Resumen de El empleo de medidas coactivas frente a los riesgos y amenazas derivados de las actividades ilícitas en el mar en el horizonte 2050

Julio Jorge Urbina

• español

  Este documento examina los medios de acción a disposición del Estado para impedir la proliferación de actividades ilícitas en el mar a cargo de grupos criminales de carácter transnacional. El derecho del mar atribuye competencias de policía a las autoridades estatales para asegurar el respeto de la ley en los espacios marítimos y luchar contra estas amenazas. En ciertas circunstancias, permite la interceptación de buques dedicados a estas actividades ilícitas. A tal efecto, las autoridades pueden adoptar medidas coactivas, incluido el uso de la fuerza en los casos más extremos.

  Sin embargo, las insuficiencias y ambigüedades del derecho del mar restan eficacia a la acción del Estado en el mar y alientan las actividades de estos grupos delictivos.

  Para evitar esta situación, los Estados deben adoptar un enfoque multilateral y deben dotarse de normas y procedimientos operativos claros, que aporten seguridad jurídica a los agentes estatales encargados de perseguir estas actividades ilícitas, y una mayor coordinación entre las agencias del Estado habilitadas para ejercer funciones de policía marítima.

• English

  This document examines the means of action available to the State to prevent the proliferation of illicit activities at sea by criminal groups of a transnational nature. The law of the sea attributes police powers to state authorities to ensure respect for the law in maritime spaces and fight against these threats. In certain circumstances, it allows the interception of vessels engaged in these illicit activities. For this purpose, the authorities may adopt coercive measures, including the use of force in the most extreme cases. However, the inadequacies and ambiguities of the law of the sea diminish the effectiveness of the action of the State at sea and encourage the activities of these criminal groups. To avoid this situation, States must adopt a multilateral approach and must have clear rules and operating procedures, provide legal certainty to State agents responsible for prosecuting these illegal activities, and greater coordination among State agencies empowered to exercise maritime law enforcement functions.