Joe Guinan es vicepresidente de la usina de pensamiento y acción (think-do tank) llamada The Democracy Collaborative, con sedes en Washington D.C. y Cleveland (Ohio), la cual en las últimas dos décadas ha liderado las iniciativas sobre la construcción de riqueza comunitaria desde una perspectiva que busca alternativas económicas radicales. Martin O’Neill, fuertemente ligado a este movimiento, es profesor e investigador de Filosofía Política en la Universidad de York (Reino Unido) y uno de los principales exponentes del igualitarismo contemporáneo. El libro que aquí examinamos, The Case for Community Wealth Building (Polity, 2020; en adelante, CWB), consta de una Introducción referida a cómo el cambio económico puede comenzar a nivel local, un primer capítulo que responde a la pregunta sobre qué es la construcción de riqueza comunitaria (CWB), un segundo capítulo que ofrece el argumento a favor de esta política a partir de la noción de que las comunidades locales pueden tomar control de sus destinos, y un tercer capítulo que aborda la necesidad de un giro institucional no sólo para asegurar la CWB, sino como un camino hacia una economía democrática.

Hace una década, el filósofo igualitarista G. A. Cohen diagnosticó -con un dejo de pesimismo- que el socialismo poseía claros principios normativos, pero sufría un problema crucial: la ausencia de un diseño institucional factible (^{Cohen, 2011}, pp. 45-62). El colapso del bloque soviético -que trajo aparejado el descrédito hacia las teorías de izquierda- sumado al avance incontenible de versiones diversas del neoliberalismo -que desmantelaron y pusieron en evidencia los límites del Estado de Bienestar- hicieron ominosamente verosímil la famosa afirmación de que “no hay alternativa”. Por otra parte, las insurgencias de Seattle, Génova y de los Foros Sociales Mundiales generaron ciertas expectativas y dejaron tras de sí redes globales y experiencias locales sumamente innovadoras. Bajo estas coordenadas podemos apreciar, entonces, el reciente trabajo de Joe Guinan y Martin O’Neill. Se trata de un programa de construcción de la riqueza comunitaria (o construcción comunitaria de la riqueza) que busca impulsar -a partir de realizaciones concretas- un giro institucional que, en el largo plazo, constituya una alternativa al capitalismo neoliberal y, más aún, al propio capitalismo como régimen específico de propiedad.

Sobre la base de que “toda política es local”, Guinan y O’Neill argumentan que las políticas económicas locales, pensadas desde y para ese ámbito, pueden “prefigurar” también alternativas de mayor escala. Por lo tanto, lo local sirve a la vez como espacio de “resistencia” y como “laboratorio para el futuro”. Los autores defienden el caso no sólo en términos teóricos, sino a partir de sus propios compromisos personales en la CWB, la cual es definida como una “estrategia de desarrollo económico local, enfocada en la construcción de economías locales colaborativas, inclusivas, sustentables y democráticamente controladas” (p. 2). A diferencia de las corporaciones multinacionales, la riqueza comunitaria relevante se construye a nivel local, por medio de instrumentos de propiedad colectiva e instituciones tales como cooperativas de trabajadores, trusts de tierra comunitarios, instituciones financieras para el desarrollo comunal, empresas públicas municipales, banca pública y, de manera crucial, con la presencia activa de las denominadas “instituciones de anclaje” (anchor institutions) (p. 11).

Contra la creciente concentración de la riqueza y la propiedad, la CWB propone una dispersión de la propiedad, junto con una economía local participativa y democrática; esto es: en lugar de multinacionales extractivas, promueve sistemas que movilicen y recirculen la riqueza a nivel local. A partir de experiencias ya probadas de CWB -primero en Cleveland (Ohio, EEUU) y posteriormente en Preston (Lancashire, Reino Unido)- se muestra que estos “laboratorios de democracia” consiguen reconfigurar radicalmente el modelo económico para no tener que realizar, desde un horizonte igualitario, intervenciones correctivas ex post. La amplia dispersión de la propiedad y sus formas comunitarias impiden que el Estado tenga que salir en auxilio de las víctimas que el propio sistema provoca. En este punto se advierte la influencia de la crítica rawlsiana al Estado de Bienestar por sus intervenciones meramente asistenciales que afectan el valor de la ciudadanía y la vida democrática (^{Rawls, 2004}, pp.188-190). Aunque no hay referencias directas a Rawls y sólo una a James Meade -autor de la noción de “democracia de propietarios”- se advierte la incidencia de estos pensadores en la apuesta de Guinan y O’Neill por buscar nuevas formas de propiedad y control democrático de la producción. En la reciente literatura sobre Rawls, por caso, viene a cuento el argumento de William Edmundson quien, en John Rawls: Reticent Socialist, afirma que sólo el socialismo liberal (mas no la tradicional socialdemocracia del Estado de Bienestar) puede cumplir con los principios de justicia por medio de la “propiedad común de las alturas dominantes de la economía”, garantizada constitucionalmente (^{Edmundson, 2017}, p. 150).

A diferencia de otros modelos, que suelen omitir la discusión sobre sus principios normativos fundamentales, en CWB la comunidad y la sustentabilidad resultan decisivos. Por eso Guinan y O’Neill insisten en contrastar una economía democrática con la economía extractiva del neoliberalismo. Tributario de la tradición del socialismo libertario -que rechaza la planificación jerárquica y burocráticamente centralizada-, el modelo de CWB enfatiza la adopción de principios y prácticas democráticas en el ámbito económico. Esto se logra, a nivel local, con el control ciudadano de las instituciones y las empresas locales, donde el concepto de propiedad comunitaria (community ownership) es nodal. Así, la construcción de riqueza comunitaria, dicho muy sucintamente, consiste en articular en torno de las instituciones de anclaje (el sistema de salud, por ejemplo) un conjunto de empresas cooperativas de trabajadores que, a su vez, constituyen una corporación comunitaria con otros conjuntos de cooperativas. La institución de anclaje, entonces, orienta sus gastos hacia las corporaciones de propiedad y control comunitario, que no persiguen fines de lucro y, de este modo, la riqueza recircula a escala local y se evita el extractivismo de las grandes corporaciones.

La CWB combina realismo con futuro, sobre la base de experimentación en el terreno. Los autores son meticulosos al presentar el contexto en el que se erige este modelo, el cual no es otro que el de los alarmantes indicadores de desigualdad, pobreza y destrucción de comunidades enteras en grandes áreas de Estados Unidos y del Reino Unido (entre 1979 y la actualidad los trabajadores británicos han sobrellevado el período de reducción del salario más extenso desde las guerras napoleónicas). Los gobiernos de estos países desarrollados se han mostrado incapaces de redistribuir ingresos y riqueza, ya que su meta es garantizar las ganancias de los gigantes corporativos, mientras la red de seguridad social se deteriora rápidamente. Con todo, Guinan y O’Neill observan un “mosaico emergente” en el que se consolidan elementos de una economía democrática que, a su vez, “sugiere los contornos de un próximo sistema más allá del neoliberalismo” (p. 23). En Estados Unidos se ha verificado en los últimos años un formidable crecimiento de instituciones comunitarias con nuevas formas de propiedad, a tal punto que 11 mil unidades de negocios hoy son propiedad de sus empleados. Se trata, conceptualmente, de un avance hacia la desmercantilización, por medio de multiplicadores locales, contraria a la lógica mercantilizadora del capitalismo neoliberal. Y no se trata, insisten los autores, de una posición defensiva sino de una alternativa concreta, que busca la “des-globalización” del capital como respuesta concreta a la destrucción de comunidades enteras, las denominadas ciudades descartables (throw-away cities).

Uno de los puntos clave del diagnóstico de Guinan y O’Neill es que la base institucional del consenso de posguerra ya casi no existe: han perdido vigor los partidos de masas, el movimiento obrero organizado y el Estado keynesiano y, por ende, se ha evaporado la capacidad de los Estados para frenar el aumento de la desigualdad mediante la redistribución tradicional por vía de los impuestos. En este contexto, la CWB apela a la justicia social -entendida como una combinación de igualdad y democracia- que a su vez debe expresarse en las nuevas instituciones. Contra el predominio de la eficiencia, estos valores ponen foco en las necesidades e intereses de las personas concretas. El “punto sustantivo” del argumento positivo a favor de la CWB consiste en pensar en la “justicia local” como un modo de crear comunidades más igualitarias y más democráticas, para lo cual se precisa que las personas tomen control de las riendas económicas, tanto por razones instrumentales como también por la razón sustantiva de que la ciudadanía requiere que las personas y las comunidades se hagan cargo de sus destinos. Hay datos muy ilustrativos: allí donde se ha practicado alguna forma de CWB -como en Mondragón, en el País Vasco, o en Bologna, Italia-, los salarios son entre un 20 y un 30 por ciento más altos. En términos políticos, la cuestión pasa por tomar en serio la democracia, eludiendo las diversas formas de la tecnocracia. Por eso, la CWB consiste en “personas que se juntan colectivamente, como ciudadanos democráticos, para ejercer control sobre los aspectos más fundamentales de sus vidas compartidas de manera comunitaria -tales como las condiciones de empleo, las inversiones y la dirección del futuro desarrollo económico” (p. 48).

Guinan y O’ Neill se ocupan de enfatizar la importancia de los beneficios no materiales de la CWB, ya que entienden que la pluralidad de valores puede y debe superar a la mera eficiencia económica: “no reconocer esta verdad elemental es recluirse en un oscuro rincón donde uno sólo es capaz de conocer el precio de todo y el valor de nada” (p. 63). Hace tiempo ya que el igualitarismo liberal y el socialismo no-dogmático han aceptado la prioridad rawlsiana de la justicia por sobre la eficiencia. Pero además del argumento centrado en valores, los autores confían en que la CWB es capaz de generar mayores retornos y mejores desempeños económicos: las políticas de mejor empleo son beneficiosas a largo plazo como inversión y maximización del potencial productivo; se evita la tragedia de las ciudades descartables; el proteccionismo local a corto plazo puede ser eficaz ya que no todas las ciudades están en el mismo punto de partida; y los emprendimientos locales tributan regular y constantemente, a diferencia de las corporaciones que practican su extractivismo por medio de la evasión y la elusión de impuestos.

Siempre en esta línea, señalan que los trabajadores no son un costo sujeto a cálculo, sino principalmente ciudadanos activos a quienes les es debida una justificación de las políticas que los afectan y, más aún, que deben participar en la toma de decisiones. Una reducción de costos guiada por la eficiencia no puede justificarse a expensas de empeorar la situación de los trabajadores. En términos comunitarios, no sería aceptable una mejora Kaldor-Hicks, ya que ésta sólo implica la probabilidad y no la realización efectiva de mejoras para los peor situados. Ante esto, los críticos de la CWB suelen advertir que la toma de decisiones lleva demasiado tiempo y las personas no están interesadas en comprometerse totalmente. La respuesta que ofrecen los autores es simple: ni hay que sobreestimar las demandas de la democracia (no se trata de incurrir en un asambleísmo permanente), ni subestimar el interés y compromiso de los ciudadanos. Si se produce el deseado giro institucional, las propias instituciones motivarán y facilitarán la participación (pp. 78-79).

Dentro de la misma colección, en The Case for Universal Basic Income, Louise Haagh argumenta sobre la deseabilidad y factibilidad de la renta básica desde el enfoque del desarrollo humano creado por Amartya Sen. En su argumento, apela a nociones como la de “propiedad híbrida” (hybrid ownership), esto es, que individuos y sociedad compartan títulos sobre ciertos recursos vitales para el desarrollo de las capacidades básicas. En cuanto a las ventajas democráticas de la renta básica considera que, si se combina con políticas de desarrollo, puede generar nuevas formas de asentamiento poblacional, quebrando la tendencia hacia las grandes disparidades intra-regionales. Así, alega que “dentro de una estructura de seguridad económica más robusta, las cooperativas, el abastecimiento y las economías de servicios locales -como ocurre en forma embrionaria en el modelo Preston en el Reino Unido- pueden sustentarse mejor, aunque uno no debería ser tan ingenuo como para pensar que el abastecimiento local puede sustituir a las inversiones nacionales” (Haagh, 2019, p. 122). La ingenuidad sobre la que advierte Haagh es evitada por Guinan y O’Neill precisamente al fijar la centralidad de las instituciones de anclaje que, en su mayoría, son de escala nacional.

En tal sentido, el modelo de CWB presenta algunas ideas para replicar el sistema a nivel nacional, y una de las claves reside en que junto con la democratización debe darse lugar a la planificación (también democrática) del desarrollo. Para ello, pueden tomarse como ejemplos históricos las experiencias locales que condujeron a la creación del National Health System (NHS), que surgió a imitación de una asociación mutualista local en Gales (Tredegar Medical Aid Society). Otra propuesta crucial consiste en afirmar en general el derecho preferencial de compra por parte de los trabajadores cuando dejan de funcionar ciertas empresas. Se estima que existen 400 mil firmas cuyos propietarios, baby boomers, en poco tiempo más ya no estarán y dejarán en la calle a casi cuatro millones de trabajadores. Otras medidas concretas incluyen: el control público del sistema financiero, la democratización de las instituciones básicas del campo económico (creando un gran sector de entidades bajo propiedad de trabajadores o cooperativas), la planificación regional orientada a la sostenibilidad, la democratización de la economía de escala con corporaciones de propiedad pública (distintas de las viejas empresas estatales del período de posguerra), nuevos regímenes para administrar los desequilibrios macroeconómicos y regionales (algo que requiere soluciones creativas), la planificación democrática que ocupe el lugar del actual y ya quebrado modelo de desarrollo (aunque la planificación sea mala palabra es factible, más aún con las nuevas tecnologías), y la desmercantilización de la tierra y la vivienda, evitando la devastación de áreas y ciudades. En tiempos en que prevalecen el cinismo y el desaliento, los autores -por el contrario- están convencidos de que la CWB, que aún requiere más “carne y huesos” en su agenda de transformación, puede convertirse en el punto de inicio del próximo paradigma económico que supere “la larga noche” del neoliberalismo.