Cordoba, España
En las distintas convocatorias públicas de ayudas a las pymes, el denominado «efecto incentivador de la inversión» se está convirtiendo en la obligación más difícil de cumplir por parte de la beneficiaria, dada en la práctica su indeterminación jurídica. El presente artículo, enmarcado en la problemática de la pretendida simplificación administrativa, intenta presentar el statu quo de la polémica y delimitar su alcance y concreción conceptual, a través del análisis de la experiencia de Andalucía.
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