Resumen de Ni siquiera los traficantes de drogas pueden esconderse del coronavirus”: lecciones para la lucha contra el crimen organizado en América Latina
Hasta hace muy poco costaba trabajo imaginar a guerrilleros, exguerrilleros, paramilitares y bandas criminales organizadas colombianas seguir las directivas del gobierno colombiano. Y no sólo ellos: con el mismo empeño y bajo la misma intención, las bandas criminales brasileñas, las maras centroamericanas y los cárteles mexicanos han procedido de la misma manera. En los territorios que controlan, donde proporcionan servicios a la población y establecen sus propias leyes y justicia, también han impuesto toques de queda para que la población se mantenga en sus casas, si bien sus campañas son mucho más expeditivas que las gubernamentales. Como no podía ser de otra manera, de acuerdo con su naturaleza criminal, sus mensajes se basan en la coacción y en la amenaza. Todas las organizaciones de la región coinciden en un mensaje, muy similar a este: “te quedas en casa o mueres”.
El objetivo de este análisis es poner de manifiesto que esta reacción del crimen organizado ante la pandemia revela una característica esencial para entender su desarrollo y posibilidades de fortalecimiento: su dependencia del Estado, de la sociedad y del orden formal y legal, en general. Tanto es así que, si estos actores se paran, tal y como ocurre en estos momentos, el crimen organizado también lo hace, como está ocurriendo ahora.
Por eso, sólo aparentemente resulta contradictorio que las bandas criminales estén empeñadas en el riguroso cumplimiento de los decretos de aislamiento y confinamiento decretados por los gobiernos de la región. Esta reacción del mundo criminal ante la pandemia ha de ser una lección aprendida que convendría incorporar al diseño de las políticas públicas contra el crimen organizado. Las políticas predominantes centran su actuación en la persecución de los criminales, pero considerando la dependencia hacia la sociedad y el Estado –como ha evidenciado esta pandemia– además convendría lograr que ni los representantes estatales, ni determinados sectores de la sociedad acabaran siendo cómplices de los criminales. En la medida en que la corrupción es la herramienta más eficiente del mundo criminal para lograr el apoyo estatal y social, las políticas anticorrupción y la cultura legal podrían ser potentes instrumentos para, cuanto menos, controlar el desarrollo de estas bandas criminales, ya que se restringirían las posibilidades de presencia y complicidad de los actores legales.
