La conjugación entre el ius puniendi del Estado, que también debe velar por los derechos de los trabajadores, y los intereses de estos últimos al servicio de empresas condenadas en virtud del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, obliga a una reflexión sobre las penas con dimensión laboral imponibles a las personas jurídicas.
El objetivo de esta reflexión es el de buscar soluciones equitativas, en función al caso concreto, que permitan la eficacia de la sanción penal y la protección de los derechos de los trabajadores cuando estos últimos resultan ser unas víctimas más del mal llamado "delito corporativo".
Para ello, en el presente estudio, se anotan los elementos de esta problemática con el fin de tener en cuneta según la casuística todos los factores en juego que puedan auxiliar en la búsqueda de la solución más justa y equilibrada a la misma.
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