En el contexto de la exigencia de mayores niveles de efectividad y aceptabilidad de las decisiones adoptadas por la Unión Europea, el autor examina el fundamento jurídico de la participación de los ciudadanos en los procedimientos administrativos de la Administración Europea y concluye, por las razones consignadas en el texto y en línea con las modernas concepciones, que dicha posibilidad constituye una manifestación del deber de buena administración.
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