Introducción

El siguiente texto, tiene por objetivo fortalecer un programa de investigación para el movimiento de pobladores retomado recientemente por algunos autores chilenos. Estos estudios son aún escasos como para lograr reposicionar esta temática en la agenda académica, por lo que se pretende, desde una entrada teórica y mediante una sistematización de distintos trabajos realizados, defender dos tesis relevantes para entregar mayor solidez a estos esfuerzos. La primera apunta a considerar al movimiento de pobladores como un movimiento social, mientras que la segunda defiende la continuidad histórica y actual vigencia de este movimiento, junto con el sujeto que lo constituye, los pobladores.

En la primera parte de este escrito se problematizará sobre el origen de estos debates y desencuentros teóricos en torno los pobladores en Chile, realizando una revisión crítica de distintos autores desde la década de los 80 a la fecha. Se discutirá en torno a la existencia de tres grupos de autores, relacionados con desarrollos académicos de distintas épocas, pero manteniendo sus posturas una notable vigencia. Mientras el primero grupo niega que las organizaciones y protestas desarrolladas por los pobladores durante la dictadura constituyeran un movimiento social, un segundo grupo concentra sus trabajos sobre este movimiento como fenómeno histórico anterior a la década de los 90. Finalmente se describe un tercer grupo, más reciente y reducido en número (^{Cortés, 2013}) que hace referencia a los pobladores para observar procesos sociales del último tiempo. Acá se diferencia entre quienes parten de la existencia dada de este movimiento, mientras que otros justifican su actual existencia y desarrollan las tesis acá defendidas, sintetizando su propuesta en el llamado nuevo movimiento de pobladores, conformado por los nuevos pobladores como sujeto.

Al ser todavía reciente la apuesta de este último grupo y presentando una amplia dispersión conceptual, es que en el segundo apartado se desarrolla con mayor profundidad el hecho de porqué el movimiento de pobladores debiese ser considerado un movimiento social. Luego, en el tercer apartado se abordará el vínculo teórico entre esta tesis y la continuidad histórica de este movimiento, mediante la discusión de los ciclos y fases de los movimientos sociales.

En la cuarta sección de este trabajo se presentan los cambios contextuales que han influido en las transformaciones del último periodo de este movimiento, para posteriormente, en un quinto apartado, detallar en términos empíricos sobre su continuidad a la luz de sus nuevos repertorios de acción.

Finalmente, se elabora una conclusión en que se dejan abiertos algunos problemas a desarrollar en un futuro, aportando a la consolidación de este programa de investigación. La importancia de posicionar a los pobladores dentro de los movimientos sociales radica en el potencial de estos para superar la escisión que vivimos entre lo político y lo social (^{Salazar, 2012}; ^{Garcés; 2013}; PNUD, 2015; ^{Iglesias, 2015}; Iglesias, 2016a), lo que sin dudas conllevaría a una mayor democratización del país desde sectores que generalmente están excluidos de la vida política.

Rastreando los puntos de inflexión

En Chile existe la tradición académica y política de identificar dentro del movimiento de pobladores a las organizaciones o movimientos que se relacionan con la vivienda, pobres urbanos u organizaciones reivindicativas originadas en las llamadas “poblaciones” (^{Campero, 1987}; ^{Garcés, 2013}; ^{Angelcos & Pérez, 2017}) teniendo un rol especial el conflicto generado en torno a la demanda habitacional, pero no exclusivo (Angelcos, 2016). Esta referencia se hace mayoritariamente en alusión a procesos sociales que ocurrieron a partir de la década de los 50 y hasta el fin de la dictadura, los que se pueden dividir en dos grandes periodos. El primero está caracterizado por la masiva auto construcción de viviendas y tomas de terrenos, dando origen a las llamadas poblaciones callampas.

Por su parte, el segundo periodo está marcado por organizaciones de supervivencia y de protestas masivas realizadas contra el régimen de Pinochet en la década de los 80. Finalizado este último, se pierde el consenso respecto a la continuidad de este movimiento, dudando sobre la existencia de un sujeto poblador que conforma un movimiento o simplemente los pobladores desaparecen de los estudios con el fin de la dictadura (^{Cortés, 2014}; ^{Angelcos & Pérez, 2017}).

Desde la década de los 60 se puede detectar la discrepancia sobre si los pobladores corresponden a sectores marginales que es necesario integrar a la sociedad, o si constituyen un movimiento de transformación social (Dubet, Tironi, Espinoza & Valenzuela, [1989] 2016). Con la dictadura este debate queda pausado y parte de sus argumentos son retomados en términos sustanciales bajo nuevas teorías y acontecimientos a partir de la década de los 80. Las conclusiones a las que llegan autores como Dubet y Tironi durante esos años sorprenden en su semejanza con las de las primeras teorías de la marginalidad en América Latina. Por este motivo, este artículo se concentra desde los 80 en adelante, ya que es desde ese punto que se dibujan las líneas argumentativas que han configurado el actual panorama de la discusión de manera directa.

En este periodo, el principal cuestionamiento de si los pobladores constituían un movimiento social o no, vino de la mano de un grupo de intelectuales vinculados a ediciones Sur, entre los que destacan Campero, ^{Espinoza, Tironi, Valenzuela y Dubet (Tironi, 1986}b, p.392; Dubet et al., [1989] 2016; ^{Cortés, 2016}), quienes negaban el hecho de que las masivas y violentas protestas contra la dictadura que se desarrollaban en las distintas poblaciones fueran parte del movimiento que antaño fue denominado movimiento de pobladores (^{Iglesias, 2011} y 2016b).

En general existía mayor acuerdo en que en el primer periodo, este movimiento lograba encarnar una suerte de proyecto, donde los pobladores construían sus viviendas en tomas ilegales de terrenos y llegaron a organizar parte importante de la vida comunitaria en dichas poblaciones. Incluso algunos enmarcaron aquel proceso dentro de un proyecto global de transformación llamado el poder popular (^{Iglesias, 2015}), el que terminaría con el golpe de Estado y el fin de la Unidad Popular (^{Salazar, 2012}).

Distinto era el segundo periodo, el que estuvo marcado por violentas jornadas de protestas, organizaciones de apoyo económico, grupos culturales y juveniles (^{Campero, 1987}; ^{Iglesias, 2011}). El argumento central para negar la existencia del movimiento en esta segunda etapa estaba en el hecho de que no se observaba la existencia de un proyecto de sociedad propuesto por los pobladores, sino que destacaba por las reacciones violentas de sectores marginales ante la indignación de la exclusión económica y política, lo que solo representaba anomia social (^{Tironi, 1986}a). Esta postura desconoce al poblador como sujeto político (^{Salazar, 2012}) encauzando el problema a la necesidad de integración social y perdiendo sentido referirse a ellos como movimiento. Por ende, para estos autores el movimiento vendría a reducir su existencia solo al primer periodo, aunque algunos autores de este grupo, como por ejemplo Vicente Espinoza presentarían algunos matices (^{Cortés, 2014}).

Dichos autores se basaban en las teorías de los movimientos sociales que desarrollaban sus contemporáneos, siendo su principal referente Alain Touraine (^{Cortés, 2016}), quien entendía como movimiento social a determinada acción social, que cumplía con dos requisitos (Touraine, 1982), 1) tener un adversario definido, y que 2) ambas partes disputen la apropiación o dirección de recursos culturales de gran importancia para la sociedad. Él sostenía que la conducta de los pobladores no responde a un sistema de interpretación de la sociedad, acercándose más al concepto de anomia, el que alude a la desintegración, delincuencia y revolución (Touraine, 1987, pp.218-219), llegando a comparar a los pobladores chilenos con las revueltas históricas impulsadas por los marginales franceses (Touraine, 1982). Más que un movimiento social, se trataría para él de un movimiento histórico (Touraine, 1987, p.221), marcado por la inexistencia de un proyecto propio, basándose simplemente en reivindicaciones demandadas al Estado.

Siguiendo a Mónica ^{Iglesias (2016}b) el principal obstáculo para que los pobladores chilenos cumplieran estos requisitos, estaba en su falta de homogeneidad, donde a veces primaba la lógica comunitaria, en otras predominaba el rol clientelar/peticionista hacia su oponente o en ocasiones destacaba por actuar bajo formas violentas, sin contar con ninguna dirección hegemónica, convirtiéndolo en un movimiento heterogéneo y sin claridad estratégica.

^{Tironi (1986}a), uno de los principales referentes de Sur, recoge explícitamente los argumentos de Touraine, concluyendo que los pobladores reúnen todas las condiciones necesarias para hablar de un ‘’anti movimiento social’’ (^{Iglesias, 2016}a y b; ^{Cortés, 2016}),llegando no solo a negar su carácter como movimiento social, sino que niega que se le pueda tratar como un movimiento, incluso histórico, como llegó a proponer Touraine.

Inevitablemente esto dejaría solo dos caminos posibles: o no existía este movimiento social o la realidad local no se acoplaba de manera correcta a los criterios de esas teorías que se basaban en casos de movimientos sociales del primer mundo, con los que Touraine construyó su teoría (Espinoza, 1993; ^{Iglesias, 2011}; ^{Cortés, 2013}, 2014 y 2016), y cuya principal referencia era el movimiento obrero de esos países (Iglesias, 2016b).

Por otra parte, existe un segundo grupo de autores que sí reconocían la existencia empírica de un movimiento de pobladores durante la década de los 80 (^{Cortés, 2013}) pero que con la vuelta a la democracia abogarían por su desaparición, debido a la ausencia de protestas importantes a nivel territorial, desaparición de las organizaciones comunitarias y de supervivencia a nivel masificado, y ante el fin de las masivas tomas ilegales de terrenos como medio para obtener la vivienda (^{Angelcos & Pérez, 2017}). En otras palabras, desaparecen los repertorios de acción que caracterizaban a los pobladores en los dos primeros periodos, siendo especialmente relevante el caso de las tomas, ya que se habían convertido en el principal indicador al observar este movimiento. Este grupo se inclinaría por la tesis de la desarticulación de los movimientos sociales que produciría el sistema político institucional como consecuencia de la transición pactada a la democracia (^{Iglesias, 2015} y 2016a). Este momento coincide con la aparición de un grupo de autores vinculados la corriente de la Nueva Historia (Iglesias, 2016a y b), quienes defendían la existencia de los pobladores como un sujeto político, que constituía un movimiento social, pero no se pronunciarían sobre su continuidad histórica con posterioridad a los 1990.

Este último grupo sería más heterogéneo y el grueso de sus trabajos mantiene un carácter histórico, centrándose en hechos que ocurrieron con anterioridad a esa década, motivo por el cual se propone agrupar a esta gama de investigadores dentro del llamado segundo grupo que no se pronunciaría sobre la continuidad de los pobladores con el fin de la dictadura. Existen dos excepciones, dentro de la corriente de la Nueva Historia, y que paradójicamente son dos de sus principales referentes.

El primero es Mario Garcés, quien, en el prólogo de un texto del Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL) publicado el año 2011 reconoce que esa organización es parte de lo que, desde los arrendatarios de la década del 20 del siglo pasado; rastreando el ciclo largo de los pobladores, se ha llamado movimiento de pobladores. Recalca que con el retorno a la democracia los pobladores parecían haber desaparecido, pero que la experiencia de este comité presenta de forma incipiente lo contrario. Esto concuerda con lo que manifiesta en otro escrito en que reconoce que los pobladores hoy intentan levantar redes de organizaciones populares, aunque sus esfuerzos son todavía incipientes insuficientes (Garcés, 2004). Si esto se juzga con la ausencia de trabajos y referencias de Garcés sobre el nuevo movimiento de pobladores con existencia empírica con posterioridad a los 90 en algunos de sus trabajos más recientes (2012, 2013, 2015 y 2017), se puede concluir que representa más fehacientemente los argumentos que se inclinan por la tesis de la desarticulación.

La segunda excepción en este grupo es Gabriel Salazar, quien aboga explícitamente por la continuidad de los pobladores con el fin de la dictadura a través de organizaciones juveniles, grupos de educación popular, coordinadoras de base y comités de vivienda (Salazar, 2012). El autor reúne características similares a las de un tercer grupo que se desarrollaría años después, por lo que sus propuestas se desmenuzarán después de presentar los aportes de estos investigadores.

Éstos, se caracterizan por reconocer un tercer periodo del movimiento de pobladores, lo que realizan pocos investigares, entre los que se pueden identificar dos perfiles. El primero corresponde a quienes escriben sobre los pobladores en casos posteriores a los 90, pero no justifican teóricamente la continuidad de este movimiento social, presentando a este nuevo poblador como sujeto obviado y que guarda profundas; pero no evidentes, semejanzas con los antiguos pobladores. El problema de esta posición es que dentro del consenso de las ciencias sociales respecto a los pobladores, representan un sector minoritario que no dialoga con quienes sostienen la desaparición empírica de los pobladores en 1990 o décadas antes. Lo que sí es destacable de este perfil, es que escriben sobre las transformaciones que ha vivido el nuevo movimiento de pobladores y sus nuevos repertorios de acción, donde una de sus características más distintivas es que la lucha se enfoca en la conquista del derecho a la ciudad y la vivienda digna, más allá de la mera obtención de una casa. En general los trabajo que inauguran esta línea son referidos al MPL (^{Guzmán, Renna, Sandoval & Silva, 2009}; Mativeth & Pulgar, 2010; ^{Latorre, 2011}; ^{Sugranyes & Morales, 2012}; ^{García, 2013}; ^{Castillo, 2014}), concentrando la mayor cantidad de investigaciones sobre los pobladores del último tiempo (^{Cortés, 2013}; ^{Imilan, 2016}).

El segundo perfil, corresponde a autores que compartiendo lo anterior, han buscado justificar teóricamente la continuidad del movimiento de pobladores y/o su existencia como movimiento social, entre los que se pueden mencionar a: Claudio Pulgar, Alexis Cortés, Miguel Pérez y Nicolás Angelcos. Como se puede apreciar, es en el fortalecimiento del programa de investigación inaugurado por estos autores que se origina la defensa de las dos tesis planteadas en este texto.

Respecto a Gabriel Salazar, aunque sus trabajos parecen responder a este segundo perfil, presenta algunos matices con los que no termina de encajar. El primero es que asocia al poblador con todos los sujetos que desde los tiempos de la colonia en Chile se identifican con el bajo pueblo y los marginales, tanto del campo como de la ciudad (Salazar, 2012), lo que representa dificultades para: 1) Defender la continuidad de este sujeto, y 2) Presentar una baja rigurosidad analítica, al clasificar en la misma categoría a sujetos muy disímiles. Además, sostiene en una suerte de trascendentalismo que los grupos marginados y excluidos, los que corresponden a los pobladores, siempre representan en la historia nacional cerca del 55-60% de la población total (Salazar, 2012, p.225), desconociendo las transformaciones que ha vivido la estructura social del país, y el cariz no marginal de sujetos que, al luchar por el derecho a la ciudad, progresivamente constituyen sectores más amplios en términos socioeconómicos (^{Imilan, 2016}).

El segundo matiz con este autor es que desdibuja la definición de movimiento social para el movimiento de pobladores, hasta el punto de definirlo como todo el tejido social y redes de asociatividad que se desarrollan en las poblaciones, en tanto representan células de empoderamiento local, y que denomina capital social. ^{Salazar (2012}, pp.420-427) presenta tres criterios asimilables a los propuestos por Sidney Tarrow para estudiar un movimiento social, los que serían: medios propios, oportunidades políticas y los objetivos buscados. De esta forma, se hace ambigua la línea que separa un movimiento social de un conjunto de redes de asociatividad y comunidad cualquiera, las que son propias de todo grupo humano. Sin desconocer el indiscutible aporte del autor en estos estudios, sus propuestas teóricas no constituyen argumentos convincentes como para afirmar que el movimiento de pobladores es un movimiento social.

Esta decisión lejos de responder a sutilezas se debe a que buena parte de los desacuerdos teóricos sobre el movimiento de pobladores se originan en la discrepancia sobre si es posible clasificarlo como un movimiento social o no, considerando este punto indispensable para poder sostener su continuidad histórica y defender con cierta solidez la vigencia de su estudio. Por ende, se desarrollará una propuesta conceptual sobre este tema, para posteriormente detallar en cómo se sustenta esta visión en términos empíricos e históricos con el nuevo movimiento de pobladores.

El movimiento de pobladores: un movimiento social

Casos que con las primeras teorías de los movimientos sociales dejaban vacíos explicativos para fenómenos que respondían principalmente a países tercermundistas, fueron suplidas con el tiempo, especialmente al consolidarse teorías de los nuevos movimientos sociales (^{della Porta & Diani, 2011}), las que también empezaron a nacer desde América Latina (^{Alonso, 2013}). Así, se fueron incorporando las nociones de una fuerte democracia interna en estos movimientos (^{Zibechi, 2010}) y la centralidad en la lucha por la calidad de vida (^{Radovic, 2013}), la autonomía, el territorio y conflictos relacionados con la identidad (^{Chihu & López, 2007}; Alonso, 2013). Una de las mayores lecciones que estas teorías obtuvieron para entender la realidad de América Latina fue la importancia de las carencias materiales como detonadores de conflictos sociales, a diferencia de la visión posmaterial de algunos teóricos europeos (Ibid) y que recientemente han recibido serios cuestionamientos ante el análisis de los movimientos anti austeridad vigentes en dicho continente, como afirma Donatella della Porta (^{Masullo & Portos, 2015}).

Una definición sucinta de movimientos sociales, pero útil para los objetivos aquí planteados, puede afirmar que estos se basan en la acción colectiva producida por actores con intereses comunes, solidaridad, desafíos colectivos e interacción mantenida contra sus oponentes o autoridades (^{Tarrow, 1997}) y es sostenida por una identidad colectiva y redes densas (^{della Porta & Diani, 2011}). Todos incuban un proyecto de cambio social en algún aspecto, pero no se les puede exigir una absoluta claridad ideológica, ya que el grueso de la acción humana se mueve por intereses concretos, legítimos y a veces contradictorios (^{Iglesias, 2011}). Por ende, de este actor social no siempre se puede esperar un sujeto homogéneo con rasgos uniformes, criterios de acción perfectamente delimitados u objetivos claramente definidos (Iglesias 2016b).

En general, el éxito de estos grupos está en saber utilizar sus oportunidades políticas (^{Tarrow, 1997}), donde se puede mencionar el contexto político y social, la simpatía que logra con otros sectores ciudadanos y las alianzas generadas con otras organizaciones y sectores políticos (^{Radovic, 2013}). Además, se puede sumar un criterio de impacto mediático y posicionamiento en temáticas nacionales (^{Pérez, 2014}).

Pastrana y Threfall (^{Royo, 2005}; ^{Angelcos & Pérez, 2017}) presentaron tempranamente una distinción importante entre frente y movimiento poblacional, donde el primero corresponde a todos los problemas sobre los cuales los pobladores pueden potencialmente organizarse para satisfacer necesidades de consumo colectivo o individual, mientras que el movimiento corresponde a la expresión organizada de reivindicaciones del frente poblacional. Para ^{Garcés (2013}) los pobladores nunca se han movilizado únicamente por el acceso a la vivienda propia, sino que desde su primer periodo han expresado en sus acciones una preocupación por condiciones ambientales como infraestructura y urbanización, graficando la amplitud de motivos y necesidades por los cuales pueden llegar a organizarse, y como efectivamente lo han hecho.

Si bien, los movimientos sociales no se limitan a ser representados por una o algunas organizaciones, muchas veces las incluyen (^{della Porta & Diani, 2011}), siendo estas parte o casos de un universo mayor. De este modo, el grueso de las organizaciones de pobladores que se mencionarán más adelante serían parte del movimiento poblacional bajo el criterio de Pastrana y Threfall. Mientras que las movilizaciones de algunas ciudades chilenas entre los años 2010-2012 (PNUD, 2015) tendrían características como caso propio de un movimiento social, al contar con criterios bastantes cercanos a los mencionados por ^{Tarrow (1997}) y ^{Pérez (2014}), especialmente en lo que respecta a su masividad y repercusión.

Gran parte de las actividades y acciones de los movimientos sociales y sus organizaciones constituyen los llamados repertorios de acción colectiva (^{Tarrow, 1997}), los que se van modificando según su efectividad y adaptación ante determinada estructura de oportunidades políticas. De esta forma, su expresión depende inherentemente al periodo, ciclo o fase contextual en que se encuentra un movimiento, lo que también nos indica sobre disrupciones y continuidades dentro de una mirada histórica más larga de estos fenómenos.

Movimiento en perspectiva de continuidad histórica: Periodos, ciclos y repertorios de acción

Para el caso de los pobladores, muchas veces se han utilizado sus repertorios de acción como indicadores de la existencia del movimiento. Por el contrario, con esta definición de movimientos sociales, las ollas comunes, las protestas, las cooperativas, las tomas de terrenos y otras, corresponden a algunas acciones dentro de los repertorios amplios y variantes, es decir, una parte de los movimientos. Estos repertorios no son centrales para definir si existe o no un movimiento, ya que son muchas veces un reflejo de acciones que realizan hacia el entorno.

Teniendo esto como base, se puede entrar a profundizar de lleno en la noción de periodos y ciclos. ^{Angelcos y Pérez (2017}) identifican tres grandes periodos en el movimiento de pobladores, que son los mismos presentados desde un comienzo en este trabajo y que ellos denominan ciclos de protestas. Si bien se explicará un poco más adelante, en este texto se optó por hablar de periodos para estas tres divisiones ya que el término ciclo se torna bastante ambiguo para las periodizaciones a tratar.

Como ya se ha mencionado, el primer periodo se caracteriza por la lucha de los sin casa y termina con el golpe de Estado, el segundo estuvo marcado por protestas contra la dictadura y el tercer periodo comienza desde los años 90 en adelante, estando marcado por la desaparición casi completa de las tomas ilegales como solución habitacional definitiva (^{Angelcos, 2016}), aumentando en importancia las protestas, marchas y organización en base a comités de vivienda, deudores y allegados (^{Imilan, 2016}), los que presionan por la obtención de subsidios y viviendas sociales. En estas últimas décadas se darían paso a un nuevo poblador, que amplía sus reivindicaciones incluyendo una preocupación por las características de las viviendas, el endeudamiento por su obtención, su ubicación y el entorno, lo que se ha llamado la lucha por la vivienda digna o el derecho a la ciudad (Movimiento de Pobladores en Lucha, 2011; ^{Cortés, 2014}; Angelcos, 2016).

Sobre la periodificación presentada por estos autores, es posible introducir algunos conceptos más. Melucci, quien propone una distinción entre una fase visible y otra latente en los movimientos sociales (^{Chihu & López, 2007}; ^{della Porta & Diani, 2011}), siendo de especial importancia la segunda, ya que se relaciona casi exclusivamente con las dinámicas internas y el contenido de un movimiento, lo que sustenta y posibilita la emergencia de toda movilización social. A pesar de esto, generalmente se presta mayor atención a las fases visibles, por ser más llamativas y públicas. El principal factor que influye en el cambio de fases es el cambio en la coyuntura política o social de los movimientos estudiados (^{Espinoza, 1994}).

En paralelo a la noción de fases, Rodríguez, Rosenfeld y ^{Espinoza (1986}) utilizan los términos de ciclos largos y cortos para estudiar el movimiento de pobladores. Para ellos, los ciclos cortos corresponden a momentos específicos de este movimiento, caracterizados principalmente por cambios en las formas de protesta, de acción colectiva y la coyuntura. En cambio, el ciclo largo identifica una continuidad histórica de un sujeto denominado poblador, que lucha por el derecho a la vivienda, a la ciudad o el territorio (^{Angelcos & Pérez, 2017}) y que constituye un movimiento. De esta forma, independiente de si el movimiento atraviesa una fase visible o latente, cambios que indican sucesiones de ciclos cortos, su permanencia y continuidad puede ser rastreada dentro de un mismo ciclo largo. Pocos años después Espinoza profundizaría el desarrollo de la idea de ciclos (Espinoza, 1994) y más recientemente ^{Cortés (2014}) explicaría que connotados autores de los movimientos sociales como Tarrow y Tilly, desarrollarían de manera más acabada el concepto de ciclos de movilizaciones al que adhieren Angelcos y Pérez (2017), el que sería un símil al concepto de ciclos cortos recién señalado.

El problema de la noción de ciclos cortos para este caso es que se pueden entender como periodos distintos de un movimiento; los que en las tres grandes divisiones presentadas se corresponden con cambios importantes en la fisionomía de este movimiento, o pueden ser vistos como variaciones entre fases visibles/latentes; las que simplemente responden a modificaciones de la coyuntura dentro de un mismo periodo.

Ante la disparidad de criterios a la hora de utilizar el concepto de ciclos, no debiese extrañar la generación de disensos artificiales al referirse a la misma idea bajo terminologías distintas. Por este motivo, sin analizar en toda su complejidad el concepto ciclos de movilizaciones, se propone como solución para referirse al caso de los pobladores chilenos la siguiente distinción. Existe un ciclo largo que marca la continuidad del movimiento de pobladores desde por lo menos mediados del siglo XX hasta el presente, en el que se identifican tres grandes periodos en los que este movimiento sufre modificaciones en sus pautas de acción colectiva, formas de organización y temáticas de articulación. A su vez, estos periodos contienen ciclos cortos que varían según las coyunturas y suelen representar fases visibles o latentes de este movimiento.

Al considerar que gran parte de los autores que se insertan en la discusión sobre los pobladores no realizan estas distinciones, se vuelve comprensible que fruto de múltiples confusiones y análisis más superficiales se pueda llegar a conclusiones equivocadas sobre el movimiento de pobladores. Muy probablemente los cambios en los repertorios de acción y la ausencia de fases visibles de movilización Fueron factores influyentes para que quienes no lograron monitorear fases visibles de las acciones típicas de los pobladores en su tercer periodo, junto con quienes por motivos ideológicos negaran su existencia (^{Iglesias, 2016}b), contribuyeron en el desarrollo de una agenda académica donde los pobladores habían desaparecido en términos o sido invisibilizados.

Ahora, a pesar de esto podría surgir el cuestionamiento respecto a por qué se trataría del mismo movimiento considerando las marcadas diferencias presentadas entre su primer y tercer periodo. Acá habría que recalcar que lo relevante para la estabilidad de un movimiento social es la identidad colectiva que está a la base de su ciclo largo, generada a partir de estas redes más contingentes (^{della Porta & Diani, 2011}) lo que permitiría identificar a través del tiempo a un mismo movimiento y su sujeto. Para el movimiento de pobladores, Miguel Pérez (2016) hace notar la particularidad del sujeto poblador para el caso chileno, en condiciones de que un grupo importante de ellos se reconocen a sí mismos y a su lucha como parte de la historia del movimiento de pobladores iniciado hace décadas. Bajo esta dimensión performativa, se reconoce un pasado y presente de los pobladores (Ibid) en su lucha por el habitar, constituyéndose los repertorios como algo relevante pero no prioritario.

Dicho esto, queda pendiente analizar los factores que explican la aparición de los nuevos repertorios del tercer periodo, en miras de que ha sido el que menos análisis académicos ha suscitado, persistiendo aun algunos vacíos. Para esto es necesario profundizar en las nuevas condiciones estructurales en el que se desenvuelve el nuevo movimiento de pobladores.

Nuevo contexto, nuevos repertorios

Con el retorno de la democracia, existieron tres factores que incidieron en la extensa fase latente que vivieron inicialmente los pobladores (^{Angelcos & Pérez, 2017}), los que vendrían a ser: a) Reducción importante de la pobreza, b) Masivas soluciones habitacionales y establecimiento de mecanismos institucionales para la postulación de viviendas por parte de los gobiernos de la Concertación a través de subsidios. Este punto sería central porque se relaciona directamente con la vía para obtener la vivienda y su efectividad, y c) Pérdida de representación sectorial por parte de los partidos políticos, adoptando lógicas de representación nacional.

En contraste, Claudio ^{Pulgar (2012}) propone los siguientes elementos estructurales, que posibilitarían la emergencia del movimiento de pobladores, actuando de contraparte de los factores mencionados por los autores anteriores, los que serían: a) Instalación de una política neoliberal desde dictadura, la que aumenta la desigualdad y tiene una marcada ausencia de derechos sociales, b) Existencia de una democracia de baja intensidad, y c) Las consecuencias de exclusión y vulnerabilidad que generan estos elementos, dejando a un porcentaje importante de la población en una situación muy sensible ante posibles catástrofes sociales o naturales. Todo esto contribuiría a un ascendente malestar social de las personas.

^{Pulgar (2012}) añade que el 2010 se registra un cambio de fase latente a una visible para este movimiento, lo que se explicaría por tres elementos coyunturales que incidieron en el cambio de ciclo a nivel de país: 1) Cambio de un gobierno de centro izquierda a uno de derecha, 2) El terremoto y maremoto de 2010, llevando a niveles críticos el déficit de viviendas, y 3) La explosión del movimiento estudiantil el 2011, el que generó un clima de efervescencia social inédito en los últimos 20 años.

Esto último tendría una gran relevancia, al abrir un ciclo de movilizaciones sociales inexistente hasta ese momento, aumentando las oportunidades políticas para que emergieran distintos movimientos. En los datos entregados por Pulgar (Ibid), las cifras del Ministerio del Interior y Seguridad Pública constatan para todo el 2011 se realizaron unas 5.942 actividades de expresión pública vinculadas a manifestaciones, marchas y protestas, donde habrían participado 1.904.089 personas. Para el Instituto de Libertad y Desarrollo esto es un aumento en un 153% en relación al año 2010 y de un 278% en relación al 2009. Las marchas autorizadas en Santiago fueron un 79,1% más que las del 2010, donde 75 fueron estudiantiles, representando un aumento del 733,3% sobre las realizadas el 2009. Para leer estos datos, dicho autor invita a considerar que carabineros registra entre un 70% a 50% menos de las manifestaciones constatadas por la prensa o los organizadores, según afirman los trabajos mencionados.

Por último, se señalan dos variables que mejorarían directamente las condiciones de movilización de los pobladores (Ibid), las cuales serían: a.- Recomposición organizativa del movimiento, sobre todo luego del terremoto, y b.- Crisis del modelo de vivienda neoliberal, donde si bien, con el modelo profundizado por la Concertación se solucionaron buena parte de los problemas de vivienda en términos cuantitativos, persistieron graves falencias en términos cualitativos en temas como: calidad, tamaño, integración funcional y la expulsión a las periferias de las ciudades (^{Tironi, 2003}; ^{Mora, Sabatini, Fulgueiras & Innoceti, 2014}), la gentrificación (^{Pérez, 2017}). Para ^{Angelcos y Pérez (2017}) serían estas falencias cualitativas las que gatillarían demandas por el derecho a la ciudad, ya no solo el acceso a la vivienda.

El conjunto de estos elementos, conformaron una estructura de oportunidades en que los comités relacionados con la vivienda y sus medidas de presión para la obtención de subsidios u otras reivindicaciones cobraran más relevancia, desplazando a las tomas de terrenos como medios útiles para obtener la vivienda definitiva (Ibid). Aunque las tomas siguieron existiendo, no tendrían mucha repercusión (Movimiento de Pobladores en Lucha, 2011) y su objetivo ahora era la presión esporádica (^{Angelcos, 2016}). De todas formas, cada vez serían menos frecuentes, en especial después del 2006, tras los fracasos de múltiples tomas de terreno impulsadas ese año en la ciudad de Santiago (^{García, 2013}), consolidándose como una vía de baja efectividad y blanco de duras represiones.

Aunque las manifestaciones de los pobladores escalaron en intensidad a partir del 2010, mantuvieron una existencia casi ininterrumpida y latente bajo sus nuevos repertorios de acción desde los 90 (^{Angelcos & Pérez, 2017}). En el siguiente apartado se realiza un somero repaso de su desarrollo en este tercer periodo.

El nuevo movimiento de pobladores

Con el retorno de la democracia, los primeros hitos de este movimiento se dan con las dos tomas de Peñalolén, ambas altamente organizadas y planificadas (^{Guzmán et al., 2009}) y que constituyen excepciones en tanto tomas de terreno permanentes en este tercer periodo (^{Angelcos & Pérez, 2017}). Desde el 2000 en adelante, se puede constatar una gran cantidad de tomas esporádicas (Movimiento de Pobladores en Lucha, 2011), utilizadas para presionar a las autoridades y acelerar la tramitación de viviendas o subsidios, donde muy pocas se transformaron en asentamientos finales (Angelcos, 2016).

Más llamativas al comienzo del nuevo milenio fueron las acciones realizadas por organizaciones de deudores habitacionales, los que, a pesar de contar con viviendas, mantenían la incertidumbre sobre si las conservarían. Cobraría importancia ANDHA Chile con variadas acciones mediáticas (^{García, 2013}) y otras expresiones de los pobladores que se comenzarían a organizar a través de distintos comités, como fue Lucha y Vivienda surgida el año 2003 (^{Mathivet & Pulgar, 2010}). Entre estas expresiones surge el MPL el año 2006 en Peñalolén y rápidamente logra agrupar a allegados y arrendatarios de distintas comunas, generando incluso un proyecto de inmobiliaria autogestionada (^{Guzmán et al., 2009}; Mathivet & Pulgar, 2010; García, 2013). Además, el MPL logró generar movilizaciones con deudores y el Movimiento de los Sin Techo (Movimiento de Pobladores en Lucha, 2011), y constituye quizás la organización de pobladores más dinámica de esta década, llamando la atención por reivindicar explícitamente lo más novedoso de este nuevo movimiento de pobladores, la lucha por la vivienda digna, la vida digna y el derecho a la ciudad (^{Salazar, 2012}; ^{Angelcos, 2016}; Angelcos & ^{Pérez, 2017}).

^{Salazar (2012}) también destaca al MPL por representar de manera más ideal las características del nuevo poblador, que ya no se centra en planificar la toma de terreno ni ser necesariamente el sin casa, sino que busca construir un proyecto comunitario del barrio.

En paralelo a estas organizaciones de pobladores que se articulan en torno a la vivienda, aparecen como parte de este movimiento algunos cabildos ciudadanos que buscan responder a temas puntuales de negociación con municipalidades (^{Salazar, 1998}), protestas por defensa al medio ambiente o amenazas a la calidad de vida de algunos territorios, como ocurrió con las llamadas guerras de la basura (^{Sabatini & Wormald, 2004}). También se encuentran algunas organizaciones asamblearias autogestionadas con funcionamiento de red y de base en distintos espacios, especialmente luego de las movilizaciones estudiantiles del 2006 (^{Ruiz, 2007}), pero sin mayor relevancia, a lo que se suman una gran cantidad de organizaciones culturales, juveniles, de educación popular (Salazar, 2012) y contraculturales (Chávez & Poblete, 2006) presentes en las poblaciones.

Ninguna de estas experiencias alcanzaría una repercusión social demasiado importante, pero sería desde el 2010 que se evidencia el paso de una fase latente a una visible, con la creación de la Federación Nacional de Pobladores (FENAPO), espacio que agrupaba a más de 40 organizaciones de allegados, sin casa y deudores habitacionales a lo largo de todo Chile, y el Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa para los damnificados del terremoto (^{Pulgar, 2012}), entre otras (Movimiento de Pobladores en Lucha, 2011). Estas organizaciones protagonizarían importantes protestas hasta algunos años después de su fundación, incluyendo otro comité ha alcanzado cierto nivel de repercusión social: el Movimiento de Pobladores UKAMAU (^{Imilan, 2016}).

El 2011, nacen y proliferan al alero del movimiento estudiantil las llamadas asambleas territoriales, populares o ciudadanas en distintas comunas del país, destacando por su surgimiento casi ‘’espontáneo’’ y duración efímera (^{Latorre, 2011}; ^{Pulgar, 2012}; ^{García, 2013}). Éstas, a principios del año siguiente empiezan a decaer de manera acelerada y las que se mantienen lo hacen con una muy baja participación, donde finalmente para el 2014 prácticamente ninguna mantenía su fuerza inicial y muchas solo continuaron existiendo nominalmente.

El mismo 2012 la FENAPO mostraría su mayor capacidad de protesta ante el cambio en la asignación de puntajes de la ficha de protección social (^{Pulgar, 2012}), ya que a juicio de los pobladores generaba limitantes para la postulación de viviendas sociales. Dicha organización se fraccionaría poco después por diferencias políticas internas que se transmitieron desde el Partido Igualdad, expresión política nacida y conformada por varias de las organizaciones y comités que confluían en la FENAPO (^{García, 2013}).

Otros hitos a destacar durante los últimos años para los movimientos territoriales y de pobladores, ocurrieron el 2011 en Magallanes y el 2012 con las movilizaciones en Freirina y Aysén, las cuales se caracterizaron según ^{Radovic (2013}) y ^{Pérez (2014}) por: 1) lo radicalizado de las protestas, 2) darse en un contexto de crítica a la centralización del Estado, 3) la alta participación y legitimidad ciudadana que mantuvieron, y 4) su larga extensión. A diferencia de las organizaciones territoriales que se nombraron en Santiago, estos casos salieron a la luz por su capacidad de movilizar una ciudad entera y logrando instalar sus demandas locales en el debate público (PNUD, 2015).

Se puede evidenciar que el 2010 se abre una fase visible del movimiento de pobladores, pero aquel ciclo de movilizaciones comienza a decaer en intensidad posterior al 2012. Por supuesto, esto no significa que el movimiento haya desaparecido o que no existan organizaciones activas.

Conclusiones

Como se mencionó desde un comienzo, este artículo no busca ser el primero en defender teóricamente la continuidad del movimiento de pobladores hasta nuestros días y su condición de movimiento social. Más bien, se espera reposicionar a los pobladores en el debate académico contemporáneo. No obstante, la propuesta de robustecer un programa de investigación para el movimiento de pobladores, pero robustecer un programa de investigación para el movimiento de pobladores implica no desconocer los nodos críticos o elementos que permanecen débiles.

Aún existe imprecisión respecto al o los conflictos en torno a los cuales se articulan los pobladores como sujeto. Solo tomando el ejemplo de la vivienda, los problemas cuantitativos y cualitativos asociados a ella ya no son solo una necesidad de quiénes viven en las llamadas poblaciones. Existen nuevas capas medias que comparten muchos problemas y malestares con los sectores populares (^{Ruiz & Boccardo, 2015}), así como existen una variedad de problemas urbanos que no necesariamente aquejan a los más excluidos.

Resulta plausible encasillar como parte del movimiento de pobladores a las luchas medio ambientales generadas en territorios, donde si bien no siempre habita la población más pobre de la ciudad, si sufren las injusticias de la desigualdad social y se organizan en torno a ello. Lo mismo ocurre con las asambleas territoriales multi temáticas que aparecieron el 2011, además de las movilizaciones sociales generadas en ciudades desfavorecidas por el centralismo del país. Lo que hay en común en el nuevo movimiento de pobladores, a través de sus distintas luchas son: Sujetos subalternos (^{Modenesi, 2010}) adscritos a un espacio/territorio (^{Pérez, 2017}) y que impulsan acciones colectivas, demandando o ejerciendo el derecho a la ciudad, a la producción y apropiación socio simbólica y material del espacio urbano o territorial.

En general esta definición del nuevo movimiento de pobladores es compartida por el grupo de autores desde el que se posiciona este texto (^{Cortés, 2014}; ^{Angelcos, 2016}; Angelcos & ^{Pérez, 2017}), pero a pesar de adecuarse a los fenómenos descritos, se admite que aún es demasiado amplia, quedando pendiente su solidez ante mayores evidencias empíricas.

Un segundo problema se encuentra en que, si bien Manuel Castells investigó, en un principio, una serie de fenómenos urbanos bajo el alero del movimiento de pobladores (Castells 1973) posteriormente amplió su visión hacia los llamados movimientos sociales urbanos (Castells, 1986; Martínez, 2003), apuesta de la que es el principal referente, aunque mantiene dos aspectos cuestionables. El primero es que considera dentro de este movimiento todas aquellas manifestaciones sociales cuyo protagonismo se da en las ciudades, subsumiendo movimientos pacifistas o de género bajo esta categoría. Lo segundo es que tanto la propuesta de movimientos sociales urbanos como la de movimiento de pobladores son incapaces de generar un consenso en el mundo académico a la hora de referirse a fenómenos similares. Mario ^{Garcés (2013}, p.84) por ejemplo, utiliza indistintamente los términos movimiento social urbano y de pobladores.

Así, también existen falencias de las que adolecen ambas apuestas al abordar problemas territoriales y de vivienda que no ocurren en las ciudades ni en espacios urbanos. La toma de pampa Irigoin (^{Garcés, 2002}), fue un hito emblemático para el movimiento de pobladores chilenos en su primer periodo, donde se intentó realizar una toma ilegal de terreno en una zona rural, siendo recordada por su brutal represión.

La definición que aquí se propone para el movimiento de pobladores, plantea incluir lo territorial como una posibilidad de observar más allá de las ciudades. Esto puede ser aún más relevante, considerando que los países de nuestro continente experimentan desde hace décadas el fenómeno llamado nueva ruralidad (^{Canales, 2006}), siendo cada vez es más difuso el límite entre quienes habitan el espacio urbano o el rural, y donde sus problemas son cada vez más similares.

Otra opción sería derechamente ampliar el término, y hacer referencia a movimientos territoriales y de pobladores. Resolver esta encrucijada en un futuro próximo permitiría otorgar un marco de análisis y terminología común a procesos equivalentes que ocurren en otras partes de Latinoamérica.

Para finalizar, no se puede dejar de mencionar que el nuevo movimiento de pobladores en tanto movimiento social es un elemento esperanzador, por su potencial democratizador y de superación de injusticias que no han podido ser procesadas por el sistema político institucional chileno. Son muchas las problemáticas que atraviesa el derecho a la ciudad. Paradigmáticos son los proyectos de gobierno local desde la misma organización de los vecinos o impulsando sus propias candidaturas políticas en base a una nueva política nacida desde los movimientos sociales (Mativeth & Pulgar, 2010; Movimiento de Pobladores en Lucha, 2011; ^{Imilan, 2016}), siendo parte de los nuevos repertorios, proyectos y anhelos que impulsan algunas de estas organizaciones en sus territorios. Son cada vez mayores los esfuerzos que mancomunadamente realizan pobladores para construir un Chile distinto, más justo y participativo, fundiendo paulatinamente lo político con lo social (^{Iglesias, 2015} & PNUD, 2015), para superar la democracia de baja intensidad (Pulgar, 2012) desde las iniciativas de la sociedad civil.