Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son una realidad. Y estas tecnologías aumentarán en el futuro. La relación entre las personas y el Estado se realizará mediante procedimientos electrónicos y automáticos. La respuesta judicial será más rápida. Y el ordenamiento jurídico deberá adaptarse en el caso de que los robots alcancen capacidad para actuar autónomamente, sean titulares de derechos no humanos y cuenten con personalidad jurídica electrónica. Todo ello debería suponer el reconocimiento de la capacidad del robot autónomo. Y deberá conjugarse la libertad en la creación de la tecnología, con la seguridad y la garantía de los principios, valores y derechos humanos.
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