LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE AMÉRICA LATINA: UNA INTERRELACIÓN DIALÉCTICA

José Antonio Segrelles Serrano
Depto. de Geografía Humana – Universidad de Alicante
ja.segrelles@ua.es

La Política Agrícola Común de la Unión Europea y la soberanía alimentaria de América Latina: una interrelación dialéctica (Resumen)

Las estrategias productivas y comerciales de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea (UE) se relacionan de forma dialéctica con el progresivo deterioro de la soberanía alimentaria de América Latina. Por medio de la PAC, la UE ha impulsado y apoyado un sistema agroalimentario insostenible que causa graves impactos económicos, sociales y ambientales en los países latinoamericanos. El mantenimiento del modelo de consumo europeo basado en la carne y otras proteínas de origen animal y el alcance de la próxima reforma de la PAC encaminada a producir menos y comprar más a bajo precio en los mercados mundiales supondrá un renovado ciclo de explotación de los recursos naturales latinoamericanos, fenómeno que conllevará una sustitución aún mayor de los cultivos de consumo humano por las materias primas de exportación, el aumento de la deforestación y la destrucción de los ecosistemas, el auge del monocultivo, el desplazamiento de los pequeños campesinos, el incremento de la pobreza rural, la agudización de la desnutrición y el hambre, el crecimiento de la inseguridad alimentaria y la pérdida de la soberanía alimentaria de los pueblos.

The European Union’s Common Agricultural Policy and Latin America’s Food Sovereignty: A Dialectical Interrelation (Abstract)

The productive and commercial strategies laid down by the European Union’s (EU) Common Agricultural Policy (CAP) are dialectically related to the gradual deterioration of food sovereignty in Latin America. By means of the CAP, the EU has promoted and championed an unsustainable food and agriculture system with serious economic, social and environmental drawbacks in Latin American countries. Maintaining the European consumption pattern based on meat and other animal proteins, alongside the scope of the forthcoming CAP reform –which involves producing less and buying more at lower prices in global markets– will bring about a renovated cycle of exploitation of Latin America’s natural resources, which will, in turn, lead to the replacement of even more crops for human consumption with raw materials for export, the increase of deforestation and the destruction of ecosystems, the rise of monoculture, the displacement of small farmers, the increase of rural poverty, the worsening of malnutrition and hunger, the increase of food insecurity, and the loss of food sovereignty for the people.

Introducción

Desde la creación de la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1957 por medio del Tratado de Roma, la Unión Europea (UE)[1] ha profundizado la contradicción existente entre sus aplaudidas ayudas oficiales y de cooperación al desarrollo y la ejecución de políticas concretas que actúan en sentido contrario al publicitado y con nefastas consecuencias para la economía, la sociedad y el ambiente de los países empobrecidos a los que en teoría ayuda.

Tanto la UE en su conjunto como los diferentes Estados miembros tienen a gala el hecho de ser líderes mundiales de la solidaridad con los más desfavorecidos y necesitados del mundo. Incluso países como Dinamarca, Suecia o Finlandia destinan el 0,7% de su Producto Interior Bruto (PIB) a la ayuda oficial para el desarrollo. En otros, como España, la concesión de ese 0,7% constituye una reivindicación antigua de varios colectivos sociales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Sin embargo, toda la ayuda prestada, con dinero público que procede de los impuestos de los contribuyentes, se diluye ante la fuerza de simples decisiones políticas que establecen normas y leyes capaces de perturbar las economías de las naciones dependientes, deteriorar sus ecosistemas, arruinar a determinados sectores económicos o sumir en la miseria a amplias capas de la población. En numerosas ocasiones, la cooperación oculta la imposición de determinadas políticas y la dependencia en la que caen las naciones que reciben las ayudas[2]. Por supuesto, estas políticas se suelen diseñar para beneficio exclusivo de las grandes empresas transnacionales de actuación global y para que los países ricos donantes puedan seguir controlando a los empobrecidos receptores.

En consecuencia, no tiene ningún sentido destinar fondos para el desarrollo de la agricultura y las comunidades rurales latinoamericanas[3] y, por otro lado, ejecutar políticas que impiden ese mismo desarrollo por medio del levantamiento de obstáculos para el acceso de sus productos agropecuarios al mercado europeo, el fomento de la agroindustria y el monocultivo en detrimento de la agricultura campesina o la condena que representa para estos países la obligación de orientar sus producciones hacia lo que demandan los mercados internacionales y no para el consumo local. Estas estrategias no tienen sentido desde una perspectiva social y ética, pero sí tienen lógica, y mucha, desde el punto de vista capitalista y neoliberal, pues su naturaleza inmanente se ve reforzada por las acciones de la UE en franca connivencia con ciertos organismos internacionales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC)[4], el Banco Mundial (BM)[5] o el Fondo Monetario Internacional (FMI)[6], y con las propias oligarquías locales.

En efecto, esto es lo que ocurre precisamente con la Política Agrícola Común (PAC)[7], cuyas bases ya fueron diseñadas y fijadas en la Conferencia de Stressa en 1958. La PAC y el modelo de consumo alimentario que ha conformado e impulsado en la sociedad europea trascienden el mero ámbito comunitario y repercuten directa o indirectamente en América Latina por los estrechos vínculos comerciales, económicos y culturales existentes y al amparo de la mundialización de la economía y de la progresiva liberalización en los intercambios comerciales.

Aparte de los efectos causados por la propia potencia económico-mercantil que representa la UE, sus políticas agrarias tienen una capacidad sin parangón para crear desequilibrios, desigualdades, exclusiones y dependencias desde los puntos de vista económico, social, ambiental y territorial. Por lo tanto, se puede decir que la PAC y el patrón de consumo agroalimentario predominante en la UE, por un lado, y el auge del agribusiness, la crisis de la agricultura campesina, el fomento de la producción agropecuaria orientada a los mercados internacionales, la pobreza rural y la pérdida de la soberanía alimentaria en Latinoamérica, por otro, son términos equivalentes de una misma ecuación de injusticia, inequidad y exclusión y factores que se interrelacionan de forma dialéctica.

El artículo se estructura en tres grandes apartados. En el primero de ellos se plasma una aproximación a la PAC y a sus sucesivas reformas (1992, 1997, 2003 y 2008), con especial atención al futuro inmediato de esta política y a las consecuencias que su desmantelamiento tendrá en la agricultura y los espacios rurales latinoamericanos.

El segundo gran apartado se dedica al estudio del comercio exterior de materias primas y productos agroalimentarios de América Latina, pues unas exportaciones basadas todavía en la venta de materias primas agropecuarias en los mercados internacionales y unas importaciones en las que predominan los alimentos básicos se combinan para generar inseguridad, dependencia y pobreza. Para comprender mejor el alcance de este fenómeno se recurre a diferentes datos estadísticos alusivos  no sólo a los flujos de compra-venta de productos agroalimentarios de los países latinoamericanos, sino también a otros indicadores, como es el caso de la deuda externa o la variación de las áreas cosechadas de diversos cultivos. Dentro de este epígrafe se dedica especial atención al comercio agroalimentario entre Latinoamérica y la UE, donde la PAC impulsa un renovado intercambio desigual entre ambas áreas.

Por último, en el tercer apartado se analiza la influencia que ejerce la PAC en la soberanía alimentaria de América Latina hasta ponerla en entredicho, proceso que tiene repercusiones concluyentes sobre la desnutrición, la pobreza rural, la deforestación y el deterioro ambiental de los países de la región.

La metodología utilizada es dialéctica, toda vez que se parte de una visión determinada del mundo y de las sociedades humanas, basada en el carácter contradictorio de lo real. Para ello se aplican diversos razonamientos fundamentales destinados a destacar lo esencial y a descubrir la estructura interna, la evolución y las interrelaciones de los procesos, de forma que conduzcan a la demostración de la hipótesis de partida, esto es, que la PAC y el modelo de consumo europeo, tanto directa como indirectamente, generan pobreza, carencias nutritivas, contaminación ambiental, agotamiento de los recursos naturales y pérdida de soberanía alimentaria en las naciones latinoamericanas, sobre todo si las políticas europeas agrorrurales se desmantelan al dictado de los grandes grupos transnacionales que controlan la alimentación mundial.

Una aproximación a la PAC y sus reformas

Como es sabido, la PAC ha sido el soporte fundamental sobre el que se ha apoyado la progresiva construcción europea y la única política verdaderamente común a todos los países miembros. La agricultura en la UE está regulada por la PAC, cuyo objeto inicial fue la mejora de la agricultura, la consecución de un equilibrio territorial y la cohesión socioeconómica de las diferentes regiones de los países fundadores mediante el fomento de la actividad agraria.

La finalidad principal de la PAC en el momento de su fundación fue asegurar el abastecimiento alimentario de los países europeos tras la situación de carestía que había sufrido Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Para ello se establecieron a partir de 1962 los fondos y ayudas del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrarias (FEOGA) con los que se conseguía el mantenimiento de los precios de las producciones agrarias.

La PAC constituye una estrategia de intervención pública europea cuya función principal fue promover la consolidación del desarrollo social y económico de las áreas rurales y garantizar el autoabastecimiento de los productos agrarios de acuerdo con los siguientes principios básicos: la unidad del mercado europeo, la preferencia europea de la producción y la solidaridad financiera entre los Estados miembros. Al mismo tiempo perseguía cinco objetivos fundamentales: el aumento de la productividad en las explotaciones agropecuarias, la garantía de sostenimiento para las rentas de los agricultores, la estabilización de los mercados, el mantenimiento del suministro a precios razonables para los consumidores y la seguridad en el abastecimiento alimentario.

Con estas premisas y a la luz de los hechos es fácil deducir el notable acierto que ha representado la PAC para la agricultura y el medio rural europeos. Con todo, sus éxitos, que muy pronto convirtieron a la UE en el segundo exportador mundial de materias primas y productos agroalimentarios y a la agricultura en una actividad protegida y subvencionada, se volvieron contra la propia Comunidad con el paso del tiempo y la evolución de la economía mundial, pues cada vez ha sido más cuestionada debido a la conjunción de factores exógenos y endógenos de diferente signo: los enormes gastos presupuestarios, la generación crónica de excedentes, las protestas continuas de los países agroexportadores (tanto los desarrollados como los subdesarrollados), las represalias por parte de Estados Unidos y del Grupo de Cairns, las presiones constantes por parte de los organismos económico-financieros (FMI y BM) y mercantiles (OMC) internacionales, la erosión del suelo y la creciente contaminación del aire, la tierra y las aguas, entre otros efectos negativos.

Todos los problemas mencionados arriba, aunque de manera fundamental las presiones internacionales, los excedentes crónicos y los insostenibles gastos financieros del FEOGA-Garantía, obligaron a reformar la PAC en 1992 y a cambiar el tradicional discurso productivo y agrario por otro de tipo sostenible y rural, que se apoya en una serie de estrategias como la multifuncionalidad del medio rural, la pluriactividad de los agricultores, el desarrollo rural sostenible, el respeto ambiental y la calidad de los alimentos, entre otros (Segrelles, 2007 a).

Detrás de cada modelo de agricultura reside un modelo teórico o paradigma que lo fundamenta y sustenta. Este paradigma no es único ni estable y desde comienzos de la década de los años cincuenta del siglo XX ha experimentado, en el caso europeo, una nítida evolución desde los enfoques netamente productivos, centrados en la modernización y rentabilidad de la agricultura, hasta los esquemas actuales que abogan por una consideración integral, global, interrelacionada, sostenible y multifuncional de los espacios rurales.

Tras la reforma de 1992, el objeto de la PAC estriba en el  mantenimiento de la eficiencia productiva y la competitividad de la agricultura europea en los mercados internacionales mediante la reducción de las producciones, los excedentes y los gastos presupuestarios. Según J. Romero y J. Farinós (2004), este cambio en la política agraria se sustenta en el establecimiento de diversos incentivos económicos para la reducción de la producción de alimentos con el fin de disminuir los excedentes generados por las explotaciones agrícolas industrializadas y sostener las áreas rurales tradicionales, donde la función social y económica de la agricultura es cada vez menor.

La primera reforma de la PAC coincide en el tiempo (1992) con la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, también conocida como Cumbre de Río. Aquí es donde se utiliza por primera vez el concepto de multifuncionalidad aplicado a la agricultura y a los espacios rurales. A partir de este hito proliferan los estudios y las aproximaciones teóricas a dicho concepto, al mismo tiempo que su utilización es cada vez más frecuente en los foros internacionales, como es el caso de la celebración del quincuagésimo aniversario de la creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación–FAO[8] (Declaración de Québec, 1995) y de la Declaración de Ministros de la OCDE en 1998.

La UE asume rápidamente el concepto de multifuncionalidad rural como bandera de su reforma de la PAC en 1992, concepto que se consolida y difunde con la Declaración de Cork en 1996 y con la llamada Agenda 2000 un año después, documento que establecía las bases económicas y financieras de la UE para el periodo 2000-2006.

Los países miembros de la UE aprobaron la Declaración de Cork en noviembre de 1996. Se trata de un acuerdo en el que se establecía la necesidad de cambiar los vigentes pagos compensatorios a los agricultores por unas nuevas líneas de ayudas directas. Las pautas básicas de la Declaración de Cork establecían que las nuevas políticas europeas debían sustentarse en la diversificación, la simplificación, la sostenibilidad y el enfoque integrado de las políticas de desarrollo rural. Es decir, esta Declaración constituye de hecho el inicio de los debates europeos sobre el cambio de paradigma en la PAC y el comienzo de una política rural bajo el criterio de la multifuncionalidad. Con este nuevo enfoque se pretendía combinar la función productora de alimentos con otras actividades que garantizaran el mantenimiento del tejido social, la conservación del medio natural y la mejora de las condiciones de vida y trabajo de la población rural. Estos cambios implicaban que el medio rural asumiría la doble función de producción de bienes tangibles para el mercado y de bienes públicos o servicios inmateriales vinculados al bienestar de los ciudadanos y al respeto ambiental.

En un contexto claro de lucha contra los excedentes y los insostenibles gastos de la política agraria, por un lado, y el progreso de la mundialización de la economía y de la liberalización comercial en el planeta, por otro, la Agenda 2000 (1997) surge como un intento claro de adaptación al nuevo impulso del capitalismo mundial mediante la reducción de las producciones (política de cuotas) y de los precios subsidiados (política de ayudas directas a las rentas de los agricultores). Para ello es imprescindible profundizar la reforma de la PAC de 1992.

El efecto inmediato de esta reforma ha sido la eliminación no sólo de las explotaciones marginales, sino también de aquellas menos dotadas para la feroz competitividad existente y que no son útiles al sistema. La tecnología agropecuaria actual permite que unas cuantas empresas dominen la producción y sean capaces de abastecer las necesidades alimenticias de la población. Y en cualquier caso siempre se pueden importar productos agroalimentarios a bajo precio desde los países subdesarrollados, que es la estrategia que en la actualidad sigue la UE bajo la presión de la OMC y de las grandes corporaciones transnacionales de la distribución agroalimentaria organizada (Segrelles, 2010 a).

Igual que había sucedido con la reforma de la PAC de 1992, la nueva reforma de 2003 se produjo en los años inmediatamente previos al final de la ronda de negociaciones de la OMC. Esta coincidencia dejaba también entrever las medidas concretas propuestas y, sobre todo, las realmente aprobadas en junio de 2003. Los imperativos del crecimiento económico y el empleo conduce tanto a Estados Unidos como a la UE hacia una estrategia clara: aumentar las exportaciones de servicios y productos industriales aunque ello suponga importar más productos alimenticios. Se puede decir que en términos generales este ha sido el principal objetivo de las sucesivas reformas de la PAC desde 1992, de las modificaciones de la Ley Agrícola de Estados Unidos (Farm Bill) desde 1996  y del acuerdo sobre agricultura acordado en el seno de la OMC y que se inicia a partir de 1995.

La PAC favorece e impulsa la producción para la exportación y la competencia en los mercados mundiales, puesto que su estructura nuclear no ha cambiado en lo esencial desde su fundación en 1957, según P. Galindo (2009). Esta política agraria persigue favorecer a los productos agroalimentarios de la UE en todos los mercados mediante diversos mecanismos, como es el caso de los precios de intervención mínimos, los derechos de aduana para proteger sus producciones frente a la competencia de países terceros y las restituciones a la exportación con el objeto de mejorar la competitividad de los productos propios en los mercados internacionales. La PAC, por lo tanto, propicia un modelo contradictorio y antagónico de agricultura, donde se favorece el crecimiento constante de la productividad y a las explotaciones de mayores dimensiones, más intensivas y más capitalizadas, mientras que por otro lado margina a los agricultores familiares aunque su discurso oficial sostenga que los defiende y que constituyen el norte que orienta sus estrategias. La lógica que alienta la PAC desde sus primeros pasos es idéntica a la que mueve a la OMC, es decir, la liberalización comercial de todo tipo de bienes y servicios y la búsqueda de la modernización a ultranza del sector agropecuario con el fin de aumentar la productividad y anteponiendo este hecho a cualquier otra consideración de tipo ambiental, territorial o social.

La nueva PAC, aprobada por el Consejo de Ministros de Agricultura en junio de 2003, se articula, según M. Soler (2005), mediante tres instrumentos: el desacoplamiento o disociación de las ayudas, la (eco) condicionalidad agraria y la modulación de las ayudas. A esto se unen nuevos principios de funcionamiento: la flexibilidad y la disciplina presupuestaria. Estas medidas no son ajenas en absoluto a las más recientes negociaciones de la OMC, pues siguen sus dictados casi de forma literal.

Las ayudas que persisten se encuentran cuestionadas porque las grandes firmas transnacionales las utilizan para exportar por debajo de los costes de producción, lo que provoca un dumping de consecuencias funestas para las explotaciones campesinas de todo el mundo. De este modo es como la PAC se erige como un instrumento decisivo que no sólo mediatiza y controla las agriculturas de su área de influencia inmediata, sino que de manera indirecta marca la evolución y condiciona al sector agropecuario de países lejanos, como sucede con los de América Latina, donde incluso puede llegar a determinar, en virtud de la connivencia con la OMC y los organismos monetario-financieros internacionales, el mayor o menor grado de pobreza campesina de estas naciones, la orientación e intensidad de sus producciones o la integridad de sus ecosistemas y recursos naturales. Pese al recorte presupuestario y al predominio de los discursos oficiales de tipo ambiental, sostenible y multifuncional, la PAC sigue defendiendo un modelo agrario de elevada productividad para mantener la eficacia económica de su agricultura y la competitividad en los mercados mundiales. Asimismo, la PAC continúa manteniendo un alto grado de protección agropecuaria, si bien es cierto que bajo una nueva retórica de sostenibilidad, multifuncionalidad y pluriactividad campesina, al mismo tiempo que consolida los desequilibrios territoriales tradicionales y continúa apoyando a las grandes explotaciones y a las producciones continentales. Estos nuevos conceptos sobre los que gira la agricultura europea sirven de hecho para legitimar, mediante fundamentos aceptables para la sociedad y para la OMC, la permanencia de una política agraria renovada.

Uno de los desafíos más importantes a los que debe hacer frente la nueva PAC está relacionado con los mercados agrarios mundiales, pues se encuentran en la actualidad ante una perspectiva de fuerte crecimiento con precios remuneradores. Los precios de la PAC muestran unos niveles demasiado elevados que impiden el cumplimiento de los compromisos internacionales de la UE, así como la posibilidad de beneficiarse de la expansión del mercado internacional, de forma que se plantean de nuevo algunos problemas ya tradicionales, como sucede por ejemplo con la probable reaparición de los excedentes y los gastos presupuestarios insoportables. Además, se corre el riesgo de perder posiciones en los mercados mundial y comunitario, extremo que preocupa sobremanera a la UE pese al discurso oficial que aboga por la sostenibilidad, el respeto ambiental y la defensa de las explotaciones familiares.

Del mismo modo, la UE debe preparar sus sectores agropecuario y agroalimentario para poder afrontar las negociaciones internacionales en el marco de la OMC, concretando los límites que esté dispuesta a aceptar. Aquí entran en conflicto los intereses contrapuestos de los diferentes grupos de presión y su distinta capacidad de influencia sobre las decisiones de la Comisión Europea, pues no es igual la fuerza moderada de las organizaciones agrarias que defienden a la explotación familiar que el enorme poder de los grandes grupos de la distribución agroalimentaria que luchan por conseguir una mayor liberalización comercial en el mundo y el fin de las subvenciones agrícolas en la UE para poder importar materias primas y productos agroalimentarias a bajo precio procedentes de países terceros. Existe, por lo tanto, un enfrentamiento dialéctico porque las políticas y estrategias que benefician a unos son precisamente las mismas que perjudican a los otros.

Como la reforma de la PAC de 2003 fue incompleta se pactó una revisión de la misma a medio plazo. De ahí que en noviembre de 2007 la Comisión Europea propusiera el “chequeo” de la reforma de la PAC al Parlamento Europeo mediante el documento titulado Preparándose para el “chequeo” de la reforma de la PAC (COM, 2007/0722)[9], iniciativa que fructificó con la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2008, sobre el “chequeo” de la reforma de la PAC (2007/2195). Esta estrategia no modificaba los principios básicos de la reforma de 2003, al mismo tiempo que pretendía adaptar el pago único de la PAC a la UE de 27 miembros y al nuevo contexto internacional, según manifiesta D. García Brenes (2009).

El futuro de la PAC: ¿Una vuelta al pasado?

La disociación de las ayudas agrarias de la mera producción, la (eco) condicionalidad agraria y la modulación de las ayudas al campo, ejes principales de la reforma de la PAC de 2003 y de su revisión en 2008, han puesto de manifiesto una vez más las contradicciones en las que incurre la UE, pues una cosa son las buenas intenciones y los discursos oficiales y otra muy distinta las políticas reales que se ejecutan.

La falsa ruptura con el tradicional productivismo agrario de la PAC y el camuflado desvío de las ayudas a las explotaciones de grandes dimensiones obligará a que todas las unidades de producción aumenten su productividad, lo que supondrá una mayor producción destinada a los mercados internacionales y un control más estrecho de éstos por parte de la UE. Es probable que las medidas de tipo ambiental funcionen más como obstáculo para que los productos agroalimentarios de los países subdesarrollados puedan acceder al mercado europeo que como un verdadero instrumento de respeto ecológico. Por otro lado, las ayudas, desde el momento en que no se reparten con prioridad entre los que más las necesitan, es decir, los agricultores familiares, son aprovechadas de manera muy eficiente por la agroindustria y las grandes empresas comunitarias de exportación para vender en los mercados internacionales por debajo de los costes de producción, hecho que consolida la clásica competencia desleal de los productos agroalimentarios europeos y perjudica sin remisión a la agricultura campesina de los países subdesarrollados. Además, la propia Comisión Europea reconoce que el 80%  de las ayudas van a parar a sólo el 20% de los productores (García Brenes, 2009).

Resulta evidente, entonces, que quienes más y mejor rentabilizan las aperturas de los mercados son las corporaciones transnacionales de la gran distribución agroalimentaria organizada (Segrelles, 2010 a). Incluso, como indica J. Berthelot (2000), las reformas agrarias de la UE, que en realidad intentan adaptar el sector a un comercio internacional libre de trabas aduaneras y de subvenciones agrícolas proteccionistas, han sido puestas al servicio de las grandes compañías agroalimentarias europeas a las que no les mueve precisamente la solidaridad y cohesión comunitarias ni el altruismo de un comercio mundial más justo, sino el interés por comprar las materias primas que utilizan o los productos frescos que distribuyen al precio más bajo posible, invocando para ello un discutible interés por parte de los consumidores.

Ante todos los problemas causados por las políticas agrarias europeas, conniventes con la OMC, en su propio territorio y en los países empobrecidos, no faltan voces que abogan porque la PAC regrese a sus principios fundacionales: la unidad de mercado, la solidaridad financiera, la preferencia comunitaria, la regulación de precios y mercados para garantizar unos ingresos estables a los agricultores y la seguridad alimentaria (Cassen 2008). Aunque eso sí, respetando el ambiente y con una modulación justa de las ayudas. Estos planteamientos tienen mucho que ver con la reciente alza de los precios de los productos agroalimentarios y la consiguiente pauperización para la vida de millones de personas en el mundo. Dicha crisis alimentaria ha sorprendido a la PAC en medio de una de sus reformas más profundas, tras los decisivos cambios del año 2003 y el horizonte establecido en 2013 para concluir el proceso de desprotección y eliminación subrepticia de la agricultura familiar y social. Sin embargo, los imperativos actuales deberían aconsejar una rectificación de los objetivos más recientes de la PAC para que el hambre, la desnutrición y la pobreza no hipotequen la vida de amplias capas de la población mundial.

No cabe demasiado optimismo al respecto porque, como señala B. Cassen (2008), la ceguera de las autoridades europeas es de naturaleza ideológica, pues para ellas ningún sector de actividad debe escapar a las leyes del mercado y de la competencia, inclusive la agricultura, olvidando que este sector no ofrece las condiciones de un verdadero mercado: la oferta es volátil (como consecuencia de la influencia de los factores climáticos), mientras que la demanda es relativamente rígida y previsible. No se puede conceder a los mecanismos del mercado la supervivencia física de miles de millones de personas. Como indica este autor, la agricultura debería ser excluida de las reglas y negociaciones de la OMC, ya que no se necesita más mercado, sino más regulaciones nacionales, regionales e internacionales del mismo. Tal vez así esta nueva PAC reformulada y fiel a sus orígenes pudiera servir de referencia a una política agrorrural mundial.

Sin embargo, las autoridades de Bruselas no sólo no han considerado en ningún momento regresar a los orígenes de la PAC, sino que están decididas a modificar la distribución de los fondos comunitarios a partir de 2014, lo que de hecho supondría el desmantelamiento de esta política, ya que respecto al sector agrario se plantean la eliminación de los mecanismos para regular los mercados, la reducción a la mínima expresión posible de los excedentes de seguridad alimentaria, la sustitución del sistema actual de pagos según los derechos históricos por otro de tipo agroambiental y el recorte de los pagos directos para desviar estos fondos hacia las medidas de desarrollo rural.

Es decir, se trata de eliminar toda la filosofía por la que fue creada la PAC sin tener en cuenta que las nuevas estrategias rurales están produciendo en la UE un auténtico desorden territorial de la producción, ya que el discurso ambiental, así como el del desarrollo rural, constituye un disfraz que no puede ocultar por más tiempo el movimiento de fondo hacia la liberalización de los mercados agrícolas y la selección y especialización de las explotaciones más competitivas, dejando de lado, por supuesto, a las unidades de producción familiares.

Por su parte, España, que presidió la UE durante el primer semestre de 2010, quiso aprovechar esta situación para rechazar las pretensiones de la Comisión Europea, pues se argumentaba que la modificación en la distribución de los fondos propugnada por  Bruselas supone el fomento de un modelo que da la espalda a la crisis agroalimentaria global y a la consideración de la agricultura como un sector estratégico. España se planteaba si Bruselas quería mantener el actual modelo productivo o si, por el contrario, lo que buscaba en materia de seguridad alimentaria era trasladar las compras y las inversiones a terceros países, como ya están haciendo otras potencias económicas.

Por lo que respecta a América Latina, la reforma de la PAC a partir de 2014, que implicará una rebaja de las ayudas directas a las explotaciones agrarias europeas, el desmantelamiento de los mecanismos reguladores de los mercados, la supresión de los precios mínimos y de las cuotas de producción y, sobre todo, la firma de acuerdos económico-comerciales entre la UE y ciertos bloques regionales, como el MERCOSUR (Segrelles, 2004), y la apertura de las fronteras comunitarias para los productos agroalimentarios baratos latinoamericanos, representará un incentivo sin precedentes para la producción agroalimentaria de muchos países de la región que no beneficiará a la agricultura campesina local por paradójico que parezca. Más bien sucederá al contrario, pues el acicate exportador para responder a la ingente demanda europea contribuirá al desarraigo de los agricultores familiares, al impulso del agronegocio y del monocultivo depredador, a la pobreza rural, al deterioro del patrimonio natural, a la deforestación y avance de la frontera agropecuaria y al aumento de la inseguridad alimentaria. Y todo ello para el exclusivo beneficio de la oligarquía terrateniente local, los operadores comerciales extranjeros y autóctonos y las corporaciones agroalimentarias transnacionales que invierten y producen en Latinoamérica, como sucede en el caso de empresas como Cargill, Continental, Unilever, Monsanto, Syngenta, Del Monte, Nestlé, United Brands, Archer Daniels Middland o Carrefour.

El comercio exterior de materias primas y productos agroalimentarios de América Latina

Como se ha indicado arriba, la PAC del futuro inmediato (2013-2014) desmantelará los mecanismos que durante décadas han regulado los mercados europeos y suprimirá los precios de intervención y las ayudas directamente vinculadas a la producción, abandonando a la agricultura a su suerte, o lo que es lo mismo, dejándola expuesta todavía más a los vaivenes del mercado, como sucede con cualquier otra mercancía.

Esto no significa que la UE vaya a desinteresarse por las agriculturas más productivas del centro y el norte del continente que se orientan hacia el comercio exterior, pues las explotaciones  y productos europeos más competitivos seguirán teniendo una presencia significativa en los mercados internacionales, fundamentalmente por lo que respecta a los bienes con un elevado grado de elaboración. Serán las unidades de producción de tipo familiar las que sufran las consecuencias de la aplicación de la nueva PAC o incluso de su desaparición como tal política agropecuaria común.

En cualquier caso, la falta de subvenciones, precios mínimos y otros estímulos productivos supondrá la eliminación de los clásicos excedentes (muy útiles en épocas de escasez y precios altos) y un ahorro notable para las arcas comunitarias, pero también llevará consigo una ausencia de incentivos para la producción agropecuaria y carencias en el abastecimiento alimentario, en cantidad y variedad, de los mercados europeos. Esta carestía deberá ser cubierta con importaciones desde terceros países. A este respecto, una fuente destacada, y tradicional, de materias primas y productos agroalimentarios a bajo precio para Europa radica en los países latinoamericanos.

En América Latina, las empresas europeas del sector[10] no sólo pueden encontrar la posibilidad de adquirir alimentos baratos debido a la precariedad de los salarios y los bajos costes de producción, sino también invertir en ciertas producciones agroindustriales e incluso trasladar a tierras latinoamericanas las propias unidades de producción (Segrelles, 1998), pues aquí existe abundante tierra fértil, escasa densidad demográfica, reducida congestión agrícola y ganadera, bajos salarios y una legislación ambiental laxa o, en ocasiones, inexistente. Aunque algunas producciones obtenidas en Latinoamérica por las empresas agropecuarias europeas podrían conseguir la apertura de nuevos mercados en algunos países de la región, como por ejemplo en el caso de las carnes de cerdo y pollo en Argentina y Uruguay, el destinatario principal de estos bienes será el consumidor europeo, sobre todo a partir del momento en que la PAC deje de funcionar como hasta ahora y sea necesario, por lo tanto, abastecer los mercados comunitarios con importaciones que mantengan el nivel y el modelo de consumo. Este hecho supondrá sin duda una revitalización de la clásica teoría de la dependencia, ya que los países latinoamericanos no sólo absorberán los bienes más elaborados producidos por las firmas de la UE, sino que además deberán proporcionar el suelo, los recursos naturales y la mano de obra, así como asumir el coste social y ambiental que acarrean las producciones intensivas agroindustriales. A cambio, se redoblarán los flujos exportadores de materias primas (commodities) con destino a Europa y se reorganizarán las superficies y usos agropecuarios autóctonos con el fin de obtener aquellos productos, tanto básicos como exóticos, que demandan los consumidores comunitarios y no los que necesita la población local para su seguridad alimentaria (Segrelles, 2007 c).

Las exportaciones de materias primas agropecuarias: una orientación mercantil casi en exclusiva

De manera tradicional y conforme a los dictámenes de los centros de poder, la inserción de América Latina en la economía mundial siempre se produjo por medio de la exportación de materias primas baratas, básicas e indiferenciadas en las que sus ventajas comparativas (clima, tierra, agua, salarios, fuerza de trabajo, capitalización, legislación ambiental, entre otros factores) les concedía una elevada competitividad en los mercados internacionales. De ahí que incluso se haya calificado de “maldición” el hecho de disponer de abundantes recursos naturales (Auty, 1993; Friedman, 2006; Piñeiro, 2009), pues esta riqueza ha condicionado la producción y el comercio exterior de los países latinoamericanos y ha inhibido la adopción de decisiones privadas y políticas públicas encaminadas a lograr el desarrollo económico por medio de otros sectores distintos al agroexportador. Es evidente que dicha maldición es una simple expresión metafórica que intenta fijar la atención en la dependencia que representa centrar el desarrollo de estas naciones en las exportaciones de materias primas, toda vez que dicha situación se encuentra condicionada por otros muchos factores.

Durante las décadas de los años ochenta y noventa del siglo XX, los países latinoamericanos se vieron impelidos a exportar sus producciones agropecuarias y sus recursos naturales por las exigencias de unas abultadas deudas externas. La necesidad imperiosa de obtener divisas con las que hacer frente a los asfixiantes intereses de la deuda externa motivó que se impusiera el principio de “todo para la exportación”, política auspiciada por los ajustes estructurales impuestos por el FMI y el BM cuyo objetivo primordial radicaba en que los países deudores exportaran cada vez más para que no dejaran de satisfacer los intereses de sus desmesuradas deudas externas. De este modo, a muchas naciones latinoamericanas no les quedó más remedio que reorganizar sus producciones y superficies agropecuarias y sobreexplotar sus recursos naturales, pero siempre teniendo como meta los mercados exteriores y no el consumo local, el respeto ecológico y la soberanía alimentaria de los pueblos.

Sin embargo, los países ricos, artífices de estos programas de ajuste estructural, no se los aplicaron a sí mismos para reconocer los efectos perniciosos que sus políticas de protección y subsidio agrícola tenían sobre el desarrollo de los países empobrecidos. Mientras los países centrales dominantes protegían sus mercados, las naciones periféricas y dependientes los liberalizaban (Piñeiro, 2009).

No se debe olvidar al respecto que Brasil, por ejemplo, tenía en 1998 una deuda externa total de 232.000 millones de dólares y de casi 1.400 dólares per cápita, con un servicio de la deuda del 74,1% de las exportaciones, es decir, el más elevado de la región. Las cifras de Argentina no eran mucho mejores, ya que en la misma fecha su deuda externa total era de algo más de 144.000 millones de dólares y un servicio de la deuda del 58,2% de las exportaciones. Sin embargo, en la deuda externa per cápita superaba con creces los valores brasileños: 3.988 dólares (Segrelles, 2004).

Esta situación deudora ha cambiado de forma ostensible en la actualidad por lo que respecta a Argentina y Brasil, cuyas deudas externas totales se han reducido durante la primera década del siglo XXI con la ayuda financiera de Venezuela. Las cifras de Brasil, según los datos de la CEPAL, alcanzan 198.192 millones de dólares en 2009, mientras que las de Argentina se cifran en 117.808,3 millones de dólares en la misma fecha. Sus servicios de la deuda son, respectivamente, del 12,6% y del 38,2% en 2009. Este retroceso también se produce en México y Paraguay, aunque en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela la deuda externa aumenta en términos absolutos, si bien se produce un descenso generalizado de la deuda externa si se tiene en cuenta la misma como porcentaje del PIB.

En cualquier caso, la deuda externa ya no puede servir, por lo tanto, como explicación de las causas que conducen a que América Latina centre sus exportaciones en las materias primas y los recursos naturales de la región, ni tampoco en la orientación de sus producciones agroalimentarias hacia los mercados internacionales. Sin embargo, es un hecho cierto que Latinoamérica no ha logrado romper la dependencia que supone la exportación casi en exclusiva de materias primas.

A este respecto se debe tener en cuenta que la difusión generalizada del complejo cereales-oleaginosas-carne sigue en pleno apogeo, expandiéndose de forma creciente una “cultura de la carne” (Rifkin, 1992) que en gran medida es responsable de que una parte sustancial de las tierras arables del mundo se utilicen para cultivar vegetales que después serán empleados en la fabricación de los piensos compuestos que consume la ganadería industrializada de los países centrales. Se crea así, por influencia de países como Estados Unidos y de varias corporaciones transnacionales norteamericanas y europeas, una cadena alimentaria artificial donde el eslabón principal es la carne de bovino. El ganado alimentado con cereales y oleaginosas se destina a satisfacer la demanda de los consumidores de los países ricos, mientras que en los empobrecidos, muchos de ellos con excedentes alimenticios, mucha gente padece desnutrición e incluso hambre. No hay que olvidar al respecto que en la actualidad el 60% de la producción mundial de cereales se destina al consumo humano y el 40% restante tiene como destino su conversión en piensos para la ganadería (ETC Group, 2009).

Del mismo modo, los requerimientos de la deuda externa también han sido sustituidos, a la hora de explicar el aumento de las exportaciones primarias de Latinoamérica, por los imperativos de la actual crisis económico-financiera, los elevados precios de las materias primas en los mercados mundiales, los cambios en la demanda (en cantidad y calidad) operados en China e India y la voracidad importadora de los países asiáticos, manteniéndose así la asimetría entre la venta de bienes primarios y la compra de manufacturas (Gudynas, 2011). Para poder adquirir los productos industriales o los servicios comercializables necesarios es obligatorio exportar cada vez más cereales, soja, frutas tropicales, flores, carne de vacuno, petróleo, maderas o minerales, lo que supone una presión constante e intensa sobre el medio natural y una fuente inevitable de pobreza y conflictos sociales.

En cualquier caso, en el cuadro 1 se observa con nitidez la notoriedad que siguen exhibiendo las exportaciones de materias primas en el seno del comercio exterior de América Latina. En el periodo 2000-2002 las materias primas representaban el 25,0% de las exportaciones totales del conjunto regional, porcentaje que en 2007-2009 asciende al 34,1%. El peso relativo de las materias primas en las ventas latinoamericanas en los mercados internacionales sería aún mayor si se les sumasen las manufacturas basadas en los recursos naturales. Dichos valores serían entonces del 41,2% en 2000-2002 y del 52,5% en 2007-2009. De todos modos, resulta palmario el crecimiento de la participación de las materias primas y de las manufacturas basadas en los recursos naturales en las exportaciones totales de América Latina y el Caribe y la reducción de los servicios y las manufacturas de alta, media y baja tecnología.

Este comportamiento general se repite con sensibles variaciones en todos los países considerados. Incluso Brasil, cuya industria es la más avanzada y dinámica de la región, acentuó durante los mandatos del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva las exportaciones de materias primas y recursos naturales. En 2000-2002, la participación de las materias primas en las exportaciones era del 23,7%, mientras que en 2007-2009 había aumentado para situarse en el 33,6%. La excepción a esta tónica general la constituye Argentina, donde la participación de las materias primas en sus exportaciones totales se reduce del 42,3% al 38,2% entre 2000-2002 y 2007-2009. Sin embargo, pese a este descenso relativo, todavía en la actualidad son preponderantes las exportaciones argentinas de materias primas y de manufacturas ligadas a los recursos naturales frente a los demás sectores económicos. Como bien señala E. Gudynas (2011), las tentaciones para continuar con esta estrategia que profundiza las exportaciones primarias son enormes, ya que la demanda internacional es fuerte, los precios en los mercados mundiales son muy atractivos, el precio de los hidrocarburos no deja de subir y el sector primario permite en varios países de la región captar ingresos fiscales notables.

Cuadro 1.
América Latina y el Caribe. Distribución sectorial de las exportaciones. Años 2000- 2002 y 2007- 2009. (En porcentajes del total)

En el mismo sentido, se puede observar el cuadro 2, donde se plasma el crecimiento del valor de las exportaciones de bienes primarios y manufacturas de varios países latinoamericanos en los periodos 1990-1999 y 2000-2009. El aumento de las tasas medias de crecimiento anual del valor de las exportaciones de materias primas se encuentra generalizado en los diversos países reflejados y en el conjunto de América Latina y el Caribe. En este último caso, se pasa de una tasa media de 2,6 en 1990-1999 a otra de 11,4 en 2000-2009. Por países, destacan sobre todo las tasas alcanzadas por Brasil, Perú, Ecuador, Uruguay y Bolivia, que de una tasa negativa de –1,3 llega a otra positiva de 21,1, es decir, el valor medio más alto de la región. Por su parte, las exportaciones de manufacturas ofrecen una evolución más dispar, puesto que mientras Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú crecen, otros países como Bolivia, Ecuador, México y Venezuela disminuyen, con reducciones importantes en los casos mexicano y venezolano. En el conjunto de América Latina y el Caribe, la tasa media de crecimiento anual del valor de las exportaciones de manufacturas pasa de 14,7 en 1990-1999 a 5,3 en 2000-2009.

Cuadro 2.
América Latina y el Caribe. Crecimiento de las exportaciones de bienes primarios y manufacturas.
Años 1990-1999 y 2000-2009. (Tasas medias de crecimiento anual en valor)

Dentro de las exportaciones de materias primas tienen especial importancia los productos agrícolas y ganaderos, como puede observarse en el cuadro 3, aunque su relevancia en el comercio exterior latinoamericano ha experimentado oscilaciones durante los últimos años debido a la influencia que la crisis económico-financiera global ha tenido en los precios y en los intercambios mercantiles internacionales. En el periodo 2006-2008, es decir, en la fase anterior a los momentos más duros de la crisis, las producciones agropecuarias muestran una tasa de crecimiento superior a la de los demás rubros, incluso se encuentra por encima del valor de las exportaciones totales. Sin embargo, entre los meses de enero y junio de 2008, aunque su tasa de crecimiento aumenta, lo hace en menor medida que la minería y el petróleo, pues los precios internacionales de estas materias primas incentivan la producción y el comercio, y por debajo del total exportado. Durante el primer semestre de 2009, cuando la crisis alcanza su apogeo, el crecimiento de todas las exportaciones de América Latina y el Caribe muestran un signo negativo debido a las dificultades existentes para encontrar compradores en los mercados mundiales, si bien es cierto que ya en la primera mitad de 2010, en lo que se podría denominar etapa de postcrisis, se recuperan de forma clara, aunque eso sí, los productos agropecuarios ofrecen una tasa de crecimiento inferior a la de los años anteriores y a las de los demás rubros.

Cuadro 3.
América Latina y el Caribe. Tasas de crecimiento de las exportaciones según grupos de productos
durante la precrisis, la crisis y la postcrisis. (En porcentajes)

Por su parte, el cuadro 4 refleja el valor, en cifras absolutas, de las exportaciones de bienes procedentes de la agricultura, la caza, la silvicultura y la pesca de varios países de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en los años 2002, 2005 y 2009. Durante el desarrollo de la década considerada, los tres primeros lugares siempre los ocupan Brasil, Argentina y México, cuyas ventas en 2009 alcanzan un valor de 22.531,3, 8.378,8 y 7.946,4 millones de dólares, respectivamente. Sin embargo, en términos relativos, entre 2002 y 2009 el crecimiento más fuerte de las exportaciones se produce en Uruguay (421,1%), Bolivia (360,9%), Brasil (236,5%) y Perú (214,3%), todos ellos por encima de la media de la ALADI: 124,0%, pues entre 2002 y 2009 pasa de 27.761,2 a 62.187,5 millones de dólares en el valor de sus exportaciones agropecuarias, cinegéticas, forestales y pesqueras.

El único retroceso de la región tiene lugar en Venezuela, ya que entre 2002 y 2005 ofrece un crecimiento negativo (-33,6%), lo que sin duda está relacionado con una economía y un comercio exterior centrados casi en exclusiva en la exportación de hidrocarburos y derivados.  No obstante, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció recientemente la creación de una empresa mixta junto con la corporación china Heilongjian Beidahuang con el objeto de importar alimentos, aumentar su producción agropecuaria y asegurar así su soberanía alimentaria[11]. Venezuela no busca, por lo tanto, el crecimiento de los flujos de exportación de productos agroalimentarios, sino facilitar el acceso de semillas al país, posibilitar la recuperación de tierras ociosas, liquidar los latifundios y aumentar su reserva de alimentos para que el precio de los mismos se reduzca y sean más accesibles para la población autóctona. Precisamente, la Ley de Tierras, una de las primeras medidas polémicas adoptadas por el presidente Hugo Chávez y uno de los principales motivos del golpe de Estado de 2002, combate el latifundio y distribuye tierras, antes ociosas, entre los campesinos, hecho que constituye un notable paso para lograr su soberanía alimentaria pese a la oposición de los grandes hacendados y distribuidores de alimentos que intentan desestabilizar la economía del país y a la sociedad por medio de una serie de cortes programados en el abastecimiento de productos alimenticios. Por eso, el gobierno ha creado una red de mercados estatales (Arvelaiz, 2011): los populares Mercal.

Cuadro 4.
ALADI. Exportaciones de bienes procedentes de la agricultura,
la caza, la silvicultura y la pesca. (Millones de dólares)

En cuanto a la composición de las exportaciones de productos agroalimentarios por parte de América Latina, el cuadro 5 es suficientemente elocuente de la situación que impera en la actualidad, ya que entre los años 2000 y 2008 se produce una profundización de la participación de las producciones agrícolas y ganaderas que complementan el consumo de los países ricos o sirven para fabricar los piensos compuestos con los que se ceba la ganadería de estos mismos países, y que, por el contrario, ejercen una presión constante sobre los ecosistemas de la región[12], acentuando la pobreza rural y la desnutrición de amplias capas de la población local. En el lapso de tiempo considerado se reduce la participación del café (del primer lugar en 2000 con el 10% pasa al tercero en 2008 con el 5% y junto al azúcar, el aceite de soja y la carne de bovino), el azúcar, la celulosa y las bananas y desaparecen el trigo y los crustáceos, mientras que surgen productos nuevos, como el maíz y la carne de pollo, y aumenta la presencia de la carne de vacuno, el aceite de soja y fundamentalmente la soja, cuya participación pasa del 6% en 2000 al 11% en 2008. La torta de soja, que también se orienta a la alimentación de la ganadería industrializada europea, se mantiene en segundo lugar en ambas fechas con un significativo 8%.

Cuadro 5.
América Latina y el Caribe. Participación de los diez principales productos agrícolas
exportados. Años 2000 y 2008. (Porcentaje del valor total de las exportaciones agrícolas)

Un caso paradigmático del peso que durante los últimos decenios han adquirido las exportaciones de ciertos productos agroalimentarios se encuentra en Brasil (Cuadro 6), potencia productiva y comercial agropecuaria cuya presencia en los mercados mundiales no deja de profundizarse. En cualquier caso, se trata por regla general de producciones vinculadas al agribusiness y perfectamente insertas en el complejo cereales-oleaginosas-carne, bien mediante la venta de las materias primas que entran en la formulación de los piensos compuestos que después alimentan a la ganadería intensiva de los países europeos, bien por medio de la exportación directa de los productos cárnicos que se obtienen en su potente industria frigorífica.

Cuadro 6.
Brasil. Exportaciones de algunos productos agropecuarios. Años 1990 y 2008.

Brasil es el principal exportador mundial de soja y carne de pollo. Por lo que atañe a la soja, experimenta entre 1990 y 2008 un crecimiento del 500,9% en la cantidad exportada y del 1.103,6% por lo que respecta al valor de dichas ventas, mientras que en el caso de la carne de pollo estos valores relativos se cifran en el 1.018,4% y en el 1.719,1%, respectivamente. En cuanto a la carne de ganado vacuno el crecimiento resulta espectacular en el periodo considerado: 2.124,3% en la cantidad de toneladas exportadas y 4.108,4% en el valor de dichas exportaciones. El comercio exterior de azúcar refinado y tortas de soja, por su parte, también crece de forma sensible, aunque con cifras más modestas.

El fuerte aumento de las exportaciones agropecuarias brasileñas, y del conjunto latinoamericano en general, están en consonancia con las recomendaciones generales no sólo del FMI, el BM y la OMC, sino también de la propia FAO (2011 b), que ante la desmesurada subida de los precios de los alimentos se ha marcado como objetivo fundamental la necesidad de calmar a los mercados mediante un aumento de las exportaciones de materias primas y productos agroalimentarios por parte de varios países exportadores con el fin de incrementar la oferta y, supuestamente, reducir los precios internacionales de los alimentos.

Ni que decir tiene que esta estrategia ha fracasado porque los precios siguen siendo muy elevados e impiden el acceso a los mismos a centenares de millones de personas en todo el mundo. De ahí se deduce que los conceptos mercado y soberanía alimentaria son francamente incompatibles. Por supuesto, los procesos especulativos financieros, que son responsables del 50% de las subidas recientes, según el Parlamento Europeo (Resolución de 19 de enero de 2011), están generando un efecto catastrófico en el coste de los alimentos[13]. Por otro lado, sólo el 2% de los contratos de futuros finalizan realmente con la entrega de la mercancía física, ya que en general suelen negociarse antes de su fecha de caducidad. Esta es la razón por la que este tipo de contratos atraen a un número creciente de especuladores financieros o inversores, pues sus beneficios pueden ser más atractivos en relación a cómo se comportan los de las acciones y los bonos (FAO, 2010 b).

Sin embargo, aun siendo fundamental la cuestión de la especulación financiera con los alimentos, el problema principal radica en las propias oscilaciones de la oferta y la demanda en una época en la que aumenta el interés por los agrocombustibles[14], en la que las explotaciones ganaderas de los países ricos siguen siendo auténticas “fábricas de proteínas” donde se transforman los piensos en carne y en la que las grandes empresas transnacionales de la distribución organizada controlan la totalidad de los eslabones de la cadena agroalimentaria. Mientras el modelo productivo impuesto a los países dependientes se tenga que ajustar según las necesidades, gustos y costumbres de los consumidores del mundo desarrollado y se base, por consiguiente, en la exportación de cantidades crecientes de bienes exóticos (café, cacao, frutas tropicales, bananas, flores), de azúcar de caña y granos para agrocombustibles (maíz) y de oleaginosas (soja) para la fabricación de piensos, así como en la importación de alimentos básicos adquiridos en el gran supermercado global, la alimentación seguirá sujeta a la dinámica de un mercado que está manejado por ciertos agentes que sólo entienden el lenguaje de los beneficios y ganancias y no les importa la desnutrición y el hambre de la población de los países subdesarrollados ni la soberanía alimentaria de los pueblos (Boix, 2010, 2011 a, 2011 b). A este respecto, se olvida con demasiada frecuencia que la agricultura y la alimentación no ofrecen las condiciones de un verdadero mercado y que, por lo tanto, no pueden estar sojuzgadas por las leyes mercantiles y de la competencia. Los alimentos constituyen un derecho inalienable, no una mercancía.

Las importaciones agroalimentarias de productos básicos: dependencia e inseguridad

Resulta paradójico que varios países latinoamericanos provistos de abundantes recursos naturales y vastas superficies de utilidad agrícola y ganadera, como sucede con Brasil, Colombia, México, Perú o Venezuela, no sean autosuficientes desde el punto de vista alimentario y que dejen la seguridad de su abastecimiento en manos de los mercados mundiales y de las empresas transnacionales que los manejan a su antojo y cuyas casas matrices radican en los países centrales.

La dependencia exterior y la inseguridad alimentaria que representa el modelo agroexportador imperante resulta paradigmática si se consideran las masivas importaciones de trigo y maíz de varios países latinoamericanos, productos básicos en la alimentación de millones de personas (Cuadro 7).

Brasil lidera en cifras absolutas y relativas las importaciones de trigo con más de seis millones de toneladas en 2008 y por un valor superior a 1.870 millones de dólares en la misma fecha. Respecto al año 1990, estas cifras suponen un crecimiento del 207,5% y del 466,4%, respectivamente. A continuación le sigue México, que en 2008 importó más de 3.217.000 toneladas de trigo con un desembolso superior a 1.246 millones de dólares. Más modestas, pero también significativas, son las compras de trigo realizadas por Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Sin embargo, el verdadero alcance del gasto que supone la adquisición de trigo en el mercado internacional para unas economías necesitadas de amplios programas sociales, se observa mejor si se considera el incremento del valor de dichas importaciones. Este hecho se encuentra íntimamente relacionado con el acusado y reciente aumento de los precios de las materias primas y de los alimentos en el mercado mundial.

Cuadro 7.
América Latina. Importaciones de trigo y maíz de algunos países atinoamericanos. Años 1990 y 2008.

Por lo que respecta al maíz, México figura a la cabeza de este comercio de importación en 2008 al comprar en el exterior más de 9.100.000 toneladas por un valor de casi 2.400 millones de dólares. El crecimiento entre 1990 y 2008 es notable: 122,8% en la cantidad comprada y 331,7% en el valor de dichas compras. Por su parte, Colombia y Perú ofrecen cifras de importación de maíz más modestas en términos absolutos, pero superan a México en el aumento porcentual que este comercio ha experimentado durante el periodo de referencia. Las importaciones de Perú crecen el 192,7% en cantidad y el 466,2% en valor, mientras que Colombia exhibe cifras relativas sencillamente espectaculares: 10.033,6% y 21.112,9%. En el caso colombiano, este cultivo obtenía los mayores rendimientos del país en el departamento del Valle del Cauca, pero ha sido desplazado de estas tierras por la caña de azúcar, lo que significa que cualquier producto destinado a la alimentación que desaparece al implantarse la caña de azúcar se pierde durante un periodo mínimo de diez años, pues los productores cañeros suelen alquilar las tierras por un tiempo mínimo de una década, que es lo que dura la vida útil de las cañas.

Las cifras absolutas y relativas que ofrece Colombia están relacionadas con las masivas importaciones de maíz que precisa la avicultura del país para seguir funcionando, ya que este cereal forma parte fundamental de los alimentos concentrados que ingieren las aves de carne y puesta. Esta progresiva pérdida de autosuficiencia alimentaria se debe a los procesos de apertura económica, que perjudica a los países dependientes y beneficia a los países ricos que subsidian su agricultura, y también a la propia política agraria nacional, que fomenta el monocultivo y las tecnologías modernas basadas en la revolución verde, impulsando así un modelo productivo que deteriora los ecosistemas, empobrece a las comunidades rurales, margina al pequeño y mediano productor y genera inseguridad alimentaria. La combinación de políticas nacionales e internacionales implica un aumento rotundo de las importaciones de cereales, aunque resulta especialmente crítico el caso del maíz. Los programas de apertura económica han favorecido la entrada masiva de un maíz procedente de Estados Unidos y fuertemente subsidiado por el gobierno norteamericano, de forma que este producto es más económico y competitivo en el mercado que el que producen los campesinos colombianos. En definitiva, la producción nacional deviene insostenible y poco rentable.

Por lo tanto, en este contexto puede resultar funesto el tratado de libre comercio que Colombia pretender signar con Estados Unidos, puesto que ello significaría el reinado absoluto de las grandes corporaciones transnacionales de la agricultura y la alimentación, la subordinación económica y política y la renuncia a la soberanía alimentaria, sobre todo en la medida en que la cuestión maicera es una de las prioridades de la política estadounidense porque el consumo interno de este cereal sólo representa un tercio de su producción nacional y necesita, por consiguiente, colocar en el mercado internacional sus enormes y excedentarias producciones[15]. A este respecto debe servir de enseñanza la situación de la agricultura mexicana, fundamentalmente en el caso del maíz, tras la firma en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Canadá y Estados Unidos.

La soberanía alimentaria de México comenzó a perderse en la ya lejana fecha de 1974, cuando se importaron por primera vez 50.000 toneladas de maíz siguiendo las directrices del BM y del FMI, organismos que difundían la idea de que era preferible importar barato antes que producir caro[16].  En la actualidad, se importa el 33% del maíz consumido en el país, así como el 55% del trigo, el 15% de la leche, el 25% de la carne de vacuno, el 35% de la carne de aves y el 72% del arroz. La catástrofe para México y otros países que apostaron por dejar la agricultura al albur de las fuerzas del mercado y por importar alimentos de forma masiva llegó en 2007 cuando Estados Unidos decidió ocupar la tercera parte de su producción de maíz en la fabricación de biocombustibles.

La escasez de alimentos o sus elevados precios constituye un foco de graves disturbios políticos, económicos y sociales, ya que cuando estalló la primera crisis alimentaria global, seis millones de mexicanos pasaron a engrosar las filas de la extrema pobreza o indigencia. El desabastecimiento de maíz hizo encarecer el precio de los productos básicos en la alimentación de la población, como es el caso de la carne de pollo, la leche y los huevos. Esta dependencia alimentaria de México, que según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) crecerá entre el 50% y el 80% hacia el año 2020, motiva que la mitad de los alimentos consumidos en el país sean comprados en el exterior por un valor de 20.000 millones de dólares anuales[17]. Por supuesto, aunque la inseguridad y dependencia alimentarias de México interesa a muchos productos agropecuarios, el caso del maíz resulta especialmente grave porque no se trata sólo de un simple cultivo, sino que posee un valor propio como símbolo cultural arraigado en una civilización.

El ya comentado aumento de las exportaciones de productos agrícolas exóticos y de materias primas agropecuarias, así como el crecimiento de las importaciones de productos básicos en Latinoamérica, constituyen dos caras de una misma moneda en la que no existe equilibrio alguno, pues el modelo agroexportador es el que resulta preponderante y al que se sacrifica la seguridad alimentaria de los países de la región. Además, ambos fenómenos se vinculan en una relación causa-efecto. El monocultivo y la agroindustria, que producen para los mercados internacionales, concentran todas las ayudas, ocupan las mejores tierras y, por lo tanto, desalojan a la agricultura campesina que obtiene alimentos para la población. Esta situación genera precariedad en el abastecimiento, lo que debe ser compensado con importaciones masivas de alimentos para el consumo humano y también de productos que componen los piensos concentrados con los que se ceba una ganadería que después proporcionará carne, leche y huevos a los consumidores autóctonos. Por otro lado, la escasa rentabilidad y consiguiente retroceso de los pequeños y medianos agricultores familiares, marginados por ciertas políticas nacionales e internacionales que los arrinconan, motiva una oferta local cada vez menor de alimentos básicos que deben adquirirse en los mercados globales controlados por las grandes firmas transnacionales del sector. El desembolso económico que realizan los países latinoamericanos al comprar en el exterior los alimentos que precisa la población, debe ser compensado con los ingresos provenientes de las exportaciones de sus producciones más competitivas y que son precisamente las que se ajustan a los patrones de consumo que imperan en los países ricos.

De ahí que la PAC y sus reformas impulsen un doble modelo agrorrural y comercial: por un lado, comprar barato en el exterior aunque eso suponga la ruina para millones de agricultores familiares europeos y el fomento de los modelos agroexportadores en América Latina y, por otro, incentivar a las agriculturas más competitivas y rentables del norte y el centro de Europa con el objeto de disponer de cantidades masivas de productos básicos para exportarlos a los países latinoamericanos (y de otros lugares del mundo) con la consecuente pérdida de soberanía alimentaria. Y eso sin contar con el gran poder que confiere el control de la alimentación de centenares de millones de seres humanos de todo el planeta.

Íntimamente unida al desequilibrado juego exportación-importación de productos agroalimentarios se encuentra la reorganización de las superficies agropecuarias en los países latinoamericanos, proceso que consiste básicamente en sustituir los cultivos destinados a la alimentación (trigo, arroz, frijoles o yuca) por producciones cuyo destino es la exportación a los mercados internacionales (soja, caña de azúcar, maíz o naranjas). Las exigencias del comercio exterior, como no podría ser de otra forma, obligan a un drástico cambio en la utilización de la tierra y promueven importantes transformaciones territoriales, como sucede en el caso concreto de la deforestación y el avance de la frontera agropecuaria para crear nuevos espacios agrícolas y ganaderos.

Aunque las transformaciones más profundas se produjeron por regla general en las décadas de los años setenta y ochenta del siglo XX, el cuadro 8 es suficientemente elocuente de los cambios arriba mencionados, pues en él figuran los porcentajes de variación de varios cultivos entre los años 1996 y 2009. El proceso de sustitución de unos cultivos por otros dista mucho de haber concluido, por lo menos mientras la demanda y el patrón de consumo de los países ricos, principal destino de las exportaciones latinoamericanas, no experimenten grandes mutaciones.

Cuadro 8.
América del Sur. Variación del área cosechada de varios cultivos. Años 1996-2009. (En porcentajes)

Como puede observarse, en cuanto a los cultivos alimentarios (trigo, arroz, frijoles, yuca), la tónica general es de retroceso de dichas áreas cosechadas, salvo casos puntuales. En el conjunto de América del Sur pierden superficie de cultivo el trigo (-16,4%) y los frijoles secos (-2,4%) y la aumentan la yuca (17,7%), gracias al crecimiento aportado fundamentalmente por México (550,7%), y el arroz, si bien con moderación en el caso de esta última producción (1,5%).

En los diferentes países considerados, el área cosechada de trigo disminuye en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela, algunos de ellos con notables exportaciones agropecuarias en su haber e importantes contingentes de desnutridos entre sus habitantes. Por el contrario, aumentan la superficie dedicada al trigo Bolivia, Brasil, México, Paraguay, Perú y Uruguay, aunque hay que tener en cuenta, sobre todo en los casos de Brasil, México y Perú, que las necesidades nacionales superan a las propias producciones y, por lo tanto, deben realizar considerables importaciones.

El arroz, por su parte, retrocede en Brasil, Chile, Ecuador y México y aumenta, con notables diferencias entre ellos, en los demás países, pues no son comparables el 0,3% de Argentina y el 92,0% de Perú. A su vez, el área cosechada de frijoles secos crece en Argentina, Bolivia, Perú, Uruguay y Venezuela, mientras que disminuye en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Paraguay. El crecimiento de la superficie dedicada a ambos cultivos, arroz y frijoles, en Bolivia y Venezuela, se relacionan con las nuevas políticas de sus gobiernos encaminadas al logro de la seguridad alimentaria por medio de la lucha contra el latifundio y el modelo agroexportador y el fomento de la agricultura campesina y el autoabastecimiento.

Por último, el área cosechada de yuca sólo retrocede en Colombia y Paraguay, mientras que aumenta en los demás países. Excepto en los casos de Perú y sobre todo de México, con crecimientos importantes, la expansión de este cultivo básico en la alimentación de amplias capas poblacionales es bastante moderada.

Por su parte, los cultivos comerciales (soja, caña de azúcar, naranjas y maíz) aumentan la superficie cosechada en términos generales. El crecimiento del área cosechada de soja se debe a las espectaculares aportaciones de Venezuela y Uruguay, países en los que este aprovechamiento es de reciente expansión al socaire de la fuerte demanda internacional y los buenos precios conseguidos en los mercados mundiales. No en vano Venezuela consagraba al cultivo de la soja 2.175 hectáreas en 1996 y 56.000 en 2009, mientras que Uruguay pasa de 7.600 hectáreas a 577.800 entre ambas fechas, con una expansión en sus campos que muy bien podría ser catalogada de avasallante (Sabini, 2011). No obstante, aunque la presencia de la soja se retrae en los campos de Colombia y Ecuador, su crecimiento es generalizado, si bien los principales productores y exportadores, ya de manera tradicional, son Argentina, Brasil y Paraguay, países que en términos absolutos aportan 16,7, 21,7 y 2,6 millones de hectáreas, respectivamente. La colonización agraria que representa la soja, cultivo de graves implicaciones económicas, sociales, ambientales y sanitarias, sobre todo en su modalidad transgénica (Segrelles, 2005), es tal que, por ejemplo, la Pampa argentina, otrora dedicada con preferencia a otras producciones, se ha convertido en muy poco tiempo en un auténtico “océano verde” (Segrelles, 2007 b).

El cultivo de naranjas pierde superficie en el conjunto de América del Sur (-9,3%) y también en países como Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, fenómeno que resulta llamativo porque años atrás se había expandido de manera generalizada por amplias zonas latinoamericanas. Esto se relaciona con una situación desfavorable de los precios en los mercados internacionales que no hacen tan rentable su cultivo y con el avance de la soja y la caña de azúcar. Así se deduce del caso brasileño, que en 1990, según los datos de FAOSTAT, exportó 953.969 toneladas de zumo de naranja, mientras que en 2008 dicha cantidad fue de 1.275.130 toneladas. Sin embargo, el valor de dichas exportaciones pasó de 1.468 millones de dólares a algo más de 852 millones en los mismos años. Es decir, que la cantidad exportada creció el 33,7% y el valor de la misma disminuyó el 42,0%. Por el contrario, y pese a las dificultades mercantiles, el área cosechada de naranjas crece en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú.

Respecto al maíz, la superficie cosechada sólo retrocede en Argentina, Colombia, Ecuador y México y crece en los demás países considerados y en el conjunto de América del Sur (14,3%). Sin embargo, el aumento del área de cultivo de este cereal no significa ni mucho menos que estos países sean autosuficientes, pues todos ellos, salvo Argentina y Brasil, son importadores: Chile adquiere en el exterior 1,7 millones de toneladas en 2009-2010, Colombia 3,3 millones, México 8,5 millones, Perú 1,6 millones y Venezuela 0,8 millones. Tanto el aumento del área cosechada allí donde se produce (Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) como el crecimiento de las importaciones, por un lado, y el desarrollo de las exportaciones argentinas y brasileñas, por otro, están relacionados con la alimentación humana más que con su empleo como parte fundamental de los piensos compuestos que consume la ganadería intensiva de cerdos y aves en el mundo desarrollado y también en las granjas industrializadas de las regiones meridionales brasileñas (Rio Grande do Sul, Santa Catarina), que coinciden territorialmente con las principales zonas maiceras del país. Dado que la evolución reciente de las exportaciones de maíz de Argentina (1,2 millones de toneladas en 2005-2006 y 8,0 millones en 2009-2010) y Brasil (11,3 millones de toneladas en 2005-2006 y 7,4 millones en 2009-2010) son contrarias, es frecuente que las empresas brasileñas, utilizando la libertad de mercado, exporten este producto a los países ricos y al mismo tiempo compren grandes cantidades a Argentina, pues los costes de producción son aquí más bajos (Segrelles, 2004).

En el caso de México, la reducción de las áreas maiceras, que generalmente ha afectado a la mayor parte de los pequeños productores que destinan sus cosechas al autoconsumo, ha supuesto la ruina de estos campesinos y su desplazamiento causado por la acción de las grandes firmas transnacionales que industrializan el producto y aplican un incremento insostenible de los precios en el mercado interno. De ahí el reciente e impopular aumento del precio de la tortilla, alimento básico de millones de personas en el país.

Por su parte, el área cosechada de caña de azúcar sólo disminuye en Colombia de manera muy modesta (-2,2%). En el conjunto de América del Sur el crecimiento de la superficie de cultivo aumenta el 68,8%  entre 1996 y 2009, aunque cada país tiene un comportamiento diferenciado. Los hay con un aumento leve, como Ecuador (0,8%) o México (5,6%), y otros en los que este cultivo ha experimentado una expansión importante, es decir, Bolivia (78,2%), Uruguay (75,7%), Paraguay (75,4%) y sobre todo Brasil (81,0%), donde la expansión de este aprovechamiento está tradicionalmente muy ligada a la progresiva concentración de la propiedad de la tierra, al desplazamiento de los cultivos alimentarios en muchas zonas del país y a la producción de biocombustibles (De Sebastián, 2009; García Olmedo, 2009; Terán, 2008), hecho este último que en los tiempos más recientes contribuye al alza de los precios de los alimentos y a las carencias nutricionales de la población autóctona (Hauenstein Swa,  Hadley y Cichon, 2009).

El consumo directo de azúcar se está reduciendo en los hogares de los países más desarrollados, pero se mantienen, sin embargo, las ventas gracias a la demanda de la industria alimentaria y de bebidas. Este fenómeno, junto con el aumento del precio del crudo, está motivando un crecimiento del uso de la caña de azúcar para la producción de etanol en algunos de los países productores más relevantes, como es el caso de Brasil. Un dólar barato representa una revalorización del real brasileño y, por consiguiente, un aumento del precio de este producto en los mercados mundiales. Además, en el aumento de los precios del azúcar tiene mucho que ver el hecho de que la UE haya pasado en tres campañas de ser exportador de azúcar a no operar en este mercado (Maté, 2011), lo que constituye un ejemplo más de cómo la PAC y sus estrategias encaminadas a la reducción de ciertas producciones agropecuarias estimulan los modelos agroexportadores en América Latina, influye a distancia en la reorganización de sus superficies agrarias y socava cualquier intento de lograr la seguridad alimentaria.

En cualquier caso, la cuestión del uso y utilización de la tierra apenas se ha planteado hasta ahora en América Latina en términos sociales y políticos, al contrario de lo que ha sucedido con su propiedad y distribución, que ha generado todo tipo de movimientos reivindicativos, levantamientos populares e incluso abortadas iniciativas democráticas de triste recuerdo y funestas consecuencias para varios países de la región, pero siempre con el norte de una reforma agraria.

A partir de la década de los años noventa del siglo XX, el impulso y omnipresencia del neoliberalismo y el debilitamiento generalizado de los movimientos campesinos condujeron al BM al liderazgo de todas las cuestiones relacionadas con la reforma agraria, pues los cambios que necesitaba el agro de los países latinoamericanos empobrecidos sólo podrían abordarse por medio del mercado, es decir, bajo la consideración de que la tierra, la agricultura, los alimentos o el agua son mercancías que, por lo tanto, resultan susceptibles de ser compradas y vendidas (Vásquez, 2009).

En este contexto, cada vez cobra mayor importancia la reivindicación de una reforma agraria democrática e integral en la que de forma ineludible el reparto de la tierra debe ir acompañado de políticas efectivas para garantizar los derechos de los campesinos, indígenas y mujeres, categorías que suelen coincidir en las mismas personas. Además, la mera distribución de la tierra no tendría sentido si el agricultor no tiene acceso a las semillas, al ganado, al agua, a unos créditos blandos, a los seguros para sus cosechas, al ingreso eficaz en los mercados, a la contribución de la seguridad alimentaria de la población local o al desarrollo de una agricultura ecológica, sostenible y respetuosa con el medio. Muchas reivindicaciones se orientan en el sentido de exigir mayor control para la actividad de las empresas transnacionales de la agroalimentación, el monocultivo depredador, la agroindustria, los sistemas agroexportadores y las políticas de la OMC, que imponen modelos agrarios, comerciales y de consumo injustos y al servicio de las firmas de la gran distribución organizada de los países dominantes. Así lo han entendido los gobiernos de países como Venezuela, Bolivia, Ecuador o Paraguay[18], que junto con diversos movimientos campesinos e indígenas fomentan unos modelos agrarios y económicos opuestos al agroindustrial-agroexportador de corte neoliberal (Gascón y Montagut, 2010).

En la actualidad ya no tiene sentido hablar sólo de reformas agrarias si no se incorpora a ellas la necesaria soberanía alimentaria de los pueblos, pues la tierra es un bien y no una mercancía como pretende la OMC, razonamiento defendido e impulsado por el movimiento internacional La Vía Campesina desde su fundación en Managua (Nicaragua) en 1992 y su primera conferencia celebrada en Mons (Bélgica) en mayo de 1993 (Saraigh y Sing, 2009). En los países empobrecidos en los que las desigualdades de acceso a la tierra son flagrantes, como sucede en América Latina, el modelo de reforma agraria basado en el mercado no tiene posibilidad alguna de solucionar los problemas campesinos a pesar de la insistencia del BM y el FMI y de sus críticas a los modelos de reforma agraria desarrollados en diferentes momentos en China, Cuba o México. En definitiva, en la actualidad es necesario que América Latina desarrolle algo más que una mera reforma agraria (Segrelles, 2010).

El comercio agroalimentario de América Latina con la UE: un nuevo intercambio desigual impulsado por la PAC

Las relaciones comerciales entre América Latina y los países centrales siempre han sido desequilibradas. Pero no sólo, como es bien sabido, porque Latinoamérica haya exportado de manera tradicional materias primas básicas, baratas e indiferenciadas a los países desarrollados e importado de éstos manufacturas y servicios comercializables, sino también porque desde el punto de vista agroalimentario se establece una doble corriente mercantil por la que América Latina sigue exportando materias primas para elaborar los concentrados con los que se alimenta la ganadería industrializada y algunos productos tropicales e importando de los países ricos, que también son auténticas potencias agropecuarias, alimentos fundamentales para la dieta humana, sobre todo cereales.

Lógicamente, la UE no constituye una excepción en su papel de bloque económico-comercial rico, rasgo que asume con todas las consecuencias a pesar de los discursos e informes oficiales. Desde la fijación de las bases de la PAC en la Conferencia de Stressa (1958) y hasta su primera reforma de 1992, los intercambios comerciales entre Latinoamérica y la UE estuvieron presididos por la protección de los mercados agrarios europeos y las ayudas públicas a la exportación de sus producciones agrícolas y ganaderas.

A partir de mediados de la década de los años noventa del siglo XX y pese al cambio del  modelo productivo impulsado en la UE, el desequilibrio mercantil siguió estando presente. No en vano, la acelerada liberalización del comercio agrario en el mundo auspiciada por la OMC promovió los intercambios y abrió nuevas posibilidades de negocio rentable en los mercados, pero los países latinoamericanos comprobaron muy pronto que mientras ellos reducían los aranceles aplicados y en consecuencia quedaban desprotegidos frente a las importaciones agrarias e industriales subvencionadas, el acceso al mercado europeo aún permanecía bloqueado mediante el instrumento que representaba y representa una PAC reformada.

Pese al recorte presupuestario y al predominio de los discursos oficiales de tipo ambiental, sostenible y multifuncional, la PAC sigue defendiendo un modelo agrario de elevada productividad para mantener la eficacia económica de su agricultura y la competitividad en los mercados mundiales. Estos nuevos conceptos sobre los que gira la agricultura europea sirven de hecho para legitimar, mediante fundamentos aceptables para la sociedad y para la OMC, la permanencia de una política agraria renovada (Izam y Onffroy, 2000).

Buena prueba del elevado grado de protección que la PAC todavía ejerce sobre la agricultura europea para evitar el acceso a sus mercados de las competitivas producciones agropecuarias latinoamericanas, es la falta de entendimiento que existe entre la UE y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para culminar las negociaciones que conduzcan a la creación de un área común de libre comercio. Siempre han sido las cuestiones relacionadas con los intercambios agroalimentarios, y más en concreto las subvenciones de la PAC a la agricultura europea y la apertura de sus mercados a los productos agropecuarios latinoamericanos, las que han paralizado las negociaciones bilaterales desde que comenzaron en 1999 hasta la actualidad, tras algunos años en los que se han celebrado varias rondas de  conversaciones entre ambos bloques regionales.

En marzo de 2011 se inició en Bruselas la cuarta ronda de negociaciones que mantienen la UE y el MERCOSUR desde que se retomó el proceso en mayo de 2010 en Madrid tras varios años de permanecer estancadas, aunque todavía no se han puesto sobre la mesa ofertas concretas para la liberalización del comercio de sus productos y servicios. Entre el 12 y el 16 de mayo del mismo año se celebró otra reunión en Asunción. Las rondas anteriores tuvieron lugar en Buenos Aires (julio 2010), Bruselas (octubre 2010) y Brasilia (noviembre-diciembre 2010). Pese a todos estos encuentros, la UE todavía no ha fijado una fecha para intercambiar con el MERCOSUR ofertas de acceso a los mercados de productos y servicios con vistas a cerrar un acuerdo de asociación[19].

De todos modos, la postura de la UE no es ni mucho menos unánime entre todos los países miembros. La resistencia principal a la firma de un acuerdo de libre comercio con el MERCOSUR y la consiguiente eliminación de las barreras arancelarias para los productos agropecuarios latinoamericanos proviene de España, Francia y Polonia, debido a la importancia de sus sectores agrarios y a la presión de los productores. Por el contrario, Alemania, Países Bajos y Reino Unido ven más ventajas que inconvenientes en el establecimiento de un acuerdo de libre comercio MERCOSUR-UE y optan por abrir cuanto antes el mercado europeo a las exportaciones agroalimentarias del bloque sudamericano[20].

Según la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA), el libre mercado no debe sujetarse gracias a las concesiones de los productores, toda vez que en Europa existe una política incoherente que prima los productos baratos que llegan desde los mercados extracomunitarios y desvían la mirada cuando se trata de cumplir con las mismas exigencias ambientales, sanitarias o laborales que deben afrontar los agricultores y ganaderos de la UE[21].

Como señala M. Soler (2009), la evolución de la PAC, a pesar de las trabas puestas a la creación de un área del libre comercio con el MERCOSUR, muestra que la liberalización de los mercados agrarios continúa profundizándose a favor de las empresas transnacionales del sistema agroalimentario y de los grandes terratenientes, tanto de los países desarrollados como de los subdesarrollados, y a costa de las economías campesinas y la agricultura familiar. Dicho de otro modo, la libertad comercial sin trabas perjudica a los pobres de los países ricos (agricultores familiares) y beneficia casi en exclusiva a los ricos de los países pobres (latifundistas y exportadores), al agronegocio y a las firmas transnacionales de la producción y distribución global. De este modo se consolida un sistema agroalimentario en el que la agricultura representa un papel subordinado a las industrias suministradoras de insumos, a las firmas que transforman los alimentos y a la gran distribución organizada. Estas empresas de actuación global poseen o dominan extensiones de tierra cada vez mayores en los países latinoamericanos y controlan todos los eslabones de la cadena agroalimentaria: mercados de semillas, fertilizantes, fitosanitarios y otros insumos, sistemas de almacenamiento, transporte y distribución. En muchos casos, controlan también el agua, los combustibles y la maquinaria agrícola. Y son preponderantes, asimismo, en el manejo de la genética vegetal y animal, la producción ganadera, las industrias de los piensos, la carne, la leche y los huevos y los frigoríficos, así como en el mercado mundial de la sanidad animal. Cualquiera de ellas percibe ingresos anuales que superan el presupuesto nacional de muchos países del mundo[22].

Se refuerza así una agricultura industrializada que se orienta a los mercados internacionales guiada por criterios de estricta rentabilidad y desligada totalmente de las necesidades alimenticias de la población. El control omnímodo de todos los eslabones que conforman la cadena agroalimentaria por parte de estas corporaciones transnacionales y la intervención cada vez más profunda del capital financiero de tipo especulativo en todos los niveles de la producción, transformación y distribución alimentaria, determinan que las inversiones se orienten sólo hacia los sectores y áreas donde se producen las mayores ganancias y que los precios no tengan ya casi ninguna relación con la oferta y la demanda.

Por lo tanto, continúa M. Soler (2009), la PAC podría haberse convertido en una herramienta política muy eficiente en la defensa de un modelo agropecuario sostenible y campesino. Sin embargo, actúa como ariete del neoliberalismo y se presenta como pieza clave en la construcción activa de un modelo agroalimentario de tipo agroexportador, excluyente, injusto, desequilibrado y con una capacidad enorme de destrucción económica, social, cultural y ambiental. Es decir, en una economía globalizada, la PAC y la soberanía alimentaria de América Latina se encuentran ligadas por una interrelación dialéctica.

El funcionamiento del modelo agroexportador consolidado por la PAC se debe en gran medida al tipo de consumo predominante en los países ricos, como sucede en el caso de los países de la UE-15 (se exceptúan los nuevos socios de la antigua órbita soviética), pues la dieta basada en la carne, sobre todo la de vacuno, es muy responsable de la situación mencionada. Puede observarse al respecto el cuadro 9, donde se recoge el consumo total y el consumo por habitante de todas las carnes y de la carne de vacuno en algunos países europeos.

El diferente nivel en el consumo de carne y de carne de vacuno de los países europeos está muy relacionado tanto con el número de habitantes como con el distinto poder adquisitivo de sus consumidores, aunque por regla general todos ellos ofrecen cifras propias de países desarrollados, si bien con ligeras matizaciones, pues la capacidad económica de los alemanes o franceses no es la misma que la de los españoles, griegos o portugueses. El consumo total de carne, entre 1999 y 2007, se reduce en Alemania, Francia, Dinamarca y Grecia y aumenta en Italia, Holanda, España, Portugal, Austria y Suecia. El descenso alemán, francés y danés se relaciona con la existencia de sociedades avanzadas que cada vez reclaman más otro tipo de alimentación, mientras que el caso griego está más vinculado a la grave crisis económica del país. Sin embargo, el consumo de carne de vacuno sólo desciende en Alemania, Grecia y Austria. Los demás países consumen más carne de bovino entre los años 1999 y 2007, fundamentalmente el Reino Unido, Portugal, Suecia, Dinamarca y Holanda. España, Francia e Italia  aumentan dicho consumo con más moderación.

Cuadro 9.
UE-15. Consumo de carne y de carne de vacuno (total y por habitante y año). Años 1999 y 2007.

En cualquier caso, la importancia que tiene el consumo de carne de vacuno en los países de la UE se percibe mejor si se considera el porcentaje que representa este producto frente al consumo cárnico total. Los países en los que esta proporción es más baja en 2007 son Grecia (10,5%), debido a la crisis económica, España (12,6%), porque se consume más carne de cerdo y pollo, y Alemania (14,0%), cuyo grado de desarrollo y elevado nivel de conciencia ciudadana entre amplias capas de la población motiva que la ingesta de proteínas animales se vaya moderando poco a poco. No en vano, el consumo alemán de carne de vacuno suponía en 1999 el 16,1% del consumo total de carne. Los demás países europeos experimentan entre 1999 y 2007 oscilaciones más o menos profundas. En algunos de ellos disminuye ligeramente la participación de la carne vacuna en el consumo cárnico total: Austria e Italia. En otros aumenta también con moderación: Holanda, Francia, Portugal y Suecia. Y, por último, hay otros países en los que el aumento de este porcentaje es mayor: Reino Unido y Dinamarca.

En el consumo total de carne y de carne de vacuno por habitante se observan en los diferentes países las mismas tendencias mencionadas arriba, tanto en el crecimiento como en la disminución de ambos consumos. Los mayores consumidores de todo tipo de carnes, tanto en 1999 como en 2007, son España, Francia, Austria, Dinamarca y Portugal, mientras que en la carne de vacuno, que es más costosa y por consiguiente su consumo requiere de un poder adquisitivo más alto en los compradores, el liderazgo lo ejercen Dinamarca, Alemania, Francia, Italia y Suecia, aunque el Reino Unido, Holanda y Portugal se encuentran más o menos cerca de estos valores. Un matiz significativo acerca de la relación entre el poder adquisitivo general del país y el consumo de carne de vacuno es que los europeos suelen demandar los cortes más nobles del animal.

Precisamente es la apertura del mercado de la carne de bovino lo que más preocupaciones suscita en el intento de crear un área de libre comercio entre el MERCOSUR y la UE, pues los países sudamericanos que conforman este bloque regional (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) son líderes mundiales en la producción de carne de bovino y, además, muy competitivos. Los productores europeos creen que la liberalización del mercado causaría un colapso del sector del vacuno de carne y pérdidas por valor de 25.000 millones de euros, así como la volatilidad de los precios y un importante aumento de las importaciones europeas de carne de ave y porcino y también de maíz procedente de los países del MERCOSUR, según las estimaciones de COPA-COGECA. No es casualidad, por lo tanto, que casi el 80% de la carne de vacuno importada por la UE proceda de los países del MERCOSUR, así como el 67% de las materias primas para la alimentación animal que adquieren los socios europeos en el exterior. El origen de dos terceras partes de estas últimas importaciones se localiza en Brasil (ASAJA, 2011).

La creciente deriva de la PAC, en connivencia con la OMC, hacia la importación de alimentos baratos de América Latina y de otros lugares del mundo empobrecido, aunque siga fomentando en realidad la exportación de sus producciones más competitivas, se materializa en el aumento reciente de las importaciones de alimentos, bebidas y tabaco por parte de la UE. Según los datos de EUROSTAT (2010), los países comunitarios compraron fuera de la UE mercancías de estos tres grupos de productos por valor de 63.007 millones de euros en 2005, 67.992 millones en 2006, 75.608 millones en 2007, 80.817 millones en 2008 y 73.676 millones en 2009, es decir, se trata de un crecimiento constante salvo en el último año de la serie, hecho que se debe a los efectos de la crisis económica y financiera global sobre el comercio exterior y el consumo.

Si se distinguen los principales productos importados, las tendencias resultan casi idénticas (Cuadro 10), pues todos ellos aumentan entre 2005 y 2007 y disminuyen entre 2007 y 2009 excepto los animales vivos, cuya adquisición exterior se reduce durante la totalidad del periodo considerado, y las materias primas para la alimentación animal, que no dejan de crecer y representan un desembolso de 5.898 millones de euros en 2005, 7.011 millones en 2007 y 7.955 millones en 2009, hecho que demuestra de forma fehaciente la enorme dependencia que tiene la UE respecto de las importaciones de materias primas para el mantenimiento de un modelo de consumo alimentario basado en la dieta cárnica y respaldado por la PAC. El suministro exterior de materias primas para la ganadería constituye el segundo rubro que más gasto supone en las importaciones de alimentos y animales vivos de los países de la UE, tras las frutas y hortalizas, cuyo valor en 2009 ascendió a 19.176 millones de euros.

Cuadro 10.
Unión Europea. Importaciones de algunos productos agroalimentarios.
Años 2005, 2007 y 2009. (Valor, MIO ECU/EURO)

En cuanto al balance exportación-importación entre 2005 y 2009 (Cuadro 11), el saldo es negativo en el conjunto de alimentos y animales vivos: -21.324 millones de euros en 2005, -26.423 millones en 2007 y –22.568 millones en 2009. Por grupos de alimentos, el saldo es positivo en animales vivos, hecho que refleja la relevancia que tienen las exportaciones europeas de animales selectos y de híbridos de alto rendimiento, como sucede concretamente con el ganado porcino. También arrojan saldos favorables los productos lácteos y los cereales, típicos aprovechamientos continentales y tradicionalmente beneficiados por las ayudas y subvenciones de la PAC. Por su parte, el saldo es negativo en las frutas y hortalizas (-11.859 millones de euros en 2009) y en las materias primas para la alimentación animal (-5.272 millones de euros en 2009) en todo el periodo considerado. En el caso del azúcar, la UE ha pasado en muy poco tiempo de ser exportadora a no operar en este mercado, lo que representa una reducción de la oferta mundial con la consiguiente alza de su precio y un estímulo para los productores latinoamericanos, como sucede en el caso de Brasil, si bien gran parte de este producto se destina a la producción de etanol.

Cuadro 11.
Balance comercial de algunos productos agroalimentarios. Años 2005, 2007 y 2009
(Valor, MIO ECU/EURO)

En el cuadro 12 se representa la variación de las exportaciones de productos agropecuarios de los países latinoamericanos a la UE entre los años 2003 y 2009. Hasta 2008 la variación es positiva excepto en el caso de Venezuela, cuyo abastecimiento alimentario depende en gran medida de las compras en el exterior, cumpliendo la UE un papel prioritario en este sentido. Entre 2008 y 2009 todos los países, salvo Perú, arrojan valores negativos debido a las restricciones a las importaciones ejecutadas por la UE como consecuencia de la crisis económica. Es de esperar que las exportaciones latinoamericanas de productos agropecuarios se recuperen en cuanto los problemas económicos sean superados, pues esta situación coyuntural no puede alterar un comercio bilateral de características estructurales que se consolidará conforme la PAC profundice en sus nuevas tendencias y los países europeos y sus empresas transnacionales prefieran importar barato antes que producir caro.

Si las exportaciones de los países de América Latina hacia la UE se acotan a los productos más representativos de este comercio bilateral (frutas y hortalizas, materias primas para la alimentación animal y soja y aceite de soja), se observa un aumento constante de las exportaciones en todos los países y en todos los productos entre 2005 y 2009 (Cuadro 13). Aquí se cumple a la perfección la tendencia ya indicada acerca de que las principales exportaciones latinoamericanas se relacionan con los productos exóticos y con las materias primas básicas, baratas e indiferenciadas (commodities). Varios países de la región exportan frutas y hortalizas a la UE de forma constante y creciente. Brasil, líder indiscutible, exporta estos productos por valor de 1.088 millones de euros en 2005 y de 1.350 millones en 2009. A continuación figura Costa Rica, con 845 y 1.040 millones de euros, respectivamente, llevando a cabo un comercio basado principalmente en las piñas. Después se sitúan Chile, Ecuador y Colombia, países especializados en la exportación de frutas de clima templado (Chile) y tropical (Ecuador y Colombia). En estos casos, habría que tener en cuenta que aunque de manera oficial aparezcan dichos países como exportadores, en realidad quien exporta y se beneficia de ello son las grandes empresas transnacionales de la producción, transformación y distribución que operan en Latinoamérica y controlan sus mercados.

Cuadro 12.
América Latina y el Caribe. Variación de las exportaciones de productos agropecuarios
a la UE con respecto al año anterior. Años 2003- 2009. (En porcentajes)

Lo mismo cabe indicar respecto a la soja y el aceite de soja y a las materias primas para la alimentación animal, cuya producción y exportación se encuentra controlada por las corporaciones transnacionales europeas y estadounidenses que producen o compran barato en América Latina y venden caro en los mercados de los países desarrollados. Brasil vuelve a destacar en ambos grupos de productos, ya que exporta materias primas para la ganadería por valor de 1.991 millones de euros en 2005 y de 2.665 millones en 2009, mientras que por lo que respecta a la soja y al aceite de soja estas cifras alcanzan 2.066 y 2.876 millones de euros, respectivamente. No obstante, el principal exportador latinoamericano de materias primas para la alimentación animal es Argentina: 2.281 y 3.455 millones de euros en ambas fechas. Perú también participa de este comercio de exportación de materias primas de utilización pecuaria, pues sus ventas se centran en la harina de pescado que entra en la composición de los piensos compuestos empleados en la alimentación animal. Aparte de Brasil, los otros dos exportadores netos de soja son Argentina y Paraguay.

Cuadro 13.
Unión Europea. Importaciones de algunas materias primas y productos agroalimentarios procedentes de varios
países de Latinoamérica. Años 2005 y 2009. (Valor, MIO ECU/EURO)

La soberanía alimentaria de América Latina en entredicho: la influencia de la PAC

Son muchos los autores que de una u otra forma, o de manera más o menos explícita, se  han referido durante los últimos años a la cuestión de la soberanía alimentaria de los pueblos latinoamericanos (y de otros lugares del mundo), alzando en numerosas ocasiones su voz reivindicativa ante la conculcación de un derecho inalienable de los seres humanos (Cuéllar y Sevilla, 2009; De Sebastián, 2009; Gascón y Montagut, 2010; Hauenstein Swa, Hadley y Cichon, 2009; Montagut y Dogliotti, 2006; Montagut y Vivas, 2007; Saraigh y Sing, 2009; Segrelles, 2007 a; Segrelles, 2007 b; Veterinarios Sin Fronteras, 2006; Villanueva, 2010; Vivas, 2008)[23]. Se trata de un asunto recurrente al que se alude prácticamente a diario en multitud de periódicos, revistas y sitios web, fundamentalmente en América Latina. Incluso se publica una revista electrónica[24] dedicada en exclusiva a la información, tratamiento, estudio y análisis crítico de este tema.

La soberanía alimentaria se puede definir como el derecho de los pueblos a poder establecer su propio sistema de producción, distribución y consumo de alimentos[25]. Es el derecho de los pueblos rurales a tener acceso a la tierra, a poder producir para sus propios mercados locales y nacionales y a no ser excluidos de estos mercados por la importancia autoconcedida por las empresas transnacionales de la transformación y la distribución. Y también es el derecho de los consumidores a poder disponer de alimentos sanos, nutritivos, accesibles, culturalmente apropiados y producidos en el ámbito local. Al mismo tiempo, la soberanía alimentaria pretende la construcción de un nuevo modelo agroalimentario que tenga como norte, además del derecho a la alimentación, la producción sostenible y el acceso de los campesinos a los recursos básicos (tierra, agua, semillas, ganado, créditos).

El derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria son conceptos íntimamente ligados, tal como se infiere de la conferencia dictada por Olivier De Schutter, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, en Roma en noviembre de 2009 (De Schutter, 2009; Naciones Unidas, 2010), pues sólo mediante el ejercicio de una soberanía alimentaria sin cortapisas se puede garantizar el derecho inalienable de los seres humanos a una alimentación adecuada y a una vida democrática digna.

La FAO (2010 b) estima que en el mundo todavía existen en 2010 unos 925 millones de personas subnutridas frente a los 1.023 millones que se registraron en 2009. Pese a haber experimento una reducción, la primera en quince años, esta cifra todavía resulta inaceptablemente elevada. Sin embargo, las cifras sobre el hambre son más altas en 2010 que antes de la crisis económica y alimentaria de 2008 y 2009. Como reconoce la propia FAO, la agricultura y la economía rural son sectores cruciales para respaldar los medios de subsistencia durante las crisis prolongadas. De ahí se deduce la influencia determinante que las políticas agrarias de los países centrales y de la OMC ejercen sobre el deterioro de la soberanía alimentaria de los países subdesarrollados y dependientes.

América Latina no escapa a estos condicionantes, puesto que tras los últimos decenios de aplicación de políticas neoliberales en América Latina y de un importante crecimiento del libre mercado y de los intercambios mercantiles, el hambre y la malnutrición no se han erradicado todavía de la región. Tampoco han conseguido demasiado la FAO y los distintos gobiernos latinoamericanos pese a las declaraciones oficiales cargadas de entusiasmo y buenas intenciones. Y eso que en septiembre de 2004 en Roma el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la FAO aprobó por unanimidad las directrices voluntarias que habría que seguir para asegurar el derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria de las naciones[26]. Es cierto que en esta ocasión se redactó un documento intergubernamental que recogía las medidas concretas que había que adoptar, cuando en otras ocasiones todo se reducía a pronunciar discursos grandilocuentes adornados con bellas palabras de conmiseración y un cierto compromiso. Sin embargo, aunque se haya ido un poco más allá de lo habitual, no resulta posible ser demasiado optimista al respecto si se consideran los problemas estructurales de tipo socioeconómico que afectan a Latinoamérica y los múltiples intereses existentes, como sucede con el caso ya comentado de las grandes empresas transnacionales de la distribución agroalimentaria.

Buena prueba de ello es que en América Latina y el Caribe se ha reducido el número de personas con deficiencias alimentarias, pero esta lacra todavía afecta a más de 45,3 millones de habitantes, según los datos de la CEPAL. En los años 1990-1992 los afectados eran 52,6 millones. En los diferentes países de la región se encuentra la misma tendencia. Es decir, pese a la mejora generalizada aún se encuentran cifras intolerables de individuos que no pueden acceder a la alimentación. En cuanto a la proporción de personas subnutridas respecto a la población total sucede algo similar: el conjunto de América Latina y el Caribe pasa del 13% en 1990-1992 al 11% en 1997-1999, y al 10% en 2001-2003, mientras que los diferentes países de la región tienen comportamientos diferentes dentro de una tendencia generalizada hacia la reducción. Sólo Paraguay aumenta este porcentaje: 13% en 1997-1999 y 15% en 2001-2003. Por su parte, Colombia, Ecuador y Venezuela se mantienen en las mismas proporciones entre 1997-1999 y 2001-2003: 14%, 5% y 18%, respectivamente. En cualquier caso, y a pesar de la mejora en este indicador, las proporciones siguen siendo demasiado elevadas en casi todos los países, sobre todo en el caso de Bolivia.

En el cuadro 14 se abunda en esta cuestión, ya que en él se han plasmado la malnutrición infantil, la población que se encuentra por debajo del nivel mínimo de energía alimentaria y la disponibilidad de kilocalorías por persona y día en diferentes países latinoamericanos. Dichas cifras corroboran de nuevo la reducción de la lacra humana que representa la subnutrición y el hambre. El conjunto regional tenía en 1990-1992 el 10,7% de la población por debajo del nivel mínimo del consumo de energía alimentaria, mientras que en el periodo 2004-2006 se había reducido al 7,3%. En cuanto a los niños menores de cinco años con insuficiencia alimentaria, América Latina y el Caribe pasan del 8,6% en 1989-1999 al 6,3% en 1996-2008.

Por lo que respecta a los diferentes países en concreto, en todos ellos se retrae la proporción de personas con un consumo de energía alimentaria inferior al mínimo, salvo en Venezuela, que aumenta dos puntos, y en Argentina y Uruguay, que se mantiene en ambos casos en el 5% en los dos periodos de referencia.

El porcentaje de niños menores de cinco años con malnutrición también se reduce en casi todos los países, aunque destaca sobre todo el retroceso que este problema experimenta en Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador. Sin embargo, llama la atención el aumento relativo de Argentina, Paraguay y Uruguay, fundamentalmente porque se trata de exportadores netos de materias primas agroalimentarias que luego sirven para alimentar a la ganadería industrializada europea. Sin ir más lejos, según los datos de la FAO (2009), Argentina exportó en 2006 productos pecuarios (carne, leche y huevos) por valor de más de 14.200 millones de dólares, lo que supuso un crecimiento anual del 13,5% respecto al año 1995. Uruguay hizo lo propio en las mismas fechas por un valor de 1.300 millones de dólares y un crecimiento del 12,0% por año, mientras que en Paraguay el valor de las exportaciones de los productos procedentes de la ganadería ascendió a más de 418 millones de dólares en 2006, con un crecimiento anual del 23,0% respecto a 1995.

Cuadro 14.
América Latina. Insuficiencia alimentaria y consumo de energía, 1989-1999/1996-2008 y 1990-1992/2004-2006

De todos modos, el caso argentino es el más flagrante porque este país es una de las principales potencias exportadoras de productos agroalimentarios del mundo, cuya capacidad de alimentación se estima en unos 400 millones de personas, cuando su población censada es algo superior a 40 millones de habitantes en 2010. Sin embargo, dos millones y medio de argentinos pasan hambre e incluso en Salta, provincia norteña, se han registrado diez muertes de niños por desnutrición antes de cumplirse los tres primeros meses de 2011, mientras que en Misiones, otra provincia septentrional, en 2010 fallecieron 206 niños por idénticos motivos. Aparte de una serie de deficiencias estructurales ya antiguas en el país y al alza reciente de los precios de los alimentos, el origen de esta situación también radica en la política ganadera del gobierno, que al restringir las exportaciones de carne de vacuno ha desalentado esta actividad pecuaria a favor del cultivo de soja que después se exporta a Europa (Semanal El País Negocios, 20 de marzo de 2011). Se observa, una vez más, cómo la PAC y el modelo de consumo europeo, junto con la miopía de las autoridades locales, fomentan los modelos productivos agroexportadores e influyen de forma determinante en la pobreza de muchos contingentes poblaciones de América Latina.

En el cuadro 14 también se recoge la disponibilidad de energía alimentaria en el periodo 2005-2007, es decir, el suministro de alimentos para consumo humano directo. Los valores más elevados corresponden a México, Brasil y Argentina, mientras que los más reducidos se encuentran en Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, Colombia, Venezuela y Uruguay, todos ellos por debajo de la media regional (2.990 kilocalorías por día y habitante). Por lo tanto, las previsiones de N. Alexandratos (1995), que estimaba que la población de América Latina y el Caribe alcanzaría un consumo alimentario de 2.950 kilocalorías diarias en 2010, ya casi se cumplen en 2007 (año más reciente del que se dispone) para el conjunto latinoamericano y caribeño. Aunque las cifras medias regionales han aumentado, pues en el periodo 1969-1971 se disponía de 2.500 kilocalorías por día y persona y en 1988-1990 de 2.690, este hecho no puede esconder el retraso y las carencias alimenticias que ofrecen muchos países concretos. Además, según las indicaciones de J. Chonchol (1991), gran parte de la población latinoamericana, sobre todo del medio rural, tardará bastante tiempo en satisfacer sus necesidades nutricionales mínimas para llevar una vida normal, pues este autor señala que una actividad física moderada y un trabajo sedentario requiere unas 2.600 kilocalorías por día, mientras que si el trabajo es intenso, como sucede en el caso de los campesinos que no emplean maquinaria agrícola, los requerimientos mínimos se elevan hasta 3.500 kilocalorías por día.

A la consecución de esta meta no ayuda en absoluto la crisis actual y el constante aumento del precio de los alimentos a nivel mundial[27]. Respecto al caso de varios países latinoamericanos, en el cuadro 15 puede apreciarse la variación creciente que sin paliativos experimentan los índices anuales de los precios de los alimentos que deben satisfacer los consumidores durante el último decenio (año base 2000=100) en todos los países considerados, si bien destacan Venezuela, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Pese a la opinión de la OMC, el BM e incluso la FAO, que hablan de insuficiencias en la producción agropecuaria y, por ende, animan a la expansión de los cultivos transgénicos (Segrelles, 2005), lo más paradójico de esta coyuntura en la que los precios de los alimentos son elevados es que la crisis se produce en un contexto de abundancia de alimentos. Según E. Vivas (2011), la producción de comida se ha multiplicado por tres desde la década de los años sesenta del siglo pasado, mientras que la población mundial sólo se ha duplicado desde entonces. Por lo tanto, no se trata de un problema de producción o de escasez debido a ciertas catástrofes climáticas (sequías, inundaciones, plagas), sino de las dificultades crecientes que centenares de millones de personas tienen para acceder a los alimentos debido a la crisis económica, la especulación con las materias primas, la generalización del uso de agrocombustibles, el alza del coste del barril de petróleo[28], el aumento del precio de la comida, la conversión de la misma en mercancía y la subordinación de la soberanía alimentaria de los pueblos a los intereses del mercado[29], que no son más que los intereses de las grandes empresas transnacionales agroalimentarias de actuación global.

Cuadro 15.
América Latina y el Caribe. Índices Anuales de Precios al Consumidor:
Alimentos (Año base 2000=100)

En esta misma línea de pensamiento se encuentra la opinión de E. Bruneto y J. P. Stédile (2011) cuando aportan las que a su juicio son las principales causas del aumento de los precios de los alimentos y de la crisis alimentaria en el mundo:

• El control oligopólico que unas pocas empresas tienen del comercio agropecuario mundial de los principales productos: soja, maíz, trigo, leche, carne. Estas firmas imponen los precios sin tener en cuenta el coste real de producción.
• La especulación de los grandes inversores en las bolsas de mercancías agrícolas ha convertido los alimentos en meros papeles de negocios.
• La especulación financiera, pues muchas instituciones bancarias invierten sus capitales volátiles en la adquisición de mercancías agropecuarias para protegerse de la crisis general.
• La producción agrícola de agrocombustibles, que tiene sus precios basados en el petróleo, termina empujando la tasa media de ganancia en la agricultura hacia arriba. Debido al elevado precio del etanol, suben todos los productos agropecuarios.
• El elevado coste de transformar millones de toneladas de cereales en proteína animal. Los consumidores de los países desarrollados demandan cada vez más carnes y, por eso, parte de la producción de vegetales, que podría ser consumida por la población, se destina al ganado, lo que influye en el aumento del precio de la carne.
• Las privatizaciones de los servicios públicos para la agricultura, que son transferidos al control de las empresas transnacionales.
• Las legislaciones ambientales de sanidad y certificados de patentes, ejecutados en la etapa de los gobiernos neoliberales para favorecer el control oligopólico de algunas grandes empresas sobre la mayoría de los productos que exigen transformación industrial, les confiere poder para imponer los precios.
• Las disposiciones de la OMC a partir de 1994, que transformó los alimentos en simples mercancías que sólo deben estar reguladas por el juego de la oferta y la demanda. Como el mercado está controlado por las grandes firmas transnacionales, esto tiene un efecto directo en el precio de los alimentos.
• La introducción de la propiedad privada de las semillas transgénicas impone una nueva matriz tecnológica con costes de producción mayores y en beneficio de las mismas corporaciones que controlan el comercio, las semillas y los insumos agrícolas.
• La intensificación del desplazamiento de los capitalistas, en general, y de las grandes empresas, en particular, hacia los países subdesarrollados para apoderarse de sus recursos naturales (agua, tierra, madera) representa la expulsión de los campesinos y de las comunidades rurales.
• La internacionalización del coste de los alimentos determina que los parámetros de producción y de los precios ya no dependan del coste real de la producción de alimentos de cada país, sino que se establece un precio medio mundial que está controlado por las empresas y que excluye a los sistemas de producción locales y campesinos.

La pobreza rural en América Latina: un círculo vicioso de difícil solución

En la medida en que la UE utiliza sus políticas agrarias como instrumento de la mundialización de la agricultura y la alimentación y de la liberalización del comercio de alimentos en manifiesta sintonía con los dictados de la OMC, tal como indica P. Galindo (2009), la PAC es directamente responsable del proceso arriba mencionado por el que se extiende la inseguridad alimentaria y aumenta la pobreza rural en los países latinoamericanos y de otros lugares del mundo empobrecido. Las reformas de la PAC se han adherido a las políticas económico-mercantiles internacionales con entusiasmo y como si no hubiera otra salida, causando la rápida y masiva desaparición de millones de pequeñas y medianas explotaciones familiares y campesinas, tanto fuera de la UE como en su propio seno. Lógicamente, esto representa un aumento de la pobreza rural, aunque también urbana como consecuencia del éxodo de campesinos arruinados que se produce hacia los sectores más marginales de las populosas áreas metropolitanas de América Latina[30].

La pobreza rural se convierte en un círculo vicioso de difícil solución porque se encuentra directamente vinculada a la inseguridad alimentaria que generan los modelos agroexportadores amparados por la creciente liberalización del comercio de alimentos y fomentados por la PAC y la OMC, que están al servicio de las corporaciones transnacionales que controlan la producción, transformación y distribución de materias primas y productos agroalimentarios en el mundo. Hay pobreza en el medio rural latinoamericano porque el campesino no puede acceder a los alimentos debido al elevado precio de los mismos, al deterioro de sus rentas, a la competencia desleal de los productos importados y al retroceso de los cultivos de consumo humano; al mismo tiempo no puede adquirir esos alimentos precisamente a causa de esa misma pobreza y por las dificultades crecientes que encuentra para seguir ligado a la tierra y a su producción ante el avance del agribusiness y del modelo de agricultura y alimentación de tipo industrializado y productivista orientado a la exportación.

Es fácil deducir entonces, como indica E. S. Reinert (2007), que la liberalización comercial no elimina ni la pobreza ni el hambre en los países dependientes y empobrecidos. La legión de miserables, desnutridos y hambrientos no disminuye sensiblemente pese al crecimiento de los intercambios agroalimentarios en el mundo durante las últimas décadas. El modelo agroexportador, fomentado por intereses de diverso signo asociados a las grandes firmas transnacionales de la transformación y la distribución, no sólo significa llevar hasta sus últimas consecuencias socioeconómicas y ambientales la política de “todo para la exportación”, sino que el mantenimiento de los sistemas productivos de monocultivo intensivo obliga a una importación masiva de insumos cuya consecuencia inmediata es una dependencia y un gasto crecientes e insostenibles para los países latinoamericanos dependientes, pues los ingresos derivados de las exportaciones agroalimentarias únicamente les permiten cubrir algo más de la mitad de las cantidades desembolsadas para  hacer frente a las importaciones.

Asimismo, la exclusión de los productos provenientes de la agricultura familiar o campesina de los circuitos mercantiles globales tiene graves consecuencias de todo orden: agropecuarias, socioeconómicas, demográficas, ambientales, culturales y territoriales. Y esto, por supuesto, a escala planetaria, ya que tanto los campesinos y el medio rural de los países pobres como la agricultura familiar de los países ricos se ven afectados por las estrategias de la gran distribución organizada desde el momento en que el libre comercio (impulsado por la OMC a instancias de Estados Unidos y la UE, en este último caso por medio de la PAC) los pone en relación, los vincula de forma concluyente y los hace víctimas comunes de los mismos agentes. No debe extrañar, por lo tanto, que sean precisamente estos grandes grupos de la distribución agroalimentaria los que más influencia tienen en las políticas que diseña la UE y la OMC y los que más presionan para conseguir una mayor liberalización comercial en el mundo.

La liberalización comercial y las políticas que fomentan los modelos agroexportadores actúan en contra de los intereses de los campesinos latinoamericanos, pues cuando entran en competencia modelos agropecuarios con grandes diferencias de competitividad lo que se fomenta es la generalización de un comercio no sostenible de productos agroalimentarios y una fortísima competencia sobre las producciones locales destinadas al consumo humano, lo que motiva la caída de los precios agrícolas nacionales y una reducción de los ingresos de los campesinos, proceso que genera pobreza rural, destrucción de los modos tradicionales de vida de los pequeños y medianos productores y desempleo masivo en el campo (Parmentier, 2009).

Un instrumento muy utilizado para aplicar políticas discriminatorias en el agro latinoamericano es el de la financiación selectiva. La extendida idea de que se abandona el campo a su suerte al convertir la agricultura en mercado y los alimentos en mercancías sólo es cierta a medias. El abandono se produce respecto a la agricultura campesina y a la ausencia de estrategias para conservar el contenido social del medio rural, pero no por lo que atañe a las grandes empresas agroindustriales, competitivas y vinculadas al comercio de exportación, que reciben muchos recursos estatales de tipo financiero y tecnológico. Todo esto genera un nítido proceso de “descampesinización” porque los pequeños y medianos productores, objeto de presiones políticas y económicas continuas, no puede competir con las grandes estructuras agroindustriales en un mercado libre, abandona el cultivo de la tierra y su propiedad agraria y experimenta un constante proceso de pauperización en su vida cotidiana.

Fiel reflejo de esta situación son los datos que se plasman en el cuadro 16, donde se observa con claridad que tanto la pobreza como la indigencia son fenómenos eminentemente rurales en Latinoamérica, pues las zonas no urbanas siempre presentan porcentajes mayores que los correspondientes a la pobreza y extrema pobreza total de cada país y del conjunto regional. También es cierto que la proporción de pobres e indigentes respecto a la población total general y respecto a la que habita en el medio rural experimenta una sensible reducción entre los periodos 2003-2005 y 2006-2008. De todos modos, durante los dos últimos años ha habido un repunte de estos indicadores como consecuencia del alza en el precio de los alimentos, hecho que sobre todo afecta a la pobreza extrema. En los tres últimos años, los alimentos se encarecieron casi dos veces y media más de lo que se encarecieron los productos no alimenticios.

En cualquier caso, durante 2006-2008 la pobreza en las áreas rurales afecta al 52,2% de la población latinoamericana que habita en este ámbito, mientras que en el caso de la indigencia rural se ve implicado el 29,5% de los habitantes. En cuanto a los países concretos, si se exceptúan Chile, Uruguay y Venezuela, el resto siempre supera el 40% de pobres en sus zonas rurales en 2006-2008, si bien Brasil y México no ofrecen cifras tan escandalosas como Bolivia, Paraguay, Perú o Ecuador. La distribución nacional de la indigencia o pobreza extrema sigue idénticas pautas, ya que fundamentalmente destacan los valores relativos de Bolivia, Paraguay, Perú y Ecuador.

Según un informe elaborado por la CEPAL, junto con el IICA y la FAO (2010), la pobreza rural de los países latinoamericanos tiene un importante signo agrícola, si bien es cierto que no se debe generalizar. Las mayores tasas de influencia de la pobreza se presentan en los hogares agrícolas (Brasil, México y Paraguay) y en los hogares dependientes de transferencias, es decir, aquellos en los que ningún miembro de la familia está ocupado (Ecuador, Costa Rica, República Dominicana). Los hogares mixtos (sus miembros ocupados están distribuidos entre el sector agrícola y los sectores no agrícolas) de Brasil, Ecuador o Costa Rica son los que registran una pobreza menor debido a la importancia de la economía rural no agrícola como complemento de las actividades del campo. En cuanto a la distribución relativa de los hogares pobres en el medio rural, este informe señala que la mayor proporción corresponde a los hogares agrícolas, pues este grupo constituye más de la mitad de los hogares en condiciones de pobreza en Ecuador (65,5%), Brasil (57,3%) y Paraguay (50,5%). También es el grupo más numeroso en México (40,0%). En estos cuatro países latinoamericanos, la pobreza rural tiene un sesgo agrícola notable.

Cuadro 16.
América Latina y el Caribe. Incidencia de la pobreza y de la pobreza extrema. Años 2003-2005 y 2006-2008. (En porcentajes)

A este respecto, hace ya una década, la CEPAL (Panorama social de América Latina y el Caribe, 2000-2001) aventuraba la tasa de crecimiento económico que se requería en los medios urbano y rural de los países latinoamericanos para reducir a la mitad la proporción de población en situación de pobreza extrema en los siguientes quince años a partir de 1999. En este informe se decía que mientras en las zonas urbanas del conjunto de América Latina se requería un promedio anual de crecimiento del PIB por habitante de 1,8, de 1,4 en los países de menor pobreza (Chile, Uruguay, Argentina, México) y de 1,9 en los más pobres (Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay, Bolivia), estas cifras implican en las zonas rurales unos promedios anuales de 4,1, 2,5 y 3,1, respectivamente, durante quince años, es decir, demasiado tiempo para unas economías muy dependientes de la coyuntura internacional y que de forma tradicional sufren agudas recesiones. Por lo tanto, se puede afirmar que se trata de objetivos prácticamente inalcanzables mientras persista el modelo productivo vigente. No se puede concebir un crecimiento duradero y constante en unos países en los que priman las exportaciones de materias primas y donde se excluye a gran parte del territorio y la población de la producción y el consumo, y donde no se incentivan las inversiones productivas ni se atiende al mercado interno o a las necesidades alimenticias de la población. Además, pese a la mejoría de algunos países cuyos gobiernos están comprometidos con las mejoras sociales, sus políticas suelen estar impregnadas por la tiranía del mercantilismo a ultranza y el sector público hace dejación de lo que deberían ser sus funciones primordiales para erradicar la pobreza y conseguir el bienestar de la población, sobre todo en las áreas rurales más necesitadas.

El predominio de la agricultura comercial orientada a la exportación causa la quiebra de muchos pequeños y medianos productores latinoamericanos porque no pueden acceder al crédito y adaptarse, por lo tanto, a las nuevas exigencias tecnológicas y mercantiles. Asimismo, la liberalización comercial y las políticas agroexportadoras suponen la concentración de las mejores tierras en manos de unos pocos propietarios, bien porque el campesino abandona la actividad agraria, bien porque es directamente expropiado o desplazado por diversas causas. Esto representa un aumento de los agricultores sin tierras cuya salida es la emigración al extranjero o a las áreas metropolitanas más próximas, el trabajo como jornaleros en las grandes y modernas explotaciones o la ocupación de tierras marginales. En cualquier caso, se empleen como braceros u ocupen tierras poco aptas para el cultivo siempre se desemboca en la pobreza rural, las carencias alimenticias y la degradación ambiental, fenómenos que se nutren de forma mutua y constituyen un auténtico círculo vicioso.

Durante los últimos años han proliferado los estudios (Altieri, 2009; Altieri y Nicholls, 2008; Altieri y Parviz, 2008; Fernández Castillo, 2001; Holt-Giménez, 2006; La Vía Campesina, 2011; Rosset y Altieri, 1997) que rompen con ciertas ideas productivistas neoclásicas muy arraigadas y demuestran que las pequeñas y medianas unidades de producción pueden ser tan productivas como las grandes empresas dedicadas al monocultivo agroindustrial, siempre y cuando cuenten con las condiciones adecuadas de comercialización, precios y adquisición de insumos, hecho que por desgracia no ha sido habitual en el tratamiento que el campo ha recibido por parte de muchos gobiernos latinoamericanos, según recuerda S. Fernández Castillo (2001).

Del mismo modo, existe la evidencia que pone de manifiesto que las explotaciones de menores dimensiones físicas son más eficientes porque cultivan de forma más intensa sus parcelas y producen por hectárea entre dos y diez veces más que las grandes propiedades. El gran productor se dedica al monocultivo y desaprovecha el suelo, mientras que los pequeños campesinos cultivan productos de siembra combinándolos con árboles frutales, forrajes, cerdos, gallinas, alguna vaca, tal como manifiesta P. Rosset en una entrevista realizada para el diario barcelonés La Vanguardia (16 de abril de 2005).

Siguiendo con estos razonamientos, S. Fernández Castillo (2001) afirma que la agricultura orgánica o ecológica y la agricultura campesina son conceptos íntimamente unidos, pues esta última es depositaria de un enorme capital tecnológico basado en un minucioso conocimiento local de semillas, climas, suelos, flora, fauna y prácticas agrícolas de bajo coste y mínimo consumo energético, trabajando además dentro de un modelo agropecuario sostenible, toda vez que cultiva varias especies, no aplica fertilizantes ni plaguicidas químicos, respeta los tiempos y procesos naturales, practica la rotación de cultivos, integra los aprovechamientos agrosilvopastoriles y emplea energía y recursos locales, es decir, desarrolla una producción agropecuaria orgánica y, por lo tanto, sostenible. La agricultura orgánica no sólo implica el respeto ambiental, el ahorro energético, la ausencia de contaminación y la protección de la salud de los consumidores, sino que también puede significar la luz al final del túnel en el que se encuentra encerrada la agricultura campesina, con todo lo que ello representa para la equidad social, la erradicación de la pobreza en el medio rural, la eliminación de las carencias nutricionales o el hambre y la generación de empleo, pues los sistemas agropecuarios orgánicos requieren abundante mano de obra (Cuellar y Sevilla, 2009). Sólo así podría conseguirse la seguridad y la soberanía alimentaria de los pueblos latinoamericanos.

A este respecto, La Vía Campesina (2011) indica que mientras el campesinado y la agricultura tienen vocación de producir alimentos, el agronegocio tiene vocación exportadora con el fin de alimentar a la ganadería intensiva europea o de producir agrocombustibles para los vehículos[31]. Por lo tanto, los seres humanos disponen de comida gracias a la agricultura familiar, pues la producción de pequeña escala controla menos de la mitad de las tierras arables, pero produce la mayor parte de los alimentos consumidos. Un ejemplo típico es el de Brasil, donde la agricultura familiar sólo dispone del 24,3% de las tierras de cultivo, aunque representa el 84,4% de las explotaciones y proporciona empleo a tres veces más personas que el agribusiness. Esta agricultura campesina produce el 87% de toda la yuca, el 70% de los frijoles, el 46% del maíz, el 34% del arroz, el 58% de la leche, el 50% de la carne de ave, el 59% de la carne de cerdo y el 30% de la carne de vacuno. Es decir, cuenta con menos del 25% de las tierras y genera el 40% de todo el valor agropecuario del país.

Asimismo, la organización La Vía Campesina (2011) demanda las siguientes políticas públicas con el objeto de apoyar a la agricultura sostenible campesina y familiar:

• Ejecución de una reforma agraria genuina que termine con el acaparamiento de tierras[32].
• Reorientación de la investigación y la extensión agrarias hacia el apoyo a las innovaciones de tipo agroecológico de campesino a campesino y manejadas y compartidas por las organizaciones campesinas.
• Modificación de las facultades de agronomía, pues la agroecología y las ciencias sociales deben representar un papel nuclear en el currículo formativo.
• Puesta en marcha de políticas a favor de la soberanía alimentaria: protección de los mercados locales ante la competencia desleal, lucha contra el acaparamiento de tierras y contra la especulación, definición de sistemas para garantizar unos precios justos para la producción campesina de alimentos y para los consumidores, entre otras.
• Apoyo a los sistemas campesinos de semillas criollas y rechazar los que van contra el campesinado.
• Reorientación de los sistemas de aprovisionamiento público de alimentos (escuelas, hospitales, cesta de la compra básica) para conceder prioridad a los producción campesina ecológica y los precios justos.
• Apoyo a la comercialización directa entre productores y consumidores de los productos ecológicos por medio de los mercados campesinos o de la unión de cooperativas urbanas y rurales.
• Fin de las subvenciones a los fertilizantes químicos y eliminación de los plaguicidas tóxicos y de los cultivos transgénicos.
• Ruptura y prohibición de los monopolios y oligopolios nacionales e internacionales del agronegocio que captan y distorsionan las políticas públicas a su favor y en detrimento de los productores y los consumidores.

Por otro lado, según un estudio realizado por ETC Group (2009), al menos el 70% de la población mundial está alimentada por la agricultura campesina, porcentaje que se distribuye del siguiente modo: el 50% de los alimentos son producidos por los campesinos rurales, el 12,5% proviene de la caza y la recolección y el 7,5% procede de la producción realizada por los campesinos que habitan en las ciudades. Sólo el 30% restante lo produce la cadena alimentaria industrial. Por supuesto, el modelo agrícola campesino y sostenible también es garante de la biodiversidad, pues cría y explota unas cuarenta especies distintas de animales, mientras que la cadena alimentaria comercial únicamente se centra en el aprovechamiento de cinco especies (vacuno, porcino, ovino, caprino y aves), precisamente las más rentables, las de más alto precio y las que se ajustan a la cultura y al modelo de consumo de los países desarrollados.

La deforestación y el deterioro ambiental: otra consecuencia del modelo productivo agroexportador

En no pocas ocasiones se ha estudiado la cuestión de la soberanía alimentaria como un concepto hasta cierto punto abstracto, hurtándole su dimensión territorial. Sin embargo, la creciente dependencia externa de los países latinoamericanos, debido a sus importaciones masivas de alimentos, y la consecuente pérdida de seguridad alimentaria se relacionan, como es bien sabido, con las políticas impuestas por el FMI, el BM y la OMC que se ejecutan por  medio de acciones concretas sobre el territorio, es decir, tienen un claro reflejo espacial, como sucede en el caso de la reorganización de las superficies agrarias para primar los cultivos comerciales en detrimento de los de consumo humano, el acaparamiento de tierras por parte de las grandes empresas transnacionales de la agroalimentación (Borrás y Franco, 2010), los desplazamientos de la población agrorrural, la ocupación de tierras frágiles y marginales, la pérdida de biodiversidad y el deterioro ambiental causado por la expansión del monocultivo o la deforestación para crear nuevas superficies agrícolas y ganaderas cuyas cosechas también se destinan a los mercados internacionales.

Las corporaciones transnacionales y las empresas autóctonas latinoamericanas de tipo agropecuario y agroindustrial no consideran la protección del ambiente y de los recursos naturales como factores fundamentales para un desarrollo sostenible y respetuoso con el entorno, sino como un obstáculo para el comercio, similar a una barrera no arancelaria que merma la competitividad de muchos productos o mercados importantes y perjudica los intercambios mercantiles. En el mismo preámbulo del Acuerdo de Marrakech (1994), por el que se crea la OMC, se dice que esta organización tiene como fin acrecentar la producción y el comercio de bienes y servicios, permitiendo al mismo tiempo la utilización óptima de los recursos naturales en conformidad con el objetivo de conseguir un desarrollo sostenible. Desde luego es cierto que la OMC pretende aumentar la producción y el comercio internacional de mercancías y servicios libre de trabas aduaneras, pues ésta es su razón de ser, pero en modo alguno es verdad que entre sus pretensiones figure el desarrollo sostenible con la óptima utilización de los recursos. De ahí el escaso éxito de las propuestas que abogan por la introducción de cláusulas ecológicas en los acuerdos comerciales internacionales, excepto cuando las mismas sirven como barreras no arancelarias de los países dominantes frente a las importaciones desde los países dependientes o se utilizan como instrumento de las potencias para seguir controlando la economía del mundo subdesarrollado bajo la cínica bandera de la ecología o el desarrollo sostenible (Segrelles, 2008).

Por supuesto, ya no se trata sólo de una mera cuestión ecológica, pues el deterioro ambiental es el reflejo de usos, costumbres, estrategias, actividades y políticas de mayor alcance que ponen en entredicho la propia supervivencia de amplias capas de la población latinoamericana. El monocultivo, la agroindustria y la producción orientada a los mercados internacionales en detrimento del consumo local (Segrelles, 2007 b) forman parte de un sistema interrelacionado y dialéctico que genera pobreza, hambre y desnutrición, arrincona al pequeño y mediano productor familiar y pone en peligro tanto la soberanía alimentaria de los países como la seguridad de sus ciudadanos en el sustento diario.

En el cuadro 17 se recoge la situación forestal de América del Sur y de los países que la conforman. Por sus propias dimensiones físicas, Brasil figura a la cabeza en cuanto al área de bosque total con más de 519 millones de hectáreas, lo que representa el 60,1% de la superficie boscosa de Sudamérica. A continuación se encuentran Perú (7,9%), México (7,5%), Colombia (7,0%) y Bolivia (6,6%). Por lo que respecta al porcentaje del área de bosque con relación a la superficie total del país, Brasil vuelve a ocupar el primer lugar, seguido de Colombia, Bolivia, Perú y Venezuela, todos ellos por encima de la media sudamericana, que se cifra en el 49%. La menor presencia relativa de bosques se localiza en Uruguay, Argentina y Chile. Por su parte, si se tiene en cuenta la proporción entre el área de bosque y la población, existe un ligero cambio respecto a los datos anteriores porque en primer lugar y con mucha diferencia figura Bolivia, y a continuación Paraguay y Brasil.

Sin embargo, lo más significativo es que la superficie forestal de Sudamérica, y de América Latina en general, ha disminuido durante las últimas décadas, como demuestra la tasa de variación anual entre 2000 y 2010, tanto en valores absolutos como relativos.

Cuadro 17.
América del Sur. Situación actual y evolución de la superficie forestal. Año 2010.

Las únicas excepciones son las de Chile y Uruguay, hecho que se debe a la expansión reciente de las plantaciones de especies exóticas (eucaliptos y pinos principalmente) impulsadas por la demanda externa de la industria de la madera y la celulosa y desarrolladas por empresas transnacionales como la española ENCE o la finlandesa Metsä-Botnia[33]. Aunque la superficie total de bosques plantados es relativamente pequeña, ha aumentado un 3,2% anual durante la última década (FAO, 2011 a). La sustitución de las selvas y áreas boscosas nativas por estas plantaciones forestales supone una pérdida considerable de biodiversidad y un fuerte deterioro ambiental, sobre todo por lo que atañe a los efectos negativos que los eucaliptos ejercen sobre los suelos y el ciclo del agua.

Dentro de la tónica general de retroceso del bosque, Brasil figura de nuevo a la cabeza con una pérdida de más de 2.600.000 hectáreas (-0,5%) entre 2000 y 2010. A mucha distancia, pero con valores relativos más elevados, están Ecuador, Paraguay, Argentina y Venezuela. La causa principal de esta deforestación generaliza radica en la sustitución de las selvas y bosques por tierras para uso agrícola y ganadero, fenómeno mediatizado por el modelo productivo de tipo agroexportador que en aras del mercado y los beneficios sacrifica un patrimonio natural de enorme valor. No hay que olvidar que, según los datos de la FAO (2011 a), América del Sur y América Central poseen más de la mitad de los bosques primarios del mundo (57%).

La demanda creciente de carne, piensos para la ganadería industrializada y agrocombustibles en Europa contribuye de forma directa a la deforestación y deterioro ambiental de América Latina y a la continua destrucción de la Amazonía y el Cerrado en el caso de Brasil, tal como recoge el último informe, con elocuente título, de la organización Amigos de la Tierra Europa (2010): De la selva al plato. O cómo el ganado, la soja y el azúcar devastan los bosques de Brasil y perjudican el clima. Después de analizar los datos más recientes, dicho informe señala la necesidad de reducir las importaciones de soja para la alimentación animal en el marco de la PAC, pues la UE es el tercer importador mundial de carne brasileña con más de 250.000 toneladas de carne de vacuno adquiridas en 2009, uno de los principales mercados para la soja y la harina de soja (compra un tercio de la producción total del país latinoamericano) y el principal comprador de etanol procedente de la caña de azúcar, ya que adquirió el 26,5% de las exportaciones totales de Brasil en 2009. Todos ellos son productos (carne, caña de azúcar y soja) que han desplazado a los cultivos destinados al consumo humano.

El mencionado informe urge a una reforma urgente de la PAC con el objeto de reducir la dependencia de la soja importada y frenar la expansión de los agrocombustibles, pues la insaciable demanda europea de estos productos constituye un factor de deforestación en Brasil y una agresión continua hacia el área amazónica[34] y del Cerrado, con graves consecuencias para el clima, los ecosistemas, la biodiversidad y la alimentación de millones de personas. No hay que olvidar que Europa consume el 36% de la soja y el 76% de la harina de soja que se produce en Brasil. La soja se utiliza para la fabricación de piensos para la ganadería (Steinfeld, 2006), pero también para elaborar alimentos preparados, como sucede con la margarina, y para producir agrocombustible. En cuanto a la carne de vacuno, la UE es el segundo consumidor mundial, tras Estados Unidos, con más de ocho millones de toneladas importadas en 2009, lo que equivale al 14,3% de la producción mundial. También es el tercer importador de ternera brasileña, después de Rusia y China. Por lo que respecta a la importación de azúcar brasileño, la UE ha representado hasta ahora un papel menor porque era una gran productora, aunque esta situación sin duda cambiará en el futuro inmediato porque la Comunidad ha dejado de operar en este mercado desde hace tres campañas. Sin embargo, en 2009 recibió el 26,5% de las exportaciones brasileñas de etanol, que se obtiene del azúcar de este país (Amigos de la Tierra Europa, 2010).

En efecto, apoyados por la gran demanda europea y la evolución de la PAC, el agribusiness se comporta con agresividad en el avance de la frontera agropecuaria y la consiguiente transformación de la selva y el bosque en plantaciones de cultivos comerciales y explotaciones pecuarias que no aportan ningún beneficio al ambiente ni al empleo ni alimentación de la población autóctona. Lo más grave es que no se vislumbra un final fácil para esta situación, ya que las previsiones indican que en 2020 la superficie cultivada con soja aumentará cinco millones de hectáreas, mientras que la ganadería y la caña de azúcar crecerá un 25%. Buena prueba de ello es que, pese a la reciente reducción de las tasas de deforestación, se talan 6.450 kilómetros cuadrados de selva amazónica cada año, aunque la peor parte se la lleva el Cerrado con una destrucción anual de 20.000 kilómetros cuadrados (Amigos de la Tierra Europa, 2010).

La dinámica económico-productiva en respuesta a la demanda de los mercados internacionales, fundamentalmente de la UE, genera una presión hacia el uso intensivo de los recursos naturales de estas áreas brasileñas y de otros lugares de América Latina[35]. La madera, los frutos no maderables, la minería, el petróleo y la expansión agropecuaria para satisfacer la demanda de materias primas de los mercados fomentan un modelo productivo a todas luces insostenible, tanto para el ambiente como para sus habitantes. Además, la expansión de estas actividades económicas conlleva la construcción de infraestructuras que contribuyen a la deforestación, a la fragmentación de los ecosistemas y a la pérdida de biodiversidad, pues el avance de la frontera agropecuaria implica la proliferación de la red viaria, que entre 1975 y 2005 se multiplicó por diez y alentó el aumento de los asentamientos humanos (PNUMA y OTCA, 2009).

Así es como la liberalización comercial en el mundo, el modelo de consumo imperante en los países ricos y la PAC se combinan para ejercer una presión insostenible sobre los ecosistemas de América Latina y sobre la población autóctona. La eliminación de los excedentes agropecuarios europeos y las reformas de la PAC, encaminadas hacia el fomento de las importaciones baratas, estimulan el modelo productivo agroexportador de los países latinoamericanos y en consecuencia la reorganización de sus superficies agrícolas y ganaderas, así como la retracción de los cultivos alimentarios básicos en la dieta local. Todo esto supone un ataque sin precedentes a la seguridad alimentaria de las personas y a la soberanía alimentaria de los pueblos, procesos que conllevan malnutrición, hambre, desestructuración de las comunidades campesinas, desempleo en el campo y pobreza rural.

Conclusiones

La PAC de la UE constituye un poderoso instrumento que es capaz de condicionar y controlar la agricultura, los territorios rurales y los recursos naturales de los países de América Latina, estableciéndose de este modo una interrelación dialéctica entre sus estrategias, ligadas a los dictámenes de la OMC, y la soberanía alimentaria de los pueblos latinoamericanos.

Las sucesivas reformas de la PAC no han hecho más que profundizar esta relación dialéctica pese a la imagen de compromiso ambiental y sostenible y de solidaridad con los países agroexportadores que la UE intenta transmitir. En efecto, las nuevas estrategias, que abogan por recortar las producciones agropecuarias y eliminar los excedentes y abastecerse de materias primas y productos agroalimentarios baratos en los mercados exteriores, se diseñan para beneficio casi exclusivo de las grandes empresas transnacionales europeas de la alimentación sin tener en cuenta que estas políticas representan un estímulo para que las naciones latinoamericanas dependientes y empobrecidas hagan avanzar sus fronteras agropecuarias con la consecuente deforestación, deterioren aún más el ambiente y sobreexploten sus recursos naturales, sustituyan las cosechas de productos alimentarios por los que se demandan en los mercados internacionales, pierdan su soberanía alimentaria y condenen a la miseria, la malnutrición y el hambre a cientos de millones de personas.

En cualquier caso, tanto la agricultura familiar de los países desarrollados como los campesinos  y las comunidades rurales de los países pobres se ven afectados por las políticas europeas y las estrategias de las grandes firmas transnacionales de la agroalimentación desde el momento en que la progresiva liberalización comercial a escala planetaria los pone en relación, los vincula de forma categórica y los convierte en víctimas comunes de los mismos agentes. Este panorama se verá reforzado si a partir de 2014 la modificación en la distribución de los fondos comunitarios implica el desmantelamiento real de la PAC, ya que ésta será la consecuencia directa de la supresión de los mecanismos que regulan los mercados, la reducción de los excedentes de seguridad alimentaria y el recorte de los pagos directos a las explotaciones para desviar estos recursos económicos hacia las medidas agroambientales y de desarrollo rural. En definitiva, se trata de un modelo agrario que da la espalda a la crisis agroalimentaria global y deja de considerar a la agricultura como un sector estratégico, trasladando las compras, las inversiones e incluso la propia producción agropecuaria a otros países, en especial a los de América Latina.

Las reformas de la PAC de 2003 y 2008 acomodaron esta política europea a las reglas comerciales de la OMC, al mismo tiempo que incitaba a los productores a cosechar lo que demandan los mercados y a competir de forma global. Sin embargo, en ningún momento dichas reformas cuestionaron el modelo ganadero industrializado ni se actuó para desincentivar la producción intensiva de carne, leche y huevos. Es más, la UE sigue apoyando este sistema productivo con sus políticas porque la inexistencia de aranceles para las importaciones de soja, leguminosa de elevado contenido proteico y fundamental en la composición de los piensos, garantiza una oferta suficiente a bajo precio para las grandes estructuras empresariales que controlan la ganadería industrializada europea. Por lo tanto, según se recoge en un informe de la organización Amigos de la Tierra Europa, los ganaderos siguen dependiendo de las importaciones de soja y la PAC continúa contribuyendo a la expansión masiva de este cultivo en varios países latinoamericanos[36].

En efecto, y siguiendo el análisis del mencionado informe de Amigos de la Tierra Europa, a continuación se puede observar la secuencia lógica por medio de la que la PAC causa la expansión del cultivo de la soja en los países latinoamericanos, sobre todo en Argentina, Brasil y Paraguay:

1. Las subvenciones de la PAC y los mecanismos del mercado promueven un sistema en el que el principal objetivo es la mayor producción final.
2. En el caso de la carne, los huevos y los productos lácteos, esto supone la intensificación productiva del sector pecuario, fundamentalmente las explotaciones ganaderas industrializadas.
3. En este tipo de explotaciones, el ganado necesita un suministro externo de alimentos de alto contenido proteico.
4. Los agricultores europeos apenas cuentan con incentivos para producir sus propias proteínas vegetales, ya que reciben mayor apoyo y más subvenciones de la PAC por cultivar otros productos. Por lo tanto, la insuficiente producción europea se tiene que compensar importando la soja.
5. La inexistencia de aranceles a la importación de soja asegura un suministro de la misma suficiente y a bajo precio.
6. La demanda europea de soja se mantiene elevada, lo que implica una intensa deforestación y la colonización de muchas tierras agropecuarias por parte de este cultivo en América Latina.

Por supuesto, como ya se ha indicado, la expansión del cultivo de la soja en los países latinoamericanos, aparte de la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el deterioro ambiental generalizado[37], también causa desnutrición, hambre y pobreza rural, ya que ante la perspectiva de los beneficios se dejan de cultivar productos para el consumo humano, al mismo tiempo que por las mismas razones, la soja, generalmente cultivada en tierras cuya propiedad ostentan los grandes latifundistas y las corporaciones transnacionales, acapara la totalidad de la tierra y contribuye al desplazamiento de los pequeños campesinos y de las comunidades rurales, sobre todo si son indígenas, poniendo en peligro su propia seguridad alimenticia y la soberanía alimentaria de los pueblos.

Resulta evidente que la PAC ha sido capaza de influir históricamente en el medio rural latinoamericano por medio de la competencia desleal ejercida por una agricultura subvencionada. En los tiempos más recientes, a partir de sus últimas reformas esta influencia sigue centrándose en el apoyo a ciertos productos básicos que luego se exportan a América Latina, pero se añade ahora el elemento nuevo que representa el posible desmantelamiento de la PAC y la consiguiente necesidad de abastecerse en el exterior de productos agroalimentarios a bajo precio, proceso que sin duda estimulará el deterior ambiental de los países latinoamericanos agroexportadores y la progresiva sustitución de los cultivos de consumo humano por mercancías agropecuarias exportables.

Del mismo modo, la PAC tiene capacidad para aprovechar la oportunidad que supone la próxima reforma, sea cual sea su continuidad como tal política agrícola común, para implantar un nuevo sistema productivo más sostenible y solidario y un cambio drástico del modelo de consumo basado en los productos de origen animal donde la carne ocupa un lugar primordial[38].

La PAC debería tal vez plantearse la eliminación de la ganadería industrializada tras varias décadas en las que ha fomentado su dependencia de la soja importada y la casi desaparición de los campos europeos de las leguminosas ricas en proteínas con las que de manera tradicional se alimentado al ganado (guisantes, habas, arvejas, altramuces, lentejas, garbanzos), procesos ambos que responden a los intereses de las grandes empresas transnacionales del sector. Esta estrategia no sólo tiene graves repercusiones económicas, sociales y ambientales en los países latinoamericanos, sino que también existen miles de explotaciones familiares europeas que se ven abocadas a la desaparición porque no pueden afrontar las oscilaciones del mercado y la volatilidad de los precios de los piensos para la alimentación animal.

Incluso la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo (2011), actuando de ponente Martin Häusling, ha elaborado un informe en el que propone la reducción del déficit de proteínas vegetales que presenta la UE con vistas a romper con la dependencia que representan las masivas importaciones de soja. En dicho informe queda de manifiesto que la producción total de proteaginosas en la UE ocupa sólo el 3% de las tierras cultivadas (excluidas las dedicadas a frutas y verduras) y suministra únicamente el 30% de las que se consumen en forma de pienso, con una clara tendencia durante la última década hacia el aumento de este déficit, hecho a todas luces irracional si se considera el desaprovechamiento del potencial productivo de amplias superficies agrícolas que supone el mantenimiento del barbecho en algunos países de la UE un año tras otro.

Asimismo, el mencionado documento anima al Parlamento Europeo para que legisle a favor de incentivar las prácticas sostenibles que vinculan las producciones agrícola y ganadera por medio de una rotación de cultivos integrada y equilibrada y un uso adecuado de las zonas de pasto. Con el objeto de incluir las proteaginosas (alfalfa, trébol, esparceta, habas, guisantes, arvejas) de forma sostenible en los sistemas de cultivo, es fundamental que a corto plazo los agricultores vean una mejora de los ingresos procedentes de su producción mediante apoyos específicos por parte de la PAC[39].

La PAC del futuro no sólo tiene en su mano la mejora de las prácticas agrícolas en la UE y la consecución de un modelo productivo sostenible, sino que, además, puede contribuir, reduciendo la demanda masiva de soja, a desincentivar su expansión en los países de América Latina, pues un cambio en este sentido representaría un freno a la degradación ambiental y a la deforestación, mejores perspectivas para las comunidades rurales y los pequeños y medianos campesinos desarraigados, un retroceso de la pobreza rural y la desnutrición y la garantía de su soberanía alimentaria.

Notas

[39] Sobre los beneficios que en distintos ámbitos representaría el fomento del cultivo de proteaginosas en la UE por parte de la PAC y la consiguiente reducción de las importaciones de soja, puede leerse el informe Menos soja. Más leguminosas. Europa puede alimentar su ganado sin destruir el planeta, elaborado por la organización Amigos de la Tierra Europa. <http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/Alternativas_Soja-2.pdf> [31 de marzo de 2011].

 

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© Copyright José Antonio Segrelles Serrano, 2012. 
© Copyright Scripta Nova, 2012.

 

Edición electrónica del texto realizada por Jenniffer Thiers.

 

Ficha bibliográfica:

SEGRELLES SERRANO, José Antonio. La Política Agrícola Común de la Unión Europea y la soberanía alimentaria de América Latina: una interrelación dialéctica. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de octubre de 2012, vol. XVI, nº 415. <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-415.htm>. [ISSN: 1138-9788].

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