Santiago de Compostela, España
La investigación se centra en analizar, desde la teoría del federalismo fiscal, la armonización y correspondencia de las relaciones que tienen las transferencias intergubernamentales: con la función distribución de la renta (ingreso) y la función asignación de recursos (gasto); con sus objetivos de equidad fiscal y eficiencia económica; con su implementación a través de transferencias no condicionadas (participaciones) y condicionadas (aportaciones) y; con su im- pacto en el esfuerzo fiscal (papel matamoscas o pereza fiscal) en los gobiernos locales de México. El punto principal a considerar, en el estudio para México, es examinar la correspondencia que debe de existir entre los objetivos e implementación de las transferencias intergubernamentales y su impacto en el esfuerzo fiscal de los gobiernos locales. Sin ninguna duda, es la implementación de las transferencias federales (participaciones (ramo 28) y aportaciones (ramo 33)), y su impacto en el esfuerzo fiscal (positivo o negativo), lo que nos permite concocer la relación o no de las funciones tradicionales del sector público (distribución de la renta y asignación de recursos) y los objetivos buscados de equidad fiscal y eficiencia económica establecidos por el gobierno federal para compensar los desequilibrios fiscales (vertical y horizontal) de los gobiernos locales. Por lo que, sí la implementación de las transferencias inter-gubernamentales no se encuentra relacionada con el objetivo deseado y/o que el objetivo no quede claro en su implementación, se generarán ineficiencias económicas por el origen y manejo de los recursos públicos o deficiencias en el bienestar social de la población. En el caso de México, la incorporación del ramo 33 (aportaciones federales) en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal en 1998 y su implementación a partir de 1999 ha ocasionado, de acuerdo a varios estudios empiricos, un impacto negativo (pereza fiscal) en el esfuerzo fiscal en la mayoria de los gobiernos locales, debido a la falta de clariadad en los objetivos de cada uno de sus fondos y a las variables de medición en sus formulas de asignación de recursos que no corresponden con los objetivos.
The research focuses on analyzing, from the theory of fiscal federalism, the harmonization and correspondence of the relationships that intergovernmental transfers have: with the rent distribution function (income) and the resource allocation function (expenditure); with its objectives of fiscal equity and economic efficiency; with its implementation through unconditional transfers (participations) and conditioned (contributions) and; with its impact on the fiscal effort (flypaper or fiscal laziness) in the local governments of Mexico. The main point to consider, in the study for Mexico, is to examine the correspondence that should exist between the objectives and implementation of intergovernmental transfers and their impact on the fiscal effort of local governments. Without a doubt, it is the implementation of federal transfers (participations (branch 28) and contributions (branch 33)), and their impact on the fiscal effort (positive or negative), which allows us to know the relationship or not of the functions of the public sector (income distribution and allocation of resources) and the sought-after objectives of fiscal equity and economic efficiency established by the federal government to compensate for fiscal imbalances (vertical and horizontal) of local governments. Therefore, if the implementation of intergovernmental transfers is not related to the desired objective and/or if the objective is not clear in its implementation, economic inefficiencies will be generated due to the origin and management of public resources or deficiencies in well-being. social of the population. In the case of Mexico, the incorporation of branch 33 (federal contributions) in chapter V of the Fiscal Coordination Law in 1998 and its implementation in 1999 has caused, according to several empirical studies, a negative impact (fiscal laziness) in the fiscal effort in most local governments, due to the lack of clarity in the objectives of each of their funds and the measurement variables in their resource allocation formulas that do not correspond to the objectives.
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