El asesor fiscal colabora con la Administración para que los tributos se ingresen puntualmente en la correspondiente Hacienda Pública, posibilitando que los contribuyentes cumplan sus obligaciones tributarias, pero lejos de ensalzar su función social, asumen toda una serie de responsabilidades civiles, administrativas, tributarias y penales, agravadas por unas normas tributarias de difícil comprensión y susceptibles de interpretaciones varias. No se debería restringir el secreto profesional del asesor fiscal, máxime cuando son los más interesados en luchar contra el fraude fiscal, pero ante la posibilidad de participar en la comisión de un delito contra la Hacienda Pública, verán muy mermada su libertad de asesoramiento.
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