La política de defensa de la competencia se encarga de salvaguardar la libertad de acceso a un mercado, bien sea una industria o un servicio, para cualquier empresa que quiera entrar a competir en ese sector. Principalmente diseña recomendaciones que tratan de evitar la concentración de poder de mercado en unas pocas empresas y con ello trata de reducir la ‘desigualdad empresarial’ que surge entre las nuevas empresas y las ya instaladas. Al fomentar la competencia y el libre acceso al mercado consigue reducir los precios y proteger al consumidor, ya que elimina los precios abusivos que surgirían del ejercicio de ‘poder de mercado’. Por último, la defensa de la competencia al proteger el acceso a los recursos en igualdad de condiciones entre las distintas empresas de una industria contribuye a reducir los abusos en los contratos y la precarización de los mismos. Este artículo se ocupa de definir el poder en términos económicos y cómo se ejerce; para explicar que su reducción, a través de la política de la competencia, genera una mejora en el bienestar de la sociedad al evitar los abusos de la monopolización de los mercados.
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