ESTATISMO Y NEOLIBERALISMO: UN CONTRAPUNTO MILITAR
CHILE 1973-1979**

VERÓNICA VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE*

* Universidad de Santiago de Chile.

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ABSTRACT

This article analizes the installation in Chile of a neoliberal model during the military regime headed by General Augusto Pinochet, between 1973 and 1979. Within that context, it offers a reinterpretation of the allegedly foundational character of that government, its also supposedly early adherence to the neoliberal matrix, and its break with the Keynesian capitalism which had prevailed since the 1930’s. The analysis is focused on the evolution of military with regard to the links between the State and development, and on the debate between neoliberalism and statism that was carried out within the armed forces.

La mañana del 11 septiembre de 1973 la acción de las fuerzas armadas chilenas puso fin al gobierno socialista encabezado por Salvador Allende, luego que la polarización de las posiciones y las dificultades para alcanzar un acuerdo político que permitiera evitar un quiebre total otorgaron a la fuerza un potencial resolutor decisivo. Aquel día un segmento significativo de la población pensó que la intervención militar traería una tregua, la cual en un tiempo no muy lejano permitiría retomar la "tradicional democracia chilena". Sin embargo, la toma del poder por parte de las instituciones militares era solo el inicio de un régimen de larga duración, que a la postre impulsó profundas reformas en todos los ámbitos de la vida nacional. El carácter de aquellas ha influido en la caracterización del régimen, el cual ha sido calificado como una verdadera "revolución" asociada a la implantación de un orden neoliberal, el impacto que ello significó en el plano socio-laboral y su legalización en la nueva Constitución, promulgada en 1980.

La capacidad arrolladora de los sectores gremialistas y neoliberales para influir sobre los rumbos seguidos por el gobierno liderado por el general Augusto Pinochet, de alguna manera ha tendido a signar la historia de esa administración. Así, una parte importante de los estudios acerca del régimen militar pusieron su atención en las transformaciones estructurales realizadas por los seguidores de Jaime Guzmán y de Sergio de Castro –por nombrar a los cabecillas de sus respectivos movimientos–, que dieron forma a la "refundación nacional"¹. En otras palabras, los análisis se han centrado más bien en los civiles conductores del proceso que en el mando militar que permitió su ejecución. No obstante, es sabido que el triunfo del proyecto neoliberal debió imponerse a un abanico bastante amplio de la sociedad chilena, tanto de los sectores populares como de las capas medias, e incluso de una buena parte de los grupos empresariales. El contexto dictatorial fue lo que permitió la aplicación in extenso de la teoría a la realidad social, desestimando las opiniones en contrario. En ese sentido, aunque las ideas que terminaron dando forma al orden neoliberal-autoritario provenían de civiles, las decisiones radicaban en la cúpula militar.

La rápida personalización del régimen en la figura del general Pinochet ha ayudado a distorsionar el carácter del golpe de Estado de 1973. De acuerdo a la evidencia existente, el origen de la acción del 11 de septiembre estuvo en los comandantes en Jefe de la Armada y de la Fuerza Aérea –aunque con amplio respaldo de sus oficiales–, pero no del Ejército, institución en la cual las dos primeras antigüedades que seguían al Comandante en Jefe hasta el 22 de agosto de ese año –generales Augusto Pinochet Ugarte y Orlando Urbina Herrera– no estaban involucrados en el complot, sino que los conspiradores estaban entre el generalato de inferior jerarquía en el escalafón². Siendo esto así, la intervención tuvo una índole institucional, en el sentido que el grado de compromiso de una parte significativa del cuerpo de oficiales con el golpe mismo era bastante alto. Debe recordarse que la intervención culminó un proceso de deliberación castrense iniciado varios años antes, a finales de los años sesenta (1968/1969), época en la que oficiales jóvenes de todas las ramas intentaron desconocer los principios de obediencia al mando civil y de no deliberación. Incluso algunos estudios han planteado que esos movimientos tenían ya objetivos golpistas, particularmente el "Tacnazo". En otras palabras, si bien el golpe fue decidido y liderado por sus altos mandos, en los casos de la Marina y la Aviación –y a última hora también por el Ejército–, existía una presión desde abajo de importantes sectores de la oficialidad, descontentos con su posición subordinada y con la evolución de la política chilena. De acuerdo a algunas apreciaciones, si bien en las instituciones armadas consideradas en su totalidad solo una minoría –aproximadamente un 10%– estaba a favor de la intervención, la cuestión era distinta en el cuerpo de oficiales donde la proporción habría sido mayoritaria³.

En un trabajo anterior hemos planteado que al momento del colapso de la Unidad Popular, la oficialidad militar chilena en el Ejército y la Fuerza Aérea, no constituía un cuerpo doctrinariamente homogéneo en términos absolutos. Coexistían en su interior al menos dos tendencias claramente identificables: un sector preponderantemente anticomunista para quien la tesis del enemigo interno de la Doctrina de Seguridad Nacional tenía fuerte peso y el fin del gobierno marxista era lo más importante; el otro, en cambio, hacía énfasis en la necesidad de las reformas sociales y económicas de carácter estructural –tal como la reforma agraria–, para neutralizar al marxismo, prefiriendo la evolución antes que la represión⁴. La precisión anterior acerca del amplio respaldo que tuvo el golpe al interior de la oficialidad militar, entonces, no significó necesariamente unidad de pareceres respecto de lo que ocurriría una vez poder en mano. Si se trataría solo de un gobierno transitorio que se limitaría a reordenar la maquinaria administrativa y preparar el traspaso a los políticos, o del inicio de una etapa completamente nueva, refundacional; tampoco en lo que se refería al esquema de acuerdo sociopolítico establecido a comienzo de los años treinta. En suma, en el régimen que se iniciaba solo había un consenso amplio, aunque no total, en torno a que la gestión de la Unidad Popular no podía continuar.

Esta falta de unidad es lo que explica que en los años siguientes al golpe las fuerzas armadas fueran receptivas a distintos discursos políticos, encontrando eco la mayoría de los grupos que las habían presionado para intervenir. En ese plano, hubo sectores castrenses receptivos al discurso nacionalista, otros al neoliberal, al estatista-desarrollista, al corporativista, en fin, dando lugar a políticas incoherentes entre las reparticiones gubernamentales en manos de distintas ramas castrenses. Esta condición no monolítica fue a la par del proceso de construcción de hegemonía del Ejército sobre las otras ramas y del general Pinochet sobre los otros comandantes en Jefe. Una vez que ese proceso se completó –en el momento de la salida del general Gustavo Leigh de la Junta de Gobierno en 1978–, el general Pinochet fue completamente libre de terminar el proyecto modernizador al que había adherido⁵.

El presente artículo tiene como objetivo analizar los primeros siete años del gobierno militar, entre el momento del golpe y 1979, fecha en la cual el modelo neoliberal empezó a rendir frutos y se terminó de consolidar con las "modernizaciones", particularmente la aprobación del Plan Laboral y el inicio de la reforma previsional que terminaron de desarmar el Estado benefactor. El propósito es auscultar la posición castrense acerca del camino político a seguir: en concreto, la opción por el proyecto neoliberal.

Existe un consenso bastante amplio en torno a la tesis de que el carácter profesional de las fuerzas armadas chilenas y el respeto a la verticalidad del mando fue, en importante medida, lo que permitió al general Pinochet imponer sus opciones. Luego del golpe, los oficiales fueron retornados a los cuarteles a sus tareas profesionales, siendo arrancados de las cuestiones políticas que a la postre fueron entregadas a los civiles. Gremialistas y neoliberales rehicieron la historia de este país con el beneplácito castrense⁶. A nuestro juicio, esta interpretación homologa verticalidad del mando con uniformidad de proyecto, lo cual confunde disciplina con "pensamiento político". Desde otro punto de vista, se ha argumentado que junto con la consolidación del mando institucional sobre el conjunto de los institutos castrenses, logrado por el general Pinochet entre 1975 y 1976, el proyecto neoliberal provocó una "crisis ideológica" en las fuerzas armadas, al mismo tiempo que la oficialidad fue atraída por los niveles de consumo que ofrecía la economía de mercado. La homogeneización ideológica de los altos mandos en la Academia Superior de Seguridad Nacional a partir de 1975 habría completado el proceso de adhesión castrense al proyecto de los "Chicago Boys" y el abandono del suyo⁷. Esta interpretación parece partir de algunas premisas: por un lado, que es posible hablar de "la" oficialidad como un segmento homogéneo; por otro, que su ‘ideología’ podría considerarse el proyecto militar. En ambas cuestiones tenemos ciertas reservas.

La hipótesis que subyace a este estudio es que la imposición del modelo neoliberal no fue un proceso fácil de asimilar para las fuerzas armadas, pues él rompía con la trayectoria del pensamiento militar en relación a la dupla Estado-desarrollo. Congruente con esto, proponemos que la oposición castrense al desarme del Estado fue mayor de la asegurada por los estudios que se han afirmado en la tesis de la verticalidad del mando y de la construcción de hegemonía por parte del general Pinochet. No dudamos de la influencia de esta, al contrario. Sin embargo, creemos que la lucha contra la Unidad Popular no significó necesariamente un rompimiento total con el Estado de orientación keynesiana, puesto en vigencia por la mano de otro general, más de cuarenta años antes, en especial cuando sabemos que en 1973 existía un núcleo significativo de la oficialidad que defendía ese ordenamiento. De este modo, habría sido, precisamente, la falta de unidad y de claridad castrense en torno a un programa lo que permitió posiciones diferentes respecto del proyecto ofrecido por los neoliberales y una relativa "resistencia" a su implantación. Por ello, este artículo se introducirá en el contrapunto militar entre los modelos en pugna, debate que salió a la luz pública y fue representado por el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea –general Gustavo Leigh, que defendió un rol activo para el Estado– y el general Augusto Pinochet que le abrió las puertas a los "Chicago Boys".

El punto a clarificar no es solo que ese debate ocurrió, sino también por qué fue ganado por los neoliberales. Si bien el argumento de la consolidación del "poder unipersonal" del general Pinochet es indiscutible, este artículo pretende explorar otras posibilidades que permitan dar cuenta de un cambio en el plano de la "cosmovisión" castrense y no solo de la disciplina.

1. EN LA PENUMBRA: LA LLEGADA AL PODER

La trayectoria del régimen militar chileno, especialmente en sus primeros años, es inseparable de la experiencia de la Unidad Popular. Aunque la crítica levantada posteriormente se retrotrajo hasta el acuerdo político de los años treinta, la decisión militar de derrocar el gobierno constitucional de Salvador Allende y desplazar a los civiles de la conducción política, estuvo absoluta, aunque por cierto no exclusivamente, relacionada con ese período histórico. Aceptando esta premisa, nos parece pertinente colocar el tema de las opciones tomadas por las fuerzas armadas dentro de un continuum y no a priori como una apuesta rupturista. La cuestión es importante, porque se ha tendido a interpretar la elección del general Pinochet por los neoliberales como un intento de quiebre total con el pasado. Pero si insertamos los primeros meses de gestión castrense en el marco de un proceso, de una continuidad, es posible que las medidas tomadas adquieran un matiz algo distinto. La oficialidad que decidió intervenir lo hizo teniendo muy en consideración la realidad que afectaba al país en esos años, de modo que las primeras medidas estuvieron estrechamente relacionadas con la herencia económica y social dejada por la Unidad Popular.

Como ya ha sido establecido, la decisión unánime de los altos mandos de dar el golpe se ligó a un "‘consenso de término’: un acuerdo mínimo en eliminar una situación dada y en asumir las consecuencias inmediatas de tal acción"⁸. En concreto, derrocar al gobierno de la Unidad Popular, instalando uno nuevo, controlar la situación interna y poner en marcha al país, en torno a lo cual no existían acuerdos previos. Teniendo esto presente, es que deben inscribirse los documentos emanados de las nuevas autoridades y que dan cuenta de los orígenes castrenses de la intervención.

Como es sabido, la alta polarización a que había llegado la lucha política a mediados de 1973 y el levantamiento del Blindado Nº 2 el 29 de junio de ese año indujeron al almirante Patricio Carvajal y al general Nicanor Díaz, E., ambos del Estado Mayor de la Defensa Nacional, a citar a oficiales de las tres ramas (cinco por cada una) a una reunión para "orientarse de la situación que se vive, y uniformar criterios", preparando un informe respecto de la situación interna, el cual fue entregado a los comandantes en Jefe. Esta reunión oficial dio lugar a la conformación de lo que más tarde se conocería como el "Grupo de los 15", núcleo del golpe de septiembre. El "Memorandum" emanado de la primera reunión de este comité hizo una evaluación general del país y dio cuenta de la percepción militar respecto de la contingencia. Siguiendo algunos lineamientos de la Doctrina de la Seguridad Nacional, los oficiales analizaron el momento desde la perspectiva de los frentes externo e interno. A su juicio, la situación internacional del país era problemática dadas las actitudes agresivas que se observaban entre los países limítrofes –todos a la fecha con gobiernos militares–, especialmente porque, de acuerdo a su diagnóstico, las fuerzas armadas de Chile no estaban en condiciones de enfrentar una eventual agresión. Si bien el gobierno de la Unidad Popular había aprobado planes de reequipamiento, la dificultad para acceder a créditos externos, la inflación, la escasez de repuestos y el éxodo de técnicos por problemas salariales, mermaban la capacidad operativa y hacían urgente la adopción de medidas que permitieran recuperar el potencial bélico⁹. En el ámbito económico, los oficiales destacaron la caída de la producción, especialmente en las áreas agrícolas y mineras, lo cual había derivado en desabastecimiento, caída de las exportaciones, con la consiguiente contracción de las divisas, y una espiral inflacionaria calificada como "catastrófica". En el ámbito industrial, la CORFO había retrocedido en su función de impulsora del desarrollo, a la vez que se producía retraso tecnológico. En concreto, coincidían, se carecía del diseño de una política económica coherente y definida. En el plano político, se hacía énfasis en el desequilibrio entre los distintos poderes del Estado; la intransigencia partidaria que solo desunía a los chilenos; la "politización laboral", que derivaba en indisciplina y crisis de la producción y de la autoridad; el clima de odios y violencia destilado por los medios de comunicación y la gravedad que revestían los grupos paramilitares. Por último, en lo social se dejaba constancia de la necesidad de resolver problemas urgentes relacionados con la vivienda, la educación, la sanidad, los salarios, origen del estado de agitación "que debilita peligrosamente la cohesión interna del país".

Si se observa el diagnóstico hecho, resalta la fuerte preocupación por dos temas centrales. En primer lugar, el estancamiento económico y, en segundo término, la crisis política, en su más amplia acepción. Tanto el análisis del frente externo como interno confluyen en el problema de la caída de la producción, ya sea por razones de conducción económica deficiente como por indisciplina social. En ambos casos, tal cuestión estaba afectando la capacidad defensiva de las instituciones armadas y las posibilidades de desarrollo del país. Debe tenerse en consideración que el tema del desarrollo es fundamental para instituciones como de las que estamos tratando, sometidas a la "revolución tecnológica" que sacudió al mundo en la segunda post- guerra, modernización que dependía en buena medida del crecimiento económico y la proporción de recursos destinados a ella. A su vez, la preocupación y resolución de problemas sociales fundamentales, teóricamente, evitaría quiebres sociales serios que amenazaran la "cohesión" nacional. La evaluación hecha, contrariamente, daba cuenta de una situación de trastorno. De aquí se extrae que destaquen como temas ejes la revitalización del principio de autoridad, la disciplina social y una conducción política eficaz. Solo a partir de tales elementos sería posible superar la crisis económica y retomar el camino de la eficiencia.

Por ello las medidas que proponían como imperativas de ser tomadas apuntaban en esa dirección. En lo económico, definir las tres áreas de propiedad; precisar una política económica y financiera; promover la disciplina laboral en el agro y la industria para "asegurar el aumento de la producción"; frenar la pérdida de profesionales idóneos; "designar los administradores e interventores con criterio eminentemente técnico, considerando su capacidad y eficiencia"; controlar la inflación; coordinar el accionar de los distintos organismos productivos; formular una política de transporte; proporcionar crédito y asistencia técnica al sector privado y mixto; respetar la inexpropiabilidad de los fundos de 40 HRB.; "circunscribir las actividades de la CORFO a las funciones para las que fue creada", y estimular la inversión privada. Claramente, había una exigencia de respeto a la propiedad privada (aunque no una aversión total a la pública) y un rechazo a lo que se interpretaba como "politización" de las decisiones gubernamentales, demandando una línea clara y, hasta cierto punto, "tecnocrática" que revirtiera el descenso productivo y detuviera la inflación. En el Frente Interno, se consideraba urgente lograr un acuerdo gobierno-oposición; la aplicación de la Ley de Control de Armas para desarmar a los grupos paramilitares; evitar que miembros de las fuerzas armadas fueran "aprovechados con fines políticos"; robustecer el principio de autoridad, y reordenar las actividades laborales, poniendo fin a los paros y ausentismo" que afectan seriamente la producción"¹⁰. Desde este ámbito, lo central estaba en evitar un eventual quiebre de las fuerzas armadas, inmersas en la lucha política; la inquietud por la pérdida del monopolio de la fuerza de las instituciones de la Defensa y, nuevamente, el problema de la indisciplina vs. la autoridad.

En síntesis, en los momentos en que la gestación del golpe entró en su fase definitiva, la percepción de los oficiales era que la autoridad y disciplina sociales debían ser recuperadas, y la crisis económica debía ser revertida urgentemente, para lo cual se requería de un criterio menos político.

Estos mismos juicios fueron utilizados en el Bando Nº 5 del 11 de septiembre y en las argumentaciones presentadas por el Ejército y la Fuerza Aérea para justificar el derrocamiento del gobierno legal. Ya en las primeras líneas del Bando mencionado se explicitaba como una de las razones de la decisión militar el "quebrantamiento de derechos fundamentales de libertad de expresión, de enseñanza, derecho de huelga, derecho de petición, derecho de propiedad, y derecho, en general, a una vida digna y segura subsistencia"¹¹. El Bando reiteraba la acusación a la Unidad Popular de quebrar la unidad nacional "fomentando artificialmente la lucha de clases", de violar el Estado de Derecho con la utilización sistemática de resquicios legales, decretos de insistencia, ataque a los otros poderes del Estado y el excesivo poder de los partidos de gobierno, demostrando "Que el Presidente de la República... está condicionado a las decisiones de comités y directivas de partidos políticos y grupos que lo acompañan". Asimismo, retomaba el tema económico, destacando que tanto el agro como el comercio y la industria "se encuentran estancados o en retroceso y la inflación en acelerado aumento, sin que se vean indicios de preocupación por esos problemas…", estando dominado el país por la "anarquía, asfixia de libertades, desquiciamiento moral y económico y, en el gobierno, una absoluta irresponsabilidad o incapacidad…".

Argumentos casi idénticos fueron formulados en los días y meses siguientes por distintos personeros castrenses. Dejando en suspenso en esta oportunidad la crítica política, nos concentraremos en el ámbito económico, pues ese es el aspecto que nos interesa en esta ocasión y porque fue el que en la práctica abrió las puertas a los neoliberales. El análisis militar reflejaba nuevamente dos tipos de aprensiones, las cuales se enlazaban con antiguas tendencias de estos profesionales: una se refería al tema del crecimiento económico, y otra, a la importancia de que actividades como las de esa área estuvieran en manos de personas con la preparación adecuada. A su entender, el gobierno de Allende había fracasado tempranamente en su promesa de solucionar los problemas económicos del país, pues muy pronto "empezaron las colas por un desabastecimiento cada día más y más alarmante ... las tomas, en forma indiscriminada y al margen de la ley, de industrias y campos… Notorio desfinanciamiento de industrias y extraordinaria baja de producción agrícola … La no promulgación de la reforma constitucional que establecía taxativamente las tres áreas de la economía, tal como había sido aprobada por el Congreso..."¹². En pocas palabras, "caos económico y desabastecimiento"¹³. De acuerdo a la interpretación de las nuevas autoridades, tal situación no era sino el resultado de "la incapacidad del gobierno para estructurar un plan económico que obedeciera a nuestras reales necesidades", porque, a su entender, al gobierno de la Unidad Popular "no le preocupaba la producción, solo le interesaba el control político del campesinado¹⁴. Esto demostraba que Chile era "un país enfermo", cuya "raíz fundamental es una: la demagogia". Según este análisis, la ambición de poder político había convertido a la demagogia en un "vicio", tendiéndose a soluciones rápidas afincadas en "ideologías como la panacea para Chile… Cada cierto tiempo se ofrecen revoluciones con distintos apellidos que siempre nos anuncian un Paraíso que estaría a las puertas... surge un ideologismo excesivo que atribuye a las teorías un poder casi mágico". Siguiendo esa lógica, el ideologismo –y su correlato demagógico, el partidismo–, terminaban por provocar un "retraso en nuestro desarrollo... porque la capacidad y la técnica son postergadas ante la militancia partidista, en un mundo que cada día exige mayores conocimientos científicos y técnicos para solucionar eficazmente los problemas sociales"¹⁵. Esta posición de alguna manera coincidía con aquella que criticaba el "nombramiento de interventores, cuya inmensa mayoría no poseía los conocimientos requeridos"¹⁶.

Estas declaraciones dejan en claro que al momento de asumir el poder, los mandos de las fuerzas armadas coincidían en la prioridad del problema económico, independientemente de cómo podría ser solucionado. De lo que se desprende de los argumentos castrenses, esta situación de caos y retroceso productivo se debía al manejo económico y político de la Unidad Popular que había distorsionado la función de algunos organismos claves y no había sido capaz de regular la actividad económica, dominada por la politización. Si se observa, había una crítica constante al gobierno por haber abandonado –a su entender– su función de regulador, impulsor y coordinador del desarrollo que había venido cumpliendo desde décadas. La demanda por diseño de políticas, por el control de la inflación, por apoyo crediticio, por estímulo a la inversión privada, en fin, era la exigencia por una función que parecía considerarse propia de la autoridad. En todos los documentos mencionados se reiteró la acusación de irresponsabilidad, la que en el fondo apuntaba también a la politización y negativa de Allende de controlar mediante la fuerza al "polo revolucionario" y la indisciplina generalizada dentro de su alianza de gobierno. En ese sentido, las autoridades habían dejado de cumplir las tareas que le eran propias: por un lado, regular las fluctuaciones y coordinar las distintas actividades económicas para impulsar el crecimiento y el desarrollo, y, por otro, lograr un nivel de disciplina social que permitiera la mantención del proceso productivo. En ninguno de los documentos y declaraciones hechas por los distintos oficiales en los días y meses siguientes al golpe se criticó el exceso de acción gubernativa en esas tareas, sino lo contrario, no hizo aquello que se esperaba de él: "¿Tenemos derecho las fuerzas armadas a permitir que nuestro pueblo no tenga qué comer?... Como broche… medio país se encontraba paralizado por huelgas a las cuales no se veía solución"¹⁷. De acuerdo a ese criterio, la Unidad Popular había cortado una senda ya establecida de progreso económico y social: en palabras del general Augusto Pinochet, las fuerzas armadas deberían "recuperar el nivel de progreso que tenía nuestro país, y que ha sido detenido y subvertido por el gobierno marxista de Allende durante tres años"¹⁸.

Igual percepción de cambio de rumbo existía respecto de organismos estatales que habían ampliado su radio de acción en esos tres años. Al contrario de la pasividad que se criticaba en la regulación de la política económica, en el área de la manufactura se discrepaba de la tentativa de neutralizar a la propiedad privada y concentrar en manos del Estado casi todo el sector industrial. Si en los otros ámbitos el Estado había sido débil, aquí se había producido un exceso de "estatismo". En concreto, se pensaba que la CORFO había sido desvirtuada en sus funciones debido, precisamente, a la política de resquicios legales que permitió crear el área de propiedad social. Como ya se señaló, desde los orígenes de la conspiración se demandaba circunscribir las actividades de la CORFO a las tareas para las que había sido creada. Esta precisión se relacionaba con la convicción castrense que esa entidad fiscal había sido utilizada para fines arbitrarios: "CORFO había desnaturalizado su labor fundamental… Se había transformado en un centro de poder destinado a incrementar el control del Estado a través de la expansión indiscriminada del Area de Propiedad Social". Sin embargo, los oficiales pensaban que esa entidad de desarrollo debía incentivar al sector privado usando "instrumentos de política crediticia y de asistencia técnica para apoyar a aquellos inversionistas dispuestos a colaborar con el desarrollo nacional". Tal postura se relacionaba con lo que se entendía como el campo de acción de CORFO: "desde la formulación y aplicación de políticas hasta las inversiones directas y el manejo de empresas"¹⁹. En ese sentido, fue el accionar concreto de la Unidad Popular en materia industrial y su relación con la CORFO lo que molestó a la oficialidad. Como lo dejaba en claro otro destacado oficial: "Considero que nuestros pueblos necesitan un cierto control del Estado, pero ciertamente solo en algunos casos, como el de los servicios vitales, por ejemplo. Soy a la vez decidido partidario de la libre empresa y creo que debe estimularse la industria y el comercio. Me gusta el sistema sueco"²⁰. En suma, la relación de la oficialidad con el "estatismo" estaba cruzada por la experiencia socialista, pero ella no era sinónimo de rompimiento total con lo que había sido la tónica de la política económica en los años anteriores.

De acuerdo a la argumentación presentada, es conveniente recalcar que la intervención del 11 de septiembre sensibilizó a la oficialidad respecto de ciertos temas, pero sin que ello significara automáticamente un deseo de ruptura radical. Y esto era así, además, porque el análisis militar que se ha estado comentando tenía elementos de la tradicional cosmovisión castrense. Desde la óptica de los oficiales su llegada al gobierno significaba hacerse cargo de un área que consideraban fundamental. Las opiniones presentadas tenían estrecha relación con elementos clásicos de la profesión militar. En primer lugar, reflejaban un fuerte sentido antipartidario y antipolíticos, en tanto estos eran percibidos como demagogos, dominados por la ambición de poder y, sobre todo, como personas pocas veces capacitadas para hacerse cargo de áreas y problemas urgentes de enfrentar, a la vez que muy específicos. Como es sabido, la profesionalización del Ejército a manos prusianas a comienzos de siglo implicó la aparición de un sentido de superioridad de parte de la oficialidad respecto de la sociedad civil –y particularmente de los políticos–, en tanto su acendrado nacionalismo se contraponía a los partidos y sus miembros a quienes, a su juicio, solo los movía el interés personal. Un segundo elemento que sustentaba este sentido decía relación con su carácter de "técnicos", de "profesionales" de la guerra, a diferencia de los políticos que asumían tareas y funciones para las cuales carecían de preparación²¹. Esta "superioridad" también se desarrolló entre los aviadores, mucho más exigidos de conocimientos propios de una especialidad en pleno auge. Tales tendencias de alguna manera se adormecieron durante los años de más fuerte repliegue en la década del treinta, pero recrudecieron en los cincuenta con la instrucción norteamericana y la revalorización profesional a que dio lugar. La situación de crisis en que cayó la economía bajo la Unidad Popular y la imposibilidad de un acuerdo civil que evitara el golpe, parecen haber acentuado esta mirada despectiva. En pocas palabras, la fuerte carga anti-política(os) no era un fenómeno nuevo, sino, al contrario, una línea de continuidad en la cosmovisión castrense. La lucha ocurrida durante la Unidad Popular exacerbó tendencias ya internalizadas y una mejor disposición a aquellos considerados como capacitados.

Por otra parte, durante la década de los sesenta los oficiales prestaron especial atención al tema del desarrollo. Al igual que la mayoría de los actores sociales en el período, un sector de los militares reflexionó acerca de cómo enfrentar el estancamiento de los principales índices económicos y la necesidad de dar respuesta a un problema social de crecientes dimensiones. La propuesta del Presidente norteamericano John Kennedy de reformas estructurales con democracia atrajo a un segmento de la oficialidad del Ejército y la Fuerza Aérea que miró con entusiasmo los proyectos de reformas estructurales, tales como la reforma agraria, vistas como un acto de justicia social y un imperativo para acelerar el crecimiento económico. Asimismo, adhirieron a los cambios en las estrategias de desarrollo impulsadas por la Cepal, la cual proponía atenuar el nacionalismo de los años treinta y abrirse a los países vecinos para superar el problema de la estrechez de mercados. En ese plano, un segmento de la oficialidad fue atraído por un nacionalismo de tipo continental. De igual modo, las experiencias nacionalistas tercermundistas del momento ejercieron fuerte atracción, como nuevas formas de alcanzar el desarrollo. Gamal Abdel Nasser y Juan Velasco Alvarado eran vistos como ejemplos²². A lo que queremos apuntar es al hecho que la consideración insistente del tema económico en la evaluación de las autoridades militares, antes y después del 11 de septiembre, no era mera retórica ni solo crítica antimarxista, sino que se sustentaba en una preocupación de más larga data, aunque ella en ningún caso rebasaba el marco reformista de la discusión en que se inscribían.

Así, el rechazo a los políticos, la crisis de los partidos y su preocupación por encontrar una vía de desarrollo estaban presentes a la hora de iniciar la conducción del país. ¿Constituía esto un proyecto de gobierno? Tal como lo declararon en sus primeros documentos, el golpe tenía como propósito "restablecer la normalidad económica y social del país, la paz, tranquilidad y seguridad perdidas". Igualmente, "restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas"²³. La lucha contra la inflación y la estabilización de los índices macroeconómicos no eran en sí mismos un proyecto, solo una necesidad.

Con todo, también se ha planteado que existían ciertos objetivos valóricos detrás de la intervención, los cuales constituían el proyecto castrense. Ellos tenían relación con la integración espiritual del país, la cual serviría de cimiento para avanzar en progreso, justicia y paz. Los oficiales proyectarían sus valores castrenses de orden, equilibrio social, identificación con el alma nacional y su posición "ajena a intereses clasistas", a la sociedad toda. El desarrollo de este cuerpo de valores morales y espirituales constituirían el fundamento del progreso cultural. Según este análisis, este propósito fue derrotado por la ideología de mercado que chocó con esos contenidos valóricos e inundó al país de productos y mercancías ideológicas foráneas. Tal realidad habría impulsado el repliegue a los cuarteles, lo cual se habría sumado al ejercicio del mando y los beneficios de mayor presupuesto²⁴. Efectivamente, de las declaraciones militares de los primeros momentos se desprende cierta ilusión de estar realizando una cruzada moral y de defensa de la tradición. El Bando Nº 15 del mismo día 11 que estipulaba la censura de prensa, explicaba que se perseguía la depuración de las publicaciones en el sentido de evitar "el lenguaje procaz, por lo que se estima de inmediata solución restablecer la convivencia nacional y normas éticas". Asimismo, en los Bandos Nos. 5 y 25 se reivindicaba el nacionalismo, tan vapuleado desde la óptica castrense, por la Unidad Popular. En el primero se criticaba el quiebre de la "unidad nacional" al fomentarse la lucha de clases "perdiendo el valioso aporte que todo chileno podría hacer en búsqueda del bien de la Patria y llevando a una lucha fratricida y ciega, tras las ideas extrañas a nuestra idiosincrasia". Coherente con esa apreciación, se exigía el respeto a los emblemas de la tradición: "El uso indebido o indiscriminado que de los emblemas nacionales se ha estado efectuando en el último tiempo... es deber del Gobierno y en especial de las Fuerzas Armadas y Carabineros impedir hechos o situaciones que signifiquen una afrenta al sentimiento patrio"²⁵. En palabras del general Leigh, se trataba de instaurar un "régimen profundamente nacionalista, en que Chile y lo chileno sean nuestra fuente inspiradora… amar a nuestros campos y ciudades… amar a nuestro glorioso pasado histórico, con sus héroes y grandes estadistas…". Este propósito nacionalista debería también procurar el mejoramiento material de los chilenos a través del desarrollo económico y la justicia social, los cuales solo podrían obtenerse con "progreso intelectual y técnico". Dado el carácter integral del ser humano, este bienestar tendría que estar acompañado de un "sentido espiritual que sea el alma de Chile". Por ello, los oficiales ponían especial interés en los jóvenes, pues ellos eran vistos como idealistas, generosos y valientes, desinteresados de los bienes materiales, todas estas características que "las Fuerzas Armadas y de Orden comparten y (también) ese espíritu"²⁶.

En síntesis, es cierto que tras la intervención hubo una aspiración de recuperar valores y respeto a tradiciones que se consideraban parte de la idiosincrasia nacional, contra los cuales el gobierno de Allende habría atentado. Este anhelo se relacionaba con las denominadas "virtudes militares" como la "fuerza de la tradición", es decir, con el origen de la patria, el cómo se constituyó; de ahí el énfasis en el pasado histórico y el aporte que estadistas, héroes, mártires y líderes han hecho a su materialización. Esta concepción de la tradición no tendería al inmovilismo, como podría pensarse, pues desde el punto de vista castrense, "la tradición se va nutriendo, va creciendo, es dinámica"²⁷. Es importante retener que estas virtudes son parte de la formación militar, de modo que ha sido una aspiración permanente de los oficiales el que la sociedad civil las tuviera tan arraigadas como ellos. Lo anterior se relaciona, además, con esa percepción castrense de una civilidad relajada valórica y espiritualmente. En ese sentido, es congruente que una vez en el poder quisieran satisfacer esta inquietud. Sin embargo, esto no constituía un proyecto de gobierno, ni respondía a los problemas más urgentes de resolver en esos momentos, ni siquiera lo era la Doctrina de Seguridad Nacional. Insistimos en esta falta de claridad y ausencia proyectual inicial dado el énfasis que se ha hecho de la racionalidad y lucidez que habría acompañado la opción neoliberal, apreciación que no compartimos²⁸. El término proyecto está usada en este caso en relación al contexto histórico, es decir, a un momento que fue parte de lo que Mario Góngora llamó "las planificaciones globales". En otras palabras, los oficiales tenían claro un "plan de acción", pero no un proyecto global, como lo fueron la ‘Revolución en Libertad’ y la ‘Vía chilena al socialismo’. El período que aquí se está analizando corresponde a la etapa germinal del ulterior modelo neoliberal autoritario surgido de la fusión de los planteamientos de estabilización monetarista de los Chicago, los principios políticos de Jaime Guzmán y el gremialismo. Hasta 1977-1978 no hubo un proyecto como totalidad entre los civiles ni en las fuerzas armadas.

Por otra parte, no debe perderse de vista que así como los oficiales se sienten profundamente idealistas, en su quehacer son tremendamente pragmáticos. La consecución del objetivo es lo importante. Así, si bien tenían claro que el quiebre social producido en los años anteriores requeriría tiempo para superarse, lo más apremiante decía relación con el control político-social interno y de la economía. Respecto de lo primero, muy pronto la situación estuvo asegurada. Como sostenía el general Pinochet: "Estamos satisfechos. Los cálculos que teníamos eran unos cinco días de lucha. Se redujeron en cambio a 24 horas... Hago presente que desde Arica a Magallanes todas las ciudades registran absoluta normalidad. Han existido pequeños focos de extremismo, pero estos han sido sofocados de inmediato"²⁹. Con respecto al problema económico, solo algunos valores y "virtudes militares" podrían tangencialmente colaborar en su resolución, pero en la detención de la inflación, por ejemplo, era poco lo que podía incidir. Sin desconocer el interés castrense en un país más imbuido de los valores nacionales y de las tradiciones como las fuerzas armadas, la prioridad estaba en "restablecer la normalidad económica y social del país, la paz, la tranquilidad y seguridad perdidas"³⁰. Para eso, sin embargo, no había proyecto y acuerdos previos.

Fue en este marco de preocupaciones donde el general Pinochet, la Junta de Gobierno y los oficiales designados en las carteras de Economía (general de División Rolando González) y Hacienda (Contraalmirante, Lorenzo Gotuzzo) debieron empezar a enfrentar la situación del país, para lo cual no estaban preparados. Tal como quedó de manifiesto en los primeros días en el poder, uno de estos oficiales del área económica pidió asesoría al Estado Mayor de la Defensa: "Tenís que ayudarme. Nunca he sido Ministro". "¡Yo tampoco! te las vai a tener que arreglar solo"³¹. Así, la necesidad de asesores civiles que conocieran el tema económico se convirtió en un imperativo. En ese clima hicieron su aparición los graduados de la Universidad de Chicago.

Como es sabido, ya a finales del segundo año de la Unidad Popular la Armada –a través del ex marino, Roberto Kelly– solicitó a un grupo de economistas la elaboración de un plan económico para ser aplicado con posterioridad y que contuviera medidas de emergencia, de corto y mediano plazo. Las personas que participaron en el documento que más tarde se conocería como "El Ladrillo", provenían en su casi totalidad de la escuela de economía de la Universidad de Chicago, de tendencia neoliberal. En ese documento se hizo un diagnóstico de la economía chilena en ese instante, caracterizándola como excesivamente regulada, cerrada, inflacionaria, con una balanza de pagos desequilibrada y paralizada para el desarrollo. De allí que se sugería liberar los precios, disminuir el aparato estatal, fijar un tipo de cambio "realista", financiar el área fiscal y las empresas bajo su mando, entre otras. Esta vinculación economistas-Armada y el hecho que el Almirante José T. Merino quedara a cargo del Comité Económico dentro de la distribución de tareas de la Junta es lo que explica la llegada de estos como asesores. Estando "El Ladrillo" ya en posesión de la Junta Militar al día siguiente del 11, el Almirante Merino llamó a Sergio de Castro –uno de los redactores de ese escrito y líder de los "Chicago Boys"–, quien llegó como asesor del general de Ejército Rolando González, ministro de Economía, el 14 de septiembre. Casi simultáneamente, Kelly fue nombrado Director de ODEPLAN y José Luis Zabala se convirtió en el asesor del general Eduardo Cano, Presidente del Banco Central. A partir de entonces los neoliberales fueron copando gran parte del área y entidades vinculadas al desarrollo económico³².

La autorización del general Pinochet a los neoliberales para poner en ejecución las medidas que a su juicio permitirían detener la espiral inflacionaria y reactivar el proceso productivo, ha sido interpretada como el fin del período de incertidumbre de los primeros días y el triunfo de la opción por una ruptura con el pasado, para dar inicio a una nueva etapa histórica. Así, la decisión de confiar en los neoliberales y su proyecto estaría relacionada con la evaluación castrense de que el modelo de desarrollo existente en Chile hasta 1973 exacerbaba los conflictos de clase. Desde esa óptica, el programa ofrecido permitiría restaurar el crecimiento económico y estabilizar políticamente el país³³. El hecho de que para enfrentar los desequilibrios económicos se utilizaran casi exclusivamente mecanismos de mercado, reflejaría una cierta concepción del orden económico y de los roles que en él le caben al sector privado y público. El apoyo a los primeros habría implicado la decisión de orientar el excedente a esos grupos sobre quienes descansaría el nuevo modelo de acumulación. En síntesis, se estaría en presencia de los inicios de la elección castrense por aliarse con un actor determinado. El nombramiento de Fernando Léniz como nuevo Ministro de Economía a fines de septiembre de 1973, revelaría "una clara opción a favor del establecimiento de una organización liberal". Tal camino quedaría del todo claro en marzo del año siguiente cuando la Declaración de Principios de la Junta de Gobierno habría "roto violentamente con las ideologías hasta entonces dominantes", organizándose el discurso como negación del orden anterior a 1973³⁴. La creciente influencia alcanzada por los "Chicago" habría coincidido con la identificación de los militares con una misión que tenía un "objetivo para el cual no había plazo. Se trataba de sustituir una sociedad cuya regulación descansaba en la política y el Estado, por una sociedad regulada por el mercado"³⁵.

Estas apreciaciones parten del supuesto que aproximadamente en octubre de 1973 el régimen se decidió por la refundación, abandonando la idea de la mera restauración. El discurso del general Pinochet del 11 de octubre –al mes de asumido el gobierno–, en el que por primera vez se habló de metas y no de plazos, ha servido en parte de argumento para tales planteamientos. Desde nuestra óptica, debe considerarse que el entonces presidente de la Junta de Gobierno estaba recién empezando a construir su hegemonía sobre el núcleo organizador del golpe, de su propia institución, y las otras ramas. Esto significa que mientras no logró aquello, algunas declaraciones tal vez no deberían interpretarse de manera tan literal. Efectivamente a la larga no hubo plazos y sí metas, sin embargo, pensar tan tempranamente en un proyecto fundacional implica asignar un alto grado de lucidez y proyección a actores que estaban tomando decisiones en terrenos bastante ajenos a los suyos, en los que se movieron, al menos durante un par de años, a tientas y, a veces, en forma inconexa. El que los "Chicago" y los gremialistas tuvieran más claro el cambio de modelo y las medidas necesarias para ponerlo en vigencia, no significa que esa claridad también la tuvieran los oficiales. Al contrario, ellos estaban entrando en un área pantanosa y, por lo mismo, las opciones tomadas no eran fruto de una claridad proyectual. Precisamente por este rasgo de improvisación inicial nos parece importante retener el carácter de continuidad del proceso en relación a la Unidad Popular.

La interpretación de la "refundación" ha estado en gran parte sostenida en la "Declaración de Principios de la Junta de Gobierno" (11 de marzo de 1974), cuyos planteamientos implicaron un quiebre con la tradición política y social de Chile establecida en los años treinta, pues se apoyaba fundamentalmente en ideas corporativistas. Al respecto es conveniente señalar que la mirada de este artículo se aleja de esa postura ‘fundacional’, en tanto relativiza la convicción de que ella representara exactamente el pensamiento militar a comienzos de 1974. Aunque esto pueda parecer extraño, pues oficialmente las fuerzas armadas asumieron la "Declaración" como suya, la heterogeneidad en el plano del pensamiento político y, a la vez, la permanencia de elementos de su cosmovisión, nos permiten reflexionar al respecto. Lo primero a destacar es que la "Declaración" no fue el fruto exclusivo del pensamiento de los oficiales, sino en combinación con el gremialismo, cuyo líder –Jaime Guzmán– la redactó en gran parte, y los nacionalistas. En segundo lugar, que la ‘mano’ expresamente militar en dicho documento se refería a temas relativos a la probidad, la demagogia y el partidismo; esto es, el discurso del general Leigh ante la juventud ya citado, el documento acerca de la despolitización de la administración pública (5 de diciembre de 1973) y el discurso del Almirante Merino al inaugurar la Sala Andrés Bello de la Editorial Jurídica (24 de enero de 1974). Los planteamientos centrales de la "Declaración", en cambio, no tienen claro ese origen.

Aceptar que la "Declaración" reflejaba exactamente el pensamiento político militar implica afirmar el predominio de un tipo particular de corporativismo al interior de sus filas. Como es sabido, el corporativismo puede adoptar una forma no estatal, es decir, que privilegia los organismos sociales intermedios independientes del control del Estado. De otra parte, existe un corporativismo estatal revolucionario, que puede adoptar la forma cuasi populista (cuando realiza reformas en pos de los excluidos) o cuasi fascista (cuando reprime las organizaciones obreras y se alía con el gran capital transnacionalizado)³⁶. El corporativismo que se aprecia en la "Declaración" corresponde al primer tipo; corriente que se identificaba con Jaime Guzmán y los gremialistas. Si efectivamente el corporativismo del documento en cuestión era el fiel reflejo del pensamiento militar, deberíamos pensar que a comienzos de 1974 los oficiales tenían una postura antiestatista y buscaban reorganizar las asociaciones civiles en desmedro del poder estatal.

Desde el punto de vista de este trabajo, hay en este análisis una confusión. Las fuerzas armadas fueron influidas por el pensamiento corporativo durante los años veinte y treinta por la posibilidad que él ofrecía de recuperar la armonía social, revalorizando el rol de los gremios y organizaciones civiles en oposición a la alta injerencia de los partidos; Ibáñez fue el principal representante de esta tendencia. Sin embargo, los oficiales también fueron atraídos por los Ejecutivos fuertes como el de Mussolini en Italia o el de Miguel Primo de Rivera en España. Ibáñez, amparado en el respaldo de las fuerzas armadas, modernizó y dio vida al Estado interventor y Benefactor que predominó durante gran parte del siglo XX. En otras palabras, de haber un corporativismo en las filas castrenses deberíamos pensar que era estatal cuasi populista y no el que privilegiaba los cuerpos intermedios autónomos³⁷. En este punto deben considerarse dos aspectos: uno, la importancia de la jerarquía y la verticalidad del mando para los militares; y dos, su marcado rechazo a los políticos. Respecto de lo primero, las experiencias corporativas europeas, que sirvieron de modelo a Ibáñez, no debilitaron el Estado, organizaron la sociedad civil autonomizándola de los partidos –a los cuales destruyeron–, pero bajo el control del Estado. Por lo tanto, desde una perspectiva social, el Estado jamás perdió poder, y mucho menos en el ámbito económico el cual dirigió. En resumidas cuentas, la adhesión al corporativismo no implicaba un rechazo al Estado, sino al revés. Los militares rechazaban la debilidad del Ejecutivo a manos de las camarillas partidarias, reclamando mayor independencia y atribuciones para ese poder y recuperar el sentido de autoridad, es decir, de verticalidad y sentido del mando. Aun así, si entendemos el corporativismo desde una óptica más general, es decir, como una alternativa equidistante entre el liberalismo y el marxismo, habría que decir que las fuerzas armadas tenían orientaciones de este tipo. Sin embargo, ello no implicaba atentar contra el poder estatal, pues los militares perciben al Estado como un centro de poder fundamental, el gran generador de decisiones. La propia influencia de la geopolítica acentúa estas ideas, toda vez que de acuerdo a ella los militares se perciben "atados al Estado". El poder, entonces, es nacional y debe ser usado en pos del bienestar de la sociedad y la nación³⁸.

Por otra parte, hay que recordar que las fuerzas armadas chilenas históricamente han sido partidarias del capitalismo. Lo fueron desde su prusianización y en la oleada rebelde de los años veinte adhirieron a un capitalismo que más tarde se identificaría con el keynesianismo; es decir, siempre han creído que el motor del desarrollo está en la iniciativa y la propiedad privada. Tal opción por un desarrollo en manos de los privados no preparados para asumirlo en medio de la crisis oligárquica del modelo primario exportador, fue lo que impulsó su cercanía con tendencias estatistas y masónicas en la época que dotaron al Estado de importantes atribuciones en el impulso económico. No debe olvidarse que la gestión ibañista puso los pilares de lo que más tarde sería la política de industrialización por sustitución de importaciones. Esto, sin embargo, no significó un intento de reemplazar a los privados, sino de respaldarlos, coordinando y fomentando el desarrollo. De acuerdo a esto, y basándonos en los estudios de Augusto Varas y los propios, los oficiales eran partidarios de la propiedad privada, a la vez que un rol crucial para el Estado en una tarea que se entendía conjunta³⁹. Por lo tanto, pensar en una tendencia corporativista al estilo del gremialismo escapa a lo que había sido la evolución castrense en esa área durante el siglo. Es en este contexto que debe analizarse la relación de los militares con posterioridad al 11 de septiembre con los neoliberales y la urgencia de controlar la debacle económica del momento.

Al mismo tiempo, también debe considerarse la relación corporativismo-antipartidos y políticos. El fuerte rechazo a los partidos que sentía la oficialidad, por las razones ya señaladas, favoreció una tendencia a ver en los cuerpos intermedios órganos más representativos de una verdadera democracia. Ellos percibían estas expresiones de la sociedad civil como más genuinas, toda vez que expresaban anhelos o necesidades reales y no cruzadas por los intereses partidarios. Era el sueño dorado de la nación despolitizada, pero organizada. Por ello no es extraño que tras el 11 de septiembre encontremos expresiones castrenses a favor de los cuerpos intermedios –particularmente de los generales Gustavo Leigh y Oscar Bonilla–, pero no con el afán de destruir el Estado en sí, sino desmantelar el control que, a su juicio, ejercían los partidos sobre ellos. Recuérdese que ni la experiencia democratacristiana que puso en marcha este proyecto corporativo dejó a su entero arbitrio a las organizaciones civiles. En suma, sí había elementos de corporativismo entre los oficiales, pero ello no significaba necesariamente el desmantelamiento de y la ruptura con una concepción estatista de larga data.

Este relativo distanciamiento de los oficiales con respecto a lo postulado en la "Declaración" se hace más claro si se considera que otro escrito emanado de los asesores militares, "Líneas de Acción de la Junta de Gobierno de Chile", publicado el día anterior, el 10 de marzo de 1974, reflejaba una corriente de pensamiento menos cercana al tipo de corporativismo y del tradicionalismo católico que envolvía la "Declaración". A diferencia de esta –cuyo borrador fue encargado a Jaime Guzmán–, las "Líneas de Acción" fueron redactadas por los oficiales del Comité Asesor de la Junta, y proponía una línea de desarrollo muy cercana a la vigente hasta 1973: progreso industrial según el modelo sustitutivo, centralidad del Estado en el impulso al desarrollo –tanto gestor como en fomento– y de relaciones exteriores que apuntaran a la integración regional. A su vez, un marcado énfasis en la justicia y democracia social⁴⁰.

Si esto era así, y no compartían totalmente los planteamientos volcados en la "Declaración" ¿por qué la asumieron como propia, como su carta fundacional? Porque sí había coincidencias en algunas cuestiones y, además, se necesitaba un cuerpo básico de ideas que diera sentido a la gesta de septiembre. No debe pensarse que todo lo dicho y hecho era para la civilidad, sino también, y en grado bastante alto, para las fuerzas armadas sometidas ya a la crítica de la Iglesia Católica, de la opinión internacional y de los partidos no marxistas que habían apoyado el golpe⁴¹.

La "Declaración de Principios"⁴² comienza situando la posición de Chile en el contexto mundial, definiendo los tipos de sociedades: las que miraban al modelo socialista y las que lo hacían al mundo libre. De acuerdo a su análisis, ninguna de las dos respondía realmente a los intereses del hombre como ser integral, en tanto la primera anulaba al ser humano y no le brindaba el bienestar material adecuado, y la segunda sí le ofrecía esto último, pero a costa de un materialismo consumista que asfixiaba la espiritualidad humana. Por lo tanto, Chile buscaba un camino propio que diera lugar a una sociedad que armonizara la libertad con desarrollo económico, justicia social y desarrollo espiritual. Esta postura antiderecha y antiizquierda era coincidente con la sostenida por las fuerzas armadas a lo largo del siglo, en tanto en ellas había, por una parte, un marcado sentido antioligárquico, basado en la percepción de tratarse de un sector poco preocupado en los intereses generales de la nación y más en los particulares. Ello en parte explica su distante relación después del 11 de septiembre con los grupos empresariales tradicionales a quienes se culpaba también del grado de polarización a que llegó el país, dado su escaso sentido social⁴³. A la vez, se autocalificaban de antiizquierdistas, pues la izquierda chilena era marxista, lo cual era inaceptable para su cosmovisión. En ese sentido, coincidían con el gremialismo en buscar un gobierno distinto de esas dos tendencias, pero tal vez no necesariamente en el contenido del mismo. En ese punto es interesante destacar, por ejemplo, que existía un núcleo dentro de la oficialidad partidario de incorporar a Chile al bloque de los No Alineados, es decir, ni sovietismo (izquierda), pero tampoco alineamiento irrestricto con Estados Unidos (derecha). En otras palabras, la percepción de los oficiales de la equidistancia político-ideológica tenía su connotación propia, aunque en apariencia ella podía coincidir con la de los redactores del documento. Así lo expresaba un oficial en esos años, preocupado por el distanciamiento que se había ido produciendo entre una parte de la sociedad que apoyó el golpe y el gobierno militar: "Los sectores que se definían como derechistas y lucharon contra el gobierno marxista, se han apropiado psicológicamente del Pronunciamiento, con el expediente de acusar a los miembros de organizaciones de trabajadores que mantuvieron una actitud neutra, aparentemente partidaria, de ‘marxistas enquistados’, cada vez que chocan sus intereses. Esto, indudablemente, es un resabio de esta falta de conciencia cívica… que induce a los individuos a ocupar para su provecho personal, cualquier coyuntura posible. No hay que olvidar que estos mismos sectores, desesperados por la merma de sus intereses, lanzaban trigo, en un tiempo, sobre los miembros de las fuerzas armadas... Todos los intereses económicos, incluidos los informativos vuelcan sobre la prensa una lluvia de alabanzas (que nadie les solicita) al gobierno y de odio feroz al marxismo… hacen aparecer a la Junta como solamente con el UNICO fin de destruir al marxismo... Frente a esta campaña de la prensa… (el) gobierno se declara ‘ni derechista ni izquierdista’"⁴⁴.

En segundo lugar, la "Declaración" entregaba su concepción del hombre, la cual recogía la inspiración cristiana. Textualmente, se definía al hombre como un "ser dotado de espiritualidad" de donde emanaba su dignidad, la cual determinaba sus derechos naturales y superiores al Estado; la convicción de que el Estado estaba al servicio de la persona y no al revés; que el fin del Estado era el bien común; que este último exigía el respeto al principio de subsidariedad; y este suponía el respeto a la propiedad privada y a la libre iniciativa en el campo económico. La inspiración cristiana que servía de sustento a los demás puntos, nos suscita alguna duda. Aunque no hay estudios serios al respecto, es sabido que desde la primera década del siglo XX la masonería era una corriente importante en las filas militares y, por ende, el énfasis en el laicismo y la solidaridad. El general Ibáñez, Grove y otros oficiales eran masones y según la información existente, a comienzos de la década de 1980 su presencia era bastante considerable dentro de la oficialidad de la Fuerza Aérea, el Ejército y Carabineros, aunque no es posible precisar el porcentaje exacto de "hermanos"⁴⁵. Aun aceptando que la mayoría no fuera masona, pero sí un porcentaje significativo que convivía con sus colegas cristianos y católicos, lo cierto es que esta opción por la concepción cristiana no era una línea hegemónica al interior de las filas militares. Ya en este punto podríamos plantear que es muy posible que este documento no interpretaba el sentir de toda la oficialidad.

A pesar de ello las contradicciones no eran totales. Existía coincidencia en que el Estado debía servir a la sociedad y no al revés; lo hemos visto con el tipo de Estado que erigió Ibáñez y que subsistió gran parte del siglo: la masonería era estatista, no marxista. Sobre el tema del fin del Estado y el bien común –sobre los cuales se ha hecho hincapié– la "Declaración" también se situaba en una posición equidistante del marxismo y el liberalismo (ni mucho Estado ni puro individuo), definiéndolo como un orden en el que "la obtención del bien individual de cada uno exija para ser verdaderamente tal una preocupación y respeto solidario y activo por el bien de los demás (al mismo tiempo que reconocía) los derechos naturales de la persona humana, y niega que en nombre de un falso bien común pudiera llegar a ser admisible su conculcación. El Bien Común no es, pues, el bien del Estado. Tampoco es el bien de la mayoría, y mucho menos el de una minoría. Es el conjunto de condiciones que permita a todos y cada uno de los miembros de la sociedad alcanzar su verdadero bien individual. El bien común se orienta a posibilitar la obtención de los bienes individuales de los hombres, pero no de algunos de estos, sean mayoría o minoría, sino de todos y cada uno. De ahí que el Bien Común… señala al Estado una meta hacia la cual debe acercarse". Esta definición es reflejo de la influencia del tradicionalismo católico presente en el pensamiento de Jaime Guzmán y el gremialismo y, por ende, su rechazo a la democracia representativa, adversa a la voluntad de las mayorías. Pero ¿cuál era la noción de bien común castrense existente hasta el momento del golpe? De acuerdo al material existente, él era entendido como una tarea del Estado, hacer posible el bien común de la mayoría, lo cual se traducía en reconocer un mayor número de derechos jurídicos y un mejoramiento del bienestar material de los individuos. Por ello eran proclives a un tipo de Estado que "se define por la búsqueda del bien común de todos los habitantes. Las necesidades colectivas deben ser satisfechas por el Estado. Ellas son: educación, previsión social, sanidad, vivienda, caminos, transportes, etc.", pues en la medida que las necesidades se incrementaban "al igual que un ser vivo, los Estados tienen la necesidad de expandirse y crecer"⁴⁶. Sin duda aquí no hay concordancia, pero si se observa lo planteado en la "Declaración" vemos que toma el elemento individual y colectivo, se sitúa en una tercera posición, que era la permanentemente buscada por los oficiales. Precisamente, esta ausencia de una unidad estricta en las posturas es lo que queremos resaltar del período. La uniformidad respecto de la nueva cosmovisión, aún estaba muy lejos de lograrse.

Respecto del Estado Subsidiario se presenta el mismo caso. Según la "Declaración" este tipo de Estado debía reconocer y respetar la autonomía de los cuerpos intermedios y asumir solo aquellos fines que los particulares no pueden cumplir, pues ello permitiría el pleno ejercicio y goce de la libertad de otro modo asfixiada. Aunque esto también es corporativismo anti-estatal, debe recordarse la aversión que produjo entre la oficialidad la alta injerencia del Estado durante la Unidad Popular, en gran medida porque ello se contraponía a su idea de la misión que correspondía al Estado. Las fuerzas armadas siendo estatistas nunca plantearon la absorción de la sociedad civil por este, al contrario: la posibilidad del desarrollo de esta apoyada por el Estado y dentro de los márgenes establecidos por el bienestar general. Ellas creían en una comunidad organizada, pero con un Estado que velaba por el bien común. Esto significa que la idea de subsidariedad tal vez no representaba estrictamente su antigua noción de Estado, pero sí apuntaba a una reducción del poder que había desarrollado en el gobierno anterior, cuestión en la que la mayoría de la oficialidad estaba de acuerdo. Esta débil internalización castrense de los principios planteados en el documento queda claramente reflejada en las palabras del general de la FACh, Fernando Matthei: "…porque somos pragmáticos y no utópicos, daremos en cada oportunidad solo aquellos pasos que la situación permita y las circunstancias aconsejen… Pensamos que al Estado le corresponde un rol subsidiario en la producción de las riquezas y en la operación de las prestaciones de servicios. Los límites de este rol, se comprende, son flexibles y fluctuantes. Ellos dependerán de la organización y eficiencia que llegue a tener el sector privado y del grado de progreso socio-económico que se produzca en la población"⁴⁷. Más enfático, aun, fue el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea quien respondió a los críticos del modelo de Estado Subsidiario, entregando su propia noción del mismo: "Cada uno de los decretos-leyes dictados por la Junta de Gobierno… trasuntan la firme decisión de armonizar equilibradamente el desarrollo económico y el progreso social … No puedo dejar de destacar al respecto el trascendental Estatuto Social de la Empresa recientemente promulgado... la entrega en propiedad de tierras a los campesinos... En cuanto a la actividad del Estado en el campo económico... (él) asume directamente solo aquellas funciones que desbordan la acción de los particulares… protege a los consumidores de las distorsiones que pueden producirse en el mercado… ¿Qué tiene todo esto que ver con el liberalismo individualista? ¿Dónde se está colocando al mercado como juez único y supremo de la actividad económica? Si se habla de economía social de mercado es simplemente para significar que no puede concebirse una economía de libertad social sin que se reconozca al mercado el papel que le corresponde, pero ello no significa erigirlo en factor único o supremo de la economía. Lo que sucede es que en nuestro país el mercado se encontraba ignorado o distorsionado hasta límites que fatalmente tenían que conducirnos al caos... Quienes nos combaten acusándonos de liberalismo individualista, deben tomar conciencia... llevan aguas al molino socialista, estatista y totalitario"⁴⁸. A fin de cuentas, los términos parecen haber tenido para los oficiales un sentido en ‘clave negativa’, es decir, debían estar lo más lejanos posible al socialismo de la Unidad Popular, aunque ello significara aparecer identificados con una declaración cuyo contenido no los interpretara a cabalidad.

En síntesis, aunque esta "Declaración de Principios" teóricamente era el programa de gobierno y representaba su "pensamiento" y el de las fuerzas armadas, en la realidad no parece haber sido tan así, por lo menos en los años setenta, como para dar por sentado un proyecto fundacional y, además, compartido por el resto de la oficialidad. A pesar del espíritu de cuerpo que domina a estas instituciones, ellas no son todo lo monolíticas que los civiles suelen pensar. Tal como exponía un oficial en el marco de un debate con el politólogo Frederick Nunn, debía destacarse la "notable unidad de doctrina en todo el cuerpo de oficiales… No faltan quienes supongan que esta unidad doctrinaria no sea más que una consecuencia de la férrea verticalidad del sistema jerárquico de la institución... El que crea eso sufre una enorme equivocación... La verticalidad del mando es consubstancial a todo organismo militar. Sin ella es imposible su funcionamiento. Esta, sin embargo, no tiene por qué anular la individualidad de sus componentes… Sin profundizar, señalaremos la absoluta libertad que goza en materias religiosas y filosóficas. El oficial puede profesar cualquier religión y pertenecer a instituciones filosóficas, como la masonería, sin más limitación que el respeto por las creencias de los demás"⁴⁹. A lo que se quiere apuntar, es que ciertamente la "Declaración de Principios" desconocía los acuerdos políticos y sociales de los años treinta, pero en rigor ese era el pensamiento de los gremialistas y de los nacionalistas civiles, y no necesariamente de todos los militares. Como señaló el general (R) Horacio Toro: "esa declaración de principios… es asumida conceptualmente por gente que está fuera de la praxis política, son parte del sistema, pero no involucrada en el quehacer diario…"⁵⁰. Desde ese punto de vista, la supervivencia de opiniones distintas, antiguas –si se quiere, resabios del antiguo orden– se mantuvo y ello se reflejó en los distintos caminos seguidos por los Ministerios de Hacienda y Trabajo; por la imposibilidad de los neoliberales de llevar su proyecto hasta las últimas consecuencias, por lo menos hasta 1980 o incluso más tarde. Por mucha que fuera la influencia de Jaime Guzmán y del gremialismo, y que los ministerios económicos y una gran gama de entidades fiscales relacionadas con el desarrollo quedaron en manos de los neoliberales, la palabra final la tenía el general Pinochet, decisión que tomaba después de oír –no necesariamente en todas las ocasiones seguir– los comentarios y observaciones del Comité Asesor de la Junta de Gobierno.

2. ESTATISTAS Y PRIVATISTAS: EL CONTRAPUNTO MILITAR

Una vez establecida esta ambigüedad castrense respecto a la cuestión "golpe-proyecto", nos parece pertinente ilustrarla a través del debate entablado entre las tendencias estatistas y aquellos más proclives a privatizar. Considerando el peso de la verticalidad del mando, de la disciplina y de la jerarquía entre la oficialidad, no se pretende plantear la existencia de una pequeña "guerra" entre estas preferencias, sino más bien las oposiciones ofrecidas al proyecto de transformación más radical de los neoliberales, apoyado finalmente por el general Pinochet y el almirante Merino.

Como ya se ha señalado, la necesidad de poner en funcionamiento el aparato administrativo del Estado hizo un imperativo la colaboración civil, situación que dio lugar a la llegada de los neoliberales. A pesar de ello, no hay consenso absoluto respecto de si se trató o no de un régimen militar o de uno personalista con el respaldo de las fuerzas armadas. Así, hay quienes afirman que fue un gobierno altamente militarista dado el porcentaje de oficiales en cargos públicos, mientras otros proponen que siendo los civiles los verdaderos portadores del proyecto modernizador y el jefe del Ejército quien decidía, en verdad debería hablarse de un régimen de Pinochet con el respaldo de las fuerzas armadas⁵¹. Como este trabajo se inscribe en los años en que el entonces jefe de la Junta de Gobierno estaba construyendo su hegemonía, partimos de la premisa que aun la toma de decisiones por su parte no era absoluta; no había independencia total respecto a los otros miembros de la Junta como del propio Ejército, sino la búsqueda de cierto equilibrio. Era un momento en que coexistía una variedad de tendencias que pugnaban por imponerse. Esto, en general, ha sido relacionado con la heterogeneidad del bloque insurreccional que buscó el derrocamiento de la Unidad Popular, tema que se ahondará más adelante. En este caso, se quiere enfatizar la diversidad dentro de las propias fuerzas castrenses y la necesidad de Pinochet de reconocerla. En ese marco, creemos que el Comité Asesor de la Junta o el nombramiento de civiles y de militares en cada entidad pública reflejó, de alguna manera, las fuerzas en disputa y el equilibrio o prevalencia de alguna. Como se sabe, al principio la casi totalidad de nombramiento de directores o vicepresidencias recaía en oficiales –ya sea activos o en retiro– y luego civiles; en este último caso los subdirectores eran militares.

De acuerdo a lo recién planteado, parece conveniente detenerse en el organismo que colaboraba –aunque solo con derecho a voz– en el diseño de políticas: el Comité Asesor de la Junta. A diferencia de otros casos latinoamericanos, en los cuales el Consejo o el Cuerpo de Generales debatía abierta y públicamente las medidas adoptadas, en Chile solo los comandantes en jefe de las otras ramas de las fuerzas armadas tenían un poder relativamente equiparable al del general Pinochet⁵². Este hecho ha derivado en una interpretación, a nuestro juicio, extremadamente personalista de las decisiones políticas. Sin duda, el general Pinochet era quien a la larga tomaba la resolución final, pero ella era el reflejo no solo de sus opciones, sino también, en parte, del debate privado que ocurría tanto en el Comité Asesor, como en la Junta de Gobierno y los oficiales y civiles que lo rondaban, por lo menos hasta 1980. En otras palabras, el hecho que el general Pinochet diseñara una política castrense que terminó subordinando a la oficialidad y, por tanto, no se produjeron graves discrepancias públicas, no significa que internamente el debate quedara totalmente anulado. Al contrario, pensamos que el Comité Asesor fue una buena instancia donde Pinochet pudo conocer las distintas opiniones dentro de esos institutos respecto del rumbo que tomaba el régimen, independiente de su decisión intransable de dominar a los generales del golpe y a todo el generalato.

El Comité Asesor de la Junta fue creado por el general Pinochet como un organismo equivalente al Estado Mayor en las fuerzas armadas, es decir, un órgano de cooperación a la autoridad en la "toma de decisiones y en la coordinación de los organismos dependientes". En concreto prestaba asesoría en la fijación de líneas de acción, en la adopción de medidas respecto de planes o proyectos relacionados con la seguridad, la política interior y exterior, económica y social⁵³. Sus miembros provenían del alto mando del Ejército y luego se integraron oficiales de las otras ramas. Además de las jefaturas y subjefaturas, el Comité contaba con cinco departamentos: seguridad nacional, política interior, política exterior, política económica y política social. Aunque sin duda el Comité Asesor fue un instrumento clave en el ascenso del jefe del Ejército al poder total –veía los decretos leyes a dictarse, incluido el 527 que separó la atribuciones legislativas de las ejecutivas dentro de la Junta–, desde nuestro punto de vista no parece aconsejable confundir obediencia con obsecuencia absoluta, pues no debe perderse de vista el hecho que se trata de actitudes tomadas por militares y no por civiles. En consecuencia, hay que considerar la presencia de ciertos principios militares, tal como el "cumplimiento del deber". Esta ‘virtud’ castrense se relaciona con la realización, en la mejor forma posible, de una tarea asignada, lo cual implica iniciativa, criterio, tino, "obediencia activa". El cumplimiento del deber, sin embargo, también implica la "lealtad a su superior. Es deber hacerle presente cuándo una orden puede tener malos efectos"⁵⁴. En otras palabras, el Comité puede haber estado controlado por el general Pinochet, pero eso no anuló del todo la posibilidad de discrepar de ciertas ideas o proyectos. Entre sus integrantes destacaron:

– General de infantería Julio Canessa Roberts, oficial de Estado Mayor, fue comandante del regimiento Tucapel y al 11 de septiembre, director de la Escuela de Suboficiales.

Asumió la Jefatura del Comité.

– Coronel de caballería, Horacio Toro Iturra, oficial de Estado Mayor, profesor de Estrategia e Inteligencia. A cargo de la subjefatura de política.

– Capitán de navío Ladislao D’Hainaut, oficial del Estado Mayor, director de la Academia de Guerra Naval hasta su ingreso al Comité. A cargo de la subjefatura económico-social.

– Comandante de la FACh, coronel Alberto Varela, piloto y oficial de Estado Mayor.

A cargo del departamento social dentro de la Subjefatura de esa área.

– Coronel de Telecomunicaciones, Juan Barrientos Vidaurre, oficial de Estado Mayor, egresado de Ciencias Políticas de la UC. A cargo de la Corporación Nacional de Reforma Administrativa, CONARA.

– Comandante, coronel Alberto Reyes, miembro de la Subdirección de Planeamiento y Desarrollo de FAMAE. Ingeniero de la Academia Politécnica Militar.

– Mayores Luis Danús, Gastón Frez, Bruno Siebert.

Esta conformación fue variando a lo largo de los años. A fines de la década, la jefatura del Comité recaía en el entonces general, Alejandro Medina Lois.

Como se observa, había varios miembros que difícilmente podrían haber sido calificados de antiestatistas. El mismo caso de Medina Lois, quien siendo un leal subalterno del general Pinochet –hasta la actualidad– tenía serias discrepancias con los neoliberales, particularmente en el tema social. Tan relevante fue el Comité Asesor que el Director de ODEPLAN –Roberto Kelly– discrepó de su existencia, pues pensaba que esa tarea de asesoría correspondía a la entidad que dirigía. Sin embargo, Pinochet no cambió de opinión: "Amigo de contrapesos y contraposiciones, el Presidente no ha vacilado en oponer a los tecnócratas económicos, urgidos por liberalizar y desregular lo más pronto posible la economía, un grupo de oficiales que procede sin apuro, que sigue su propio método de análisis y que observa precavidamente los proyectos que se generan en ODEPLAN o en otras reparticiones en que influyen economistas con postgrado en Chicago. Los uniformados saben que las decisiones económicas audaces que se están adoptando van a repercutir socialmente y van a comprometer al gobierno de las fuerzas armadas. De ahí que las grandes resoluciones como en las de detalle, en el estudio de un proyecto legislativo como en la decisión de restituir empresas al sector privado, se hará presente el Comité Asesor formulando reservas, objeciones y hasta mostrando su resuelta oposición"⁵⁵.

Uno de los primeros documentos elaborados por este organismo fue "Líneas de Acción de la Junta de Gobierno de Chile", publicado el 10 de marzo de 1974. Su importancia radica, como se mencionó, en que fue elaborado casi sin participación civil –si hemos de creer al general Canessa– y, por tanto, sería más representativo del pensamiento militar. Por otra parte, se constituyó en el primer "objetivo nacional" del nuevo gobierno. Este documento traduce los propósitos de revitalización valórica y de principios que esperaban encabezar los oficiales y al cual ya se hizo referencia. En él quedaba explícita la autopercepción de no representar a la izquierda ni a la derecha: "La imagen del Chile Nuevo trascenderá los esquemas antimarxistas o anticapitalistas, en la búsqueda de un camino que lo lleve a la conquista de su gran destino… Nos proponemos un proyecto nacional… que permita una mancomunión de ideales y que haga la sociedad más justa y ecuánime". Por ello, se planteaba como el objetivo nacional "establecer una democracia social efectiva… (donde) la participación será el estilo que lleve a todos los chilenos a incorporarse al quehacer de los núcleos en que se desarrolla su vida en comunidad". En materia económica, los oficiales proponían alcanzar un desarrollo equilibrado, elevando el PGB, para lo cual "la orientación, conducción y control de la actividad económica por el Estado, en las áreas que corresponda, deben llevar a una redistribución gradual del ingreso en función de la justicia social, al equilibrio óptimo de la Balanza de Pagos y a un control progresivo de la inflación". La salida del subdesarrollo suponía la integración regional, propendiendo a "la substitución de importaciones por productos nacionales... la vitalidad del Pacto Andino" y "crear, fomentar y estimular prioritariamente industrias manufactureras de carácter estratégico, a través de los organismos correspondientes"⁵⁶.

De este modo, al mismo tiempo que la "Declaración de Principios" se manifestaba a favor de un Estado Subsidiario, un día antes el Comité más cercano a la Junta, y ella misma, suscribían un documento que reivindicaba para el Estado sus tareas tradicionales y percibía el desarrollo económico a partir del desenvolvimiento de la industria manufacturera mediante mecanismos ya probados, y con áreas estratégicas bien controladas por el Estado. Es cierto que se está al comienzo de las presiones neoliberales, sin embargo seis años más tarde, en pleno "milagro económico", el proyecto de reforma previsional fue torpedeado por miembros del Comité y otros oficiales que participaron en su discusión. Así, un coronel replicó a José Piñera: "Quiero saber, Sr. Ministro, dónde existe un régimen previsional como el que Ud. quiere implantar en Chile... Yo me pregunto ¿cómo se atreve... cómo es posible que se esté comprometiendo al régimen militar en un experimento tan incierto y tan discutible como esta reforma?"⁵⁷.

En suma, a pesar de no haber existido un debate amplio dentro del Cuerpo de Generales respecto de las políticas adoptadas, ello no implicó el silencio total de algunos de sus miembros, quienes –y esto es bastante importante– no por disentir dejaron de ser fieles a su Comandante en Jefe. Después de todo, las tendencias estatistas, no marxistas y si capitalistas, reivindicadas por los oficiales, eran una línea de continuidad con lo que había sido el pensamiento militar a lo largo del siglo. Frente a un proyecto neoliberal avasallador y el respaldo que recibió del almirante Merino y el general Pinochet, los núcleos más reacios a él defendieron dentro de los márgenes que les ofrecían los valores militares del "cumplimiento del deber" y de la "disciplina activa" los espacios estatales considerados estratégicos, por el tiempo que fue posible.

Un ejemplo de ello fue lo sucedido en una de las entidades públicas clave para el proceso de desestatización y privatización: la Corporación de Fomento a la Produccion, CORFO.

A partir de 1973 y hasta 1980, CORFO estuvo a cargo de los siguientes oficiales: General de Brigada, Sergio Nuño (noviembre de 1973-abril de 1974); general Javier Palacios (1974-abril 1975); Francisco Soza –civil– (mayo-octubre 1975) y el coronel Luis Danús (1975-1980). Si nos fijamos en los oficiales designados a la institución que permitió el traspaso de una parte significativa de las empresas que pasaron a constituir el área de propiedad social durante la Unidad Popular, es posible observar que se trata de oficiales conocidos en la época como "estatistas". El general Palacios, como lo mencionamos anteriormente, se autocalificaba así "yo he sido toda mi vida un socialista. Considero que los pueblos necesitan un cierto control del Estado... me gusta el sistema sueco". Por su parte, el general Nuño pensaba que el Estado, a través de CORFO, debía emprender tareas desde la "formulación y aplicación de políticas hasta las inversiones directas y el manejo de empresas". Por último, el oficial más largo tiempo a cargo de la entidad en cuestión y asociado más apasionadamente a esta corriente interventora, el coronel Luis Danús, explicaba que la política económica era: "consecuencia de la intervención de muchos economistas y no economistas, del intercambio de ideas y, a veces, de opiniones diferentes de muchas personas que algo tienen que hacer con la función pública, pero, sobre todo, de la aceptación o rechazo de estas políticas por la Honorable Junta de Gobierno y el Presidente de la República, que reciben asesoría de grupos militares y civiles que no han estudiado en Chicago"⁵⁸. Así, a primera vista, CORFO no estuvo en manos de sectores neoliberales. Sin embargo, ella fue central en el proceso de desestatización del sector industrial.

Las gestiones de los generales Nuño y Palacios se insertaron en lo que se ha denominado la etapa de "reformas graduales" o "normalización" de la economía, esto es, el período de 1973-1975. En él, si bien se comenzaron a aplicar políticas de corte neoliberal, ellas no alcanzaron la radicalidad posterior, y se caracterizaría por apuntar a la estabilización general de la economía y el control de la inflación. Por ello, las principales medidas se relacionaron con el aumento de los impuestos y de las tasas de interés, la devaluación y la eliminación o disminución arancelaria. En estos años, aún no se había definido el papel del Estado y del mercado en la economía, de modo que las decisiones adoptadas por las autoridades habrían sido, en parte, resultado de la presión y negociación de los grupos empresariales y agricultores. Los militares habrían tratado de satisfacer las distintas aspiraciones de los grupos que los apoyaban, situación que no podía extenderse indefinidamente y que culminó en 1975⁵⁹.

Como es sabido, el rápido crecimiento del Area de Propiedad Social durante los años de la presidencia de Salvador Allende significó la expropiación de un considerable número de empresas grandes y medianas, las cuales pasaron a manos del Estado. En algunos casos, ello fue producto de la requisición y, en otros, de la compra de acciones por parte de CORFO. Tal vía implicó que las fábricas bajo control del Estado superaran con mucho lo que hasta entonces se había considerado parte de las funciones de esa institución y de las empresas estratégicas que se pensaba debían estar en manos del Estado. De ese modo, al asumir los militares la conducción de CORFO no solo encontraron un aumento sustantivo del personal que laboraba allí, sino también de empresas que en su origen habían pertenecido al área privada. De acuerdo a la información existente, en 1973 las empresas relacionadas con CORFO ascendían a un total de 571, ya fuera en el plano de subsidiarias, intervenidas y bancos⁶⁰. Dada esta realidad, existía consenso entre la oficialidad en la necesidad de iniciar un proceso de desestatización que devolviera cada entidad a su tamaño y función anterior a 1970, procediéndose a la "normalización del estado de las empresas". Tal cuestión, según el entonces vicepresidente de CORFO, general Nuño, implicaba la regularización de la propiedad bajo ciertas condiciones y el autofinanciamiento de ellas, lo cual se lograría dando confianza al inversionista como al trabajador, restableciendo la disciplina laboral; designando en la conducción empresarial a personas idóneas, estableciendo un sistema de participación colectiva y devolviendo al Estado su rol orientador en la economía. Punto importante de este proceso era el intento castrense de evitar recaer en el fenómeno de concentración del capital a través de un Estatuto de la empresa que estaba entonces en discusión, y al cual nos referiremos más adelante⁶¹. Tomando esto en consideración, la propuesta privatizadora presentada por los neoliberales y por Fernando Léniz –ya Ministro de Economía– en apariencia no era contradictoria con la predisposición castrense, toda vez que, como se ha visto, ellos creían en una economía mixta. Por ello no hubo oposición a la devolución de fábricas una vez que se hicieron cargo del gobierno.

Esta posición se vio avalada por la evaluación del general Sergio Nuño, vicepresidente de CORFO, quien al asumir su cargo calificó a la entidad como un "caos". Según afirmó, su función había sido desnaturalizada al usarla mañosamente para transitar al socialismo, por lo cual en ese momento exhibía insuficiencia en proyectos de inversión, desorden contable y financiero, incremento sustancial del presupuesto, aumento del personal, desarrollo de una política económica "populista y desastrosa" y tenía en sus manos una parte importante del sector manufacturero del país: "Hasta septiembre de 1973 se requisaron 170 empresas, se intervinieron 155 y se compró un porcentaje importante de las acciones de otras 90, lo que da un total de 415 empresas. El endeudamiento de las empresas con el fisco... se estima en 170 mil millones de escudos"⁶². Dada esta situación y la prioridad castrense de poner a andar la economía, el general Nuño y el resto de las autoridades militares nombraron en las empresas intervenidas a oficiales en retiro, considerados de su confianza.

Congruente con lo anterior, la autoridad decidió que el proceso de normalización de la propiedad de las empresas se haría a través de un convenio, según lo establecido en el D.L 88, en el cual los antiguos dueños reconocerían al Estado el finiquito de intervención, renunciando a acciones legales con motivo de ella o de la requisición. A su vez, reconocerían las deudas contraídas con el Estado mientras duró la situación anterior, mantendrían los derechos laborales obtenidos por sus trabajadores y se ajustarían posteriormente al denominado "Estatuto Social de la Empresa" al que ya se ha hecho mención. Por esas mismas fechas, no obstante, los asesores neoliberales interpretaban en forma sui géneris los discursos anti-Unidad Popular de los oficiales, hablando de una "revolución en la economía", uno de cuyos pilares era "desestatizar" el sistema. Aun así, a dos meses del golpe y ya con Sergio de Castro como segundo hombre en Economía, el gerente general de CORFO, el chicago José Zabala, no pudo ofrecer una respuesta clara a las inquietudes de los socios de ASIMET (Asociación de Industriales Metalúrgicos), porque "no sé cuál es la política de desarrollo en profundidad"⁶³.

Esta poca claridad proyectual se ha atribuido a la necesidad castrense de satisfacer las demandas del heterogéneo bloque insurreccional. A nuestro juicio, tal vez sería conveniente relativizar y complementar esa argumentación. Relativizarla, pues en este período –y todavía en 1975– los oficiales se sentían representativos de toda la nación y no solo del bloque insurreccional. Es cierto que sus miembros lograban hacer sentir sus presiones, pero al mismo tiempo los militares las contrastaban con sus propias nociones y sentires. No debe olvidarse la tendencia castrense de unir fuerzas armadas y patria. En ese plano, sus medidas eran el resultado no solo de su relación con los núcleos sociales movilizados contra la Unidad Popular, sino también de sus concepciones históricas, de las necesidades del momento, de cómo se autopercibían –y percibían su "misión"– respecto a toda la sociedad. Interpretar sus decisiones solo en relación al bloque insurreccional, implica decir que ya las fuerzas armadas como tales habían optado por rehacer sus alianzas sociales, lo cual –a nuestro juicio– no es tan claro. En efecto, fueron reiteradas las oportunidades en que miembros del Comité Asesor o generales destacados dentro del régimen cuestionaron los efectos sociales de las políticas neoliberales: "El Ministro de Economía se debate entre las presiones del gobierno para el incremento del gasto público y las protestas también de gente del gobierno por las alzas de precios… Bonilla, Nuño, Viveros, Arellano, telefonean continuamente al Ministro para escuchar sus explicaciones frente al ‘alza generalizada’ y a su repercusión sobre los ‘sectores de más bajos ingresos’... Hacer entender que los precios libres y el tipo de cambio realista, así como la austeridad fiscal, son el camino del desarrollo… resulta difícil"⁶⁴. La fuerte represión ejercida después del 11 de septiembre no fue entendida por los militares como un sinónimo de quiebre con los sectores populares del país. A su entender, ella recaía sobre quienes habían procurado la destrucción material y moral de la sociedad chilena: un enemigo. Esta cuestión no debe ser interpretada como una justificación, sino como parte de una cosmovisión que no homologó represión con "pueblo" o "nación" chilena. En consecuencia, para estas fechas un segmento importante de la oficialidad aún conservaba la imagen de una acción castrense a favor de toda la sociedad. Por ello, la falta de claridad de las políticas no solo se vinculaba con el bloque insurreccional, sino también con las contradicciones que cruzaban a los oficiales por esos días. En un principio, la aplicación de medidas neoliberales puede haber correspondido a una etapa de ensayo y error, mezclada con los valores castrenses tradicionales.

En segundo lugar, también parece pertinente complementar ese análisis, al destacar la presencia de dos factores determinantes en esa etapa: por un lado, la persistencia del modelo de desarrollo vigente hasta principos de los años setenta y que los neoliberales no podían arrancar de cuajo, y, en segundo lugar, la Doctrina de Seguridad Nacional. En relación a lo primero, los oficiales, especialmente los que constituían el Comité Asesor, eran "un grupo de generales muy leal a sus convicciones, pero de mentalidad definitivamente estatista. Oponían una tenaz resistencia a la economía social de mercado … Veían en el Estado una fuerza orgánica de la sociedad, llamada a dirigir, controlar, arbitrar y proteger al cuerpo social"⁶⁵. Los oficiales que se tomaron el poder en 1973 habían sido formados no solo por quienes habían realizado cursos de guerrilla, sino por un alto mando formado, a su vez, por la generación estatista de los años veinte y treinta. De ese modo entendían que al Estado "le corresponde la actividad rectora destinada a armonizar todos los esfuerzos encaminados a un desarrollo económico acelerado"⁶⁶. Por lo mismo, ellos asociaban la aparición de un sector energético y manufacturero al rol patrocinador y gestor del Estado, que había apoyado al empresariado y se había endeudado por un objetivo de progreso nacional, desarrollando empresas estratégicas. Las fábricas creadas bajo su alero eran útiles, a pesar de todas las críticas que pudiera hacérsele en términos políticos o de eficiencia, al desarrollo del país: "La Corporación de Fomento en su época jugó ese vital papel: de servir como un motor o una bomba que inyectaba energía dentro de Chile y gracias a eso tuvimos tantos empresarios que comenzaron de pequeño y llegaron a ser grandes. Pero todo eso se les olvida"⁶⁷. Precisamente por esta concepción aborrecían lo que consideraban una desnaturalización de CORFO, pues su idea no era que el Estado se apropiase de fábricas de dulces. Esta visión tan arraigada entre la oficialidad es la que explica las palabras del almirante Merino años más tarde: "La intención inicial fue devolver todas las empresas que tenían dueño, pero enseguida tanto Pinochet como Leigh, manifestaron su deseo de mantener una economía controlada por el Estado. Por eso al principio fue muy difícil que entrara el plan ‘Ladrillo’. ¿Y qué es el ‘Ladrillo’?, preguntaban"⁶⁸.

Por otro lado, el tema de la Seguridad Nacional. La mayoría de los estudios ha hecho hincapié en el ámbito político-represivo de ella, esto es, en el enemigo interno y la contrainsurgencia. Sin embargo, la teoría de la Seguridad Nacional era bastante más amplia que eso, aunque sus objetivos no estuvieran muy alejados de los afanes antirrevolucionarios. Entendiendo que la política de seguridad nacional persigue la consecución de los objetivos nacionales, acrecentando el poder nacional, queda clara la relación entre seguridad y desarrollo económico-social, toda vez que el poder de una nación no comprende solo a las fuerzas armadas sino también el de su potencial económico, su armonía social y la estabilidad política. Ya en la década anterior existía claridad entre los oficiales en la débil difusión que dicho término tenía a nivel social, lo cual se vinculaba, en gran medida, a la falta de desarrollo económico y social: "Durante largos años ha faltado vigor a nuestra política de seguridad nacional... porque un desarrollo económico insuficiente ha obligado a concentrar la atención nacional en la expansión de los recursos destinados al bienestar básico… es así que la planificación y acción global que exige la seguridad nacional no haya alcanzado el nivel pragmático, acorde con la rapidez de evolución de la situación internacional"⁶⁹. En ese sentido, la vinculación desarrollo-seguridad nacional dificultaba el discurso liberalizante y desestatizante de los neoliberales, pues chocaba con la arraigada idea castrense que esa conjunción requería de un Estado gestor y de una dirección central que impulsara el proceso. Según se les había enseñado, la seguridad nacional estaba condicionada por factores externos (el poder nacional de los países vecinos) e internos, por "la urgencia de resolver los graves problemas económicos". De acuerdo a ello, "La política de desarrollo lleva implícita una política de seguridad, sin la cual aquella vería limitado el logro del bienestar y esta no podría obtener un determinado poder sin la existencia de un grado adecuado de desarrollo. (Así) La seguridad y el desarrollo son interdependientes y se influencian recíprocamente"⁷⁰. Esta preocupación por el desarrollo no era sinónimo de neoliberalismo, sino en muchos casos de reconocimiento a la urgencia de hacer reformas estructurales, particularmente en el agro, y dar un nuevo impulso al proceso industrializador y de exportaciones.

La presencia de estos dos elementos de la cosmovisión castrense explica que a pesar de que ya se había autorizado la aplicación de las políticas de liberalización de precios y del tipo de cambio, como de rebaja arancelaria, la decisión de devolver las industrias no estaba tomada, y no lo estaba por el peso que tenía la modernización económica y la cuestión de las empresas estratégicas. Por eso desde un principio se decidió que se mantendrían en poder estatal las que tuvieran fuerte gravitación en la seguridad nacional, ya fuera por su carácter monopólico, por la naturaleza de su producción o por su incidencia en la economía nacional, y que hiciera inconveniente su control por el capital privado. Tal como explicaba el general Pinochet: "Es la misión fundamental de nuestro gobierno no crear divisiones entre hermanos. Por eso estamos entregando las tierras a los campesinos y no se devolverán los fundos legalmente expropiados... Asimismo ninguna mina, industria o empresa del área estratégica será devuelta…"⁷¹. Esa confluencia entre desarrollo y seguridad se constituyó en esta primera etapa en un obstáculo para devolver todas las fábricas expropiadas, al tiempo que se seguía insistiendo en la importancia de retener las llamadas industrias "duales", es decir, aquellas cuya producción era útil para usos pacíficos como también necesarias para la guerra y crear las que no existían: "plantas de ácido sulfúrico, industria de pólvora y explosivos, la armaduría de tractores como paso inicial a la fabricación de tanques"⁷². Acorde con esto, en un comienzo el gobierno explicitó las empresas que permanecerían en manos del Estado y que se relacionaban con las llamadas ‘estratégicas’.

Por el contrario, las empresas que se consideraban debían ser devueltas, comenzaron a ser reprivatizadas. En abril de 1974, CORFO había traspasado 120 empresas, de las cuales cerca de cuarenta muy cerca de esa fecha. Uno de los principales obstáculos a una rápida devolución era la cuestión del Estatuto Social de la Empresa a que estaba sujeta la devolución. Los empresarios eran de opinión que debían entregarse todas las fábricas a sus "legítimos dueños", pues si se pretendía aplicar una economía de mercado, el área de propiedad social debía desaparecer. Sin embargo, en esta primera fase el tema de la participación de los trabajadores en la conducción y beneficios de la empresa era muy importante para los oficiales, lo cual quedaría estampado en el Estatuto. Ellos esperaban armonizar el aporte patronal y laboral, reconociéndose a ambos actores sus derechos, de modo de impulsar las tendencias al ahorro y la inversión. El documento, no obstante, estaba recién estudiándose. En ese sentido, el Estatuto se convirtió en un motivo de disenso entre los oficiales encargados de la devolución, la política "liberalizadora" del gobierno y los dueños de las industrias en manos de CORFO. Tal como planteaba el gerente (s) de la SOFOFA, Rafael Rivera: "Hasta el momento solo se han dado pautas generales respecto a la normalización de las empresas, sujetas al futuro estatuto social. El gran escollo en la dictación de este documento es el problema de la participación"⁷³. Estas contradicciones entre apertura de la economía con retracción del poder estatal, y resabios de estatismo se hizo más patente con la Ley Antimonopolio aprobada a comienzos de 1974. Esta castigaba los acuerdos interempresas, lo cual era percibido por algunos industriales como una traba a la inversión.

En general la devolución fue complicada por las condiciones que se estipularon para ella. Muchos industriales se negaban a reconocer la deuda que sus antiguas propiedades habían adquirido con la CORFO durante la administración de la Unidad Popular; tampoco querían renunciar a un eventual litigio de indemnización con el Estado, o se negaban a recibir una fábrica en pésimas condiciones económicas o productivas. La decisión del general Nuño de no transar esas condiciones frenó el proyecto privatizador de los neoliberales. Con todo, en estos primeros meses las industrias devueltas fueron en importante medida las del sector textil. En septiembre de 1973, CORFO controlaba 45 fábricas textiles⁷⁴, de las cuales en mayo de 1974 solo quedaba Hirmas, entonces Panal. Si uno se detiene en esto, es posible observar que estas empresas habían tenido todas un origen privado, de modo que su carácter estatal era, para los oficiales, un ejemplo de la desnaturalización de CORFO. Por otro lado, ella no constituía un área estratégica, por lo cual tampoco había allí un freno a su devolución. En suma, era coherente con su disposición reprivatizadora.

De este modo, existía un discurso y un accionar dual a nivel de las autoridades en tanto, por un lado, se enfatizaba la necesidad de, en palabras del almirante Merino, "quebrar el criterio estatista", y, por otro, se pretendía controlar una recomposición del poder económico concentrado y mantener el rol central del Estado en materia económica. A su vez, los oficiales percibían que la actitud de los industriales había cambiado en relación al período de la Unidad Popular, en el sentido que entonces se conformaban con salvar algo de lo perdido, pero ahora deseaban obtener mayores beneficios del cambio de situación: "Todos recordamos que los empresarios, inmediatamente antes del 11, se consideraban felices si salvaban un 10% de su inversión, porque estaban sentenciados por la aplanadora de nacionalizaciones y expropiaciones del gobierno de la Unidad Popular. En cambio, después del 11, se observó una reacción altanera de parte de, no diré todos, pero sí de un importante sector de industriales y agricultores, en el sentido que se les devolviera todo y algo más de lo que habían perdido legal o ilegalmente"⁷⁵. Esta disyuntiva entre dos caminos y las presiones de los grupos de interés, coincidió con el fracaso de las políticas de libertad de precios ya aplicadas y el repunte de la inflación a partir de enero de 1974, lo cual fue atribuido por los neoliberales a que no se habían aplicado las medidas necesarias para atacar el problema en su raíz. En otras palabras, el gobierno no ponía en vigencia realmente una economía de mercado. Dentro de los cargos estaba el que el proceso de desestatización "avanza... pero muy lentamente", lo cual se debía a la resistencia opuesta por los mismos funcionarios de CORFO. Así, se quejaban amargamente: "Completaremos 1974, sin que los organismos semiautónomos del Estado –CORFO, ECA, SOCOAGRO, etc.– hayan traspasado al sector privado muchas empresas e infraestructuras que tenían orden perentoria de entregar. Algo se ha hecho, sin duda, pero queda mucho en ‘trámite’… o en sugestiva inmovilidad"⁷⁶. Por ello arreciaron las críticas a las autoridades de esa entidad, destacando que el repunte inflacionario del momento se debía en gran parte al desembolso que significaban las empresas aún en sus manos que presionaba sobre la emisión, además de la deuda que arrastraban.

Fue en ese contexto que el general Sergio Nuño fue reemplazado en la vicepresidencia de CORFO por el alto oficial que había comandado la "toma" de La Moneda el 11 de septiembre, general Javier Palacios. A pesar que el alza de la inflación a pocos meses de haberse tomado las primeras medidas neoliberales sin duda estuvo estrechamente ligada a la salida de Nuño, esta también debe situarse en el marco de la centralización del mando que en ese tiempo estaba desarrollando el general Pinochet. En otras palabras, la salida del general Nuño de CORFO coincidió con la constitución del nuevo alto mando en el Ejército, esto es, con su pase a retiro. Tal situación ha sido interpretada como una muestra de la decisión de Pinochet de eliminar del Cuerpo de Generales a todos los oficiales que habían participado en la gestación de la conjura, como también ocurriría un año más tarde con el general Palacios⁷⁷.

La llegada del general Javier Palacios a CORFO fue recibida con beneplácito por el empresariado, toda vez que veían en su gestión la oportunidad de acelerar la devolución de empresas y con menos trámites. El énfasis neoliberal en que la razón de la inflación estaba en el mayor gasto público generado por las áreas productivas estatales y la emisión, amén de las "resistencias militares a privatizar sin más las empresas públicas", parece haber favorecido la disposición de Pinochet y del almirante Merino y el general Mendoza dentro la Junta de restituir la propiedad a los privados. Por un lado, debe recordarse que la principal prioridad de los oficiales al asumir el gobierno era el control inflacionario, de modo que su reactivación en pocos meses constituía un grave retroceso y obligaba a tomar medidas más drásticas. Por otra parte, la lentitud en la privatización otorgaba argumentos a los neoliberales: según ellos, las empresas descentralizadas del Estado consumían el 55% del ingreso nacional, por lo cual solo quedaba a disposición del sector privado un 30%, lo que era insuficiente⁷⁸. Inflación e inequidad en la repartición de recursos se conjugaron para impulsar la opción por radicalizar el proceso.

Por ello, la gestión de Palacios trató de imprimir otro ritmo a la desestatización industrial. Bajo su mando comenzó la privatización del sector "sidero-metalúrgico" que, según se afirmaba, era el que le producía mayores gastos al Estado, a través de su filial CAP. Este proceso aliviaría la carga sobre el Estado y le ofrecería una importante cantidad de recursos. Al mismo tiempo, se estableció un riguroso control sobre el presupuesto de las filiales y empresas descentralizadas. Durante su gestión fueron traspasadas al sector privado aproximadamente 205 empresas, todas ellas intervenidas en el gobierno anterior. Asimismo, se inició el proceso de venta de aquellas compradas a través de CORFO en el período de la Unidad Popular. Durante ese año, el general Palacios autorizó la venta de ocho empresas, pues solo en esos casos se cumplieron las condiciones establecidas para dar paso al repliegue del control de CORFO⁷⁹.

En síntesis, la acción del general Palacios en términos globales se enfocó a devolver las empresas intervenidas/ requisadas por el gobierno de Allende y no tocó mayormente el patrimonio histórico de CORFO, al menos el existente en 1970.

En efecto, de acuerdo a la información entregada por Dominique Hachette –basada en los archivos de CORFO– en 1973 el total de empresas bajo su control ascendía a la cantidad de 596 de las cuales 526 cayeron bajo su dominio entre 1970 y 1973, 18 instituciones financieras y más de 325 industriales⁸⁰. De ser así, la desestatización en esta etapa parece haber correspondido a la restitución de la propiedad estatal, a través de CORFO, a su tamaño anterior.

A pesar de que efectivamente se redujo la participación estatal –supuesta causa de la inestabilidad monetaria–, las medidas antiinflacionarias no lograron frenarla del todo, lo cual facilitó el despliegue del discurso antiestatista y en pro de la reducción del gasto público. En ese marco se produjo el nombramiento de Jorge Cauas como Ministro de Coordinación Económica y el lento desplazamiento de Raúl Sáez y de la línea gradualista en la aplicación de las políticas liberalizadoras.

Los sectores partidarios de la reprivatización presionaron al gobierno a través de un discurso que destacaba el tema de la competitividad y la eficiencia. La industria no había reaccionado como se esperaba, lo cual era explicado en razón del brusco cambio entre un sistema altamente paternalista a uno más liberal que dificultaba percibir la respuesta fabril. En este terreno se enfatizaba la necesidad de proseguir devolviendo empresas, especialmente por su ineficiencia y la alta protección fiscal que requerían para seguir produciendo. A juicio de la prensa adicta al modelo de mercado, y haciendo una evaluación del primer año del gobierno, la capacidad competitiva solo podría alcanzarse eliminando los mecanismos proteccionistas y fiscalizadores del Estado. Por ello se recalcaba la importancia de aprovechar el mercado que abría el Pacto Andino. Por último, se recordaba a las fuerzas armadas su compromiso con la liberalización económica explicitado en la "Declaración de Principios", cuando "afirmaron el valor sustancial de la persona y el carácter accidental del Estado. Repudiaron de este modo el estatismo…"⁸¹.

En medio de estos "avances" desestatizantes, en los primeros meses de 1975 arreciaban nubarrones desde el exterior: la crisis internacional de precios y la caída abrupta del cobre, amén del conflicto del petróleo indujeron a los más proyectistas a plantear la necesidad de adoptar medidas más radicales y unificar la toma de decisiones. Los informes de Roberto Kelly presentaban un oscuro panorama a las autoridades militares, quienes escuchaban un pronóstico inflacionario similar al de 1973, lo cual "requería un saneamiento" radical del sector público, lo que se traduciría en el Plan de Recuperación Económica y la autorización de Pinochet para aplicar la ciencia económica literalmente. En otras palabras, políticas de shock para frenar la inflación, tipo de cambio nominal, reforma comercial y regulación de las relaciones laborales a favor del empresariado. Tal como lo señalaba Fontaine, el Plan Cauas iba más allá de un programa de estabilización de corto plazo: "Lo que pretende Cauas es revertir la tendencia de cincuenta años del Estado chileno que se atribuye el papel de asignador preferente y casi monopólico de los recursos de la comunidad, para situarlo en un rol subsidiario y entregar al sector privado y a sus libres iniciativas el rol protagónico en la asignación de recursos". Aunque el general Leigh y el Comité Asesor se opusieron al plan y apoyaron la postura gradualista de Raúl Sáez, Pinochet optó por Cauas, quien percibió la distancia de la Junta y de las fuerzas armadas en relación a la decisión tomada⁸². Congruente con este clima terminaba la gestión del general Palacios, quien poco antes de abandonar la vicepresidencia de CORFO anunció la decisión gubernativa del autofinanciamiento de las operaciones de esa entidad fiscal y la continuación del proceso de transferencia. Durante 1975 debería terminarse la entrega de 26 empresas intervenidas o estatizadas, siguiéndose con la venta de aquellas en su poder desde la época de la Unidad Popular. Asimismo, invitó a los privados a poner en ejecución proyectos de inversión, los cuales serían respaldados por CORFO como agente financiero y aval en caso de créditos externos, manteniendo su función de apoyo e incentivo al sector privado⁸³.

Adoptada la vía sin retorno, el general Palacios debía ser reemplazado por un civil decididamente comprometido con el modelo. El elegido por el general Pinochet fue el empresario Francisco Soza Cousiño. Acorde con la política neoliberal, el nuevo Vicepresidente era partidario de "hacer cosas" y no ideologizar las tareas, por lo cual se rumoreaba que llegaba con la misión de "demoler", es decir, de acelerar la venta de empresas en manos del Estado. Soza coincidía con la evaluación de una CORFO burocratizada y de la preponderancia que había alcanzado el "mito de las industrias básicas, estratégicas". Por ello, intentaría favorecer a la empresa privada y atraer al capital extranjero. En pocas palabras, CORFO debería vender sus activos y retirarse de la esfera productiva. Al momento de asumir, aún estaban en poder de la entidad fiscal un total de 130 empresas –incluido parte del sector bancario–, 120 de las cuales serían transferidas, reduciendo el manejo, según sus planes, a no más de "ocho, diez o doce" empresas que se reconocían como "fundamentales" o estratégicas. Asimismo, vendería Cemento Melón, Polpaico e INACESA, controladas por CORFO desde el gobierno de Allende, además de paquetes accionarios de otras que no controlaba, tales como la Manufacturera de Papeles y Cartones y COPEC⁸⁴.

Según un informe de septiembre de 1975, en esa fecha CORFO ya definió gran parte del destino de las empresas bajo su dominio. El Estado mantendría su participación en 19 de ellas (Chilectra; CAP, CTC, ENACAR, ENDESA, ENAEX, ENAP, ENTEL, IANSA, Petroquímica Chilena, ECOM, entre otras); 14 empresas quedarían con su situación en trámite (por ejemplo: Compañía Sudamericana de Fosfatos, Complejo Maderero Panguipulli, INSA, MADECO); 24 listas para licitar (Celulosa Arauco S.A, Editorial Gabriela Mistral, Forestal Arauco, INFORSA, y otras empresas mineras, forestales, de maquinaria agrícola, etc.). En concreto, en octubre de este año, Soza afirmó haber traspasado entre 80 y 100 entidades. De estas, 24 fueron vendidas dado que se habían adquirido por compra de acciones, el resto fue devuelta a sus antiguos dueños⁸⁵.

Si bien es claro que la presencia de Soza en CORFO aceleró el proceso de traspaso a los privados de la hasta entonces propiedad financiero–industrial estatal, ella aún no afectó sustancialmente a las industrias históricas que, en todo caso, ya eran vistas por el empresariado como susceptibles de caer en sus manos. En ese punto, el tema de las denominadas industrias estratégicas se volvió central, porque de ello empezó a depender en parte su cambio de propiedad. Con todo, esta lógica reprivatizadora de Soza se detuvo a fines de octubre de 1975, cuando el gobierno descubrió que el Vice- presidente de CORFO había estado adquiriendo de manera irregular parte importante de las acciones del Banco Chile y de otras empresas en venta o licitadas, por lo cual fue destituido y citado ante la Comisión Antimonopolios. En esa situación, el general Pinochet relevó al coronel de artillería Luis Danús de su participación en el Comité Asesor, nombrándolo nuevo Vicepresidente de la Corporación.

La vicepresidencia del coronel Danús en CORFO se insertó en la denominada etapa de la "apertura radical" o del "neoliberalismo radical", esto es, 1975-1982, la época del triunfo de los Chicago. La opción por medidas drásticas implicó la aplicación de políticas de shock para contener la inflación, rebaja generalizada del arancel, el establecimiento de un tipo de cambio nominal, la apertura comercial y financiera y la regulación de las relaciones laborales mediante el estricto control del movimiento obrero. Asimismo, se profundizó el proceso de privatización y de retracción del gasto y la inversión pública⁸⁶. Serían los años del "milagro chileno".

Al momento de asumir el cargo, el coronel Danús explicó que CORFO volvería a su papel de fomentar el desarrollo del país, dedicándose a "crear nuevas industrias y nuevas empresas". Estas podrían tener un carácter estatal o mixto. En la misma oportunidad aclaró que se retendría la administración o tenencia de las empresas estratégicas que habrían de permanecer en poder del Estado –las cuales habían subido de 17 a 23–; se fortalecería su función de banco de fomento, y se desarrollaría la investigación. Del mismo modo, reiteró que continuaría la transferencia de aquellas en que no se justificaba la participación del fisco, como "cecinas ni fábricas de cerveza"⁸⁷. Para esas fechas, quedaban aproximadamente unas ochenta entidades por traspasar. Fue durante su gestión que finalmente se decidiría el destino de algunas empresas que tenían su origen en CORFO y un carácter históricamente estatal.

A diferencia de los directores anteriores, Danús determinó aplicar más estrictamente la norma de licitación en lugar de negociación directa, de modo que quien quisiera recobrar su empresa debería someterse a ese proceso, dificultando en un comienzo la pretensión de algunos grupos económicos de una reprivatización discreta y no pública. La negociación quedó estipulada solo para casos muy especiales, los cuales resolvería un Comité formado por los ministros de Interior y Economía, un representante del Comité Asesor de la Junta y el vicepresidente de CORFO⁸⁸.

En marzo de 1976, la tarea de "normalización" iniciada dos años y medio atrás era la siguiente: de las 259 intervenidas, requisadas y expropiadas, 251 habían sido devueltas y quedaban 8 con delegado. De las 235 empresas y bancos de propiedad de CORFO en 1973, 118 habían sido adjudicadas y negociadas; 21 estaban en trámite de licitación; 17 en liquidación; 20 quedarían en poder del Estado, y 59 a licitar. Paralelamente, CORFO había intervenido Firestone, CLC, CORFO-Citroen y CORFO-INSA, lo cual aumentaba el número de empresas estatales a 24⁸⁹.

Desde mediados de 1976, los partidarios de un cambio de rumbo en las funciones de CORFO y de la privatización de las llamadas empresas tradicionales, elaboraron un discurso en el cual se insistía en una tarea eminentemente de fomento, en desmedro de las de investigación, de gestión y de creación. A su juicio, CORFO tal vez ni siquiera debía conservar su rol de fomento crediticio, sino meramente de formulador de políticas de fomento. Aunque el coronel Danús era partidario de la propiedad privada, fue a estas presiones que presentó resistencia defendiendo las empresas estratégicas en poder del Estado y el papel más amplio que CORFO tenía. Danús ha quedado en la memoria histórica como uno de los oficiales estatistas y nacionalistas que, en dupla con el coronel Gastón Frez, defendieron el patrimonio estatal. La verdad es que Danús era, como gran parte de la oficialidad, un fiel creyente en el potencial de desarrollo de la iniciativa privada, pero también del rol estatal en áreas claves del desarrollo y de la seguridad nacional: "Danús, partidario confeso de la economía de mercado, sostiene, con todo, que hay empresas estratégicas que el Estado no puede dejar escapar a su control"⁹⁰. En este debate acerca del futuro de la principal palanca del desarrollo chileno del siglo XX, el coronel Danús defendió su rol histórico, logrando que "la institución continuara en el futuro administrando todas las empresas del Estado e impulsando proyectos de investigación y no permaneciendo solo como un banco de fomento, tesis favorita del equipo económico"⁹¹.

Sin embargo, a mediados de 1977 prácticamente se había desmantelado lo que un día constituyó el Area de Propiedad Social y la discusión se centró en torno a las empresas denominadas estratégicas que permanecerían bajo control del Estado, en algunas de las cuales CORFO era socio, ya fuera mayoritario o no. Si como sostiene Hachette, las empresas realmente CORFO a comienzos del gobierno de la Unidad Popular eran 70, quiere decir que siete años más tarde su patrimonio se había reducido en 25, pues aún conservaba 45, aunque se esperaba que solo quedarían en su poder 21 (otras 20 estaban sin definición)⁹². Aunque la disminución de empresas de 596 a 45 resulta abrumador (como hace Foxley), al compararlo con el período previo a la Unidad Popular –que era el punto de partida de los oficiales– la situación cambia, especialmente desde la óptica militar que fue la que decidió tal proceso y que es la que este artículo ha tratado de analizar.

Así, aunque Danús representó un pequeño obstáculo a los planes de privatización total que defendían los Chicago, es indudable que el discurso antiestatista que dominaba el ambiente estaba influyendo la mentalidad de los militares. Tal como afirmaba el general Leigh en 1979, era muy difícil saber con exactitud la opinión de las fuerzas armadas respecto a la política económica elegida por el general Pinochet, sin embargo, algunas de esas medidas contaban con su anuencia. Según el propio Danús, era muy probable que la mayoría de las personas estuvieran de acuerdo en la necesidad de detener la inflación, el déficit fiscal, en incentivar las exportaciones, disminuir las importaciones de alimentos con producción agrícola nacional, en exigir eficiencia a todas las empresas, estatales o privadas. En otras palabras, el discurso neoliberal –tal vez no encarnando exactamente las tendencias de los oficiales– fue penetrando, en la medida que diera respuesta a los problemas que, a su juicio, eran más apremiantes. En ese marco, con un esquema de desarrollo rígido, con costos sociales innegables, mantuvieron cierta creencia en un rol para el Estado, pero habiendo cada vez más receptividad al nuevo discurso. Como recordaría un alto oficial, la implantación del modelo "fue haciéndose en forma imperceptible"⁹³.

3. LAS FUERZAS ARMADAS Y EL MODELO NEOLIBERAL:
ALGUNAS REFLEXIONES

Durante los años de hegemonía discursiva de los neoliberales, la imagen prevalente era la de unas fuerzas armadas compenetradas con el modelo escogido. De alguna manera, Pinochet representaba el sentir y el pensar de todos sus miembros. Los análisis de la oposición al gobierno militar fortalecían esta interpretación, en tanto se buscaba demostrar la radicalidad de las políticas adoptadas y la alianza establecida entre los militares y los sectores financieros monopolistas, traicionando el sentido de la intervención militar de septiembre de 1973. Con el tiempo, sin embargo, esta imagen tan absoluta ha empezado a ser atenuada por sus mismos portavoces, tal vez porque entonces no lograron lo que pretendían; o, porque a estas alturas sienten que su proyecto se impuso finalmente. En consecuencia, comparando la situación con 1970, ya es posible relativizar su éxito en materia desestatizadora para el período que cubre este escrito. La memoria de Arturo Fontaine acerca de la relación entre el general Pinochet y los economistas ilustra con bastante claridad la oposición militar que tuvo que enfrentar su proyecto. Más tardíamente, uno de los ministros del régimen también ha reconocido aquello: "Si bien… durante la segunda etapa de la primera ronda (1975-1982) una alta proporción de las empresas estatales existentes fue privatizada (más de 4/5), la proporción de patrimonio neto afectada fue un asunto diferente… Más aún, el valor agregado por las empresas estatales en 1981 era todavía alrededor de 10 puntos porcentuales más alto que el valor correspondiente a fines de los años ’60"⁹⁴. Con esto no se quiere desconocer los profundos cambios realizados y la drástica disminución de atribuciones y papel empresarial del Estado, lo cual es innegable. Solo apuntar a que gran parte del proceso de privatizaciones ocurrido en los setenta se refirió a las empresas incorporadas al patrimonio estatal entre 1970 y 1973. Como se ha visto, las que tradicionalmente habían pertenecido al Estado, no fueron traspasadas en esta etapa. El alto porcentaje de empresas de CORFO que fueron transferidas corresponde a dos fenómenos: por una parte, en muchas de ellas ese centro tenía influencia a través de sus filiales, pero no habían sido creadas originalmente por ella. El segundo caso refiere al proceso de traspaso al sector privado que CORFO estuvo realizando en los años anteriores al gobierno socialista –incluso a inversionistas extranjeros–, situación que la Unidad Popular se propuso revertir reestatizando o nacionalizando algunas que originalmente no lo eran. Fue por ello que el número de empresas bajo su dominio en 1973 aparecía tan alto y la privatización siguiente tan abrumadora. Pero deben recordarse los cambios introducidos por la administración de Jorge Alessandri a la misión de CORFO de limitarla a agente crediticio y de asistencia técnica, más que empresarial, y la política de asociación con el capital foráneo durante la gestión de Frei Montalva. Hacia la década del sesenta, por ejemplo, CAP –que había sido creada por CORFO– ya era casi totalmente privada⁹⁵. Por lo tanto, la reformulación de esta entidad a manos de los oficiales en los años setenta, en parte se relacionó con la decisión de resituarla en su contexto inicial, aunque respecto de ello no hubiera consenso: el rol de CORFO y de la participación empresarial del Estado era materia de debate: en un comienzo los oficiales eran partidarios de mantener sus funciones reguladoras, de gestión y empresarial en algunas áreas. Esta posición se ligó también con las nuevas condiciones de apertura del comercio exterior, y que ellos ya tenían claras en la década anterior, como con el hecho de que si bien el principio de devolver a los privados su rol protagónico en el desarrollo económico no estaba en discusión, el resto de los planteamientos neoliberales –la privatización total, incluyendo las estratégicas, de las distintas áreas económicas– aún no había alcanzado, en un plano general, la aceptación suficiente dentro del principal soporte del régimen: las fuerzas armadas. No sería sino hasta la segunda ronda privatizadora –1985/1989– que estas empresas simbólicas de la CORFO y significativas áreas de servicios y transportes salieron del control estatal, aun, entonces, con la salvedad de CODELCO y ENAP.

No obstante lo anterior, el giro castrense del estatismo al neoliberalismo parece haber ocurrido de todos modos. Aunque no se cuenta con pruebas fehacientes al respecto, la posición defendida en esos terrenos en el Congreso en los años noventa por los senadores designados representativos del régimen militar o la aparente alianza entre los militares y la derecha, permiten suponer que ello es así. El presente trabajo ha intentado relativizar ese compromiso en fechas tempranas –a pesar de reconocer la creencia castrense en la propiedad privada– y ha buscado ofrecer algunas razones para ello. Tal postura, sin embargo, no implica plantear que el modelo neoliberal siguió estando desvinculado de la evolución "ideológica" de las fuerzas armadas. Al contrario, si en una primera etapa –la vista en este trabajo– él intentó ser adecuado a la trayectoria histórica del país y al desarrollo institucional castrense, en la segunda –que aquí no se aborda– creemos que efectivamente se produjo un cambio en el plano de la cosmovisión militar. Al final de cuentas, la línea "estatista" fue derrotada y los oficiales se acercaron a una perspectiva más neoliberal. Como afirmó el propio general Danús a fines de la década de los ochenta: "No todos estaban convencidos. Yo diría que a medida que pasaron los años, se fue produciendo un acercamiento entre las tendencias y en este momento yo pienso que hay muchos más militares que están convencidos de las ventajas de la política social de mercado"⁹⁶. Desde esa óptica, la pregunta es por qué y cómo ocurrió esto si, como hemos visto, la persistencia del modelo anterior fue alta. Al respecto se han dado algunas hipótesis: por una parte, se ha argumentado que finalmente fueron atraídos por los niveles de consumo ofrecidos por el modelo, como por el mayor presupuesto y la capacidad de modernización de sus instituciones. De otro lado, se ha dicho que ello se debió a que finalmente el modelo mostró éxitos. En tercer lugar, también se ha apuntado al hecho que no hubo un proyecto alternativo. Compartiendo en gran medida estas hipótesis, y como complemento a ellas, queremos explorar otras posibilidades, pero situándonos en el plano de la mentalidad militar. Es decir, reflexionar acerca de posibles aspectos del proyecto neoliberal que hubieran coincidido, de alguna manera, con la formación y mentalidad de los oficiales.

Congruente con esto proponemos otras vías de análisis. Desde nuestra perspectiva, en el desplazamiento del estatismo parece haber jugado un papel importante la presencia en el discurso neoliberal de algunos elementos que tenían arraigo en la cosmovisión castrense: la importancia del tema de la eficiencia, y la relevancia de la modernización. En un plano diferente, el cambio en el cuerpo de oficiales.

El tema de la eficiencia debe insertarse en la importancia que dicha cuestión tiene en el discurso neoliberal. Como es sabido, una de las principales críticas de los partidarios del libre mercado a las economías keynesianas es su tendencia a generar inflación por su política de control de precios, subsidios y protección a la empresa estatal y privada, lo cual le permite producir para mercados cautivos y con altos "grados de ineficiencia". Si se revisan los comentarios y análisis de la prensa que entonces era proclive a ese modelo de desarrollo, es posible constatar la reincidencia de este tipo de argumentación. En efecto, a su juicio, la reconstrucción económica debería reformar los hábitos empresariales, pues: "…ciertos empresarios… preferían el proteccionismo estatal a tener que batallar en mercados competitivos. Preferían no tener huelgas y pagar a sus trabajadores todo lo que estos solicitaban, por exagerado que fuese en relación con la productividad. En buenas cuentas, preferían ser ineficientes y ganar dinero seguro, sin competir". A su vez se destacó la importancia de las reformas arancelarias, porque "Con ello se persigue obligar a los productores nacionales a ser eficientes, poniéndose a la altura de la competencia externa", ya que las barreras solo "protegen la ineficiencia del productor chileno. La liberalización de las importaciones obliga a progresar rápidamente en eficiencia, pero no tiene por qué tumbar a nadie". De acuerdo a esa lógica, se atacó la propiedad fiscal toda vez que "existen empresas estatales cuya deficiencia es ya tradicional y que exigen de una protección fiscal importante para seguir produciendo. Algunas de ellas representan una importante fuente de trabajo en la zona donde están ubicadas, por lo que ha existido siempre temor a retirarles el amparo del Estado y dejarlas a la lucha del mercado libre. Sin embargo, dentro de la consecuencia necesaria de la política económica debe procederse con mano firme al respecto", de lo contrario "…continuará operando el monstruo estatal de salud. Se introducirán en él algunos cambios, pero que no herirán lo que en toda empresa… ha sido siempre, hoy como ayer –en Chile como en cualquier punto del globo– el sólido e inamovible fundamento de la ineficiencia, del despilfarro y mala asignación de los recursos". Por último, se consideraba "bueno que el país empiece a comprender que el sector financiero no se escapará de los stándares de eficiencia con que deben manejarse todas las empresas nacionales si es que ellos aspiran a la supervivencia. Este es un signo de los tiempos que, mientras antes se comprenda y asimile, menores consecuencias negativas acarreará"⁹⁷.

En un momento del período en estudio, este discurso llegó a ser hegemónico al desaparecer toda prensa opositora como lo era la de la Democracia Cristiana, con la salvedad de las revistas de la Iglesia Católica, de poco tiraje, o considerando los estrictos controles de censura. A nivel político-partidario, casi toda la prensa libre era proclive al proyecto que se estaba poniendo en vigencia. En ese sentido, el ambiente fue copado por los principios del modelo que deseaba imponerse, desde el momento que no existía espacio para programas alternativos. Los libremercadistas se propusieron penetrar la mentalidad de las nuevas autoridades. Por ello, se produjo una especie de bombardeo discursivo, el cual giraba en torno a las mismas ideas, como ha quedado reflejado en las citas estampadas.

Desde el punto de vista de este trabajo, el tema de la eficiencia engarzaba con ciertas características de la profesión militar. Considerando que las fuerzas armadas tienen establecida una función concreta, en ella la capacidad de cumplir objetivos en pos de la meta establecida es de vital importancia. De allí que la "eficiencia" no sea un elemento ajeno a las preocupaciones militares. La eficiencia se relaciona con la virtud militar del "cumplimiento del deber", lo cual –como se mencionó antes– implica realizar una tarea lo más eficientemente posible, según un ex general de Ejército. ¿Qué significa en concreto tal cuestión? En lenguaje castrense: "Ser eficiente significa lograr el objetivo asignado con el menor número de bajas, habiendo provocado el mayor daño al enemigo; en el menor tiempo posible; ofreciendo a la tropa el mejor abastecimiento"⁹⁸. Para actuar conforme a estos criterios se requiere, por una parte, contar con los recursos técnicos (armamentos, equipos) y, por otra, tomar en consideración todas las posibilidades que permitan alcanzar el objetivo y tomar aquella que ofrezca una más alta proporción de éxito.

Los fuertes reclamos castrenses habidos en los años sesenta respecto de la baja presupuestaria y su impacto en el potencial defensivo del país frente a naciones vecinas gobernadas por militares –y, por ende, muy preocupadas de modernizar sus equipos–, refería al problema de la "ineficiencia" de las fuerzas armadas en el período. Ellas funcionan en base a la posibilidad latente de la guerra, las ‘hipótesis de conflicto’, lo cual las obliga a estar eficientemente preparadas, cuestión que las tenía muy inquietas en esos años. Tal como afirmaban algunos oficiales de la Fuerza Aérea a comienzos de esa década: "El vertiginoso impulso que la ciencia está dando al arma aérea nos obliga a esforzarnos para marchar entonces con el ritmo del progreso y para lo cual contamos con el decidido apoyo de S.E. el Presidente de la República, el Ministro de Defensa y la ciudadanía toda. Esta ayuda material y espiritual nos permitirá mantener y mejorar el alto nivel de eficiencia que la Aeronáutica moderna exige"⁹⁹. Dada la revolución tecnológica que afectaba a la aviación mundial, el interés por los avances en sistemas de navegación aérea, en poder nuclear, la defensa aeroespacial, entre otros, se encontraba exacerbado en la época, máxime cuando en el contexto histórico en el cual se desarrollaba la profesión militar, los recursos escaseaban. Había plena conciencia del rezago que las estaba afectando y que inducía el clima de rebelión dominante: "El Alto Mando de la institución no desconoce las inquietudes y esperanzas que alientan a sus miembros... Al margen de todo egoísmo o desproporcionadas ambiciones, la tarea que nos corresponde abordar no es otra que la de obtener que la Fuerza Aérea de Chile se constituya en un instrumento eficiente para la preservación de nuestra soberanía y en un factor de paz, cada vez más valioso, para el desarrollo y progreso de nuestra nación"¹⁰⁰. Sin embargo, durante esa misma década se agudizaron los problemas limítrofes: "hay que recordar que tuvimos todos estos incidentes fronterizos con los argentinos y ¿qué teníamos para apechugar?… para el cumplimiento de su misión y de garantizar la integridad territorial se llegó a un extremo muy negativo durante el gobierno de (Jorge) Alessandri"¹⁰¹. Esta preocupación por desarrollar una profesión competente fue lo que hizo del tema del presupuesto el eje de la discusión con el gobierno democratacristiano y lo que intentó revertir el régimen militar con aumentos salariales y fondos para la defensa. En ese sentido, el neoliberalismo no solo permitió responder a una demanda largamente formulada por el mundo militar, sino usó un lenguaje común: la importancia de la eficiencia para realizar una misión competentemente.

Por este mismo motivo es que el rol de los técnicos, de los especialistas se vuelve tan preponderante; solo aquellos preparados a cabalidad en ciertas áreas podrían ofrecer, desde la óptica militar, soluciones adecuadas a problemas específicos. Si se piensa en el régimen ibañista –que modernizó el Estado en los años veinte–, la incorporación de los tecnócratas (ingenieros, economistas, etc.) fue vital para realizar las transformaciones económicas y sociales que se consideraban necesarias: electrificación urbana; fomento a la industria, reforma urbanística, reformulación de las relaciones laborales, en fin. Estas "modernizaciones" no fueron diseñadas por políticos tradicionales, sino por personal especializado en ciertas áreas y ajeno a los partidos. Aquellos centrados en su tarea y menos preocupados –teóricamente– por las cuestiones ideológicas. Si el objetivo del régimen militar en los años setenta era superar los desequilibrios económicos heredados de la Unidad Popular y reactivar el proceso productivo, a sus ojos puede haber resultado lógico rodearse de aquellos que ofrecían soluciones plausibles. Esto debe ligarse a lo mencionado más arriba, esto es, al bombardeo discursivo a que estuvieron sometidas las autoridades castrenses. Las posibilidades de un proyecto alternativo duró un corto tiempo: el gradualismo de un Raúl Sáez quedó desplazado en 1975. La Democracia Cristiana también fue excluida. Este alejamiento no se relacionó solo con la decisión de romper con un partido que tempranamente comenzó a cuestionar las políticas del gobierno, sino también con el hecho que las propuestas más globales para enfrentar la crisis del momento parecían ser las de los Chicago. En este caso, las otras alternativas no representaban solo un regreso a prácticas pasadas, sino también una reposición de la clase política, lo cual se contraponía con el fuerte sentido antipolíticos de la oficialidad. En cambio, los Chicago tenían la actitud de las certezas, la convicción clara de alcanzar la meta de estabilización.

Por qué no considerar, asimismo, la rivalidad cívico-militar. Apoyar el plan de los tecnócratas liberales era una apuesta a lograr la modernización del país, cuestión que los civiles no habían conseguido en su totalidad. Es cierto que en un comienzo fue solo una minoría castrense la que fue seducida por esta posibilidad –el general Pinochet y el almirante Merino–, pero ello se produjo por la capacidad de los neoliberales de asegurar resultados si se tomaban medidas drásticas, algo que los políticos nunca harían pensando en los costos que podría implicar. La mentalidad militar, en cambio, si bien contempla el "número de bajas" probables, evalúa el peso de la meta a cumplir: "hay quienes reconociendo la eventual validez de las medidas que se están aplicando en el campo económico, objetan que ellas tendrán un costo social demasiado elevado... Esta crítica olvida algo elemental y es que en ningún terreno de la vida humana es posible conseguir beneficios o logros efectivos sin pagar por ello algún costo o esfuerzo. La labor de un gobernante consiste en elegir acertadamente las metas que plantee a su pueblo y en adoptar las medidas que permitan alcanzarla con el menor costo que sea necesario, tanto en magnitud como en duración, no es posible alcanzar la meta deseada sin soportar el peso de recorrer el camino que conduce a ella"¹⁰². Considerando la tentación modernizadora, el control del brote inflacionario y que la adopción de políticas más uniformes eran ‘necesarias’ para asegurar el progreso futuro; los oficiales en el poder estaban decididos a tomar las medidas requeridas, "velando para que este costo social que debemos pagar sea el menor que se pueda… y hemos agregado que estamos resueltos a pagar aquel costo que efectiva e inevitablemente sea necesario, porque sin ello jamás llegaría a haber estabilidad y bienestar para nuestros compatriotas". Concordante con el pensamiento militar, el precio por derrotar la inflación y dar lugar al crecimiento de la inversión era ineludible; intentarían lograr el objetivo con el menor número de bajas. Por eso continuaba el Comadante en Jefe de la Aviación: "cuando hayamos logrado hacia fines de año nuestras primeras victorias sobre la inflación, comprenderemos que el futuro de grandeza nacional que estamos construyendo y que va mucho más allá de una meta económica circunstancial… con seriedad y con realismo, y no con palabrería hueca, es como avanzan los pueblos"¹⁰³. Decisión y tecnocracia parecían ser las respuestas del momento para entregar a Chile un destino promisorio.

Pocos años más tarde esta decisión pareció dar la razón a sus más acérrimos defensores. Hacia fines de la década del setenta, los índices macroeconómicos se habían nivelado, se había detenido la espiral inflacionaria y, aparentemente, se iniciaba el "milagro". En ese contexto, es probable que la evaluación fuera positiva, la decisión de apoyar un saneamiento radical puede haber parecido la correcta. Los oficiales no convencidos habían abandonado las filas. Para el resto de ellos, sin embargo, el modelo en apariencia cumplía su promesa. ¿Los costos?, quizá no parecieron ‘excesivos’, considerando la meta. Se habían controlado los índices más rebeldes ¿lo habrían logrado los civiles con sus tendencias "demagógicas"? Es verdad que durante la crisis de 1982-83 aparecieron voces discrepantes. Sin embargo, el neoliberalismo pudo capear el temporal, en gran medida por la convicción del general Pinochet. Pero una vez superada la etapa más crítica, la apuesta fue por una consolidación del modelo y no un recambio. Se ha argumentado que el problema estuvo en la ausencia de proyectos diferentes viables. Sin embargo, en 1985 no hubo voces disidentes desde el mundo militar activo frente a la más radical ronda de privatizaciones. La disidencia castrense de la época estaba de preferencia centrada en el tema político. Más aun, el discurso oficialista de 1988 recalcaba el éxito en la estabilización de la economía y la modernización de esa área. En otras palabras, el objetivo que con posterioridad al golpe se propuso el gobierno militar, a su entender, había sido logrado. Habían "cumplido con su deber".

En el terreno de la importancia de la modernización, debe retomarse la preocupación de los miembros de las fuerzas armadas por el tema del desarrollo. Ya fuera desde el punto de vista del abandono institucional y la decadencia que le afectaba, o de los obstáculos al crecimiento y al desarrollo del potencial económico y social del país, los oficiales habían estado analizando el problema de la modernización, al igual que el resto de los actores sociales. Este tema no era un recién llegado a los intereses castreses, toda vez que la capacidad defensiva de estos institutos está estrechamente relacionada a la incorporación de adelantos tecnológicos en materia armamentista, como ya se ha visto. Los oficiales frustrados por la baja presupuestaria a que los sometían los gobiernos civiles, defendieron durante los años sesenta una revalorización de las funciones militares de parte de las autoridades y de la sociedad, que suponía un aumento de los recursos para asegurar un buen desempeño profesional. En la medida que la inflación crecía, como el endeudamiento externo y los niveles productivos se mantenían bajos, la necesidad de una política fiscal "mejor administrada" se hacía urgente. En prácticamente todos los complot que involucraron a uniformados después de 1932, el tema de una mayor autoridad presidencial en el manejo de la política económica estuvo presente. Uno de los problemas que más preocupaba a los oficiales comprometidos en la conspiración de las "patitas de chancho" o de "Línea Recta", era la creciente inflación y, por ende, la desvalorización salarial. Igualmente, la influencia de los partidos que a su entender impedía una acción ejecutiva depuradora y modernizadora. En esa perspectiva, los oficiales y suboficiales implicados en estas conspiraciones traducían la aspiración de núcleos militares por una política más enérgica y proyectiva. Chile requería de una nueva oleada de modernizaciones, lo cual implicaba un manejo monetario más "responsable". Ella no sería posible, sin embargo, si seguían predominando los intereses partidistas, los cuales no otorgaban a sus instituciones el papel que, a su entender, les correspondía. Estas tendencias críticas se acentuaron durante los años sesenta, cuando el primer experimento de "planificación global" redujo significativamente el porcentaje del presupuesto destinado a Defensa¹⁰⁴. Desde su óptica, el problema no lograría resolverse mientras las decisiones tuvieran un carácter político, lo que a su vez significaba que las fuerzas armadas seguirían atrasadas tecnológicamente. Precisamente por la importancia que esta cuestión revestía para ellos, se ha propuesto que la mayor asignación de recursos con posterioridad a 1973 fue una de las razones del retraimiento a los cuarteles durante el gobierno militar del general Pinochet: la obtención de la modernización institucional demandada. En otras palabras, las medidas de shock neoliberal lograron la estabilidad monetaria ansiada por los oficiales desde hacía décadas, lo cual les permitiría acceder a créditos externos para mantener el ritmo de modernización castrense. Uno de los obstáculos a su desarrollo desapareció.

Paralelamente a esta preocupación por la política fiscal, un grupo de oficiales reflexionaba acerca de la necesidad de reformas estructurales, como ya se ha mencionado. El crecimiento demográfico urbano experimentado en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial había hecho evidente los niveles de miseria que afectaban a parte sustantiva de la sociedad, lo cual chocaba con los bajos rendimientos agrarios y manufactureros. Esto hacía necesario "dar al hombre un mayor dominio sobre el medio en que vive", lo que equivalía a un mayor desarrollo, el cual "mejorará la producción, elevará el consumo de bienes, mejorará la raza; dará un más alto rendimiento a los recursos y significará más educación". Por ello, parte de la oficialidad fue atraída por la Alianza para el Progreso, pues ella constituía, a su juicio, un esfuerzo para lograr una mayor "justicia social". Esto hacía necesario fortalecer el proceso de industrialización, abriéndose al mercado externo, particularmente el regional (Pacto Andino, ALALC), y realizar la reforma agraria que: "cambiará los injustos sistemas de tenencia y explotación de la tierra, con miras a sustituir el régimen de latifundio y minifundio por un sistema más justo de propiedad". Solo haciendo cambios profundos en la estructura socioeconómica y contando con el aporte de todos los actores sociales sería posible este "impulso gigante… para superar los graves problemas que reclaman urgente solución"¹⁰⁵. Este interés militar por superar el estancamiento se vio favorecido a partir del momento que las fuerzas armadas optaron por mantenerse en el poder y encabezar ellos mismos la modernización del país. Aunque no todos sus miembros estaban de acuerdo con esa decisión y muchos en un comienzo no compartían el modelo neoliberal escogido, la evolución del proceso puede haber modificado su disposición, si se toma en cuenta que una parte de las reformas estructurales estaba realizada. En efecto, lo que ellos identificaban como el principal escollo a la modernización y el desarrollo –el atraso y la concentración agraria– fue superado, desde el instante que el latifundio, tal como existió hasta 1960, no se restableció y la devolución de tierras a sus antiguos dueños solo alcanzó a cerca del 30% de la propiedad. Independientemente de si el Estado mantenía o no sus atribuciones, el agro tenía la posibilidad de ofrecer los recursos que se necesitaban para enfrentar el crecimiento demográfico si se introducían mecanismos e instrumentos modernizadores y aparecía una burguesía agraria. Aquello en sí mismo significaba un gran logro, especialmente para una oficialidad que se veía a sí misma como antioligárquica. Habría menos acción estatal, pero a cambio parecía bastante posible el crecimiento económico.

Pero, sin duda, el giro "ideológico" habría sido más difícil de haber permanecido en las filas militares el cuerpo de oficiales existente en 1973, pues estaba más imbuido de los antiguos paradigmas. Sin embargo, ello no sucedió. El pase a retiro de un número significativo de oficiales a partir de abril de 1974, cuando se reunió la Junta Calificadora por primera vez desde el gobierno de la Unidad Popular, y las que le siguieron cada año, rehizo completamente el generalato y la oficialidad. Esto significó la desaparición dentro de las filas de gran parte de aquellos miembros más cercanos al antiguo orden. Como es sabido, en los años veinte y treinta, el paso de una posición liberal a una estatista en las filas militares se relacionó, en alguna medida, con un recambio en la composición del alto mando y de la oficialidad. Los antiguos generales y almirantes, identificados con el modelo abierto hacia afuera, pasaron a retiro y los nuevos mandos fueron copados por la ex "oficialidad joven". En los años setenta ocurrió algo semejante. Muy pronto fueron apartados de sus funciones generales como Torres de la Cruz, Sergio Nuño, Javier Palacios, el mismo Sergio Arellano, etc. Tal vez para que el proyecto pudiera hacerse "carne" era necesaria una oficialidad nueva. De ser así, quizá debería repensarse la política militar del período, la cual ha sido interpretada fundamentalmente como el intento del general Pinochet de eliminar a todos los altos oficiales comprometidos en la conspiración que derivó en el 11 de septiempre y destruir cualquier posible emergencia de un liderazgo que amenazara su poder. Tal vez, esos llamados a retiro también se vincularon con la necesidad de facilitar el curso al proyecto que ya seducía al Comandante en Jefe del Ejército y Presidente de la Junta de Gobierno. Debe recordarse que este proceso no fue inmediato, sino ocurrió a lo largo de cuatro años. La presión desde el mundo neoliberal para aplicar medidas drásticas requería de más presencia de hombres de sus filas. El discurso que enfatizaba la necesidad de "civilizar" el régimen y convertirlo en cívico-militar, implicaba de suyo la eliminación de los antiguos oficiales en los ministerios que posibilitarían el proceso. La renovación ministerial de abril de 1975 que colocó a Cauas como "Superministro" y favoreció con posterioridad la aplicación de las políticas de shock provocaron estos cambios. Tal como planteaba El Mercurio: "La sensación de que el programa iba en la dirección pero requería acentuar sus líneas llevó al gobierno a acordar una reorganización ministerial... el Presidente de la República ha señalado repetidamente que el gobierno requiere la colaboración de los civiles… la conveniencia de una paulatina apertura a los civiles…". En concreto ello significó la llegada de Sergio de Castro a Economía y la salida de un general de Carabineros, un general de Brigada Aérea y un Contraalmirante. De igual forma, el reemplazo del general Palacios en CORFO por el ingeniero de tendencia privatizadora, Francisco Soza¹⁰⁶.

Por otra parte, los oficiales que permanecieron y no compartían el modelo en su globalidad, debían su ascenso al Comandante en Jefe e hicieron prevalecer su lealtad a la institución. En este caso, el principio de que las fuerzas armadas son representativas de la nación puede haber jugado también un rol central.

En otras palabras, es posible que el desplazamiento de las tendencias estatistas haya estado también relacionada con una oficialidad nueva, que tenía menos internalizados los parámetros anteriores y que fue la que debió acudir a la Academia de Guerra, ya para entonces en manos de los teóricos de la Doctrina de Seguridad Nacional y del neoliberalismo, donde comenzó a producirse la uniformación "ideológica".

Si esto fue así, es muy probable que hacia mediados de los ochenta las tendencias estatistas estuvieran en completa retirada y el neoliberalismo se estuviera abriendo paso triunfante entre las filas de oficiales.

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** Este artículo es producto del proyecto Fondecyt Nº 1990855, "El ocaso del populismo militar: Chile 1960-1979", dirigido por su autora, y financiado por la Corporación de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT, Chile. La autora agradece la valiosa colaboración del equipo de investigación constituido por Rolando Alvarez, Eduardo López y Ramón Gómez.

¹ Manuel A. Garretón, El proceso político chileno (Stgo.: 1984); Pilar Vergara, Auge y caída del neoliberalismo en Chile (Stgo.: 1984); Arturo Valenzuela, "Los militares en el poder. La consolidación del poder unipersonal", en Paul Drake e Iván Jaksic, El difícil camino a la democracia en Chile (Stgo.: 1993).
² A modo de ejemplo, el general de división, Ernesto Baeza, sindicado como parte del grupo conspirativo, era la quinta antigüedad; Oscar Bonilla, sexta antigüedad, y Sergio Arellano Stark, 19ª antigüedad. Ascanio Cavallo et al. La historia oculta del régimen militar (Stgo.: 1988), p. 16. Un número importante del denominado "Grupo de los 15", núcleo del golpe, aparece señalado en Mónica González, La conjura. Los mil y un días del golpe (Stgo.: 2000).
³ Tal apreciación ha sido sostenida por oficiales en retiro como el general Ervaldo Rodríguez y el ex comandante de la FACh, coronel Eduardo Galaz.
⁴ Verónica Valdivia O. de Z. "Militares y política. Los jóvenes oficiales de los años sesenta: Chile 1960-1973", Contribución Científica y Tecnológica, Nº 127, 2001.
⁵ Augusto Varas, Los militares en el poder (Stgo.: 1987), 28-30; Pilar Vergara, op. cit.
⁶ Genaro Arriagada, La política militar de Pinochet (Stgo.: 1985); Arturo Valenzuela, "Los militares en el poder", en Paul Drake e Iván Jaksic, op. cit.; a esa misma línea adhiere Eduardo Silva, "La política económica del régimen militar chileno en el período de la transición: Del liberalismo radical al liberalismo pragmático", en Drake y Jaksic, op. cit.
⁷ Augusto Varas, Los militares en el poder, 30-36. La crisis ideológica a que se refiere el autor, dice relación con un cuerpo de valores morales y espirituales castrenses, el cual sería proyectado a la sociedad lográndose la integración espiritual, cimiento de una sociedad en progreso, paz y justicia.
⁸ Manuel A. Garretón et al. Por la fuerza, sin la razón. Análisis y textos de los bandos de la dictadura militar (LOM: 1998), 13.
⁹ Grupo de los 15, Memorándum (4 de julio de 1973). Este documento se encuentra en Patricio Carvajal (Almte.) Téngase Presente (Stgo.: 1993), 65-74, y también en Mónica González, La conjura, 501-507.
¹⁰ Ibid.
¹¹ Bando Nº 5, extraído de Libro del Gobierno 1974, primer año de la Reconstrucción Nacional (Ed. Gabriela Mistral: 1974), 9-10. Este documento se encuentra en varias fuentes, véase también M.A. Garretón et al. Por la fuerza sin la razón, 59-61.
¹² Teniente Coronel (R) Luis R. Venegas J. "Fue inevitable", Memorial del Ejército de Chile, Nº 376, enero-abril 1974, 7-9.
¹³ Gral. Gustavo Leigh G. "Ecos de un proceder", Revista de la Fuerza Aérea de Chile, Nº 129, sept.-dic. 1973, 5-6.
¹⁴ La primera cita corresponde al Vicealmirante Ismael Huerta, "Chile expone al mundo los fundamentos del pronunciamiento militar y la política exterior del nuevo gobierno" (discurso del canciller chileno, Vicealmirante Ismael Huerta ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 8 de octubre de 1973). La segunda cita en "La Junta de Gobierno define las bases de su política agraria" (discurso del General César Mendoza, al inaugurar la FISA, el 29 de noviembre de 1973); ambos en 1974. Primer año de la Reconstrucción Nacional.
¹⁵ Gral. Gustavo Leigh, "Discurso pronunciado ante dirigentes juveniles" (20 de diciembre de 1973), en La Junta de Gobierno se dirige a la juventud (Ed. Gabriela Mistral: 1974).
¹⁶ Teniente Coronel (R) Luis R. Venegas, "Fue inevitable", Memorial del Ejército de Chile, Nº 376, enero-abril 1974), 8.
¹⁷ General Oscar Bonilla El Mercurio (Stgo.), 15.9.1973.
¹⁸ El Mercurio (Stgo.), 17.09.1973, 15. El énfasis es nuestro para destacar la mirada respecto del pasado pre Unidad Popular.
¹⁹ General de Brigada Sergio Nuño, Vicepresidente de CORFO, Qué Pasa, Nº 132,2.11.1973.
²⁰ General Javier Palacios, Qué Pasa, Nº 131, 25.10.1973.
²¹ Frederick Nunn "El profesionalismo militar chileno en el siglo XX: pensamiento y autopercepción de la clase de oficiales hasta 1973", Cuadernos del Instituto de Ciencias Políticas, Nº 13, 1976. Este artículo fue reproducido por la revista del Estado Mayor del Ejército, Memorial del Ejérito de Chile, Nº 390, mayo-agosto 1976.
²² Un análisis más detallado puede encontrarse en mi artículo "Militares y política. Los jóvenes oficiales de los años sesenta. 1960-1973", Contribuciones Científicas y Tecnológicas, Nº 127, 2001.
²³ Bando Nº 5, y Teniente Coronel Venegas Jones "Fue inevitable", op. cit.
²⁴ Augusto Varas, Los militares en el poder, 33-35.
²⁵ M. A. Garretón et al. Por la fuerza sin la razón, 59, 69 y 77.
²⁶ General Gustavo Leigh G. "Discurso pronunciado ante dirigentes juveniles" (20 de diciembre de 1973), en op. cit.
²⁷ General Ervaldo Rodríguez en conversación con la autora, 14.9.2000. La importancia de la tradición en la cosmovisión militar también es resaltada por el almirante Ismael Huerta Volvería a ser marino (Ed. Andrés Bello: 1988), vol. I, 36.
²⁸ Alejandro Foxley, Experimentos neoliberales en América Latina (Estudios Cieplan, 7: 1982); Silva, op. cit.
²⁹ El Mercurio (Stgo.), 18.9.1973, 13.
³⁰ Bando Nº 5 en Garretón et al. Por la fuerza sin la razón, 61.
³¹ "Los días del poder total", en Ascanio Cavallo et al. La historia oculta del régimen militar (Stgo.: 1988), 9.
³² La llegada de los neoliberales está extensamente reseñada por Arturo Fontaine Aldunate, Los economistas y el Presidente Pinochet (Ed. Zig-Zag: 1988, 2ª edición).
³³ Eduardo Silva, "La política económica del régimen chileno", en Drake y Jaksic, op. cit.
³⁴ Tomás Moulian y Pilar Vergara, "Estado, ideología y políticas económicas en Chile: 1973-1978", Colección Estudios CIEPLAN, Nº 3, 1980, 65-120; y P. Vergara, Auge y caída del neoliberalismo en Chile (Stgo.: 1984), 21-24. La importancia atribuida a la "Declaración de Principios de la Junta de Gobierno" explica estas expresiones, a pesar que Vergara precisó, tempranamente, las diferencias e incongruencias de ciertas políticas ministeriales, dependiendo de la rama castrense que estuviera a su cargo.
³⁵ Eugenio Tironi, Los silencios de una revolución (Ed. La Puerta Abierta: 1988), 14-15.
³⁶ Paul Drake, "Corporatism and Functionalism in the Modern Chilean History", en Journal of Latin American Studies, Nº 10, 1983.
³⁷ Paul Drake reconociendo la influencia del corporativismo en Ibáñez, termina por afirmar que solo coqueteó con un fortalecimiento de los gremios –la CRAC sería el principal ejemplo–, pero nunca hizo esfuerzos reales por consagrarlo. Drake, op. cit.
³⁸ Frederick Nunn, "Militares chilenos: desarrollo institucional; relaciones cívico-militares; consideraciones de política", Cuadernos del Instituto de Ciencia Política, Nº 13, 1977.
³⁹ Sobre el estatismo económico militar, véase Augusto Varas, El proyecto político militar (Stgo.: 1984) y también mi artículo "Militares y política. Los jóvenes oficiales de los años sesenta. 1960-1973", Contribuciones Científicas y Tecnológicas, Nº 127, 2001.
⁴⁰ "Líneas de Acción de la Junta de Gobierno de Chile", en República de Chile.1974, primer año de la Reconstrucción Nacional. Este documento será más analizado en la próxima sección.
⁴¹ Esta tesis del rápido aislamiento en que se encontraron las fuerzas armadas sería parte de la explicación del alejamiento castrense de los propósitos originales de restauración. Genaro Arriagada, Por la razón o la fuerza. Chile bajo Pinochet (Stgo.: 1998), 36 y ss.
⁴² República de Chile, Declaración de Principios del Gobierno de Chile (Stgo.: 1974).
⁴³ Guillermo Campero, "Los empresarios chilenos en el régimen militar y el post-plebiscito", en Drake y Jaksic, op. cit.
⁴⁴ Mayor Carlos Durán P. "Política de tratamiento de la opinión pública", Memorial del Ejército de Chile, Nº 383, enero-abril de 1975.
⁴⁵ "Los masones en Chile", Qué Pasa, 11/17.8.1983, 21-25. Como se sabe, el general de la FACh, Alberto Bachelet era reconocidamente masón. Al respecto véase también las afirmaciones hechas por una de las hijas del general Augusto Lutz en su versión novelada de la vida militar. Patricia Lutz, Años de viento sucio (Planeta: 1999), 53 y ss.
⁴⁶ Mayor Juan D. Barriga, "Lo que debemos saber sobre seguridad y defensa nacional", Memorial del Ejército de Chile, Nº 373, mayo-agosto 1973.
⁴⁷ "La salud y el gobierno. Discurso del Sr. ministro de Salud, General de Brigada Aérea (A) Fernando Matthei Aubel, en la Convención del Consejo Regional Valparaíso-Aconcagua del Colegio Médico de Chile (30 de abril de 1976)", Revista de la Fuerza Aérea, Nº 139, vol. 35, abril-mayo 1976. El énfasis es nuestro.
⁴⁸ Exposición del general Leigh: "La juventud chilena y la realidad nacional", El Mercurio (Stgo.), 24.5.1975.
⁴⁹ Teniente Coronel Richard Neeb Gevert, "Ensayo sobre una definición del pensamiento político del oficial del Ejército de Chile", Memorial del Ejército de Chile, Nº 394, enero-abril 1977.
⁵⁰ General (r) Horacio Toro, Análisis, Nº 236, 18/24 agosto de 1988, 11.
⁵¹ En la línea de interpretar el régimen como militar, Arturo Valenzuela, "Los militares en el poder: la consolidación del poder unipersonal", en Drake y Jaksic, op. cit., 84-85. Genaro Arriagada habla de un régimen militar en el que las fuerzas armadas no tienen injerencia en la toma de decisiones. Ver La política militar de Pinochet. En el análisis de un régimen personalista, Gonzalo Vial, "Régimen militar y responsabilidades institucionales", La Segunda, 20.6.2000, 9.
⁵² Arturo Valenzuela, "Los militares en el poder", en op. cit., 60.
⁵³ General Julio Canessa R., Qué Pasa, Nº 152, 22.3.1974, 34.
⁵⁴ General Ervaldo Rodríguez en conversación con la autora el 14 de septiembre de 2000. La creación y funcionamiento del Comité Asesor en Qué Pasa, Nº 136, 30.11.1973.
⁵⁵ Arturo Fontaine A. Los economistas y el Presidente Pinochet, 73. Las discrepancias del general Medina Lois con la línea social decidida por el general Pinochet (particularmente en materia de salud) fue comentada a la autora en conversación sostenida el 9 de marzo de 2000.
⁵⁶ "Líneas de Acción de la Junta de Gobierno de Chile" (10 de marzo de 1974) en República de Chile. 1974 Primer año de la Reconstrucción Nacional.
⁵⁷ José Piñera, El cascabel al gato. La batalla por la reforma previsional (Zig-Zag: 1991), 1003. La resistencia militar al proyecto lo paralizó en sucesivas ocasiones. El incidente también es relatado por Arturo Fontaine, Los economistas y el Presidente Pinochet, 137 y ss. Entre los que se opusieron estaban el general Alejandro Medina Lois, el director general del Comité Asesor, general Roberto Guillard, cabeza de los oficiales estatistas que veían al liberalismo como "desintegrador"; el general Fdo. Lyon, auditor general.
⁵⁸ Las citas en orden correlativo: Qué Pasa, Nº 131, 25.10.1973; Nº 132, 2.11.1973, Nº 239, 20.11.1975.
⁵⁹ Pilar Vergara, Auge y caída del neoliberalismo, 28-36; Cecilia Montero, La revolución empresarial chilena (Cieplan: 1997), 134-136.
⁶⁰ Dominique Hachette, "Privatizaciones: reforma estructural, pero inconclusa", en Felipe Larraín y Rodrigo Vergara, La transformación económica de Chile (CEP: 2000), 114. Alejandro Foxley da la cifra de 507 empresas. Foxley, op. cit., 54.
⁶¹ "CORFO por dentro", Qué Pasa, Nº 132, 2.11.1973. No existe pleno consenso respecto del total de empresas, incluyendo bancos, en manos de CORFO. En otro medio se afirmó que la situación en septiembre de 1973 era: 259 intervenidas o requisadas; 202, controladas mayoritariamente por esa entidad; 20, con un porcentaje accionario que variaba entre 10% y 50%, y otras 52 de las que se poseía un 10% de su patrimonio. "El itinerario de la privatización", Cauce, Nº 13, 29 de mayo de 1984.
⁶² "CORFO por dentro", Qué Pasa, Nº 132, 2.11.1973. Algunos autores consignan un total de 325 empresas en manos de CORFO como producto de las intervenciones. Dominique Hachette y Rolf Lüders, La privatización en Chile (CINDE: 1992), 18.
⁶³ "CORFO esboza su política frente a las empresas", El Mercurio (Stgo.), 16.11.1973, 21.
⁶⁴ Arturo Fontaine, op. cit., 71.
⁶⁵ José Piñera, El cascabel al gato, 30. Nótese que esta apreciación es del año 1979, en pleno auge del neoliberalismo.
⁶⁶ Capitán Pedro Howard Fuenzalida, "La integración económica como meta del desarrollo", Memorial del Ejército de Chile, Nº 344, julio-agosto 1968.
⁶⁷ Florencia Varas, Gustavo Leigh, 67.
⁶⁸ Mónica González, op. cit., 430.
⁶⁹ Mayor Juan Barrientos Vidaurre, "La ciencia política y la seguridad nacional", Memorial del Ejército de Chile, Nº 337, mayo-junio 1967. Este mayor Barrientos es el mismo que luego integró el Comité Asesor de la Junta.
⁷⁰ La primera cita es del Teniente Coronel (E.M.) W. Dorner A. "Sobre el concepto de seguridad nacional", y la segunda en Teniente Coronel José J. Mazzeo, "Reflexiones sobre la seguridad nacional", ambos en Memorial del Ejército de Chile, Nº 378, mayo-agosto 1974.
⁷¹ "Adhesión a la Junta envuelve renuncia a la acción partidista", El Mercurio (Stgo.), 13.11.1973.
⁷² Coronel (R) Enrique Lackington Montti, "Seguridad Nacional y desarrollo socio-económico", El Mercurio, 31.10.1973, 22.
⁷³ "CORFO por dentro", Qué Pasa, Nº 132, 2.11.1973.
⁷⁴ Luis Ortega (Editor) CORFO. Cincuenta años de realizaciones (Stgo.: 1989), 226.
⁷⁵ Florencia Varas, Gustavo Leigh, 67.
⁷⁶ "Desestatizando a toda máquina?", Qué Pasa, Nº 154, 5.4.1974; " Progreso en libertad económica", Qué Pasa, Nº 190, 12.12.1974.
⁷⁷ Mónica González: La conjura, 448.
⁷⁸ Arturo Aldunate, Los empresarios y el Presidente Pinochet, 70; Qué Pasa, Nº 162, 31.5.1974, 10.
⁷⁹ Dominique Hachette-Rolf Lüders, La privatización en Chile (CINDE: 1992), 16; también en Dominique Hachette "Privatizaciones: reforma estructural, pero inconclusa", en Felipe Larraín-Rodrigo Vergara (Editores), La transformación económica de Chile (CEP: 2000), 118. El número de empresas vendidas, El Mercurio, julio 1977, Informe Económico.
⁸⁰ D. Hachette, "Privatizaciones: reforma estructural, pero inconclusa", en Felipe Larraín y Rodrigo Vergara, op. cit., 115.
⁸¹ El Mercurio (Stgo.), 23.02.1975; Qué Pasa, 17.09.1974.
⁸² Cecilia Montero, op. cit., 136-137; Arturo Fontaine, op. cit, 94 y 98.
⁸³ El Mercurio (Stgo.), 31.1.1975 y 2.3.1975.
⁸⁴ Qué Pasa, 8.5.1975; El Mercurio (Stgo.), 19 y 30.4.1975.
⁸⁵ El Mercurio (Stgo.), 24.9.1975, 21 y 22.10.1975. También "Informe Económico", julio 1977.
⁸⁶ Foxley, op. cit., 48 y ss; C. Montero, op. cit., 136-137; Silva, op. cit., 197 y ss.
⁸⁷ "Proseguirá traspaso de empresas CORFO", El Mercurio (Stgo.), 1.11.1975, 1.
⁸⁸ Qué Pasa, Nº 239, 20.11.1975; El Mercurio (Stgo.), 1.11.1975, 8.
⁸⁹ ¿Qué fue de las empresas del Estado?, El Mercurio, 8.7.1976, 7.
⁹⁰ Fontaine, op. cit., 105. El autor relata un incidente ocurrido entre el Comité Asesor y los economistas neoliberales que pretenden cumplir su proyecto a cabalidad, a lo cual los militares ofrecen resistencia: "En todo este período, los militares desempeñan el papel moderador que el país requiere... El Presidente mantiene a sus hombres balanceados entre sí...: ‘Ud. no puede ganarlas todas’, le dice un día el Presidente a De Castro, con ocasión de haberle negado una petición en que el hombre se empeñó a fondo", 105-106.
⁹¹ Qué Pasa, Nº 343, 17.11.1977, también Nº 297, 30.12.1976.
⁹² "Informe económico", El Mercurio, julio de 1977 y 27.2.1980.
⁹³ Florencia Varas, op. cit., 63.
⁹⁴ Hachette y Lüders, op. cit., 75-76; Hachette "Privatizaciones: reforma..", 118.
⁹⁵ Luis Ortega et al., op. cit.
⁹⁶ Sergio Marras, Palabra de soldado (Ornitorrinco: 1989), 144.
⁹⁷ Estas citas fueron extraídas de las fuentes que aquí se señalan, en forma correlativa: El Mercurio (Stgo.), 16.10.1973; Qué Pasa, Nos. 128, 4.10.1973; Nº 162, 31.5.1974; Nº 178, 17.9.1974; Nº 236, 30.10.1975; Nº 254, 4.3.1976; Nº 300, 20.1.1977. El énfasis es nuestro.
⁹⁸ General (R) Ervaldo Rodríguez, en conversación con la autora, 14 de septiembre de 2000.
⁹⁹ Revista de la Fuerza Aérea de Chile, Nº 84, enero-marzo de 1962.
¹⁰⁰ Discurso del Comandante en Jefe, Revista de la Fuerza Aérea de Chile, Nº 96, enero-marzo 1965.
¹⁰¹ General (R) Alejandro Medina Lois en conversación con la autora, 25 de enero de 2000.
¹⁰² Exposición del general Gustavo Leigh, "La juventud chilena y la realidad nacional", El Mercurio (Stgo.), 24.5.1975, 2.
¹⁰³ Discurso en la Universidad del Norte. General Leigh: "Hay quienes quieren sacar provecho personal y político", El Mercurio (Stgo.), 31.5.1975, 28.
¹⁰⁴ Sobre los complot, Mario Valdés, "Conspiración en contra del Presidente de Chile Gabriel González Videla. La manipulacón del descontento militar (1948); Verónica Valdivia O. de Z., "Nacionalismo, Ibañismo, Fuerzas Armadas: ‘Línea Recta’ y el ocaso del populismo", Contribuciones Científicas y Tecnológicas, Nº 116, 1997. Respecto de los movimientos de los sesenta, Augusto Varas Chile, Democracia, Fuerzas Armadas (Stgo.: 1980), Cap. IX; Verónica Valdivia, "Camino al golpe: el nacionalismo a la caza de las fuerzas armadas", Serie de Investigaciones, Nº 11, 1996.
¹⁰⁵ Sobre estas corrientes al interior de las fuerzas armadas, Verónica Valdivia O. de Z., "Militares y política. Los jóvenes oficiales de los años sesenta: 1960-1973", Contribuciones Científicas y Tecnológicas, Nº 127, 2001. Las citas pueden encontrarse en: "La integración económica como meta para el desarrollo", Memorial del Ejército de Chile, Nº 344, julio-agosto de 1968; " Las relaciones públicas y las relaciones internacionales", Revista de la Fuerza Aérea, Nº 88, enero-marzo de 1963; Nº 94-95, julio-diciembre de 1964.
¹⁰⁶ El Mercurio (Stgo.), 13 y 15.4.1975.