Resumen de Tráfico ilícito de migrantes y operación Sophia: ¿podría aplicarse de nuevo la responsabilidad de proteger en Libia?
- español
Después de la caída del régimen del coronel Gadafi en 2011, el Estado libio (o lo que queda de él) ha perdido el control de sus confines meridionales y de las zonas costeras del norte. Este descontrol favorece el tráfico ilícito de migrantes subsaharianos y la trata de personas por el territorio de Libia con rumbo a la UE a través del Mediterráneo central meridional. Para frenar este fenómeno, el Consejo de la UE adoptó la Decisión (PESC) 2015/778 que instituye la operación EUNAVFOR MED – Sophia. Esta, sin embargo, está paralizada en una fase que le impide realizar sus objetivos originarios, debido a la ausencia del consentimiento libio o, en alternativa, de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para su ampliación a las fases sucesivas. Para desbloquearla, se propone desempolvar la ya olvidada noción de responsabilidad de proteger que, respaldada por la teoría de las autorizaciones retroactivas del Consejo de Seguridad de la ONU, permitiría seguir con la operación Sophia dentro del marco jurídico del Derecho internacional vigente.
- English
Libyan internal conflict after Gaddafi’s fall makes it impossible to control over its southern land borders and the coastal ones in the north of the country. This lack of control facilitates irregular migrations from sub-Saharan Africa to Libya and from there to the EU, through the southern central Mediterranean. In order to stop migrants smuggling, the EU Council adopted Decision (CFSP) 2015/778 which is developing the operation Sophia. This operation, however, is jammed in a phase that prevents it from achieving its objectives due to the absence of Libya’s consent or UN Security Council resolution allowing its extension to the following phases. To unlock it, this paper suggests to restore the already forgotten principle of the responsibility to protect which, backed by the theory of UN Security Council retroactive authorizations, would allow the operation to continue within the international legal framework.
