El proceso de integración de las personas migrantes en España pasa por el reconocimiento pleno de sus derechos. Sin embargo, el marco jurídico actual contempla solamente un reconocimiento progresivo de derechos en función de la situación jurídica administrativa, en primer lugar, y de la temporalidad de la estancia o la residencia legal una vez obtenida la autorización correspondiente. Solo la obtención de la nacionalidad española garantiza la plena equiparación con los nacionales. En un contexto de crisis, la involución de los derechos afecta especialmente a las personas extranjeras, sobre todo a quienes se encuentran en situación administrativa irregular (es decir, que carecen de autorización de estancia o residencia). Ocurrió tras la crisis económica de 2008, con la llamada exclusión sanitaria o el endurecimiento de los requisitos administrativos para acceder a algunas prestaciones sociales básicas, entre otros, y está ocurriendo en la actualidad como consecuencia de la crisis socio-sanitaria generada por la Covid- 19. Precisamente, las medidas aprobadas a nivel estatal en materia de vivienda, trabajo o prestaciones destinadas a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social dejan fuera a las personas en situación irregular, que son las que están sufriendo en mayor grado los efectos de la pandemia
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