España, como otros países europeos meridionales, ha privilegiado a los mayores como destinatarios del gasto social, confiando en que las familias se ocuparan de los niños. De hecho, es uno de los pocos países que carece de una asignación universal por hijo a cargo. Lógicamente, la escasa protección pública a las familias con hijos aumenta la vulnerabilidad de las que consiguen menos ingresos mediante el trabajo. Si España presentaba ya antes de la crisis un índice de pobreza infantil relativamente elevado, este indicador de bienestar objetivo ha empeorado desde 2008. Ello no obstante, llama particularmente la atención el bienestar subjetivo de los niños. En efecto, se declaran bastante más satisfechos que los de otras sociedades cuando valoran sus vidas, su salud o sus relaciones personales. Que el bienestar subjetivo de los niños en España se haya mantenido por encima de lo que cabría esperar, habida cuenta del empeoramiento de las circunstancias objetivas, es probablemente un mérito atribuible a sus familias. En circunstancias económicas difíciles, e incluso críticas, han mostrado una gran capacidad de proteger a sus hijos.
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