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Ley de emprendedores y segunda oportunidad

  • Autores: Juana Pulgar Ezquerra
  • Localización: El notario del siglo XXI: revista del Colegio Notarial de Madrid, ISSN 1885-009X, Nº. 51, 2013
  • Idioma: español
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  • Resumen
    • español

      La autora realiza un análisis de las innovaciones de la nueva Ley 14/2013 en materia concursal, destacando los siguientes aspectos. Se proyectan dos mecanismos exoneratorios, respecto de deudores distintos y con presupuestos diferentes y ninguno de ellos está referido al emprendedor, sino, de un lado, al deudor empresario natural o empresario persona jurídica en determinadas condiciones y, de otro, al deudor persona natural, sin referencia a su condición empresarial. Se diseña un "procedimiento preconcursal" en el que no sólo se limita la autonomía de la voluntad sino que, en ocasiones, se elimina a la vista de las "duras" sanciones que se aplican al deudor que opte por esta vía, así como a aquellos acreedores que en el lícito ejercicio de la referida autonomía de la voluntad no quieran participar en un acuerdo extrajudicial de pagos. Se produce un cuestionable cambio en el sistema de designación y retribución de la administración concursal, pues al convertir al mediador en administrador concursal se conculca, por un lado, la imparcialidad y por otro la confidencialidad. El nuevo sistema pasa a convertirse en el ordenamiento de Derecho comparado mas liberal en el acceso a mecanismos exoneratorios de responsabilidad y el mas restringido en condiciones de acceso a procedimientos de composición extrajudicial y amistosa de crisis, existiendo el riesgo de una escasa utilización del nuevo "acuerdo extrajudicial de pagos", dado su carácter voluntario y de que, en el caso de que se acuda a él, pueda convertirse en una antesala costosa del concurso de acreedores, retrasándose en el tiempo su apertura.

    • English

      The author analyses the novelties included in the new Act 14/2013 on insolvency matters and highlights the following aspects. Two debt-releasing mechanisms have been planned for the event of different debtors, with different requirements. None of them are intended for the entrepreneur, but for companies in debt in certain circumstances, whether they are natural or legal entities or for natural persons in debt, regardless of their business status. A “pre-insolvency proceeding” has been designed that not only limits the autonomy of the will but even eliminates it, in view of the “harsh” sanctions imposed to the debtor choosing this option and to those creditors that, in the lawful exercise of their rights, do not wish to reach an out-of-court agreement regarding payment. There is a questionable change in the designation and remuneration system of the insolvency administration: turning the mediator into an insolvency administrator violates impartiality and confidentiality. The resulting new system becomes the most liberal regulation in comparative law on the subject of eligibility for debt-releasing mechanisms and the most restrictive on the subject of eligibility for amicable and extrajudicial conciliation. There is a risk that the new “out-of-court agreement for payment” might have little success, given its voluntary nature and the fact that such an agreement may become an expensive prelude to insolvency proceedings, delaying its opening.


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