Límites constitucionales a la función administrativa de control como instrumento para la provisión de justicia

• Autores: Jorge Agudo González
• Localización: Las vías administrativas de recurso a debate: actas del XI Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo. Zaragoza, 5 y 6 de febrero de 2016 / coord. por Fernando López Ramón, 2016, ISBN 978-84-7351-528-5, págs. 611-621
• Idioma: español
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    Hablar de justicia administrativa evoca de forma inmediata formas de control externo monopolizadas en la Jurisdicción contencioso-administrativa. No obstante, el sistema de justicia administrativa deducible de la Constitución tiene una configuración más amplia y, de hecho, debe ser calificado como un sistema flexible, en el que la función administrativa de control tiene un papel relevante y creciente, sin perjuicio de admitir que la optimización de la provisión de justicia se encuentre siempre en el control jurisdiccional. Admitir la constitucionalidad de este planteamiento y del consecuente protagonismo de la función administrativa de control exige, sin embargo, determinar cuáles deben ser los límites a ese teórico «expansionismo» de los controles administrativos dirigidos a proveer justicia. Abordando el tema desde los arts. 24 y 117 de la Constitución, puede llegarse a la conclusión de que la Constitución otorga un margen suficiente al legislador para configurar el «diseño» de ese sistema de justicia administrativa, siempre y cuando se trate de la previsión de mecanismos de control contingentes (en el sentido de que respeten el carácter necesario y exclusivo de los controles externos jurisdiccionales), no definitivos o revocables (en cuanto compatibles con el carácter exclusivo de la función jurisdiccional) y especializados (conformes con el carácter plenario de la jurisdicción).

  • English

    Administrative justice evokes judicial review. However, the system of administrative justice has a wider constitutional configuration. In fact, such a system must be regarded as a flexible system. In this system of administrative justice, the administrative controls have a significant and increasing role, without prejudice admitting that judicial review optimizes justice provision. The constitutionality of this approach requires determining what should be the limits to this theoretical «expansionism» of administrative controls as a source of administrative justice. Taking into account Articles 24 and 117 of the Constitution, it can be concluded that those constitutional provisions give the legislature a relevant margin of action to set up the legal «design» of this system of administrative justice. In any case, those margins of action have clear limits: the legislature can only provide for contingent control mechanisms (because these controls must respect a necessary and exclusive judicial review), specialized control mechanisms (compatible with the exclusive nature of the judicial review) and non-definitive or revocable control mechanisms (in accordance with the plenary nature of the judiciary).