, se trata de personas que escapan de condiciones económicas, sociales y políticas adversas, lo que sumado al desarraigo de su población constituye un escenario similar a la de los desplazados que huyen de una guerra.
Previo a la pandemia, Chile reforzó la orientación hacia el control fronterizo con el Plan Frontera Norte (2011-2014) y el Plan Frontera Segura (2018). de acuerdo con una narrativa de reforzamiento de la seguridad y de la imposición de visado consular a República Dominicana y a Haití. Bajo el eslogan de “ordenar la casa”, se llevó a cabo la promulgación de la Ley de Migraciones (Ley 21325), un proceso de regularización (2018) que tuvo escaso alcance, y luego con la creación de la visa de responsabilidad democrática para Venezuela en abril de 2018, medida que buscó sacar dividendos electorales y un pretendido un liderazgo regional del segundo gobierno de Piñera (Ovando y Álvarez, 8 de febrero de 2021). Según datos del Servicio Jesuita Migrante, se registraron 207.036 solicitudes desde abril de 2018 hasta diciembre de 2019, de las cuales se otorgaron y cerraron 11.043, es decir, el 5,3 % del total. La misma fuente señala que 44.257 se otorgaron, pero, a la fecha del estudio siguen en proceso o en espera un 21,4 %, mientras que un 27,2 % de ellas fueron rechazadas. Asimismo, casi la mitad, es decir, un 46,1 % de las solicitudes se mantenían a la espera y sin resolver (SJM, 2019). Esta medida produjo fuertes expectativas entre los venezolanos, por lo que muchos de los que no lograron la visa decidieron venir a Chile con la esperanza de obtenerla en el camino. Luego, en junio de 2019, y ante el aumento de la llegada de venezolanos, el gobierno impuso la visa consular, lo que provocó el varamiento de miles de personas de ese país en Tacna (Perú).
A esto se sumó el rápido crecimiento de la población venezolana en Chile, de acuerdo con datos y estimaciones censales y de fuentes de organismos internacionales. En 2002 se estimaba en poco más de cuatro mil personas venezolanas en el país, cifra que aumentó de manera significativa a 83.045 en 2017 (Ex-Ante, 27 de septiembre de 2021). Sin embargo, el período de mayor crecimiento se registró entre los años 2017-2019, cuando pasó de 288.233 a 455.494 personas venezolanas (INE y DEM, marzo de 2020). Según estimaciones del INE, el aumento respecto del año 2018 fue de un 57,6 %, datos que confirmaron el desplazamiento de los migrantes peruanos como el primer grupo de extranjeros en Chile desde principios del siglo, pasando a liderar los venezolanos con un 30,5 % del total de inmigrantes extranjeros en el país (INE y DEM, marzo de 2020). Sin embargo, es preciso señalar que Chile, de acuerdo con distintas fuentes, se ubica en el tercer o cuarto lugar de destino. Según datos actuales de la Plataforma de Coordinación Interagencial de Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), casi seis millones de venezolanos viven en algún país de América Latina y el Caribe. Para la misma fuente, el primer lugar de destino es Colombia con casi dos millones y medio de personas, seguido por Perú con un millón y medio y en tercer lugar Chile con cerca de quinientos mil venezolano/as (R4V, 5 de septiembre de 2022).
La pandemia afectó la dirección de los flujos debido a que muchas personas no encontraron estabilidad en esos destinos, lo que se explica por las dificultades experimentadas una vez arribados a esos lugares. Ello motivó la búsqueda de nuevas oportunidades en Estados Unidos, donde se estima que llegaron más de 545 mil personas, país que pasó a ser el tercer destino para los venezolanos respecto del total de emigrantes de esa nacionalidad (siete millones) que iniciaron su éxodo desde el 2015 (Chavalier, 19 de octubre de 2022).
Como indicamos más arriba, durante la pandemia el cierre de las fronteras, aéreas y terrestres fue una de las primeras medidas tomadas por la mayoría de los países en todo el mundo. De hecho, la migración a nivel mundial disminuyó “alrededor de 2 millones a mediados de 2020 o un 27 % menos que el crecimiento esperado” (Mcauliffe, Feline, Skeldon y Blower, 2022). Sin embargo, y de acuerdo con lo señalado por informes internacionales, los migrantes que se encontraban en una situación de informalidad laboral fueron los más afectados por la crisis asociada al COVID-19 (CEPAL, 2020b; Colmenares y Abarca, 2022), lo que motivó la búsqueda de nuevos destinos en la región. Incluso antes de la pandemia se estimaba que entre cuatro mil y cinco mil personas salían de Venezuela, la mayoría a pie debido al colapso económico y la vulneración de derechos en el país.
En pandemia el escenario empeoró ante la dificultad de cruzar de manera regular, y aunque luego se abrieron los vuelos internacionales con restricciones, muchas personas no contaban con la documentación requerida, las vacunas y menos aún con recursos. Esta situación estimuló el crecimiento de la industria de la migración, especialmente de pasadores que prometían el cruce de las fronteras y con ello. Muchos usaron propaganda en redes sociales para orientar el viaje, usaron cuentas bancarias para los pagos a las empresas de transporte, incluso para traslado aéreo en cada país por el que pasaban para conectar las rutas (Verdejo y Miranda, 8 de abril de 2022). Con la pandemia aumentó la vulnerabilidad en los trayectos, debido al aumento de los precios en los traslados y a la necesidad de buscar rutas más alejadas ante el reforzamiento del control fronterizo, haciendo más riesgosos y peligrosos los desplazamientos (Verdejo, 12 de febrero de 2021).
En Chile, los registros oficiales indican que los ingresos por pasos no habilitados crecieron de manera significativa. Como antecedente, en 2010 se registraron 415 ingresos, mientras que en 2015 esa cifra aumentó a 1.779. Sin embargo, una vez cerradas las fronteras terrestres de Chile y Bolivia en marzo de 2020, las cifras empezaron a aumentar rápidamente. En 2020 ingresaron 16.848 personas, en tanto que solo entre enero y septiembre de 2021 llegaron 33.503 (Leal, 5 de noviembre de 2021; SJM, 2021). En 2022 se estima que durante la pandemia más de ochenta personas cruzaron la frontera de Colchane y alrededores (SJM, 2022) en condiciones de extrema vulnerabilidad.
La crisis humanitaria en Iquique y la reorganización del control en pandemia (2020-2021)
Ingresos por pasos no habilitados, albergues y campamentos improvisados
Desde la segunda mitad de 2020, la prensa consignó el ingreso de personas venezolanas por pasos no habilitados de manera progresiva. En septiembre de ese año informó el ingreso irregular de 106 personas por Huara y 14 por Colchane (La Estrella de Iquique, 30 septiembre 2020, p. 4). En total se registraron 9.800 ingresos desde marzo hasta diciembre de ese año, los que fueron derivados a residencias sanitarias (La Estrella de Iquique, 10 de enero de 2021, p. 6), de acuerdo con el Plan de Acción COVID-19 del Ministerio de Salud7. Así, y según el relato de Carabineros, la mayoría de las personas entraban por pasos no habilitados caminando, luego buscaban quedarse en poblados para más tarde desplazarse hacia sectores urbanos donde eran captados y detenidos. El procedimiento que seguía era informar a la autoridad de salud para realizar el sumario sanitario y entregarlos a la Policía de Investigaciones. Sin embargo, dada las condiciones en las que llegaban y especialmente porque era frecuente la presencia de niños y lactantes, Carabineros les proveía de alimento y refugio durante la detención (La Estrella de Iquique, 30 septiembre 2020, p. 4).
Desde el inicio de la pandemia y hasta octubre de 2021, Colchane no contó con albergues donde alojar, comer y sobre todo pasar las frías noches altiplánicas para los recién llegados, excepto por un pequeño campamento que fue levantado en el patio de la comisaría de Carabineros del pueblo, en respuesta al colapso producido por el ingreso de casi dos mil personas venezolanas y la crítica situación que estas vivían, especialmente en atención a los más pequeños e indefensos. Este albergue fue financiado con recursos de la misma policía, tanto personales como institucionales (carpas), y tenía una capacidad para 150 personas, donde se privilegiaba a mujeres con niños, bebés y adultos mayores, lo que les permitió resguardarlos del frío de la noche. Los demás quedaron en las calles a su suerte, en algunos casos y ante la desesperada situación, ocuparon viviendas -en apariencia desocupadas-, lo que motivó la denuncia del alcalde de Colchane en los medios nacionales (Tapia, et. al., 2021). Así, las trayectorias estuvieron marcadas por la alternancia entre movilidad e inmovilidad forzadas, por una parte, ante la necesidad de sobrevivencia, con momentos en los que no era posible moverse debido a los controles sanitarios, la falta de transporte o la obligación de hacer cuarentena de acuerdo con la política implementada en pandemia.
Para quienes querían llegar a Iquique, el gobierno estableció coordinaciones específicas con la autoridad sanitaria y la municipalidad de Iquique para albergar a las personas venezolanas que llegaban a la ciudad por diversas vías. En efecto, el jefe de la Defensa Nacional de la región de Tarapacá envió diversos oficios a la municipalidad, solicitando la habilitación de distintas dependencias como albergues o estadías que les permitieran realizar cuarentenas por 14 días y evitarles quedar en situación de calle. Fue así que se habilitó el Liceo A7 y el Colegio UNAP, y en octubre de 2020 el exestadio de Cavancha, ubicados en el centro de la ciudad y en el borde costero, respectivamente. Además, se creó un albergue transitorio en el estadio de Huara, aunque las condiciones precarias de este despertaron la preocupación del Colegio Médico (La Estrella, 11 de octubre de 2020) y la molestia de los vecinos. A fines de octubre de 2020, ese espacio contaba con 320 personas, de acuerdo con la información de prensa. El objetivo de su implementación fue evitar que las personas deambularan por el pueblo, quienes luego eran llevadas a albergues sanitarios en Iquique una vez que se liberaba espacio en esos recintos.
Según el relato de un dirigente venezolano en Iquique, la travesía desde Venezuela podía durar siete días en bus, pero por la pandemia pasó a ser de 10 a 12 días, y si era a dedo duraba entre 15 y 20, casi siempre sin alimentación (La Estrella de Iquique, 3 noviembre de 2020, p. 5). Una vez que arribaban a Chile y ante la suspensión de los servicios de transporte formales entre Colchane e Iquique, les quedaban dos alternativas para llegar a la ciudad: la primera, la “autodenuncia”, mecanismo paralegal de autoincriminación ante la autoridad migratoria del delito de ingreso clandestino (Art. 69, DL1094/1075). Este trámite lo realizaban ante la autoridad policial, luego hacían el registro ante la autoridad sanitaria y esperaban por alguno de los cupos en los buses que salían con destino a albergues sanitarios, donde recibirían atención médica y alimentación. La otra opción, para escapar del frío, la altura y la escasez de alimentos, fue negociar altos precios con transportistas informales para el traslado, o bien, atreverse a caminar 265 kilómetros haciendo dedo o colándose en los camiones8 para cruzar el altiplano, la cordillera de los Andes y el desierto, durante días, hasta llegar a Iquique u otros poblados cercanos (Videla, 5 de febrero de 2021). Sin embargo, la gran mayoría no tuvo otra alternativa que acceder al condicionamiento de la “autodenuncia” que establecieron las autoridades chilenas para obtener asistencia sanitaria (León, 2021). Así, entre septiembre y octubre de 2020, las autodenuncias aumentaron en un 337 %, es decir, de 503 a 2.200 (La Estrella de Iquique, 15 de noviembre, p. 6), cifra que daba cuenta del aumento del flujo por Colchane, que en diciembre llegó a 273 personas en un día (La Estrella de Iquique, 10 de diciembre de 2020, p. 5). Lo anterior llevó a tomar medidas, tales como sancionar a las personas o empresas que realizaban traslados de personas, así como los llamados de las autoridades locales para solicitar el refuerzo de la frontera. Todo ello estuvo acompañado de mensajes de rechazo por redes sociales y medios de comunicación y de denuncias de los alcaldes de la región por la “puesta en escena” de las autoridades nacionales en Colchane (La Estrella de Iquique, 8 de noviembre de 2020), así como “el descontrol en la frontera” (La Estrella de Iquique, 12 de diciembre de 2020, p. 7) por la ineficiente gestión de la situación migratoria.
A ese panorama se sumó la situación de calle en que quedaban las personas una vez que dejaban las residencias sanitarias, dado que las largas travesías los dejaban empobrecidos. Algunos podían pagar hoteles económicos gracias a los pocos recursos que les quedaban, mientras que otros buscaban formas de subsistir con la venta ambulante y la limpieza de autos para reunir dinero a fin de continuar el viaje hasta la zona central de Chile. La prensa consignó la ocupación de Plaza Brasil con 40 migrantes en enero de 2021, luego de ser sacados de Plaza Slava en el borde costero (La Estrella de Iquique, 8 de enero de 2021, p. 4). Los desalojos continuaron tanto por las quejas del sector turístico y de vecinos como por el retroceso del Plan “Paso a paso” declarado por el gobierno chileno para contener el COVID-19 (Castañeda-Meneses y Cazorla-Becerra, 2022). Las únicas opciones de alojamiento para estas personas, en su mayoría venezolanas, fueron entregadas por algunas iglesias y por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). Sin embargo, no fueron suficientes para la demanda, por lo que la ocupación del espacio público se convirtió en la única opción. No existieron más respuestas ante el llamado de las organizaciones sociales para conseguir un albergue que evitara que las personas deambularan por las calles y acamparan en distintos sitios. El flujo iba en aumento 9.
Todo ello configuró un escenario de movilidad e inmovilidad forzada. De movilidad, por la necesidad de buscar mejores condiciones de vida y de trabajo; y de inmovilidad, marcada por las dificultades de la ruta, los gastos del viaje y las restricciones impuestas por la pandemia. Las trayectorias estuvieron delimitadas por avances, esperas y detenciones forzadas determinadas por las medidas sanitarias, el control fronterizo, las cuarentenas y la falta de recursos para seguir el viaje. Todo ello en un marco de una ineficiente gestión de la movilidad forzada venezolana cuya respuesta fue la criminalización creciente y un discurso que asoció ocupación del espacio público y el borde costero de venezolanos/as con la propagación del COVID.
La reorganización del control y la criminalización de los recién llegados
Durante los primeros meses de 2021, la región vivió el momento más crítico por el ingreso de personas por pasos no habilitados, lo que llevó a que la situación escalara a nivel nacional. De hecho, ante la falta de medidas, se hizo sentir un claro sentido de abandono por parte de las autoridades nacionales, denotando un centralismo en la toma de decisiones que motivó una denuncia. El 27 de enero de 2021, el alcalde de Iquique presentó un recurso de protección en contra de las autoridades nacionales. La acción buscó presionar para aumentar el control de la frontera, la contención del ingreso irregular de extranjeros, la aplicación de protocolos sanitarios y la creación de un refugio para contener la crisis humanitaria.
El 6 de febrero de ese mismo año, la prensa consignó un total de 580 atenciones en dos días en el servicio de salud en la posta de Colchane (La Estrella de Iquique, 6 de febrero de 2021, p. 4). Al día siguiente se registraron un total de 1.800 personas extranjeras, lo que provocó el colapso del pueblo y surgieron las denuncias de las autoridades locales por la falta de eficacia para resolver la situación. Para hacer frente a los hechos, el 9 de febrero las autoridades anunciaron el “Plan Colchane” que básicamente consistió en un conjunto de medidas puntuales orientadas a entregar mayores recursos a las policías y profundizar el rol de las fuerzas armadas en las tareas de control y vigilancia de la frontera, que ya se venían realizando desde el 2019 y antes (Ministerio de Defensa Nacional, 2021). De acuerdo con el Decreto 3/2021, la gran extensión territorial, las condiciones climáticas y las extremas características geográficas de la frontera, exigían el reforzamiento de determinados sectores fronterizos para prevenir, detectar y controlar delitos asociados al narcotráfico, el crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de migrantes. El plan se fundó en la obligación del Estado de resguardar la seguridad nacional, proteger a la población y “los buenos resultados obtenidos de la colaboración prestada por las Fuerzas Armadas en el trabajo conjunto interagencial en las zonas fronterizas del territorio nacional” (Ministerio de Defensa Nacional, 2021, p. 2). Sin embargo, el plan fue valorado con escepticismo por el alcalde de Colchane, quien lo calificó como un eterno “déjà vu”, al tratarse de medidas que se venían anunciando desde administraciones anteriores, tales como la electrificación del pueblo y la construcción de una zanja que a su juicio no solucionaban los problemas (La Estrella de Iquique, 11 de febrero de 2021, p. 3).
El 10 de febrero, tras la visita de autoridades nacionales al paso fronterizo, realizaron anuncios como la creación de residencias transitorias en las afueras de los centros urbanos y una campaña para dar a conocer las medidas de expulsión por ingreso clandestino (La Estrella de Iquique, 10 de febrero de 2021, p. 3). Al día siguiente se llevó a cabo la primera expulsión colectiva desde el aeropuerto de Iquique mediante un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile con 86 venezolano/as a bordo. Las personas fueron notificadas de su orden de expulsión en la Escuela Centenario de Iquique -que servía de albergue sanitario- a las tres de la madrugada del martes 9, para ser luego detenidas el miércoles a la misma hora. De acuerdo con el relato de uno de los venezolanos expulsados ese día (Stange, 10 de febrero de 2021), estas personas no tuvieron la posibilidad de contar con asistencia jurídica ni tampoco de apelar a la medida. En efecto, si bien 14 de ellas fueron expulsadas como resultado de una condena judicial por la comisión de delitos menores, las restantes 72 no habían cometido ninguna otra falta que haber ingresado por pasos no habilitados. La expulsión colectiva contó con una fuerte cobertura mediática y se mostró a las personas caminando en fila, escoltadas individualmente por la policía y, pese a que todas contaban con una prueba de PCR negativo, fueron obligadas a vestir un overol blanco que les entregaron en el aeropuerto, minutos antes de subir al avión, y a enfrentar las cámaras. Una segunda expulsión quedó sin efecto el 19 de febrero por la presentación de cinco recursos de amparo que impidió la expulsión de cien personas (La Estrella de Iquique, 19 de febrero de 2021, p. 3). Sin embargo, en abril, 55 personas venezolanas fueron expulsadas vestidas nuevamente con overoles blancos (La Estrella de Iquique, 26 de abril de 2021, p. 3). Cuarenta de ellas habían autodenunciado su ingreso por algún paso no habilitado y fueron notificadas posteriormente de su expulsión mientras se encontraban retenidas en el exestadio Cavancha, infraestructura que en ese momento operaba como una estadía sanitaria transitoria tras las modificaciones introducidas al protocolo Covid-19 en marzo. La expulsión se materializó a pesar de los esfuerzos de las organizaciones migrantes y promigrantes para impedirla.
Mientras se llevaron a cabo las expulsiones y el Plan Colchane, la situación en Iquique no variaba. Una vez que salían de las residencias sanitarias, la mayoría de las personas seguía pernoctando en la calle como espacio donde habitar, abocadas a conseguir recursos vendiendo dulces en los semáforos o limpiando parabrisas. Si bien existió apoyo y amplio despliegue tanto de organizaciones de migrantes y promigrantes, así como de iglesias y personas particulares, las necesidades fueron mayores a la cobertura que se les podía dar (Oyarzo, 6 de octubre 2021). Así quedaron inmovilizadas estas personas, tanto por la falta de recursos y documentos, así como por las exigencias sanitarias que exigían un examen negativo de COVID-19 (PCR) antes de salir de la ciudad. Lo que ocurría era que deambulaban por la ciudad con niños pequeños y bebés acomodándose donde podían, en plazas y en el borde costero, a pesar de los llamados de las organizaciones para habilitar un albergue que resolviera esta situación.
La falta de hospedajes y de recursos motivó la ocupación de la Plaza Brasil en el centro de la ciudad, espacio que no contaba con servicios sanitarios ni apoyo institucional, situación que despertó las molestias de los vecinos y de la ciudadanía. El campamento aglutinó a quienes quedaron inmovilizados porque ya no tenían recursos para seguir el viaje y quedarse allí fue una estrategia para reunir el dinero para continuar su travesía. En otros casos, los contactos de amigos y familiares dejaron de responder, por lo que ya no tenían donde llegar. De esta manera, mientras unos esperaban, otros se iban y otros más se quedaban sin que nadie los acogiera. Todo ello generó una fuerte molestia de los vecinos de la ciudad de Iquique por la ocupación de la plaza, cuya desocupación fue varias veces anunciada en la prensa, pero no concretada (La Estrella de Iquique, 25 de febrero de 2021, p. 3; 10 de abril de 2021, p. 4). Finalmente, y frente al anuncio por redes sociales de una marcha antiinmigrante para el 25 de septiembre, la plaza fue desalojada por la policía el día 24. En el momento del desalojo, 120 personas se encontraban habitando en el lugar, de las cuales 35 lo hacían de forma permanente. En el proceso, 16 personas fueron detenidas por enfrentamientos con Carabineros en medio de los llantos de los niños y la presencia de organizaciones sociales que intentaban ayudar y de personas que exigían la expulsión (La Estrella de Iquique, 25 de septiembre de 2021). Sin embargo, la medida no fue acompañada de una reubicación a un albergue o una alternativa y las personas volvieron a buscar cobijo en distintos puntos de la ciudad, el borde costero y Alto Hospicio, mientras el ingreso irregular se intensificaba (La Estrella de Iquique, 22 de septiembre de 2021, p. 3). Al día siguiente, la marcha reunió a casi cinco mil personas que se desplazaron por calles y avenidas centrales de la ciudad de Iquique con gritos xenófobos y racistas, sumados a quejas por la ineficiente gestión de la situación migratoria. La actividad terminó con la quema de las carpas y pertenencias de un grupo de venezolanos por parte de un grupo de manifestantes contrarios a estos, imágenes registradas por la prensa que dieron la vuelta al mundo (Gálvez, 26 de septiembre de 2021).
El 18 de octubre de 2021 se instaló un refugio humanitario en Colchane y de acuerdo con los datos de la Delegación Provincial del Tamarugal, hasta el 15 de noviembre del mismo año pasaron por ahí casi cuatro mil personas, la mayoría de ellas venezolanas (La Estrella de Iquique, 15 de noviembre de 2021, p. 3). En diciembre, se autorizó la instalación de un campamento transitorio en la costa, a 22 km de Iquique en el sector de Lobitos, a cargo de una productora de eventos. Terminó el año con nuevas marchas antiinmigrantes, una ineficiente gestión de la crisis, un aumento del ingreso irregular y un desatado discurso de odio, xenofobia y racismo que inundó las redes sociales.
El 2022 partió con declaraciones que vinculaban el desplazamiento forzado con la delincuencia y la inseguridad. Luego de las agresiones a Carabineros y la muerte de un camionero, se dio lugar a nuevas marchas. En este escenario se aprobó la renovación de la zanja cavada en el límite internacional en 2017, esta vez en un contexto de estado de excepción y de asunción del nuevo gobierno, que se articuló con el proselitismo electoral y con un afán de exacerbar un discurso de delimitación y de control fronterizo (De Marchi y Alvites, 2022).
En marzo de 2022 llegó a la presidencia Gabriel Boric, quien asumió las consecuencias de la gestión migratoria del gobierno de Piñera. Para abordar la situación, se apoyó en los organismos internacionales y en la coordinación entre organizaciones de la sociedad civil y el gobierno. Las acciones están en curso y el desplazamiento forzado venezolano no ha cesado, aunque ha disminuido, y a nivel regional se han levantado mecanismos de respuesta por parte de la autoridad y de las organizaciones sociales. Una de ellas fue la instalación del dispositivo transitorio de Colchane y el mejoramiento del albergue de Lobitos. Otra medida ha sido el avance en la creación de una política migratoria nacional con la participación de distintos actores, así como la constitución de un Consejo Consultivo Nacional de migraciones (COSOC), entre otros aspectos.
Con todo, la pandemia acentuó el vínculo entre movilidad y restricciones a la movilidad humana que identificamos previo al COVID-19, con mayor fuerza y con un claro sello criminalizador, cuyas consecuencias vemos hasta hoy. De la relación entre la movilidad y la enfermedad hemos transitado a la insistente relación entre movilidad y delincuencia. De hecho, las marchas del verano de 2022 tuvieron como factor detonante hechos criminales y noticias de la llegada de bandas delictivas de personas de nacionalidad venezolana. Aunque el 1º de mayo de 2022 se abrieron las fronteras terrestres chilenas, entre ellas la de Colchane, se acentuó el sentido de amenaza y criminalización de la población venezolana.
Conclusiones
La pandemia de COVID-19 consolidó el vínculo entre fronteras y movilidad humana, tanto en el contexto europeo como latinoamericano, aunque a ello se agregó la seguridad sanitaria como un nuevo elemento para justificar el cierre. Para el caso de estudio, Colchane y los pueblos fronterizos, si bien esta medida dificultó el ingreso y la salida regulares de las personas, no supuso el fin de la circulación de los habitantes fronterizos ni el fin del tránsito de mercancías. Sin embargo, el desplazamiento venezolano, que había experimentado una aceleración en los años prepandémicos, no se detuvo con el cierre fronterizo, sino que se hizo más dramático. De hecho, se superpuso a las prácticas sociales transfronterizas existentes en el altiplano, que por mucho tiempo fueron invisibles para las autoridades nacionales y realizadas en el marco del Convenio 169. Así, el creciente ingreso a pie de centenares de personas venezolanas puso al pueblo en el centro de las noticias. No obstante, ante la ineficiente respuesta de las autoridades centrales -que en primera instancia optaron por ignorar los sucesos y luego por responder con la securitización de la frontera-, la movilidad venezolana transitó de la movilidad a la inmovilidad forzada y a la espera en condiciones críticas en Colchane, Huara e Iquique. Cuando las condiciones lo permitieron, es decir, cuando consiguieron recursos y sortearon las exigencias, algunas personas pudieron retomar el camino. Quienes no lo lograron, quedaron varados en Iquique y en otros asentamientos del norte chileno, ocupando los espacios públicos, en un contexto de creciente temor por el contagio.
Así, la respuesta a la movilidad venezolana fue la militarización del límite internacional, las expulsiones colectivas y la implementación de una nueva estrategia fronteriza, el “Plan Colchane”. Entre los impactos que tuvieron estas medidas se encuentra el resurgimiento de la idea de frontera como separación y resguardo, y una fuerte alterización de quienes la cruzaban -“los otros” venezolanos- bajo la idea de amenaza. Las marchas catalizaron esas ideas con consignas que anteponían a los nacionales frente a los extranjeros en una dupla antagónica entre legítimos e ilegítimos. Los puntos más críticos y que expresaron esta situación fueron la espectacularización de las expulsiones administrativas, el desalojo de la Plaza Brasil y la primera marcha antiinmigrante (ocurrida el 25 de septiembre de 2021).
De esta forma, el cierre de la frontera, sumada a la militarización que buscó calmar la ansiedad que generó en la población la circulación del virus y de los sujetos móviles, aumentó la xenofobia y la discriminación. Al mismo tiempo se produjeron movilidades e inmovilidades forzadas con interrupciones agudas, tanto en el momento de cruzar la frontera, de hacer la autodenuncia para cumplir con los protocolos sanitarios, como en la espera para bajar a la costa. Todo ello en un contexto geográfico, climático y social de condiciones de altura y fuerte oscilación térmica, frío extremo, sin refugio y escasos recursos. Luego, una vez en Iquique, al salir de las residencias sanitarias, muchas personas quedaron en situación de calle, sin dinero ni contactos, con la única opción de ocupar espacios públicos como plazas y el borde costero.
La solución territorial del cierre fronterizo para hacer frente a las circunstancias excepcionales del COVID-19, sumado al abandono del deber de proteger de las autoridades locales y nacionales, fortaleció su dimensión exclusionaria. Y no solo eso, sirvió como herramienta para controlar la inseguridad generada por la enfermedad que aumentó la alterización y criminalización de quienes cruzaron las fronteras, cuyas consecuencias se viven hasta hoy. De alguna forma, la pandemia subrayó el sentido territorial y soberano de las fronteras como exclusión, cierre ante la amenaza, discutido previo al brote, con consecuencias humanitarias que no conocíamos con tal intensidad, por lo menos en este lado del mundo.
