La "discriminación inversa" representa una de las formas de discriminación más flagrante y persistente en la Unión Europea. En recientes sentencias, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) parece decidido a combatir los ejemplos más graves de discriminación inversa aplicando una interpretación más extensiva del Derecho de la Unión Europea que su línea de razonamiento tradicional. Mi contribución muestra que la interpretación innovadora del TJUE, pese a los nobles motivos que la animan, no constituye un avance en la dirección correcta porque proporciona nuevos incentivos a los Estados Miembros para introducir o consolidar casos adicionales de discriminación inversa. El artículo explora líneas alternativas para corregir la discriminación inversa, a saber, la enmienda legislativa o el recurso a disposiciones de rango constitucional. La conclusión es que la responsabilidad de resolver el problema de la discriminación inversa corresponde, ante todo, al legislador europeo y a las autoridades de los Estados Miembros, no al TJUE.
"Reverse discrimination" is one of the most blatant and persistent forms of discrimination in the EU. In recent cases, the European Court of Justice (ECJ) seems minded to combat the gravest instances of reverse discrimination, by interpreting EU law more broadly than it has traditionally done. My paper shows that the ECJ�s innovative interpretation, while driven by noble motives, is not a step in the right direction because it entails new incentives for the Member States to introduce or consolidate instances of reverse discrimination. The paper explores alternative avenues for curing reverse discrimination, namely amending EU legislation, or using national constitutional provisions to solve the problem. The paper concludes that the responsibility for solving the problem of reverse discrimination lies first and foremost with the EU legislator and the authorities of the Member States, and not with the ECJ.
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