Raúl Compés López, Javier Guillem Carrau
La regulación de las denominaciones geográficas en España se encuentra en plena etapa de cambios. Estos vienen dados por las nuevas orientaciones comunitarias y por el desarrollo de la Ley 24/2003 de la Viña y el Vino en las Comunidades Autónomas. Por el momento el resultado está siendo la aparición de un régimen “a la carta”, con diferencias notables entre Comunidades y denominaciones en lo que se refiere a los arreglos institucionales para la gestión y el control de los correspondientes signos distintivos. Este nuevo paradigma parte del principio de que es posible otorgar el mismo nivel de protección a los consumidores y productores a partir de distintas estructuras de gobiernos. Si bien la idea es a priori aceptable, nuestro análisis concluye que no hay garantías de que el nuevo marco legal vaya a resolver los problemas de confianza y credibilidad creados por el anterior
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