La participación ciudadana constituye una condición indispensable en los sistemas democráticos, plurales e incluyentes; sin embargo, en los Estados Unidos Mexicanos, a nivel federal, no se ha concretado el reconocimiento de mecanismos que permitan a los ciudadanos dar a conocer su opinión de manera institucionalizada y legal sobre los asuntos públicos y actos gubernamentales, ¿porqué se ha impedido la instrumentación de la participación ciudadana?, ¿cuál es el estado actual de la misma? y ¿de qué manera las élites en México se verían afectadas o beneficiadas con una reforma constitucional que institucionalice la participación de los gobernados?, estos son algunos de los cuestionamientos que la ponencia se encarga de analizar.
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