Isabel Santamaría
Aborto e inmigración
(Página Abierta,203, julio-agosto de 2009)

          Uno de los aspectos más interesantes que se debatieron en estas jornadas ha sido el impacto de la inmigración en las tasas de aborto en nuestro país.

          Partimos de que hasta ahora no se ha creado un registro del país de procedencia de la usuaria de los servicios para la IVE. En el último informe sobre IVE, correspondiente al año 2007, del Ministerio de Sanidad no se da un solo dato respecto a la situación de las mujeres inmigrantes; sin embargo, esta realidad es conocida. Epidemiólogos y expertos en salud pública llevan tiempo analizando las tasas de aborto en mujeres de procedencia extranjera que viven en nuestro país. Los números absolutos de mujeres extranjeras que abortaron en nuestro país según estos estudios ya dan una idea de la situación. Se han hecho esfuerzos para realizar el cálculo de lo que significan esos números absolutos respecto al total del número de mujeres extranjeras en edad fértil que viven en nuestro país. No es fácil conocer este último dato, teniendo en cuenta que no todas esas mujeres figuran en un padrón o en otro tipo de registro. Muchas de esas mujeres se mantienen en la clandestinidad, sin papeles, y por lo tanto es difícil contarlas y considerarlas a la hora de hacer la foto de esta situación.

          No obstante, como queda dicho, son sabidas varias cosas. La tasa por mil mujeres en edad fértil, entre 15 y 44 años, que abortaron en España en 2007, última fecha de la que se conocen datos validados, es del 11,49 por mil.

          Si se calcula esa tasa para las mujeres españolas, obtenemos que ronda el 8 o 9 por mil. Cuando se hace el cálculo de esta tasa para las mujeres inmigrantes obtenemos datos muy superiores, de hasta 3 o 4 veces más.

          Andalucía es una de las comunidades autónomas donde se están recogiendo datos de las mujeres que han abortado, incluyendo el país de origen.

          Según el padrón de 2007, en Andalucía residen 1.829.352 mujeres en edad fértil, entre los 15 y los 44 años. El 9,6% son extranjeras, es decir, 175.186 mujeres en edad fértil. El 27,9%  de los abortos que se realizaron a mujeres residentes en Andalucía son de mujeres de procedencia extranjera.

          Así pues, en Andalucía se aprecia que la tasa de abortos por mil mujeres en edad fértil es de 11,13 por mil, discretamente menor a la media nacional. Esta tasa referida a mujeres extranjeras es de 32,48 abortos por cada mil mujeres en edad fértil y año. La tasa por mil mujeres españolas es de 7,30 por mil.

          Las mujeres latinoamericanas y rumanas son las que presentan tasas de aborto más elevadas.

          Estos datos son extrapolables a la casi totalidad de las comunidades autónomas donde se han hecho registros que permiten hacer estos cálculos.

          Es una realidad que el número absoluto de abortos en España ha ido aumentando paulatinamente a lo largo de los años. pero este dato no indica que la situación haya empeorado. De hecho, la población también aumenta. Es necesario tener en cuenta la contribución y el impacto que la inmigración tiene en esta cuestión. La diferencia de tasas entre las mujeres españolas e inmigrantes es muy acusada. Este dato no había sido evaluado antes. Sin la contribución de las mujeres inmigrantes al crecimiento de las IVE, en Andalucía, la tasa por mil mujeres se encontraría a un nivel inferior a la del año 2003, que era de 7,94 abortos por mil mujeres y año.

          Hay que mencionar que los datos de interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país no pueden catalogarse de alarmantes, pues la realidad es que las tasas son muy equiparables al resto de países europeos, y en algunas comunidades autónomas se han hecho logros muy importantes en la prestación de la planificación familiar, la contracepción de emergencia y la prestación de la IVE. Es una realidad, no obstante, que debemos afrontar. Hay que asumir el reto de mejorar la salud sexual y reproductiva de una población muy vulnerable, que no tiene fácil acceso al conocimiento de los recursos de planificación familiar y de educación en salud y  que ve dificultado el acceso a esos recursos. La población inmigrante tiene necesidades específicas añadidas que deben atenderse sin demora.