Corresponde a la Corte Constitucional una crucial tarea. Debe asegurar, la vigencia del Estado Constitucional, y ello implica, garantizar, en primer lugar, la efectividad de los derechos constitucionales fundamentales. Pero, por otra parte, tanto en las decisiones de control abstracto de normas, como en las de revisión de los fallos de tutela, se impone que la Corte actúe con prudencia, reconocer y proteger el espacio de configuración que la propia Constitución ha reservado para los órganos de configuración política, y que tiene un trascendental significado en un Estado democrático.
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