Conviene preguntarse si la actual situación de retraso en la resolución de los conflictos por la vía tradicional impugnatoria del acto administrativo garantiza de forma efectiva el derecho fundamental a una buena administración, que incluye el derecho de toda persona a ser tratado de forma imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. Ante esta tesitura, se propone una mejora del control administrativo de las Administraciones Públicas en España, a partir de una regulación general y básica de órganos administrativos independientes especializados (OAIE) en la resolución de recursos administrativos.
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