Gabriel Flores
El Pacto por el Euro o el ajuste interminable
Las últimas cartas de la partida para imponer a la ciudadanía europea una salida de la crisis favorable a los intereses del capital se han puesto boca arriba y han quedado expuestas al escrutinio de la opinión pública. Ya pueden conocerse en su integridad los objetivos, los intereses y la agenda completa de reformas y políticas económicas que, a partir de mayo de 2010, han ido aplicando los gobiernos de los Estados miembros tras recibir el aval y las correspondientes presiones por parte de los órganos de poder político de la UE.
Todo apunta a que este segundo trimestre de 2011 será muy ilustrativo del escaso alcance y la poca capacidad de la estrategia seguida para resolver los problemas económicos que padecen especialmente los países periféricos de la eurozona.
A pesar de las evidencias, la mayoría de los medios de comunicación y los responsables políticos y económicos españoles consideran que el saldo del programa de austeridad y reformas estructurales aplicado es razonablemente positivo y que debería haberse aprobado mucho antes. A falta de pruebas, el único argumento que pueden aportar para justificar su optimismo y a él se agarran como a un clavo ardiendo es que se ha logrado desacoplar la suerte de la deuda pública española del penoso itinerario seguido por los otros países periféricos que se han visto obligados a solicitar la ayuda financiera de la UE y el FMI a cambio de aceptar planes de ajuste aún más duros.
Olvidan algunas cuestiones importantes que muestran la escasa consistencia de su optimismo.
En primer lugar, las mismas duras políticas de austeridad y reforma aplicadas por el Gobierno del PSOE son las que no han impedido a Irlanda o Portugal llegar a una situación insostenible que los ha dejado a los pies de los caballos del rescate sin que sus posibilidades de recuperación hayan mejorado.
En segundo lugar, los tipos de interés (o la rentabilidad) de la deuda pública de todos los países periféricos (incluida la de España) han ido creciendo a lo largo de los últimos meses, son hoy mucho más altos que los que hace un año propiciaron el primero de los rescates, el de Grecia, y demuestran que la confianza de inversores y mercados en la solvencia y las posibilidades de reactivación de los países periféricos han ido deteriorándose al mismo ritmo que empeoraban los diferenciales de riesgo de sus deudas soberanas respecto a la de Alemania.
Y en tercer lugar, los muy mediocres resultados obtenidos por la economía española a lo largo de este último año de pérdida de empleos, derechos laborales y capacidad adquisitiva de salarios y pensiones son los que cabría esperar de unos ajustes presupuestarios y unas reformas estructurales que pretenden recobrar la confianza de los mercados sin afrontar ni uno solo de los graves problemas y debilidades estructurales de la economía española que la crisis ha dejado al descubierto: insuficiente esfuerzo de innovación, desindustrialización, desequilibrios de los intercambios corrientes con el resto del mundo, recurso permanente al ahorro externo para dopar el crecimiento y desproporcionada especialización en actividades relacionadas con la construcción y los servicios no exportables de escasa cualificación laboral y menor valor añadido. A esos problemas estructurales que arrastra la economía española desde hace décadas y que se han agravado en los años previos a la crisis global, se han sumado los causados por los estallidos de las burbujas inmobiliaria y crediticia en 2008 y sus nefastos impactos sobre el paro, la solvencia de las instituciones bancarias, los flujos crediticios y el excesivo endeudamiento de agentes económicos privados y sector público.
Poca confianza puede generar una economía que apenas crece, sigue destruyendo empleos, no impulsa nuevas actividades económicas, no propicia la imprescindible modernización de su base productiva, recorta inversiones en la enseñanza pública y en innovación y, como consecuencia, no puede aspirar a conseguir mejoras reales de productividad.
La confianza de los mercados e inversores internacionales no puede descansar única o principalmente en la reducción del déficit público. La variable crucial que, a propósito del nivel de endeudamiento, propicia o debilita la confianza de los inversores en determinada economía es su capacidad para asumir y gestionar su deuda global. Y es, precisamente, esa capacidad de afrontar el servicio de la deuda por parte de las administraciones públicas y los agentes privados de los países periféricos la que está en entredicho. En el caso específico de la economía española, seguirá estando en entredicho mientras no aumente su crecimiento potencial y acerque su crecimiento efectivo al potencial sin depender para ello, como en el pasado, de unas importaciones crecientes que desequilibren las cuentas exteriores y endeuden a la economía española hasta niveles insoportables.
Lo que muestra la evidente desconfianza de los inversores internacionales en la deuda pública y privada de los países periféricos es que las políticas de austeridad no han conseguido hacer compatibles la corrección de los actuales niveles de gastos e ingresos de empresas privadas y sector público con unas perspectivas de recuperación de un mínimo crecimiento. Se ha exigido una corrección tan radical, acelerada, generalizada y poco realista que, además de poco creíble, provoca mayores problemas y nuevos riesgos.
Hay dos hechos que desmantelan los argumentos que pretenden demostrar la bondad y la necesidad de las duras políticas impuestas por la UE.
El primero de estos hechos es que el rescate a Grecia de mayo de 2010 no ha impedido el agravamiento de su situación financiera y presupuestaria, ha favorecido la instalación de su economía en una situación de decrecimiento que se prolongará hasta 2012 al menos y ni siquiera va a ahorrar al Gobierno griego el trago de pasar otra vez por las horcas caudinas de un nuevo plan de ayuda. Ninguno de los rescates realizados hasta ahora a Grecia, Irlanda y Portugal ha evitado nuevos y más duros castigos de los mercados o mejorado la solvencia de los países rescatados.
El segundo hecho es que el posible rescate de España no es todavía un asunto zanjado: ni puede descartarse ni cabe considerarlo inevitable. En todo caso, es más que probable que asistamos a lo largo de lo que resta del año a problemas de encarecimiento de los costes financieros, dificultades de colocación de la deuda pública española en los mercados primarios de emisión y nuevos episodios de inestabilidad, especulación e incremento de los tipos de interés en los mercados secundarios.
En el epígrafe que sigue se analizarán las últimas previsiones sobre la economía española que han realizado el Gobierno del PSOE y el FMI. En el siguiente apartado se examinarán el nuevo Pacto por el Euro Plus y el resto de medidas aprobadas por el último Consejo Europeo de 24 y 25 de marzo y su relación con las debilidades e incoherencias institucionales de la eurozona que agravan los problemas que padecen el euro y la deuda soberana de los países de la eurozona. Por último, en un Anexo, se resumen los aspectos de mayor enjundia acordados por la última cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que aparecen en las Conclusiones del Consejo Europeo de 24 y 25 de marzo de 2011.
1. Las previsiones para la economía española
El ministro de Trabajo reconoció públicamente el pasado 5 de abril que la salida de la crisis va a exigir muchos sacrificios y reclamó “moderación salarial” en los próximos lustros. A la salida del acto “Perspectivas KPMG” en el que hizo tal vaticinio y esa curiosa reclamación precisó que al hablar de lo que debería durar la moderación salarial se refería a “dos lustros”.
El razonamiento utilizado por el ministro para exigir tal sacrifico a las clases trabajadoras no fue demasiado consistente. Sostiene el ministro Gómez que resulta obligado lograr que los salarios no suban más que la productividad ni más que los salarios alemanes durante una década porque la opción de impulsar la innovación y la inversión empresarial requiere mucho tiempo. A su entender sólo hay tiempo para una solución: reducir los salarios.
En los designios del Gobierno y la patronal, los salarios deben crecer menos que la inflación y que la productividad. Así lo han hecho en 2010. Y ya se encargó el ministro de mostrar las ventajas de un modelo de negociación colectiva de los incrementos salariales que por no vincular de forma estricta la evolución de los salarios a la inflación ni a al desarrollo de la productividad puede lograr que los aumentos salariales se sitúen muy por debajo del crecimiento de ambas variables y permite que las empresas aumenten rápidamente su tasa de beneficios a costa de las rentas salariales. Gracias al actual esquema negociador, la subida salarial pactada en el Acuerdo sobre negociación colectiva firmado por CEOE, CCOO y UGT en 2010 fue de un 1,1% mientras la tasa de variación anual de la inflación triplicaba esa cifra.
Sostiene el ministro Gómez que la salida de la crisis exige que los salarios se desvinculen de la subida de los precios y, por tanto, se sometan a unas pérdidas de capacidad adquisitiva que se prolongarán durante una década. En cambio, los beneficios y demás rentas del capital seguirán exentos de someterse a cualquier tipo de restricción que limite su crecimiento. Ya habrá tiempo, después de esos dos lustros o los que sean necesarios de recuperar la pérdida experimentada por los salarios reales o, como manifestó el ministro, "luego vendrá la posibilidad de quedarse con toda la productividad entera".
Al día siguiente, 6 de abril, fue la ministra de Economía la encargada de echar un poco más de sal en las heridas que padece la economía española: las previsiones gubernamentales señalan que el crecimiento del empleo en 2011 será prácticamente nulo (0,2%) y que, como consecuencia, la tasa de paro seguirá situada en torno a un 20% que supone un nivel muy cercano a los cinco millones de personas paradas. A partir de ese pico, las previsiones gubernamentales señalan que el número de parados disminuirá muy lentamente (apenas un punto porcentual anual) en el periodo 2012-2014. Y eso que las estimaciones del Gobierno sobre la recuperación de la actividad económica en 2011 (crecimiento del PIB en un 1,3%) y en años siguientes (media del 2,4% anual en el trienio 2012-2014) tienen el tono optimista que parece obligado en cualquier previsión oficial y se sitúan en torno a medio punto por encima de la media de las estimaciones que realiza la inmensa mayoría de las instituciones españolas e internacionales de análisis y prospectiva económica.
Poco después, el lunes 11 de abril, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer sus previsiones sobre la economía española para los próximos años. En el informe del FMI son perfectamente compatibles los halagos a Zapatero y a unas reformas que en opinión de los máximos responsables del Fondo van por el buen camino con la constatación de que ese camino conduce a un largo periodo (hasta 2017, por lo menos) de bajo crecimiento y persistencia de un desempleo que seguirá siendo a todas luces excesivo y multiplicará por dos la tasa de desempleo de los países de nuestro entorno a lo largo de toda esta década.
Lo peor de todo es que la economía española y el resto de economías periféricas de la eurozona afrontan, según el FMI, un futuro muy problemático en el que se combinan un bajo crecimiento y una posición fiscal y financiera muy complicada. En palabras de O. Blanchard, economista jefe del FMI, “va a ser un reto considerable acometer un ajuste tan difícil con un crecimiento tan magro”.
Los argumentarios del Gobierno y del PSOE se ha visto sometidos, tras el informe del FMI, a una mutación sustancial. Prácticamente, han desaparecido las omnipresentes justificaciones de que las reformas estructurales emprendidas eran tan dolorosas e impopulares como necesarias para recuperar el crecimiento económico y generar empleos. Y se ha esfumado la confianza en que a corto plazo, en este segundo trimestre o durante la segunda mitad de este año se podrían contemplar los signos evidentes de la reactivación económica. Ahora, la justificación fundamental de las reformas emprendidas ha pasado a ser que, gracias a la estrategia de ajuste avalada por la UE, los mercados han aumentado la confianza en la economía española y han comprendido por fin que nuestra situación económica dista mucho de la de Grecia o Portugal.
En mi opinión, la nueva justificación es tan poco creíble como la anterior y va a durar tan poco tiempo en el escaparate de las justificaciones gubernamentales como el que aguantó la precedente. Ambas argumentaciones responden a una esgrima política de corto alcance a la que le falta finura y que deja atónita a una parte significativa de la izquierda social que, harta de pobres y contradictorias explicaciones y hastiada de promesas incumplidas, sigue sin aceptar que sea la mayoría de la población la que pague los platos rotos por la crisis. Mientras las clases trabajadoras van a tener que seguir cargando de forma tan injusta como desigual con los costes ocasionados por la crisis y por las medidas que está imponiendo una minoría a través de los mercados y de las políticas de ajuste promovidas por los órganos del poder político de la UE, los responsables de la crisis y del consiguiente desastre siguen en los mismos cargos y posiciones de poder que antes, con idénticas ideas, similar panoplia de políticas económicas y parecidos privilegios y rentas.
No se puede sostener hoy que España vaya a ser, tras Portugal, la próxima ficha en la lista de países que necesitan y solicitan ser rescatados por sus socios europeos. Pero tampoco hay datos suficientes para afirmar lo contrario. Sencillamente, España no está fuera de peligro y no puede descartarse por completo que el indeseado escenario del rescate vaya a producirse. Al margen de las apuestas y de lo que finalmente determinen los hados a propósito del hipotético rescate de España, se puede asegurar que en los próximos meses van a producirse nuevos ataques especulativos y diversos episodios de inestabilidad financiera. Ya veremos si, finalmente, dan lugar a un nuevo capítulo de la historia de los rescates financieros en los países del euro o no.
Las previsiones del FMI, coincidentes con las de la inmensa mayoría de las instituciones internacionales y españolas que han dado a conocer sus estimaciones sobre la economía española, tienen la virtud de reflejar con enorme crudeza el dilema al que nos ha llevado la aceptación incondicional por parte del Gobierno presidido por Zapatero de la estrategia propuesta (o impuesta) por el mando económico y financiero del gran capital europeo y los órganos de poder político de la UE: cada paso adelante que se da en la aplicación de las reformas antisociales que nos han exigido supone un retroceso de la protección social y los derechos laborales, un mayor deterioro de los servicios públicos y menores posibilidades de ensayar una vía progresista de salida de la crisis que contemple otras reformas y otras políticas de carácter más social y mas justas. El ajuste interminable en el que han metido a las economías periféricas no conlleva una pronta recuperación económica ni asegura contra un rescate que a todos, con independencia de filias y fobias políticas, les parece indeseable.
La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2011 ha sido un jarro de agua fría sobre las optimistas previsiones nacidas de los deseos de un Gobierno necesitado de justificaciones. Otras 213.500 personas incrementan un número de desempleados que suma ya un total de 4.910.200 personas. Nuevo batacazo que sólo fue superado por los sufridos con la publicación de las cifras del paro correspondientes al último trimestre de 2008 y el primer trimestre de 2009. Así, la tasa de paro se eleva al 21,3% mientras la población activa (que trabaja o busca trabajo) se reduce en 42.900 personas que, en su gran mayoría, son gente joven que abandona la búsqueda activa de empleo porque está aburrida de buscar trabajo y desesperada por no encontrarlo.
La tasa de paro de los jóvenes con menos de 25 años supera el 41%, la de la población extranjera llega hasta el 32% y las de Andalucía, Canarias, Región de Murcia, Islas Baleares y Extremadura superan el 25% o, como la Comunidad Valenciana, se sitúa a unas décimas de ese nivel. Resulta difícil imaginar que esas cifras puedan empeorar más, pero es bastante probable que se mantengan cerca de esos pésimos porcentajes, al menos durante el próximo año.
El último clavo que intenta reforzar y reafirmar el compromiso del Gobierno Zapatero con los planes de ajuste impuestos por la UE ha sido la aprobación por el Consejo de Ministros celebrado el 29 de abril del Programa de Estabilidad 2011-2014. Dicho Programa “mantiene los compromisos de consolidación fiscal, que prevén una reducción del déficit al 6 por 100 este año, al 4,4 por 100 en 2012 y al 3 por 100 en 2013, y fija el déficit en el 2,1 por 100 para 2014”. Y detalla que el grueso del ajuste “se realizará por el lado del gasto público, que en 2010-2014 perderá 5,2 puntos de PIB. Los ingresos también contribuirán al ajuste al elevar su peso en el PIB en 1,9 puntos porcentuales”.
Esos 5,2 puntos de reducción del gasto público suponen un recorte de cerca de 55.000 millones de euros constantes de 2010 que pretende llevar los gastos públicos desde un nivel del 45% del PIB en 2010 hasta un 39,8% en 2014, según las previsiones gubernamentales. Más concretamente, 1,5 puntos de ese recorte del gasto se conseguirán mediante la congelación salarial de los funcionarios y la rebaja de las plantillas de las Administraciones Públicas. Dado que la reducción prevista en dichos conceptos durante el bienio 2011-2012 es de 1 punto del PIB, todavía cabe esperar en los años siguientes una nueva reducción de 0,5 puntos del PIB en los ingresos salariales de los funcionarios. En total, un pico de más de 15.000 millones de ahorro presupuestario en concepto de gastos salariales que dejarán de percibir los funcionarios.
De igual modo, la reducción de las prestaciones sociales de carácter dinerario se confía en el bienio 2011-2012 a un recorte de las prestaciones por desempleo que pasarían de suponer un 3,0% del PIB en 2010 a un 2,3% en 2012. A la vista de la evolución del desempleo durante el pasado año y el primer trimestre de 2011, ese recorte parece a todas luces exagerado. Si no disminuye el desempleo de forma sustantiva, la consecución de ese objetivo tendrá que derivar hacia la reducción del número de beneficiarios, la cuantía de las prestaciones por desempleo o ambas cosas a la vez.
En definitiva, un panorama sombrío en el que los sacrificios que se exigen a las clases trabajadoras son absolutamente desproporcionados en relación a los mínimos rasguños que afectan a rentas del capital, grandes patrimonios y franjas privilegiadas y muy exiguas de perceptores de altas rentas del trabajo.
Las autoridades españolas, al igual que las de la UE, piensan que la credibilidad de la economía española descansa, por encima de cualquier otra consideración o parámetro, en el cumplimiento estricto de sus compromisos de reducción del déficit público; por ello, cualquier desviación a la baja respecto al optimista escenario central de crecimiento del PIB en los próximos años será compensado con más austeridad o, lo que es lo mismo, con recortes adicionales en el gasto público. Así de claro lo tienen y lo expresan por escrito en el Programa de Estabilidad 2011-2014 recientemente aprobado por el Gobierno del PSOE y presentado a Bruselas: “El Gobierno adoptará medidas adicionales extraordinarias para reconducir el déficit a los objetivos establecidos”.
Una nueva tanda de recortes presupuestarios nos espera a la vuelta de la esquina, exigirán mayores sacrificios a las clases trabajadoras y provocarán nuevas trabas a la recuperación económica, menor recaudación tributaria y dificultades añadidas para financiarse en los mercados internacionales o cumplir con las obligaciones de pago derivadas de los actuales altos niveles de endeudamiento público y privado.
Se ha creado un auténtico círculo vicioso que las duras y desequilibradas medidas de austeridad adoptadas propician y alimentan. Existe, además, un problema añadido que puede alentar el ajuste interminable de las economías periféricas. Al mismo tiempo que se han impuesto políticas presupuestarias fuertemente restrictivas en toda la zona euro, se ha producido un notable deterioro de las rentas salariales y niveles muy elevados de desempleo que no han impedido la reaparición de tensiones inflacionistas importadas (en razón del ciclo económico de los países emergentes y de la fuerte subida de los precios de las materias primas) que pueden hacer reaccionar al Banco Central Europeo (BCE).
No está nada claro que la reacción del BCE y el consiguiente endurecimiento de la política monetaria en las circunstancias señaladas (altos niveles de desempleo, pérdidas de poder adquisitivo de los salarios y continuidad del desendeudamiento de los agentes económicos que impiden la recuperación de la demanda interna) resulten eficaces para reducir la inflación. Pese a la dudosa eficacia para contener la inflación, la subida de los tipos de interés está en la agenda del BCE y puede producirse en cualquier momento. El endurecimiento de las políticas monetarias por parte del BCE es una amenaza anunciada que cuando se concrete debilitará las posibilidades de recuperación del conjunto de la UE y, especialmente, de las economías periféricas, tanto por su impacto negativo sobre la demanda interna como por la mayor carga financiera que deberán soportar todos los agentes económicos. Lo malo siempre puede empeorar.
2. El Pacto por el Euro Plus
En el último Consejo Europeo celebrado los días 24 y 25 del pasado mes marzo se volvió a repetir la historia de mayo de 2010, cuando el deterioro de la deuda pública griega propició su rescate (Instrumento de préstamo a Grecia), mediante préstamos bilaterales de los socios de la eurozona y del FMI, y la constitución de un Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) destinado a conceder ayuda financiera colectiva a los países periféricos que la solicitaran hasta junio de 2013. Por añadidura y como contrapartida se impusieron a todos los países de la eurozona unos planes de ajuste presupuestario, para situar en 2013 el déficit público del conjunto de la eurozona en el 3% del PIB, que resultaban especialmente lesivos para los países periféricos.
Al igual que un año antes, la grave situación de las deudas soberanas de Grecia y Portugal en marzo de 2011 ha favorecido la aprobación por parte del Consejo Europeo de dos nuevas herramientas para, en teoría, mejorar la gestión de los graves problemas que afectan al euro.
Se crea, con carácter permanente, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) que sustituirá en 2013 a los fondos actualmente vigentes para facilitar el rescate financiero de los países periféricos que lo soliciten a partir de ese año.
Y se aprueba el Pacto por el Euro Plus con la finalidad de reforzar la vigilancia que se realiza actualmente por parte de la UE sobre el desempeño macroeconómico de los 17 países de la eurozona y otros Estados miembros de la UE que acepten sumarse a dicho Pacto (Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania, hasta el momento) y extender la supervisión colectiva a temas que hasta ahora habían permanecido a resguardo del control comunitario.
No se trata de un cambio de orientación en el análisis de los problemas ni en los remedios aplicados con tanta ineficacia como torpeza a partir de mayo de 2010. Su contenido es más de lo mismo y en nada ha contribuido su aprobación a relajar la presión de los mercados sobre la deuda pública de los países periféricos. El objetivo central del Pacto por el Euro es mejorar la competitividad del conjunto de los países de la eurozona, aunque se orienta especialmente hacia las economías periféricas que son las que muestran más debilidades en el ámbito de la competitividad y, como consecuencia, mayores desequilibrios en sus cuentas exteriores y superiores niveles de endeudamiento público y privado.
Las nuevas medidas aprobadas por el Consejo Europeo parten del análisis de la crisis de la eurozona que se ha convertido en el pensamiento hegemónico en los órganos de poder político y económico de la UE.
Dicho análisis parte de considerar como factor principal de la crisis de la eurozona la heterogeneidad creciente que existe en su seno y percibe esa falta de homogeneidad de las estructuras productivas de los Estados miembros como la causa esencial que provoca la enorme inestabilidad y los riesgos de explosión que padece el euro. Tomando como base ese análisis inicial, se plantean dos tareas inmediatas: reducir de forma drástica del déficit público de los países periféricos mediante duros planes de austeridad que estabilicen los niveles de deuda pública y, en paralelo, restaurar la competitividad de estos países mediante la disminución de los costes empresariales, incidiendo especialmente en el recorte de los costes laborales. Y mientras esos procesos de ajuste presupuestario y mejora de la competitividad se desarrollan, se aprueba la creación de un nuevo fondo de estabilidad permanente que proporcione asistencia financiera y tiempo para que los países periféricos alcancen una posición de equilibrio (o desequilibrio sostenible y gestionable) de sus cuentas públicas y exteriores.
Esta “solución a la alemana” que respaldan las fuerzas políticas y económicas conservadoras y liberales que controlan el poder de los órganos de gobierno de la UE y gestionan una salida de la crisis que favorece los intereses del gran capital europeo tiene cuatro patas principales:
Primera. Se excluye de entrada cualquier tipo de salida cooperativa o federalista, se opta por endurecer las sanciones y la vigilancia macroeconómica y se extiende la gobernanza europea a ámbitos tan diferentes como los costes laborales, la negociación colectiva, las pensiones, los gastos sociales, los flujos crediticios, la solvencia del sistema bancario o la competitividad. El Pacto por el Euro Plus es el instrumento específico creado para reforzar los dictados de la nueva gobernanza europea que quiere implantar el Consejo Europeo.
Segunda. Se insiste en recortar con dureza y rapidez los déficit públicos y, a partir de 2013, la deuda pública mediante una reafirmación de los objetivos de estabilidad monetaria (déficit y deuda públicos, inflación y tasas de interés) y el endurecimiento de las sanciones que contempla un viejo Pacto de Estabilidad y Crecimiento que, pese a su demostrada ineficacia, se mantiene y reafirma.
Tercera. Se impulsa la restauración de la competitividad de los países periféricos mediante la presión sobre unos costes salariales que no deberán superar en ningún caso las ganancias de productividad. Se trata de reducir los costes laborales por unidad producida y acompasar su evolución en los países periféricos a la de los países centrales de la UE. De esta manera, las empresas y el apoyo a las empresas para reducir costes (salarios, impuesto de sociedades, costes de seguridad social, indemnización por despido, flexibilidad interna y externa del mercado laboral y la fuerza de trabajo), ampliar márgenes y aumentar su competitividad se colocan en el centro del escenario de la estrategia liberal para salir de la crisis y entre los objetivos prioritarios de la política económica. A costa de lo que sea y cueste lo que cueste.
Cuarta. Se pretende gestionar el problema de la deuda de los países periféricos como un problema de liquidez, dejando en un segundo y muy difuminado plano el análisis y el tratamiento de la posible situación de insolvencia de algunos de estos países. Para facilitar la resolución de esos problemas de liquidez se sustituirá el actual FEEF por un permanente MEDE. Excepcionalmente, se admitirá a partir de 2013 la suspensión de pagos de un Estado miembro y la negociación con sus acreedores para que éstos acepten aplazamientos en el cumplimiento de las obligaciones del Estado afectado y, en su caso, quitas o reducciones en los derechos de cobro.
Tanto en lo que respecta al análisis como a los pretendidos remedios mencionados en los puntos anteriores, la fragilidad de la salida liberal de la crisis que propician los órganos de gobierno de la UE es muy grande. Va a ser muy difícil con esas herramientas que la UE y, especialmente, los países periféricos puedan superar la crisis sin destruir en demasía o innecesariamente empleos, capacidades productivas, cualificaciones laborales y tejido empresarial viable. Las razones de esa dificultad se pueden concretar en los siguientes puntos:
Primero. La homogeneidad de estructuras productivas y especializaciones no es el resultado lógico o natural del funcionamiento de un mercado único que es, además, una unión monetaria para la mayoría de sus miembros. Por mucho que la eurozona no se pueda considerar un área monetaria óptima, dado que la movilidad del factor trabajo es limitada, lo normal es que los países que comparten el euro adquieran y refuercen especializaciones y estructuras productivas diferentes en función de sus respectivas ventajas comparativas. Y lo razonable sería que todos los países de la eurozona, además de beneficiarse de las dinámicas que se derivan de sus muy diferentes especializaciones en las actividades económicas y bienes en los que cada país es más productivo y rentable, compartan también los costes y riesgos que se produzcan.
Si no fuera así, si no se tratara de un juego de suma positiva en el que todos los miembros ganan y los posibles perjuicios y costes son asumidos de forma colectiva y solidaria por todos los Estados miembros, no habría ningún motivo para que los países más débiles o menos avanzados quisieran adherirse o mantenerse en la eurozona. La experiencia de la construcción de la unidad europea y la lógica económica demuestran que todos los Estados miembros han ganado con su participación en la UE, pero que han sido los países centrales de la UE los principales beneficiarios.
No se puede ahora, tras el estallido de la crisis, pretender que algunos socios acaparen todos los beneficios que genera el funcionamiento del mercado único y la existencia del euro y que todos los riesgos y los costes se concentren en las economías periféricas. Lo lógico sería afrontar los fallos de diseño de la eurozona y avanzar en soluciones cooperativas de mutualización de los riesgos que necesariamente se inscriben en el reforzamiento de una perspectiva federal de la UE que, entre otras cosas, implica acometer las tareas de ampliar el presupuesto comunitario, modernizar las estructuras productivas de todos los socios y alentar la cohesión social y territorial mediante transferencias desde los países centrales hacia los países periféricos encaminadas a corregir las desigualdades y compensar los déficit corrientes.
Segundo. Un recorte tan rápido, duro y generalizado del déficit público, los costes laborales y el poder de compra de salarios y pensiones en las actuales condiciones de bajo y precario crecimiento económico va a generar, necesariamente, resistencias, inestabilidad sociopolítica, descrédito de la UE y desafección de la ciudadanía hacia el proyecto de construcción de la unidad europea. La intensa devaluación interna que pretenden los gobiernos de los países periféricos y avalan las instituciones europeas no puede solucionar los problemas, antes bien los agrava. No se puede reforzar la gobernanza europea por una vía que consiste en extender la vigilancia, incrementar las sanciones e inmiscuirse en competencias y decisiones (pensiones, gastos sociales, negociación colectiva,…) que, simplemente, no son competencia de la UE. No se puede sustituir la voluntad de la mayoría social de cada Estado miembro que se expresa mediante procesos democráticos por un dictado de los órganos de gobierno de la UE y confundir esa suplantación antidemocrática con un avance o reforzamiento de la gobernanza europea. Persistir y ahondar, mediante el Pacto del Euro Plus, la vía iniciada en mayo de 2010 sólo puede generar nuevos problemas y más riesgos.
Tercero. La estrategia de devaluación interna impuesta por los líderes europeos a los países periféricos es, probablemente, inviable desde el punto de vista económico. Si todos los socios de la UE desarrollan parecidas políticas de austeridad no se puede pretender que los países periféricos resuelvan o compensen en los mercados exteriores, que no son otros que los de sus socios comunitarios, la debilidad de su demanda interna. Intentar aumentar la competitividad de las economías periféricas sin plantear ninguna estrategia de modernización de sus estructuras productivas y especializaciones sólo puede significar dos cosas. O bien se intenta impulsar una reindustrialización basada en las actuales estructuras y especializaciones y, por tanto, se trata de un empeño que tiene tan poco futuro como presente. O, sencillamente, se pretende competir con las exportaciones de los países emergentes mediante una reducción tan brutal de costes laborales que no puede considerarse practicable. Cualquiera de esas opciones haría insufrible el proyecto de unidad europea, no tanto por consolidar el desarrollo a dos velocidades de los Estados miembros como por asentar en dos órbitas diferentes unas relaciones que perpetuarían la división entre socios perdedores y ganadores.
Y cuarto. El MEDE supone la creación de un mecanismo permanente de subvención (transferencia de renta mediante préstamos a largo plazo a intereses inferiores a los del mercado) a los Estados miembros con dificultades de financiación y, por tanto, un pequeño avance en materia de cooperación financiera y mutualización del riesgo. No es menos cierto que el nuevo MEDE sigue teniendo un alcance muy corto y parecidas limitaciones a las de los fondos actualmente vigentes. Además, algunas de las características del MEDE pueden hacer que su gestión sea muy complicada. Así, la decisión de que a partir de 2013 la emisión de deuda soberana por parte de los países del euro incorpore una cláusula que admite la posibilidad de suspensión de pagos del Estado en cuestión y, como consecuencia, que los prestamistas se vean afectados por una reducción o quita de sus derechos de cobro o por un diferimiento en el tiempo de esos cobros puede afectar negativamente a las posibilidades de financiación de los agentes privados y públicos de los países periféricos en los mercados de deuda. Por otra parte, la concesión de préstamos por parte del MEDE somete a los países receptores a una estricta condicionalidad (compromiso de cumplir duros planes de ajuste) y a un coste financiero demasiado elevado (en el mejor de los casos, un diferencial de doscientos puntos básicos o dos puntos porcentuales respecto a los tipos de interés que deberá pagar el propio MEDE para financiarse). Y, además, como la concesión de cada préstamo concreto requerirá la unanimidad, se somete la obtención de la financiación proveniente del MEDE al posible veto de cualquiera de los Estados miembros y a las vicisitudes que pueden empantanar la coyuntura política de cualquiera de los socios.
En resumen, las pretendidas soluciones que aportan los líderes europeos no resuelven los problemas que afectan a las economías periféricas y pueden agravarlos; lejos de mejorar su situación financiera y sus desequilibrios presupuestarios, pueden empeorarlos; antes que abrir vías para la recuperación de la actividad económica, traban la reactivación, disminuyen las posibilidades de mejora de las condiciones de vida y las expectativas de la mayoría de la población y hacen depender la generación de empleo y el reequilibrio de las cuentas públicas y exteriores de una hipotética recuperación de los márgenes y rentabilidades empresariales y de la competitividad de las empresas. No son medidas adecuadas. No arman un buen plan.
Aunque las condiciones sociopolíticas actuales sean desfavorables (y eso que, cuando se escriben estas líneas, aún no se han celebrado las elecciones del 22 de mayo y no se han concretado unos resultados que empeorarán un poco más las cosas), vale la pena seguir alentando la resistencia y la crítica social a una estrategia liberal-conservadora de salida de la crisis que es inaceptable, por antisocial, y poco o nada eficaz. Los líderes europeos están metiendo a la UE y al euro en un callejón de difícil salida, en el que los países periféricos, las clases trabajadoras, la juventud y los sectores sociales en situación o en riesgo de exclusión están resultando los principales damnificados.
Son tiempos difíciles que exigen de la izquierda paciencia y un trabajo redoblado de esclarecimiento y crítica consistente de las medidas y pretendidos remedios económicos que están aplicando las autoridades españolas y comunitarias y de la ideología neoliberal y pro-capitalista en la que descansan. Agrupar fuerzas de izquierda y progresistas requiere de la crítica y de la acción colectiva en contra de las medidas que se están aplicando, pero también defensa de un programa y unas ideas de superación de la crisis económica inspirados en otros criterios y prioridades y en unos principios tan sencillos y básicos como los que, a modo de ejemplo, se señalan a continuación:
Uno, los derechos laborales y la protección social son irrenunciables.
Dos, las políticas económicas que se aprueben deben estar al servicio de la generación de empleos, el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las rentas que percibe la mayoría de la población (salarios, pensiones y prestaciones por desempleo) y la ampliación de una oferta de bienes públicos que permita mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de los sectores sociales más vulnerables y de la mayoría social.
Tres, se puede y se debe desacoplar el crecimiento económico del consumo de recursos materiales y energéticos y, por tanto, practicar y fomentar un crecimiento inteligente (compatible con un decrecimiento también inteligente) y un consumo responsable (compatible con el rechazo del consumismo y el elogio de la frugalidad).
Cuatro, el aumento de la inversión para mejorar la enseñanza pública y promover la innovación, la investigación y el desarrollo no pueden esperar, por mucho que sus efectos maduren lentamente. Una enseñanza pública de calidad y un país empeñado en promover la innovación son tan necesarios para consolidar una ciudadanía capaz de afrontar y superar la crisis como para modernizar las estructuras productivas y construir un nuevo modelo de crecimiento.
Tal y como están las cosas, parece obligado pensar que la derecha va a seguir aplicando con tenacidad su programa de austeridad y reformas estructurales para salir de la crisis y que las izquierdas proseguirán durante un tiempo con una labor tan desesperante como gris de tanteos y pruebas. Para que esta etapa ineludible de debilidad y dispersión de las ideas y las acciones de la izquierda pueda dar algunos frutos positivos, convendría que cada vez más gente de izquierdas asumiera la importancia de impedir las prácticas y las críticas sectarias en su seno, pusiera un poco más de empeño en superar los balbuceos y las verdades incuestionables que tanto abundan y tanto dificultan el debate y la acción común y tratara de alentar la crítica y la resistencia a las políticas de austeridad y reforma estructural que imponen los órganos de gobierno de la UE y de los Estados miembros.
ANEXO: Resumen de algunas Conclusiones del Consejo Europeo de 24 y 25 de marzo de 2011
Las Conclusiones del Consejo Europeo de marzo dan cumplida cuenta de las medidas mencionadas y analizadas en el apartado anterior. Lectores más preocupados e interesados por estos temas y relativamente ociosos podrán leer dichas conclusiones en la siguiente dirección:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/120310.pdf
Para el resto, paso a resumir y a comentar brevemente los aspectos más relevantes de las medidas y acuerdos relacionados con el Pacto por el Euro y el MEDE.
A1. El Pacto por el Euro Plus
Con el Pacto del Euro se trata de hacer “un esfuerzo especial que vaya más allá de lo existente e incluirá compromisos y actuaciones concretas más ambiciosos que los ya acordados”. No se trata de sustituir ninguno de los instrumentos de la gobernanza económica vigente (Europa 2020, Semestre Europeo, Orientaciones Integradas, Pacto de Estabilidad y Crecimiento y nuevo marco de supervisión macroeconómica), sino de reforzar y ampliar esos instrumentos y los ámbitos que están sometidos a la vigilancia y el control de la Comisión, especialmente, y demás organismo pertinentes del Consejo y del Eurogrupo.
“La elección de las actuaciones políticas específicas necesarias para lograr los objetivos comunes sigue siendo responsabilidad de cada país, pero se prestará especial atención al conjunto de medidas posibles mencionadas a continuación”. No se trata, en principio, de sustituir la capacidad de decisión de cada Estado sino de condicionar estrechamente y orientar esa capacidad hacia medidas específicas que tendrán como prioridad el impulso de la competitividad. Así, un Estado podrá no incluir determinada actuación recomendada o inspirada por el Pacto, siempre que pueda demostrar que no es necesaria para conseguir el objetivo propuesto.
De este modo, se evaluará la evolución de los salarios de acuerdo con la competitividad y si un aumento constante y sostenido de los costes laborales unitarios deteriora la competitividad o si dicho deterioro se manifiesta en un incremento del déficit por cuenta corriente y un descenso de la cuota de los mercados exteriores. Por esta vía quedan sometidos a control y vigilancia la negociación colectiva de los incrementos salariales, los niveles de centralización de la negociación colectiva, los mecanismo de indexación de los salarios (en función del incremento de la inflación), la fijación de los salarios del sector público -para que contribuyan a los esfuerzos de competitividad en el sector privado y sirvan como referencia a la baja de los salarios del sector privado-, la evolución de las exportaciones y las cuentas exteriores de todos y cada uno de los socios de la eurozona.
No acaban ahí los ámbitos en los que se refuerza la vigilancia y el control de la Comisión Europea. También el fomento de las reformas del mercado laboral destinadas a incrementar los márgenes de decisión de las empresas en las condiciones de contratación de sus trabajadores y en las relaciones laborales (o “flexiseguridad”) tiene su espacio entre las medidas concretas que pretende impulsar el Pacto por el Euro.
De igual modo, reciben especial mención la sostenibilidad de las pensiones (ajustándolas a la previsible evolución demográfica y la esperanza de vida), los sistemas de atención sanitaria y las prestaciones sociales. No escapan tampoco a la supervisión y reglamentación comunitaria el sector bancario, los presupuestos nacionales o los niveles de deuda de bancos, empresas no financieras y hogares.
A2. El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)
El MEDE asumirá a partir de junio de 2013 las funciones de asistencia financiera a los Estados miembros de la zona del euro que hasta ese momento seguirán siendo realizadas, de igual manera que en los rescates de Irlanda y Portugal, por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEFE). No obstante, el FEEF y el MEFE seguirán funcionando después de junio de 2013 con el fin de administrar los bonos pendientes y seguirán siendo operativos hasta que hayan recibido la totalidad del pago de la financiación concedida a los Estados miembros y hayan reembolsado sus obligaciones con arreglo a los instrumentos financieros emitidos y a cualquier otra obligación de reembolsar a sus garantes.
El MEDE dispondrá de un capital suscrito de 700.000 millones de euros (de los que 80.000 millones serán desembolsados en cinco plazos anuales por los países de la eurozona a partir de julio de 2013 y el resto estará compuesto por una combinación de capital suscrito exigible y garantías) y una capacidad crediticia efectiva de 500.000 millones de euros que será revisada periódicamente o, al menos, cada cinco años y que se procurará completar con la participación del FMI y, en casos específicos, de otros Estados miembros de la UE que no forman parte de la eurozona.
La creación del MEDE ha exigido modificar el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, añadiendo el siguiente apartado al artículo 136: “3. Los Estados miembros cuya moneda es el euro podrán establecer un mecanismo de estabilidad que se activará cuando sea indispensable para salvaguardar la estabilidad de la zona del euro en su conjunto. La concesión de toda ayuda financiera necesaria con arreglo al mecanismo se supeditará a condiciones estrictas.”
La asistencia financiera estará sometida a una estricta condicionalidad y conllevará el cumplimiento de un programa de ajuste por parte del país receptor de los créditos en los que se concretará la asistencia financiera. El MEDE también podrá, excepcionalmente, adquirir bonos de un Estado miembro de la eurozona en el mercado primario o de emisión de deuda pública.
El MEDE podrá prestar a tipos de interés fijo o variable, de acuerdo con los principios que aplica a este respecto el FMI y, en todo caso, por encima de los intereses y demás costes financieros con los que el propio MEDE acopie sus recursos. Con carácter general, y hasta que se revise la actual política de tipos de interés del MEDE, a los préstamos con interés variable que realice se le sumarán dos puntos porcentuales al coste de financiación que haya soportado el propio MEDE y otro punto adicional para préstamos con un vencimiento superior a un año. En el caso de préstamos a un tipo de interés fijo con un vencimiento superior a los tres años, el margen consistirá en una media ponderada del recargo de dos puntos porcentuales para los tres primeros años y de dos puntos porcentuales más un punto porcentual para los años sucesivos. No se trata, como se ve, de una ayuda barata o semigratuita ni de un préstamo de bajo coste; por el contrario, puede suponer costes financieros muy elevados y, por tanto, inasumibles para unas economías que deben afrontar graves problemas de financiación y que no pueden atender sus obligaciones de pago.
Si mediante un análisis realista del nivel de sostenibilidad de la deuda pública de un Estado miembro de la eurozona se acaba considerando que no hay programa de ajuste macroeconómico capaz de reconducir la deuda a una senda sostenible, se instará al Estado implicado a negociar con sus acreedores una participación directa de éstos en la restauración de la sostenibilidad de la deuda; lo cual quiere decir que éstos deberán participar mediante una quita (pérdida de parte de sus derechos de cobro) o un reescalonamiento temporal que permita retrasar los pagos. Aunque tal medida sólo podrá aplicarse a las nuevas emisiones de deuda con vencimiento superior a un año que se realicen a partir de julio de 2013, no sería extraño que el simple anuncio de esta posibilidad haya comenzado ya a afectar negativamente a la financiación de los agentes privados y públicos de los países periféricos.
La concesión de cada préstamo estará sometido a la aceptación unánime de los Estados miembros de la eurozona y por ello estará condicionada por la situación y las fuerzas políticas que en cada momento ocupen el poder en todos y cada uno de los socios. El veto de uno cualquiera de los Estados miembros podrá impedir la concesión del préstamo y, por consiguiente, condicionar el futuro del país necesitado de la ayuda y, pudiera ser, del euro y la propia UE.