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El régimen de remisión por la policía judicial a los juzgados y al Ministerio Fiscal de los atestados relativos a delitos sin autor conocido

  • Autores: José Martín Pastor
  • Localización: Revista General de Derecho Procesal, ISSN-e 1696-9642, Nº. 49, 2019
  • Idioma: español
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • español

      La Ley 41/2015, de 5 de octubre, supuso la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. Una de las medidas tendentes a la agilización de la justicia penal, con el fin de evitar dilaciones indebidas, fue la reforma del régimen de remisión por la Policía judicial a los juzgados y al Ministerio Fiscal de los atestados relativos a delitos sin autor conocido, que constituye el objeto de análisis de este trabajo.

      Para garantizar que no habrá investigaciones autónomas por parte de la policía los arts. 284.1 y 295.1 LECRIM establecen la regla general de remisión de los atestados a los jueces y fiscales. Sin embargo, el último precepto citado establece dos excepciones a la regla general, excluyendo los casos de fuerza mayor y los supuestos contemplados en el art. 284.2, I del mismo texto legal.

      Este último precepto prevé que "cuando no exista autor conocido del delito la Policía Judicial conservará el atestado a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin enviárselo". No obstante, se han establecido tres excepciones a la segunda excepción. De esta forma, los atestados relativos a delitos sin autor conocido deberán ser remitidos a jueces y fiscales cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias previstas en el art. 284.2, I LECRIM: a) Que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad y la indemnidad sexuales, o de delitos relacionados con la corrupción; b) Que se practique cualquier diligencia después de transcurridas setenta y dos horas desde la apertura del atestado y ésta haya tenido algún resultado; c) Que el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisión.

      La reforma plantea muchas cuestiones controvertidas que son analizadas en este trabajo: a) ¿Se debe remitir el atestado para solicitar una diligencia de investigación al Juez instructor a pesar de no conocerse el autor del delito?; b) Transcurridas las setenta y dos horas desde la apertura del atestado, ¿puede la Policía seguir investigando autónomamente, o queda el delito sin investigar y, de hecho, impune?; c) La reiteración de la denuncia y la victimización secundaria; d) Un deficiente control de la actuación policial por el Ministerio Fiscal y la autoridad judicial; e) ¿Acabarán todas las denuncias presentándose ante los Juzgados de Instrucción? ¿Supondrá esta medida una verdadera agilización de la justicia penal?; f) ¿Se podrá perseguir penalmente el delito de simulación de delito?; y g) ¿Qué imagen tendrá el ciudadano de la Policía Judicial?.

    • English

      Law 41/2015, of October 5, entailed the modification of the Law of Criminal Procedure for the streamlining of criminal justice and the strengthening of procedural guarantees. One of the measures aimed at streamlining criminal justice, in order to avoid undue delay, was the reform of the referral system by the judicial police to the the judicial authority and the Public Prosecutor of the police reports related to crimes without a known author, which constitutes the object of analysis of this work.

      To guarantee that there will be no autonomous investigations by the police, arts. 284.1 and 295.1 LECRIM establish the general rule of referral of the police reports to judges and prosecutors. However, the last mentioned provision establishes two exceptions to the general rule, excluding cases of force majeure and the cases contemplated in art. 284.2, I of the same legal text.

      This last precept provides that "when there is no known perpetrator of the crime, the Judicial Police shall keep the police report at the disposition of the Public Prosecutor and the judicial authority, without sending it to him." However, three exceptions to the second exception have been established. In this way, the police eports related to crimes without a known author must be sent to judges and prosecutors when any of the following circumstances provided for in art. 284.2, I LECRIM: a) That they are crimes against life, against physical integrity, against sexual freedom and indemnity, or offenses related to corruption; b) That any diligence be carried out after seventy-two hours have elapsed since the opening of the police report and this has had some result; c) That the Public Prosecutor's Office or the judicial authority request the referral.

      The reform raises many controversial issues that are analyzed in this paper: a) Should the police report be sent to request an investigation diligence to the investigating judge despite not knowing the perpetrator of the crime? b) After seventy-two hours have elapsed since the opening of the police report, can the police continue to investigate autonomously, or is the crime still uninvestigated and, in fact, unpunished? c) The reiteration of the complaint and secondary victimization; d) Deficient control of police action by the Public Prosecutor and the judicial authority; e) Will all the complaints end by appearing before the Judge of Instruction? Will this measure represent a real streamlining of criminal justice? f) Will it be possible to prosecute criminally the crime of simulation of crime? and g) What image will the citizen of the Judicial Police have?.


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