Diana Fernanda Bermeo Mantilla
El propósito de este trabajo es realizar un seguimiento y análisis a los avances del Auto 092 del 2008, proferido por la Corte Constitucional, de acuerdo al estado de cosas inconstitucionales declarado en la sentencia T-025 de 2004, en el cual se plantean avances importantes en materia de protección de los derechos de las mujeres, desde un enfoque diferencial de género en nuestro país.
De igual forma el auto hace alusión al conflicto armado interno y al desplazamiento forzado en las mujeres. Es así como la Corte Constitucional fundamenta su pronunciamiento en estándares internacionales y nacionales de protección de las mujeres y en estudios presentados por organismos internacionales respecto a este tema, ya que señala que dicha condición de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres víctimas del desplazamiento forzado no solo debe ser abordada mediante políticas de atención, sino desde la obligación que tiene el Estado colombiano en comprender la complejidad de estos delitos, y a partir de allí, crear políticas de prevención, con perspectiva de género. De esta manera, la Corte ordenó implementar en el marco de la política pública de atención integral a la población desplazada, trece programas que respondan de manera efectiva y diferencial a los riesgos que enfrentan las mujeres en el marco del conflicto armado, y a las facetas de género del desplazamiento forzado, subrayando la gravedad de las situaciones de violencia sexual derivadas del conflicto armado, haciendo un llamado de atención sobre la invisibilidad de esta práctica delictiva generalizada.
edict 092, 2008, issued by the Constitutional Court, according to state declared unconstitutional decision T-025, 2004, which raises important advances in protecting the rights of women, from a gender gap in our country.
Likewise, the edict refers to the internal armed conflict and forced displacement in women. The Constitutional Court based its ruling on international standards and national protection of women and studies presented by international organizations on this issue since the car indicates that the condition of vulnerability in women who are victims of forced displacement not only should be addressed through policy attention, but from the obligation of the Colombian State to understand the complexity of these crimes, and from this create policies to prevent gender-sensitive. Thus the Court ordered implementation within the public policy of comprehensive care for the displaced population, thirteen programs that respond effectively and differential risks faced by women in the context of armed conflict, gender aspects of forced displacement, underlining the gravity of the situations of sexual violence in the armed conflict, and calling attention to the invisibility of this widespread criminal practice.
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