Gabriel Flores
Cajas de ahorro, ¿reforma o liquidación?
(Página Abierta, 213, marzo-abril de 2011).      

           Puede ser útil comenzar con tres ideas básicas que ayuden a examinar qué sentido tienen las reformas emprendidas por el Gobierno español para reestructurar las cajas de ahorro y qué modelo bancario cabe esperar de las reformas puestas en marcha.

            Primera idea. Recapitalizar los bancos privados y las cajas de ahorro no es lo mismo que sanear el sistema bancario ni presupone tal saneamiento. La recapitalización (o aumento de los fondos propios de bancos y cajas) supone un margen más amplio para que las entidades bancarias encajen los riesgos derivados de una mayor depreciación de sus activos. Sanear el sistema bancario requeriría que, previamente, se reconociera y cuantificara la elevadísima exposición al riesgo asociado al ladrillo asumido por la inmensa mayoría de las entidades bancarias, tanto cajas como bancos, y tal reconocimiento dañaría gravemente la credibilidad del sistema bancario. Aceptar oficialmente que los daños potenciales que podrían sufrir los activos bancarios son más que notables tendría altas probabilidades de transformarse en una profecía que se autorrealiza y debilitaría aún más la escasa confianza de los mercados en la solvencia de la economía española y, más específicamente, de su sector bancario.

            El Gobierno ha optado por un reconocimiento paulatino y progresivo de esos daños y concentra sus esfuerzos en promover una recapitalización de las entidades bancarias que incide especialmente y de forma discriminatoria en que las cajas cumplan unos requisitos más estrictos en la relación entre sus fondos propios y los activos con alto riesgo de depreciarse.
Segunda idea. Propiciar la concentración de las cajas, alentar la entrada de inversores privados, forzar su salida a Bolsa y abrir la puerta a su nacionalización parcial y temporal no implica recuperar su función esencial de canal crediticio ordinario de hogares y pequeñas y medianas empresas. Tras una primera fase de cambios en el régimen jurídico y los órganos de gobierno de las cajas, las reformas aceleran, intensifican y endurecen los procesos de recapitalización de las cajas con el objetivo de transformarlas en bancos privados o vender su patrimonio.

            Y tercera idea. Aunque todavía es demasiado pronto para formular hipótesis rigurosas sobre el desenlace del proceso de reformas del sistema bancario, lo más probable es que desemboque en una pérdida de peso de las cajas y un mayor predominio de los bancos privados. Ofrecer a inversores y grandes grupos bancarios una parte significativa del patrimonio y de la cuota de mercado que poseen las cajas puede suponer nuevas fuentes de rentabilidad y una vía específicamente española de saneamiento de los grandes bancos privados, pero no implica necesariamente ganancias de eficiencia, mejor atención a los clientes o ampliación de la oferta de servicios bancarios. Los procesos de limitación (o desmantelamiento) de las cajas que se han puesto en marcha contribuirán a reforzar el poder de mercado y mejorar las cuentas de resultados de los bancos, pero que sean buenos para estos no significa que vayan a tener efectos positivos para la economía española ni, mucho menos, que se mantenga la función que hasta ahora realizaban las cajas a favor de la cohesión social y territorial de las comunidades de las que formaban parte. Tampoco, claro está, van a suplir la obra social de las cajas. Si el desenlace final de las reformas es, como aquí se presume, un escenario financiero con más bancos privados y menos cajas de ahorro, habrá nuevos riesgos de exclusión para los sectores sociales más vulnerables, más dificultades para que las pequeñas empresas y los hogares con menos recursos accedan a los créditos y servicios financieros que necesitan y menos incentivos para localizar actividad económica en las comarcas y comunidades autónomas periféricas.

            A partir de estas ideas básicas hay que constatar que la situación del sistema bancario español es más delicada hoy que hace dos años, cuando la crisis global estaba en pleno apogeo. La gravedad de la situación habría sido mucho menor si se hubiera comenzado antes el saneamiento de las entidades y hubieran prevalecido una orientación y unas medidas muy diferentes de las que finalmente se han aprobado. Habría sido muy positivo que los responsables políticos, empezando por el gobernador del Banco de España, hubieran dedicado más atención y trabajo a tratar de sanear los activos bancarios y promover un mejor funcionamiento de los canales crediticios, en lugar de agitar a favor de reformas (como la del mercado laboral, las pensiones o la negociación colectiva) que en nada pueden contribuir a superar las debilidades estructurales de la economía española, reactivar la actividad productiva o generar empleo.

            Los rasgos que evidencian la grave situación del sistema bancario español son más que numerosos.

            En primer lugar, bancos y cajas deben afrontar un excesivo nivel de endeudamiento. Las entidades bancarias acumulan una deuda (exceptuando los depósitos de los ahorradores) equivalente al 107% del PIB (1,12 billones de euros, aproximadamente) y una parte muy importante de esa deuda es externa.

            Además, deben sanear unos activos que, según los últimos y provisionales datos del Banco de España, acumulaban a finales del pasado mes de enero 110.689 millones de euros en créditos dudosos (algo más del 6% del total de créditos). Lo más grave no es el carácter aparatoso de esa cifra; lo peor es que la morosidad y la depreciación de los activos van a continuar e impactarán sobre los equilibrios patrimoniales básicos de las entidades bancarias.
Por otra parte, la mayoría de las entidades bancarias españolas tienen grandes dificultades para obtener recursos en los mercados financieros internacionales. La aversión al riesgo de inversores y prestamistas internacionales, alentada por la crisis global y la escasa confianza en que los agentes económicos públicos y privados españoles puedan atender sus obligaciones de pago, hacen muy difícil y costosa la obtención de la financiación que requieren los bancos españoles para refinanciar su deuda o pagarla. Tal situación acarrea permanentes problemas de liquidez que, en gran medida, han podido ser resueltos gracias a la financiación barata y abundante que ha proporcionado el Banco Central Europeo.

            Por último, los potenciales problemas de solvencia de las entidades bancarias no pueden encontrar solución en un escenario de mantenimiento de altas tasas de paro, duras políticas de austeridad en el gasto público, reducción significativa de la masa salarial global y debilidad de la demanda interna que impiden la reactivación económica, achican el negocio bancario, ocasionan un alza importante de la morosidad y alientan una mayor desvalorización de los activos inmobiliarios.

            Todos esos problemas del sistema bancario español tienen como consecuencia que los créditos no lleguen a la mayoría de los agentes económicos privados que los demandan y que, cuando llegan, sean escasos y muy caros. Y van a seguir así hasta que no se realice el saneamiento de unas entidades bancarias que deben disminuir significativamente sus niveles de endeudamiento y mostrar una situación patrimonial y unas cuentas de resultados que les permitan recuperar la confianza de los mercados financieros internacionales.

            Nadie se ha hecho responsable hasta ahora de la mala situación en la que se encuentran las entidades bancarias. Tras más de una década de burbujas inmobiliaria y crediticia que fueron alentadas por mercados y agentes económicos totalmente incapaces de valorar los riesgos que asumían, cegados por unas altas tasas de rentabilidad que obtenían dopando financieramente actividades que en nada mejoraban la productividad y la competitividad de la economía española, ni los directivos de las entidades, ni el supervisor del negocio bancario, ni cualquier otra autoridad política o económica han aceptado algún tipo de implicación o responsabilidad en el desaguisado producido.

            Nada se hizo, tras el estallido de la crisis, para recuperar parte de los flujos crediticios desaparecidos y nadie se ha presentado como responsable de esa inoperancia. Y cuando las autoridades bancarias y los responsables políticos despiertan a la realidad y perciben que no han hecho nada y que algo tienen que hacer para reformar el sistema bancario, se centran de forma tan unilateral como sesgada en las cajas de ahorro, sin prestar ninguna atención a los activos dañados que, en cuantía similar, acumulan los bancos ni atender a la demanda solvente de financiación que existe. Antes bien, los nuevos requisitos de capitalización exigidos suponen un nuevo obstáculo para la reanimación del crédito.

            La economía española ha entrado ya en el cuarto año de crisis y la debilidad de las entidades y los canales de crédito sigue suponiendo una dificultad añadida para la reactivación económica. No cabe pensar que las reformas emprendidas permitan superar en el corto plazo la parálisis del crédito.

            Hay que considerar otro aspecto importante del problema de la escasez del crédito. La economía española no puede en los próximos años volver a basar su crecimiento, como hizo desde 1994 hasta el estallido de la crisis, en el endeudamiento. Ese tiempo, esas circunstancias y ese modelo de crecimiento pasaron y no pueden resurgir ni merecería la pena que fueran resucitados. El retorno a unos niveles menores o más soportables de endeudamiento no es una opción, es una necesidad perentoria y una condición previa a cualquier propuesta de política económica que se defienda. Los niveles de deuda alcanzados por los agentes económicos han llegado a cotas insoportables. Suponen en total un 400% del PIB (65% en el caso del sector público; 85%, los hogares; 107%, las entidades financieras, sin tener en cuenta los depósitos; y 143%, las empresas no financieras).

            El desendeudamiento de las entidades bancarias y del conjunto de agentes económicos es un proceso que va a continuar en los próximos años de forma inevitable. Lo que puede evitarse y convendría evitar por el bien de todos es que ese desendeudamiento se realice siguiendo el guion inspirado por los ideólogos ultraliberales y de acuerdo al plan de austeridad y ajuste que están imponiendo los poderes políticos y económicos.

            Hasta ahora, el mercado no ha sido capaz de resolver los problemas de liquidez y solvencia que atenazan la actividad crediticia e impiden que las entidades bancarias desempeñen una de sus funciones esenciales: agrupar el pequeño ahorro a corto plazo que realizan millones de hogares y orientarlo hacia la financiación de proyectos de inversión viables a largo plazo. Y todo indica que el mercado y las entidades bancarias actuales, o las que resulten del proceso de reforma puesto en marcha en los últimos meses, no van a ser capaces en los próximos años de ofrecer los flujos crediticios que requieren hogares y empresas solventes. Bastante tienen cajas y bancos, por lo que parece, con mantener sus procesos de desendeudamiento, gestionar el deterioro de sus activos crediticios e inmobiliarios, reducir su exposición al riesgo, recapitalizarse y aumentar su grado de solvencia, recortar costes y concentrar su negocio en las actividades y agencias más rentables y seguras. Y en eso van a seguir concentrados, además de en mantener su presión sobre el poder político, los medios de comunicación y la opinión pública para conseguir el sostén financiero público que facilite esas tareas.

            La promoción del crédito era y sigue siendo una de las tareas esenciales para afrontar la salida de la crisis. Pero la reactivación del crédito debe ponerse al servicio de la generación a corto plazo de empleo neto, servicios públicos intensivos en trabajo y, en definitiva, un crecimiento inteligente y sostenible. Y, por ello, cualquier Gobierno responsable debe inmiscuirse y regular la actividad de los bancos privados para asegurar la fluidez del crédito y completar esa vía con la constitución de un banco público capaz de canalizar el ahorro hacia la financiación de actividades productivas y de integrar en la gestión de los créditos que conceda criterios de rentabilidad social y de eficiencia en el consumo de recursos naturales y energía.

            ¿Qué harían los poderosos mercados ante unas autoridades políticas responsables que pretendieran hacer lo que los bancos privados no quieren o no están en condiciones de hacer? Es imposible saberlo, pero cabe pensar que harían más o menos lo que están haciendo ahora: presionar para que el Gobierno atienda su lista completa de exigencias y... seguir presionando cuando el cumplimiento de esas reclamaciones obstaculiza la reactivación económica y genera nuevas dificultades y desconfianzas que alimentan una nueva lista de exigencias y renovadas presiones para conseguirlas. Y en esas estamos. Y en ese círculo vicioso que no conduce a ninguna parte se mueve el Gobierno y, de paso, se abrasa.

            Los responsables del Banco de España, con la connivencia de las autoridades económicas, han hecho muy poco por sanear los balances de bancos y cajas, se han despreocupado de afrontar los riesgos que amenazaban su solvencia y, lejos de reconocer su inoperancia y su incapacidad para valorar y solucionar la delicada situación del sistema bancario, se apresuran ahora a restaurar la solvencia y la rentabilidad de los bancos privados a costa de sacrificar las cajas de ahorro, sin que su inmolación implique ningún paso adelante en la salida de la crisis económica.

            Las cajas podrían haberse convertido en el instrumento público idóneo para, con el imprescindible rigor, promover los flujos crediticios que requieren las pequeñas y medianas empresas para subsistir, expandir la oferta y calidad de los bienes públicos y financiar proyectos viables de inversión productiva que generen empleos, rentas y nuevas actividades económicas sostenibles. Lejos de aprovechar los recursos y la experiencia de las cajas de ahorro como banca relacional de proximidad, con fuertes vínculos en sus territorios y comunidades de referencia, proveedoras de productos y servicios bancarios poco sofisticados pero de gran incidencia social y eficacia económica, el Gobierno ha preferido también en este terreno hacer suya, sin reserva alguna, la reforma de las cajas respaldada por los grandes grupos bancarios privados.

            El Gobierno del PSOE ha tomado esa decisión y va a tener que responsabilizarse de sus consecuencias y responder por ellas. Políticamente, en las urnas. Y socialmente, afrontando una nueva oleada de apatía y descreimiento que va a afectar y debilitar especialmente a la izquierda. También la economía española y los intereses económicos de la mayoría de la población deberán encajar los costes de una decisión que generará descontentos y resistencias que la izquierda debe respaldar y alentar.

            La reforma de las cajas de ahorro, al igual que las políticas de austeridad y el resto de reformas que se están aplicando, no nos aproxima al final del túnel de la crisis. La denuncia del plan de ajuste liberal que el Gobierno ha asumido como propio desde mayo de 2010 es imprescindible para frenar sus negativos impactos sobre la mayoría de la población trabajadora. Las posibilidades de construir en los próximos años una alternativa progresista de salida de la crisis dependen en gran medida de la capacidad de convencer a la mayoría de la sociedad de que las reformas que exigen los mercados y los órganos de poder político de la UE son tan injustas como inútiles para resolver los problemas de la mayoría de la población y superar las debilidades estructurales de la economía española. La gestión neoliberal y conservadora de la crisis, sea aplicada por gobiernos del PSOE o por los gobiernos que vengan después, no va a permitir la construcción de un nuevo modelo de crecimiento sostenible ni atender las necesidades de empleo, protección social y mejora de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población.