Sevilla, España
Después de más de 50 años de aplicación de las normas de competencia en España y de 18 de su descentralización, a partir de 2018, como consecuencia de la transposición de Directivas europeas, se le otorga a la contratación pública el papel relevante para la política de competencia que ya ocupaba en la economía. Las nuevas funciones que deberán asumir las autoridades de competencia suponen un reto al que deben adaptarse para actuar con agilidad y eficacia, y que permitan disuadir a los operadores de la realización de prácticas anticompetitivas que tanto erosionan la calidad de los servicios públicos.
After more than 50 years of application of competition rules in Spain and 18 of their decentralization, since 2018, as a result of the transposition of European Directives, public procurement is given the relevant role for the policy of competition that already occupied in the economy. The new functions that must be assumed by the competition authorities pose a challenge to which they must adapt to act with agility and efficiency, and which allow operators to be deterred from carrying out anticompetitive practices that erode the quality of public services
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