Se analizan las relaciones entre procedimiento administrativo y proceso jurisdiccional. Para ello se utiliza el reclamo de ilegalidad municipal como contencioso administrativo especial, sin perjuicio que sus conclusiones pueden extrapolarse a la gran mayoría de los contenciosos. Se analiza la siguiente pregunta: ¿En qué medida las posiciones jurídicas, pretensiones, prueba y alegaciones que el ciudadano realiza en sede administrativa, resultan obligatorias y vinculantes en la etapa judicial? La hipótesis que se esgrime, es que sí existen esas relaciones de congruencia que influyen en la interpretación y alcance de las normas procesales aplicables, especialmente en el ámbito de la prueba, los hechos y las normas jurídicas que resuelven la controversia.
The relationships between the administrative procedure and the jurisdictional process are analyzed. To this end, the claim of municipal illegality as a special administrative litigation is used, without prejudice to the fact that its conclusions can be extrapolated to the great majority of the contenders. The following question is analyzed: To what extent are the legal positions, claims, evidence and allegations that the citizen makes in the administrative body and the mandatory and binding in the judicial stage? The hypothesis that establishes the relations of congruence that influence the interpretation and scope of the applicable procedural rules, especially in the field of evidence, facts and legal rules that resolve the controversy.
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