Reconocimiento mutuo de decisiones y adopción internacional. Situación europea

• Darío Menichini ^[1]
  1. [1] Universidad de Jaén

     Universidad de Jaén

     Jaén, España

     
• Localización: La Protección de la infancia migrante frente a las diferentes caras de la violencia de género, la discriminación y la trata / coord. por Ángeles Lara Aguado, Pablo Melgarejo Cordón, María Encarnación Vílchez Vivanco, 2022, ISBN 9788413885605
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    En relación con los aspectos más relevantes de esta investigación, se trata de verificar hasta qué punto existe en el momento actual en el espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, una disciplina europea sobre la adopción transfronteriza y si existe una cooperación entre los Estados miembros hacia el reconocimiento mutuo de decisiones de materia civil, que incluya la adopción. Con este propósito analizaré todos los elementos que están en juego, empezando por Convenios, Tratados y otros actos normativos, europeos e internacionales llegando finalmente a la Resolución de 2 de febrero de 2017, que parece haber “unificado” la materia en cuestión. Por mucho tiempo la disciplina se mantuvo llena de lagunas normativas, no obstante, muchos han sido los proyectos europeos e internacionales que se han ocupado del tema. Empecemos a analizar las garantías de protección de los derechos del niño, para luego llegar el ejercicio del derecho de ser adoptado.Gran importancia tiene la Convención de los Derechos del Niño del 1989 que marcó un hito en la protección y reconocimiento de los derechos del niño. En estas tres décadas han sido muchos los debates en relación con la nacionalidad transfronteriza. Una Convención que falta, pero de armonización, que fue superada por la normativa internacional y europea que incorpora de manera uniforme, sobre la edad, a los efectos de cada instrumento. Así ocurre con la Convención de la Haya de 1993 sobre adopción internacional, y de 1996 sobre medidas de Protección de Niños, que establecen el criterio de los 18 años. Así también lo establece el Reglamento UE n 2019/1111. El Convenio de La Haya relativo a la protección del Nino y a la Cooperación Internacional de 1993 ha sido ratificado por más de 80 países y representa un avance importante para los niños, sus familias biológicas, y sus potenciales familias adoptivas extranjeras, porque pone el enfoque en los intereses del niño y sus derechos fundamentales reconocidos por el Derecho internacional, y disciplina la misma adopción internacional, instaurando un sistema de cooperación entre los Estados contratantes asegurando las adopciones a los Estados de acuerdo con el Convenio. A nivel europeo, cada país aplica su normativa, no obstante, todos los países miembros comparten los principios consagrados en los Convenios internacionales sobre el tema: - si están vivos, los padres biológicos deben dar su libre consentimiento. – la adopción debe decidirse en interés del niño. – la adopción debe concederla un Tribunal o autoridad administrativa.En la mayoría de los países de la UE, el niño adquirirá el apellido de los padres adoptivos y sus nacionalidades, y tendrá los mismos derechos de herencia que un hijo biológico. Los padres adoptivos, tendrán los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro progenitor hacia su hijo. Aunque cada Estado sigue con normación especifica, la Resolución del Parlamento Europeo de 2 febrero de 2017 fue una “revolución” para la materia, y de alguna manera la unificó. Reforzó el concepto de Libertad, Seguridad y Justicia del art. 67 TFUE, junto al Programa de Estocolmo de 2009 del Consejo. La Resolución es el acto normativo más actual y moderno a día de hoy, y parece llenar las lagunas de las antecedentes Convenciones sobre adopción, como por ejemplo la de la Haya de 1993, haciendo entender que los hijos adoptados por padres ciudadanos de la Unión deben de tener los mismos derechos que los hijos legítimos, gozando de garantías como el reconocimiento mutuo transfronterizo civil, y libre circulación de decisiones, es decir que los efectos de la adopción tienen que ser reconocidos en todo el territorio europeo sin necesidad de actos judiciales o administrativos que representan un gasto considerable para el ciudadano, y seguramente una pérdida de tiempo excesiva. El proyecto armoniza la disciplina con más claridad, estableciendo el derecho a un certificado europeo de adopción, disciplina además el ámbito de aplicación y las cuestiones procesales relativas a la eventual denegación.

  • English

    In relation to the most relevant aspects of this research, the aim is to verify to what extent there is currently, in the area of ??Freedom, Security and Justice, a European discipline on cross-border adoption and if there is cooperation between the Member States towards mutual recognition of civil decisions, including adoption. For this purpose, I will analyze all the elements that are at stake, starting with Conventions, Treaties and other normative, European and international acts, finally arriving at the Resolution of February 2, 2017, which seems to have “unified” the matter in question. For a long time the discipline remained full of regulatory gaps, however, there have been many European and international projects that have dealt with the subject. Let's begin to analyze the guarantees of protection of the rights of the child, to then arrive at the exercise of the right to be adopted.Of great importance is the 1989 Convention on the Rights of the Child, which marked a milestone in the protection and recognition of the rights of the child. In these three decades there have been many debates in relation to cross-border nationality. A Convention that is missing, but of harmonization, which was superseded by international and European regulations that uniformly incorporates, on age, for the purposes of each instrument. This is the case with the 1993 Hague Convention on international adoption, and the 1996 Convention on Child Protection Measures, which establish the 18-year-old criterion. This is also established by EU Regulation No. 2019/1111. The Hague Convention on Child Protection and International Cooperation of 1993 has been ratified by more than 80 countries and represents an important step forward for children, their biological families, and their potential foreign adoptive families, because it puts the focus on the interests of the child and his fundamental rights recognized by international law, and disciplines international adoption itself, establishing a system of cooperation between the contracting States, ensuring adoptions to the States in accordance with the Convention. At a European level, each country applies its regulations, however, all member countries share the principles enshrined in the international conventions on the subject: - If they are alive, the biological parents must give their free consent. – the adoption must be decided in the interest of the child. – the adoption must be granted by a court or administrative authority.In most EU countries, the child will acquire the adoptive parents' surname and their nationalities, and will have the same inheritance rights as a biological child. Adoptive parents will have the same rights and obligations as any other parent towards their child. Although each State follows with specific regulations, the Resolution of the European Parliament of February 2, 2017 was a "revolution" for the matter, and in some way unified it. It reinforced the concept of Freedom, Security and Justice of art. 67 TFEU, together with the 2009 Stockholm Program of the Council. The Resolution is the most current and modern normative act to date, and seems to fill in the gaps in the previous Conventions on adoption, such as the Hague Convention of 1993, making it understood that children adopted by parents who are citizens of the Union must to have the same rights as legitimate children, enjoying guarantees such as civil cross-border mutual recognition, and free circulation of decisions, that is to say that the effects of the adoption must be recognized throughout the European territory without the need for judicial or administrative acts that represent a considerable expense for the citizen, and surely an excessive waste of time. The project harmonizes the discipline with more clarity, establishing the right to a European adoption certificate, it also disciplines the scope of application and the procedural issues related to the possible refusal.