Juan Antonio Santamera Sánchez
El sector de las obras públicas ha padecido en los últimos años una especie de tormenta perfecta por acumulación de diversos factores, algunos circunstanciales, otros estructurales. Durante un dilatado periodo de tiempo, antes del desencadenamiento de la gran crisis 2008-2014, en España se realizaron grandes inversiones en obras públicas que pusieron al país a la cabeza de los desarrollados del planeta, sobre todo en vías de alta capacidad y ferrocarriles de alta velocidad, así como en aeropuertos.
Sin embargo, con la llegada de la doble recesión, con una severa crisis del sistema financiero internacional y el estallido de la burbuja inmobiliaria en España, las inversiones se redujeron casi a cero y se extendió la especie de que aquí se había pecado por exceso y que ya podía considerarse que está, en la práctica, todo construido. Semejante tesis, claramente insostenible –los países más desarrollados del mundo destinan al menos el 2% del PIB en la puesta al día de sus infraestructuras, incluyendo la incorporación sistemática de los avances tecnológicos que nunca cesan-, fue políticamente útil durante la etapa crítica, ya que los gestores públicos dedicaron los recursos a otros menesteres, dejando al sector construcción en la indigencia. La caída de la inversión pública coincidió además con el fin natural de las ayudas comunitarias una vez que nuestro país adquirió el suficiente grado de desarrollo.
Tan radicales fueron los recortes que incluso se regatearon los recursos destinados a la conservación de las infraestructuras, sin ver que podían producirse daños irreparables que habrían de costear las siguientes generaciones. La descapitalización no se ha producido finalmente, pero aún no se ha revertido del todo el deterioro que habría habido que atacar con más decisión e intensidad.
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