España se enfrenta a una situación compleja respecto a sus políticas de cambio climático. Por una parte, las emisiones de gases de efecto invernadero han sufrido un importante incremento desde 1990, encontrándose lejos de los compromisos de Kioto. Por otro lado, es probable que España sufra importantes impactos del cambio climático, siendo uno de los países más afectados de nuestro entorno. Frente a esto, ha habido una aplicación bastante limitada de políticas correctoras contra el cambio climático, en particular cuando éstas implican una modificación de los precios de la energía. Esto responde a que, a pesar de los ciudadanos españoles en general muestran una gran preocupación ante el cambio climático, ha existido una fuerte oposición a incrementos en los precios energéticos. En este trabajo tratamos de ofrecer una explicación a este fenómeno y una posible pista para futuras políticas en este campo, mostrando cómo los hogares españoles aprueban la aplicación de un programa energético que encarezca la electricidad y los carburantes de locomoción para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El artículo recoge los principales resultados de la aplicación de una encuesta de valoración contingente que suministra información sobre la disponibilidad a pagar y actitudes de las familias sobre diversas alternativas asociadas a la reducción de emisiones precursoras del cambio climático.
Spain faces a complex situation regarding its climate change policies. Since 1990, Spain�s greenhouse gas (GHG) emissions have increased far beyond the Kyoto commitments. Moreover, Spain is likely to suffer significant adverse impacts from climate change. However, there has been little action to reduce GHG emissions, particularly in the area of energy prices. Although the Spanish public generally shows great concern about climate change, it has traditionally opposed price increases for energy. In this paper we offer an explanation of this paradox, and we provide a possible strategy for policy design. We find that Spanish households favor reducing GHG emissions from electricity production and would be willing to pay for this if it promotes new, greener technologies and if it eventually lowers the cost of those technologies in the future. This finding emerges from a contingent valuation survey which also provides a rich set of information on households� attitudes regarding various policy options for reducing GHG gases.
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