Gabriel Flores
El atolladero fiscal del gobierno

La caída de los ingresos tributarios y el desequilibrio de las cuentas públicas son problemas económicos de envergadura que no deberían ser desconsiderados por la izquierda. Sin embargo, en demasiadas ocasiones, asuntos de importancia acaban en el saco roto donde van a parar las cuestiones que parecen intrascendentes o ajenas, porque no se percibe hasta qué punto pueden afectar a la marcha de una sociedad y al bienestar de sus ciudadanos o, como también sucede en los temas mencionados, a las posibilidades de superar la recesión económica.

El déficit de las Administraciones Públicas de 2009 llegará previsiblemente hasta los 100.000 millones de euros, cifra que supone un porcentaje próximo al 10% del PIB1. El retroceso de la actividad económica y un aumento del paro que socava los salarios y el consumo son los principales responsables de la disminución de los ingresos públicos. También las políticas de estímulo fiscal a las empresas y las rebajas fiscales aprobadas en los dos últimos años por el gobierno y que han favorecido fundamentalmente a los grandes patrimonios, beneficios de las empresas y rentas más altas han contribuido a la reducción de los ingresos tributarios. Desde el lado de los gastos, el rescate de algunas entidades bancarias, el apoyo a empresas y sectores en dificultades, la financiación de políticas de reactivación económica de nula o discutible eficacia modernizadora y el aumento de los costes de protección social han contribuido a que el déficit público se dispare2.

La paulatina reducción del margen de actuación del gobierno, por la dificultad de mantener déficit presupuestarios tan elevados y el previsible aumento de la carga financiera que ocasionará el aumento de la deuda pública, va a condicionar en los próximos años las políticas públicas de protección social, reactivación económica y modernización productiva. Este artículo analiza los datos esenciales del problema tributario que afronta el gobierno y las medidas que intenta incorporar a los Presupuestos de 2010 para escapar de la ratonera fiscal en la que está metiéndose la economía española.

El borrador de Presupuestos Generales del Estado de 2010 se encontraba hasta ayer mismo, 16 de octubre, en una fase crítica en la que el PSOE intentaba conseguir que el PP y CiU se quedaran solos con sus respectivas enmiendas a la totalidad. En el último momento, el gobierno ha ofrecido las garantías políticas que solicitaba el PNV (a cuenta de la proposición de ley presentada por el Parlamento vasco para que las normas forales de carácter fiscal aprobadas por las Juntas Generales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya tengan rango de ley y no puedan ser recurridas ante la justicia ordinaria) y va a obtener el respaldo de sus diputados al borrador de presupuestos.

El gobierno cuenta ya con los apoyos suficientes, los dos diputados de Coalición Canaria y los seis del PNV, para rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por la derecha y los grupos de la izquierda parlamentaria. En esta situación, el camino para la aprobación parlamentaria de los Presupuestos de 2010 se ha allanado completamente. Las posibilidades de aportar un ligero tinte progresista durante la próxima presentación y negociación de las enmiendas parciales han disminuido sustancialmente.

Aunque el margen para negociar una subida de impuestos “más equitativa y progresiva” se ha reducido, no cabe descartar que el PSOE llegue a algunos acuerdos puntuales con la otra izquierda presente en el Parlamento. La debilidad del gobierno y su aislamiento son propicios para que se produzcan algunas sorpresas en la negociación de las enmiendas parciales, pero sería pura ilusión esperar algún cambio significativo en  los objetivos gubernamentales de un modesto aumento de los ingresos tributarios, moderada reducción del déficit y amplio reparto social de la carga tributaria resultante.

El análisis que sigue se centrará en las propuestas de cambio fiscal presentadas por el gobierno en el borrador de presupuestos para su debate y aprobación parlamentaria.

1. Los datos básicos del deterioro fiscal

El déficit de las Administraciones Públicas alcanzó en agosto de 2009 los 60.340 millones de euros (equivalen a un 5,73% del PIB), duplicando el déficit del conjunto del año 2008 que fue de 30.297 millones de euros. Una de las causas fundamentales de ese importante deterioro de las cuentas públicas fue el descenso de los ingresos tributarios homogéneos que retrocedieron en un 18,2% en el primer semestre de este año, respecto al mismo periodo del año pasado3. A ese hundimiento de los ingresos se sumó el aumento de los gastos en un 25,9%.

Ni las reducciones de los gastos públicos corrientes aprobadas en febrero (1.500 millones de euros) y mayo de 2009 (1.000 millones de euros) ni el aumento de los impuestos especiales que gravan a los hidrocarburos y el tabaco aprobado en junio van a frenar el creciente desequilibrio de las cuentas públicas ni impedirán que siga agrandándose hasta alcanzar ese excepcional e insostenible porcentaje de dos dígitos a finales de 2009.

En apenas año y medio, desde enero de 2008 a julio de 2009, los ingresos tributarios se han reducido en un 29,3%. Los mayores retrocesos relativos en la recaudación corresponden al impuesto sobre los beneficios de las sociedades (ha disminuido un 55,4%), al IVA (un 42%) y al IRPF (un 12,9%).

La causa fundamental de la caída de los ingresos fiscales en el primer semestre de 2009 fue el importante retroceso de la actividad económica y la destrucción de empleos. En el conjunto del año 2008, el factor esencial en el retroceso de la recaudación tributaria (13,8%) no fue la menor actividad económica (de hecho, el PIB creció un ligero 0,9% anual), sino las modificaciones y los estímulos fiscales aprobados por el gobierno que suprimieron el impuesto sobre el patrimonio4 y aligeraron la recaudación del impuesto de sociedades (en un 39,1%) y del IRPF (en un 1,4%). La recaudación por IVA también disminuyó en 2008, pero en este caso el retroceso (un 16,0%) tuvo mucho que ver con el hundimiento del sector de la construcción y la venta de viviendas nuevas durante la segunda mitad del año.

En conjunto, las rebajas fiscales aprobadas en 2007 y 2008 por el gobierno del PSOE disminuyeron la entrada de dinero en las arcas públicas en la nada desdeñable cuantía de 20.000 millones de euros, según declaraciones del presidente del gobierno.

Veamos con algo más de detenimiento esa reducción de impuestos:

- El tipo marginal más alto del IRPF, que afectaba al millón de contribuyentes que reconocían en 2008 unas rentas superiores a los 53.407,2 euros (base liquidable), se redujo desde el 45 al 43%.

- El tipo general del impuesto de sociedades bajó del 35 al 30% y, en el caso de las empresas de reducida dimensión, del 30 al 25% para los primeros 120.202,41 euros de beneficio (base imponible). El tipo efectivo realmente aplicado se situó en un mucho más bajo 18,4%, como consecuencia de las medidas de estímulo fiscal y del aumento de las deducciones, como la que afecta a  la reinversión de beneficios.

- Las plusvalías, dividendos, intereses bancarios y otros rendimientos del capital mobiliario generados en menos de un año quedaron gravadas en el IRPF por un tipo único del 18% (el mismo que afecta a las generadas en más de un año), cuando esas rentas del capital y el ahorro se incorporaban, antes de la reforma de 2007, a la base imponible y tributaban por el tipo marginal de cada tramo, que podía llegar para las rentas más altas hasta el 45%.

- La devolución de los 400 euros favoreció a la mayoría de los contribuyentes, pero no benefició a las personas con rentas muy bajas, ya que la retención a cuenta de ese impuesto que habían sufrido no llegaba a esos 400 euros. Los 2,5 millones de declaraciones que en 2007 percibieron ingresos netos inferiores a los 6.000 euros anuales y, aproximadamente, la mitad de los casi 4 millones que declararon rentas netas de entre 6.000 y 12.000 euros sólo recibieron una parte de los 400 euros. Lo mismo ocurrió con los 7 millones de personas que percibieron rentas sujetas al IRPF pero no hicieron la declaración porque no alcanzaban la renta mínima que obligaba a presentarla5.

Las reducciones de impuestos aprobadas en 2007 y 2008 favorecieron especialmente a los beneficios de las empresas y a las rentas del capital que se declaran en el IRPF. Como, además, los grandes patrimonios han sido eximidos de pasar por la ventanilla de Hacienda y buena parte de las rentas que generan las grandes fortunas no se declaran, la desigualdad en el trato fiscal que sufren las rentas del trabajo y las rentas del capital no ha hecho más que aumentar en los últimos años. Las modificaciones fiscales que ha presentado el gobierno no van a disminuir un ápice esa desigualdad.

2. Las modificaciones tributarias que propone el gobierno

Hace poco más de un mes varios miembros del gobierno anunciaban cambios sustanciales en la tributación para hacer pagar más impuestos a los más ricos. La tormenta de declaraciones pasó sin dejar apenas huella.

Tras sucesivos globos sonda y los dimes y diretes que acompañaron a cada anuncio, el gobierno presentó el pasado 26 de septiembre los números y las propuestas de cambio que pretende introducir en los Presupuestos de 2010. En resumen, las modificaciones y los objetivos principales que propone el gobierno son los siguientes6:

- Subida del tipo de gravamen de las rentas del capital del 18 al 19% para los primeros 6.000 euros y al 21% para las rentas que superen esos 6.000 euros. Generaría unos ingresos de 800 millones de euros.

- Subida del tipo general del IVA que grava la compra de la mayoría de los bienes y servicios en dos puntos (del 16 al 18%) y del tipo reducido que grava a la vivienda, el transporte y, entre otros bienes y servicios, la hostelería en un punto (del 7 al 8%), a partir del 1 de julio de 2010. El tipo súper reducido que grava el consumo de alimentos y bienes de primera necesidad se mantiene en el 4%. Aumentaría la recaudación anual en 5.150 millones de euros.

- Eliminación de la deducción de 400 euros en el IRPF por la que alrededor de 14 millones de declarantes dejarán de percibir el dinero que recibieron el año pasado.  Ahorraría a las arcas públicas 5.700 millones de euros.

- Bajada de cinco puntos en el impuesto de sociedades para las empresas con menos de 25 trabajadores e ingresos inferiores a los 5 millones de euros que mantengan o generen empleo (el tipo impositivo baja del 25 al 20%, hasta un límite de la base imponible de 120.202,41 euros). Medida equivalente para los autónomos. Supondría una reducción de los ingresos públicos de 700 millones de euros

Gracias a esos cambios, el aumento de los ingresos tributarios totales devengados en un año completo se estima en 11.650 millones de euros, que en términos netos (dada la disminución de ingresos provocada por la reducción del impuesto de sociedades para las pymes) se quedaría en 10.950 millones de euros. Dado que una parte de esos ingresos se recaudarán efectivamente en 2011, en término efectivos de caja la cifra recaudada en 2010 aumentaría, de cumplirse las previsiones gubernamentales, en 6.500 millones. 

Lo primero que conviene recalcar es que los moderados y temporales cambios fiscales tributarios que ha aprobado el gobierno sólo aspiran a recuperar la mitad (10.950 millones de euros) de los 20.000 millones perdidos por las rebajas fiscales aprobadas en los dos años últimos años.

El objetivo de recaudar el próximo año unos 6.500 millones de euros más que este año y otros 4.450 millones más en 2011, cuando los efectos recaudatorios de las medidas fiscales propuestas sean completos, apenas supondrían de alcanzarse plenamente los objetivos marcados una reducción del déficit público en 2010 del 0,64% del PIB y del 1,08%, en 2011.

Respecto a la subida de los impuestos sobre las rentas del capital que grava el IRPF afectaría a unos 11,5 millones de pequeños y medianos ahorradores (el 94% del total de 12,5 millones de declaraciones que perciben ese tipo de rentas) que perciben ingresos por intereses inferiores a los 6.000 euros anuales y sufrirán un aumento de un punto (hasta el 19%) en el tipo impositivo que recortará sus ingresos en una media de 6 euros que sumados podrían suponer alrededor de 80 millones de euros. Los 900.000 medianos perceptores de rentas del capital (declaran rendimientos anuales del capital de más de 6.000 euros y menos de 60.000) sufrirán un aumento de tres puntos en el tipo impositivo (hasta el 21%) que supondrá un recorte en sus ingresos de alrededor de 250 euros por persona que podrían suponer un total de 220 millones de euros. Los 100.000 grandes inversores (obtienen más de 60.000 euros anuales en rentas del capital mobiliario) sufrirán también un aumento de tres puntos (hasta el 21%) en el tipo impositivo que significará un aumento en sus pagos tributarios de alrededor de 5.000 euros por persona que sumarían un total de 500 millones de euros.

En todo caso, de las rentas del capital y la propiedad que son gravadas por el IRPF (intereses, dividendos, plusvalías o arrendamientos) no se puede obtener demasiado, porque la recaudación total procedente de las retenciones del capital en 2008 (con un tipo impositivo del 18%) fue de 7.367 millones de euros. En este capítulo, si se quiere aumentar la recaudación en una cuantía significativa habría que dar pasos efectivos en la equiparación de la tributación de las rentas del capital con la de las rentas del trabajo, intensificar la inspección fiscal sobre las bolsas de fraude y modificar las leyes que permiten a las rentas del capital que obtienen las grandes fortunas sortear legalmente el pago de impuestos.

No se incrementa la presión sobre las rentas del trabajo más altas (ni siquiera las de los que declaran bases imponibles superiores a los 60.000 euros anuales), ni sobre las rentas provenientes de actividades económicas, a pesar de que se sabe que el fraude fiscal está muy extendido en una parte importante de los autónomos. Tampoco se aumenta el impuesto sobre sociedades (de hecho, se propone una nueva rebaja de cinco puntos para las pymes) ni se resucita el impuesto sobre el patrimonio. Finalmente, ni la imposición sobre las Sicav se modifica7 ni la fiscalidad verde ha tomado carta de naturaleza8.

Habrá que esperar a ver si, durante la negociación parlamentaria de los Presupuestos, el gobierno acepta ligeros cambios progresistas en algunos de estos temas. 

Sólo quedaba actuar sobre los impuestos indirectos, pero un aumento indiscriminado y fuerte del IVA frenaría aún más a la demanda, repercutiría muy negativamente sobre la actividad económica y el empleo y tendría efectos sociales muy graves. Por eso, probablemente, la subida del IVA se ha quedado en un terreno intermedio, sin afectar al tipo súper reducido y sin incrementar en demasía a los otros dos tipos impositivos, y se aplaza su aplicación al segundo semestre de 2010, cuando suponen que lo peor de la recesión puede haber pasado. 

Subir los impuestos era necesario, pero el gobierno estaba obligado a considerar el momento más adecuado para hacerlo, la cuantía de la subida, qué sectores sociales resultarían perjudicados y qué hechos se gravarían.

Respecto al momento, aún no hay visos de que la destrucción de actividad económica y empleo haya acabado; por el contrario, todos los indicios y la inmensa mayoría de las previsiones apuntan que la recesión continuará durante varios trimestres y el estancamiento, con altas tasas de desempleo, durará varios años.

Respecto a los sectores sociales afectados, existe el peligro de que la reducción de la capacidad de compra de la mayoría contribuya, en una economía como la española que descansa esencialmente en la demanda interna, a profundizar la crisis y prolongarla. Hay que tener en cuenta que los salarios brutos de la mitad de los trabajadores siguen siendo muy bajos, pues no llegaban en 2007 a los 16.718 euros anuales y, según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Estructura Salarial del INE, se situaban muy por debajo de un salario medio que era de 20.390 euros al año9. La desigualdad en la distribución de las rentas totales es aún mayor, ya que las rentas de la propiedad y del capital se distribuyen de forma más desigual que las rentas del trabajo10.

No es tarea fácil recaudar más dinero si se insiste en querer sacarlo de dónde apenas hay y se renuncia a obtenerlo de donde sobra (las rentas más altas y los grandes patrimonios, tanto los visibles como los que se mantienen sumergidos o a buen resguardo de las obligaciones tributarias). Más dificultad tiene la pretensión del gobierno de frenar la caída de la actividad económica reduciendo la capacidad adquisitiva de la mayoría; y más aún, la de intentar reactivar la economía a corto plazo recortando, en lugar de sosteniendo, la demanda de los hogares.

Es prácticamente imposible lograr cambios significativos en el patrón de crecimiento y el modelo productivo y avances sostenibles en la modernización de la estructura productiva con una inversión privada en caída libre y una escasa inversión pública. Y es inexplicable que el gasto público se reduzca en aquellos capítulos, como la educación o la investigación, que son imprescindibles para impulsar  un nuevo modelo de crecimiento que prime el conocimiento y aliente el ahorro de materiales, recursos naturales y energía. 

La Ley de Economía Sostenible, que es la estrella emergente de ese intento modernizador que intenta impulsar el gobierno, pretende sostenerse en unos recursos financieros de 20.000 millones de euros que, en parte, serían aportados por las arcas públicas y, en parte, por una hipotética financiación privada. Ya veremos cómo concreta el gobierno esa propuesta. En el mejor de los casos, que logre alcanzar la cuantía anunciada, esos 20.000 millones de euros apenas permitirían tapar el boquete abierto en la primera mitad de 2009 por el hundimiento de la inversión productiva que realizan las empresas y que ha sufrido un desplome del 20%.

3. ¿Qué pretende el gobierno con las modificaciones fiscales?

Nada indica que la actividad económica vaya a recuperarse el próximo año; ni siquiera la previsión económica de aumento del PIB que realiza el gobierno para el conjunto del año 2010 es de crecimiento, el escenario del que parte es de una pequeña reducción del PIB del 0,3% y un nuevo ajuste del empleo que disminuirá a lo largo del año 2010 en un 1,7% (destruyendo otros 300.000 empleos)11.

Aún dando por buena esa interesada y optimista previsión de ligero retroceso del producto y una relativamente pequeña reducción del empleo, el paro aumentará, la renta media por habitante disminuirá y empresas y hogares seguirán priorizando la reducción de sus altos niveles de endeudamiento a costa del consumo final de los hogares (la previsión oficial para 2010 es de un retroceso del 0,4%) y de la inversión productiva (la inversión bruta en bienes de equipo se reducirá en un 2,4% y la construcción en un 7,5%). En esa situación de decrecimiento de las rentas y del producto, cualquier aumento de la presión fiscal que sufra la mayoría de la población, además de injusta, es bastante probable que termine ocasionando una reducción proporcional de la demanda interna y de los ingresos tributarios. El aumento de tipos impositivos quedaría  así contrarrestado por una disminución del consumo de los hogares y la inversión de las empresas. Finalmente, los ingresos tributarios procedentes del IVA, el IRPF y el impuesto sobre sociedades sufrirían un nuevo retroceso. 

Consciente de las dificultades de reducir sustancialmente el déficit fiscal sin que se note mucho la subida de impuestos y sin que esa subida afecte demasiado a los grupos con más poder y mayor capacidad de presión, el gobierno se ha planteado una modesta subida de la recaudación del 7,7% respecto a las pésimas previsiones de ingresos tributarios de 2009.

Tanto si se contemplan desde la altura de un déficit fiscal que acabará este año muy cerca del 10% como si se comparan con los retrocesos experimentados por los ingresos tributarios en 2008 y 2009, el aumento de la recaudación fiscal que pretende obtenerse en 2010 es muy limitado. Las necesidades de financiación de unos objetivos gubernamentales que apuntaban a desarrollar ambiciosas políticas de protección social, reactivación económica, cambio de modelo de crecimiento y modernización de la estructura productiva o el compromiso de reconducir en 2012 ese déficit hasta el 3%, tal y como marca el Pacto de Estabilidad12, no pueden cubrirse con los cambios tributarios que se plantean.

Podría pensarse que el objetivo del gobierno con su propuesta de subida moderada de impuestos es, antes que resolver los problemas fiscales, consolidar un espacio simbólico que le permita marcar un espacio político que se diferencie claramente del de la derecha. No parece, sin embargo, que tal diferenciación en los resbaladizos terrenos tributarios vaya a producirle muchas rentas políticas; más bien, podría tener el efecto contrario de reducir sus apoyos electorales.

Los cambios fiscales que propone el gobierno podrían tener sentido si se acepta la hipótesis de una pronta reactivación de la economía española que propiciaría una paulatina recuperación de los ingresos tributarios. Podría tratarse en este caso de un problema de confianza excesiva que impide considerar adecuadamente la fragilidad de la recuperación de los países capitalistas avanzados y el carácter diferencial de la crisis que afecta a la economía española.

Cabría considerar también otra hipótesis explicativa. La subida de impuestos podría ser un intento de subrayar públicamente, ante contribuyentes e inversores españoles e internacionales, el respeto y el compromiso del gobierno con unas cuentas públicas equilibradas. Para que ese compromiso sea más creíble y sea valorado por los mercados internacionales, el gobierno ha considerado necesario dar un primer paso de recorte del gasto público y aumento de impuestos antes que ningún otro país capitalista avanzado haya tomado medidas en esa dirección, a pesar de que muchos de ellos han conseguido iniciar un proceso de ligera recuperación económica.

Hay, sin embargo, varios problemas en este paso táctico. En primer lugar, los retoques fiscales que propone pueden ser demasiado pequeños para convencer a los mercados, pero pueden echar demasiada arena en la recuperación de la demanda interna. La subida de impuestos puede contribuir a reafirmar la imagen del gobierno como firme defensor de la ortodoxia fiscal, pero los efectos económicos de las medidas pueden dar al traste con cualquier posibilidad de equilibrar las cuentas públicas. Por último, sería muy raro que los mercados se contentaran con lo aprobado; seguramente, van a exigir menos adornos publicitarios y más recortes efectivos del gasto público, especialmente en el capítulo de las prestaciones sociales, que no podrán ser asumidos por este gobierno sin hacerse el harakiri.

4. Hay margen y otras vías para aumentar la recaudación tributaria

Tras la presentación del borrador de los Presupuestos Generales de 2010, los ambiciosos objetivos gubernamentales aventados durante las primeras semanas del pasado mes de septiembre quedan reducidos a “solicitar un esfuerzo de solidaridad para atender a un gasto social creciente” como declaró la vicepresidenta Salgado al presentar el pasado 26 de septiembre las grandes cifras de esos Presupuestos. El cambio del modelo de crecimiento y la modernización de las estructuras productivas quedan de nuevo aplazados, sin el sostén de la financiación pública y en manos de unos mercados y unos agentes económicos privados que no están en condiciones de avanzar en esa dirección.  

Hay medidas más eficaces, justas y viables que las que plantea el gobierno para obtener bastantes más de esos 11.000 millones de euros que pretende conseguir. Por ejemplo, la de gravar las rentas y los patrimonios de los muy ricos, que sí, que existen y que sí, que son muy ricos. Por ejemplo, detectando, identificando y gravando las rentas y los patrimonios de las personas físicas o los beneficios de las empresas societarias que sortean legalmente, escapan o incumplen las leyes tributarias. Por ejemplo, aumentando la deuda pública y utilizando la financiación así obtenida para impulsar en serio cambios en el patrón de crecimiento y en el modelo productivo que reactiven la economía y generen actividades sostenibles, modernización de las estructuras productivas, bienestar y cohesión social.

 Nada impide utilizar cualquiera de estas vías o una mezcla de todas ellas. Tanto el nivel relativo de la deuda pública como la presión fiscal son inferiores a los que presentan los países de nuestro entorno y, pese a los muy grandes déficit fiscales de 2009 y 2010, seguirán siendo inferiores13. La economía española mantenía al finalizar el año 2008 un nivel de deuda pública relativamente pequeño (39,5% del PIB), muy inferior a los niveles medios alcanzados por los países de la eurozona (69,3% del PIB) y el resto de países capitalistas avanzados14.

Las previsiones sobre la evolución de la deuda pública española en 2009 y 2010 (53,4% y 62,5% del PIB, respectivamente) apuntan a que se mantendrá por debajo de la del conjunto de países de la eurozona en los próximos años. Y lo mismo cabe decir de una presión fiscal que fue en 2008 del 36,6%, unos ocho puntos inferior al nivel medio del 44,7% que alcanzaba en los países del euro, sin que esa diferencia haya experimentado una reducción importante en 2009. Hay margen para elevar la deuda pública y margen para aumentar la presión fiscal sin llegar a los niveles medios, también en ascenso, que alcanzan en las economías de la UE. Hay margen, sobre todo, para empezar a gravar y para aumentar la presión fiscal sobre aquellas rentas y patrimonios que no pagan impuestos y sobre aquellas personas que teniendo grandes patrimonios y rentas muy altas pagan efectivamente porcentajes relativamente bajos.

Si hay posibilidades y diversas vías para aumentar los recursos financieros a disposición del gobierno, tanto por la vía de aumentar la deuda pública como por la de atajar el fraude o aumentar los impuestos, ¿dónde está el problema de elevar la deuda pública o de llevar adelante una reforma fiscal de cierta enjundia que suponga un acercamiento a los niveles de los países comunitarios y permita obtener los recursos necesarios para conseguir los objetivos que se publicitan?

5. Restricciones que impiden al gobierno salir del atolladero fiscal

Se ha afirmado antes que no había nada que impidiera al gobierno elegir diferentes vías para aumentar los recursos financieros públicos, pero resulta obligado rectificar de forma inmediata esa idea, sobre todo después de conocer en qué ha quedado su propuesta de subir los impuestos y las medidas que ha elegido para aumentar los ingresos tributarios.

Hay al menos cuatro tipos de restricciones que permiten explicar los obstáculos que afronta el gobierno y la dificultad de salir de la ratonera fiscal en la que se encuentra.

En primer lugar, las inercias mentales y los dogmas ultraliberales que consideran el estricto equilibrio entre gastos e ingresos fiscales como una virtud absoluta e identifican el gasto público con derroche. Esa ideología liberal valora cualquier intento de incrementar la recaudación tributaria como una dañina tendencia del sector público a invadir los espacios en los que la iniciativa privada transforma las necesidades personales y sociales en demanda de mercancías, facturación, márgenes y beneficios. Esos dogmas maniqueos, que resultan tan útiles en la defensa de los intereses de una pequeña y muy privilegiada parte de la sociedad, están sólidamente instalados entre los economistas, la clase política (incluyendo a la mayoría de las autoridades económicas y monetarias) y, lo que es más grave, en la ideología que modela las ideas y percepciones básicas de la mayoría de la sociedad.

En segundo lugar, la enorme dificultad que entraña cualquier avance en el terreno de la modernización productiva. Los focos de atención de la oposición, el poder económico y los medios de comunicación están permanentemente puestos, afortunadamente, sobre la gestión que hacen las administraciones públicas del dinero público y sobre los resultados que obtienen. En función de esos resultados, los mercados (los poderes económicos y sus terminales mediáticas) y la sociedad (a través del voto y de la acción política, sindical y social) avalarán o censurarán las decisiones y actuaciones gubernamentales. En el corto plazo, los gobiernos deben compaginar los progresos en la consecución de los objetivos económicos (cuanto más ambiciosos sean, más tiempo se requerirá para conseguir mejoras evidentes o poco discutibles) y en los objetivos políticos que pretende (normalmente orientados a reforzar los apoyos sociales con los que cuenta y a debilitar los de la oposición). A largo plazo, deben demostrar que los recursos públicos se han utilizado eficientemente y convencer a la mayoría de la sociedad de que su nivel de bienestar ha aumentado. Como resulta muy fácil equivocarse y muy difícil, incluso sin equivocarse, conseguir objetivos, resulta más prudente errar por no hacer nada en un terreno tan resbaladizo como el del cambio de modelo de crecimiento (más allá de enunciar la necesidad de ese cambio y dar la sensación de que se hace algo o es una preocupación) que fracasar en el intento de llevar adelante un programa demasiado ambicioso y visible; más aún cuando ese programa está poco o nada definido, cuenta con un escaso apoyo del resto de fuerzas políticas y no despierta suficientes apoyos y simpatías de la ciudadanía.

En tercer lugar, la previsible respuesta crítica de los sujetos pasivos que van a soportar la subida de impuestos. Si esa subida la sufren todos los ciudadanos (porque al subir el IVA se disminuye la capacidad adquisitiva de todos los consumidores, pero especialmente la de la mayoría social que percibe rentas inferiores a la media) o gran parte de los 23,5 millones de personas que declararon sus rentas 2007, la carga fiscal se diluye y articular la protesta contra esa subida se hace muy difícil. Si, en cambio, esa subida afectara especialmente a los 100.000 ciudadanos españoles que obtienen las mayores rentas y son propietarios de grandes patrimonios su airada respuesta estaría asegurada. Y podría ser temible, porque tienen tanto poder que estarían en condiciones de revertir esa subida y hacérsela pagar muy cara al gobierno que se atreviera a aplicarla. Sólo una mayoría social convencida y movilizada podría amortiguar el impacto de su reacción.   

Y en cuarto y último lugar, un nivel de deuda pública excesivamente alto (que en el caso de la economía española se sitúa en un umbral impreciso, pero significativamente inferior al de los países capitalistas más avanzados), implicaría el castigo de los mercados financieros y una rebaja en las calificaciones de la deuda pública española que haría más difícil y costosa su financiación y acabaría asfixiando las posibilidades de recuperación económica. Más aún si se confirma que la economía española sigue instalada en unas tasas de paro cercanas al 20% que aumentan las posibilidades de anclarse en una situación de estancamiento o bajo crecimiento durante los próximos tres o cuatro años.

El aumento de la deuda pública no es sostenible si no se orienta hacia una modernización de la estructura productiva que permita a medio plazo la recuperación de los ingresos tributarios. En paralelo, si se quieren aumentar a corto plazo los gastos de protección social y mantener el resto del gasto público en niveles próximos a los de antes de la crisis, los ingresos tributarios que se obtenían gracias a la burbuja inmobiliaria y crediticia y que no van a recuperar los niveles de antes de la crisis, deben ser sustituidos mediante la fiscalización de los patrimonios y las rentas del capital, las rentas mixtas que perciben empleadores y autónomos que ahora no se gravan o no se declaran y el aumento de los tipos impositivos sobre los beneficios de las grandes empresas, los mayores patrimonios, las grandes herencias y las rentas de esas 750.000 personas que superan los 60.000 euros anuales (base imponible) de renta.

El gobierno ha optado por realizar un ligero recorte de los gastos públicos y un pequeño aumento de la presión fiscal, con la esperanza puesta en que la crisis pase pronto. Si, como es de prever, esa esperanza no se concreta el gobierno no tendrá otra alternativa que la de realizar el duro ajuste de los gastos públicos que reclama la derecha para acomodarlos a la dura realidad de unos ingresos tributarios muy inferiores a los que se obtenían antes de la crisis.

Al no existir una política clara y firme de incremento sustancial de la presión fiscal sobre las rentas más altas y los grandes patrimonios que permita obtener la financiación necesaria para, además de mantener la protección social de la población afectada por la crisis, impulsar la modernización de las estructuras productivas y cambiar el viejo patrón de crecimiento, el gobierno parece haber optado por esperar a que la recuperación económica toque pronto a la economía española y que los mercados impulsen las reformas estructurales que permitan incrementar los ingresos públicos sin exigir un mayor esfuerzo tributario a los contribuyentes que están en condiciones de hacerlo. Esa espera no puede durar mucho tiempo, quizás un año o puede que dos. El paso siguiente ya no podrá ser otro pequeño recorte del gasto y otra pequeña subida de impuestos. El fracaso de la política fiscal del gobierno conduciría inevitablemente a un ajuste drástico del gasto público y al fracaso de un gobierno que no ha sido capaz de impedir el creciente deterioro de las cuentas públicas.  

6. Subir los impuestos tampoco es de izquierdas

Un aserto de Zapatero publicado en el año 2000 alcanzó una gran notoriedad: “Tener la actitud intelectual de bajar impuestos creo que es de izquierda”15. Con ese rearme intelectual, el primer gobierno Zapatero mantuvo la tendencia de los gobiernos de Aznar a bajar los impuestos y, de paso, reducir la progresividad del sistema fiscal16.

La reciente propuesta gubernamental de subir los impuestos ha roto la tendencia seguida por los últimos gobiernos de España, pero nada indica que la estación de llegada del actual debate presupuestario sea la de disminuir el carácter regresivo del actual sistema fiscal, que es el verdadero quid de la cuestión. Las modificaciones tributarias aprobadas por los gobiernos presididos por Zapatero, incluidas las más recientes, no indican la más mínima preocupación por conseguir avances en esa dirección. Lo previsible es que las modificaciones fiscales que se incorporen a los Presupuestos de 2010 no reduzcan la brecha abierta en los últimos años entre la muy reducida presión fiscal (suma de impuestos directos e indirectos y otros tributos respecto al total de rentas generadas) que afecta a las rentas del capital, los beneficios de las empresas y los patrimonios de los ricos y la presión que sufren las rentas del trabajo y los consumos de la mayoría de la población.

Una mayoría de ciudadanos, formada esencialmente por el 67% del total de los 23,5 millones de personas que declararon el IRPF en 2007 rentas anuales netas inferiores a los 21.000 euros, a los que se debería añadir buena parte de ese otro 15,5% que declaraba rendimientos netos de entre 21.000 y 30.000 euros, va a seguir pagando en 2010 lo mismo que en 2008 por el IRPF más los 400 euros que ya no van a recibir. Y tendrá que soportar nuevos incrementos en la imposición indirecta que grava su consumo.

Cerradas las puertas a resucitar el impuesto sobre los patrimonios de los muy ricos o a incrementar los tipos del impuesto sobre los superbeneficios de las grandes empresas y bancos, el gobierno no ha querido rascar el bolsillo de ese 3,4% de declaraciones que reconocen rentas anuales de entre 60.000 y 150.00 euros ni del 0,6% que declaraba rentas superiores a los 150.000 euros. Los tiros de la subida temporal de impuestos no van en la dirección de exigir demasiados sacrificios a las personas que poseen grandes patrimonios y perciben grandes rentas anuales. Se le ha podido calentar la boca a algún ministro o al propio presidente del gobierno con la necesidad de que los ricos paguen más impuestos, pero a la hora de la verdad apenas son audibles unos murmullos que lamentan no poder recaudar los ingresos tributarios que se necesitan.

Ni bajar los impuestos fue años atrás de izquierdas ni aumentar la recaudación fiscal va a ser ahora de izquierdas. La cuestión esencial para determinar el carácter progresista o reaccionario de un cambio fiscal no está en si suben o bajan los impuestos, sino en qué hechos impositivos y tipos de rentas, patrimonios y consumos se gravan o se dejan de gravar, qué sectores sociales sufren y pagan los cambios y a qué se dedican los ingresos públicos obtenidos. En sentido contrario, sí puede afirmarse que oponerse a cualquier subida de impuestos es profundamente reaccionario y, en la actual situación, completamente irracional, por mucho que esa oposición pueda ser funcional a los intereses políticos del PP y reforzar su posición política frente a la del PSOE.

7. Congelar las pensiones y los salarios de los funcionarios añadirá más madera al horno de la crisis

El gobierno no sólo pretende aumentar los ingresos tributarios y recortar diversos capítulos del gasto público, entre ellos los dedicados a la investigación17. Va también a congelar en 2010 las pensiones y los sueldos de los empleados públicos.

Esa congelación no es una buena idea ni forma parte de la solución de la crisis. A nadie se le puede escapar el molesto fondo de cinismo que supone la presentación de esa congelación como un incremento del 0,3% en los sueldos de los funcionarios y del 1% en las pensiones18. Hiede que ese ínfimo incremento nominal (en realidad supondrá, como consecuencia del mayor aumento de los precios, una pérdida real de poder adquisitivo de alrededor de medio punto) se presente como el primer eslabón de una nueva congelación en 2011 que ocasionará nuevas pérdidas de poder adquisitivo de funcionarios y pensionistas que podrán recuperarse en… 2012, cuando una supuesta mejor situación económica autorice a habilitar los créditos necesarios para pagar los atrasos.

¡Vaya acuerdo han firmado los sindicatos mayoritarios! La recuperación de la capacidad de compra se producirá dentro de dos años y medio, siempre que la recesión económica y la situación de las arcas públicas lo permitan. Puede que para entonces sea un nuevo gobierno en una nueva legislatura marcada por un nuevo mapa parlamentario el encargado de gestionar esa recuperación y aplicar la cláusula de revisión salarial. ¡Menudo compromiso!

Lo mismo que se ha dicho antes respecto a las consecuencias de la limitada y transitoria subida de impuestos y del pequeño incremento de la presión fiscal en los que concluirán los trámites parlamentarios sobre los Presupuestos de 2010 cabe decir, con más razones aún, sobre ese mínimo incremento nominal de pensiones y sueldos de los funcionarios: lo más probable es que la congelación real de los sueldos de los funcionarios y las pensiones contribuya a agravar y prolongar la crisis y suponga un paso atrás en el camino de la recuperación, al reducir aún más la actividad económica y los ingresos tributarios.

La congelación de pensiones y sueldos de los funcionarios va a ser, además, un ejemplo y un aliciente para que la patronal redoble sus esfuerzos para intentar conseguir lo mismo con todos los asalariados que se pongan a tiro.

No parece razonable pensar que la congelación de los salarios pueda contribuir a afrontar el problema central a corto plazo del hundimiento de la demanda interna y la consiguiente caída de la actividad económica. Más razonable sería pensar que si al mantenimiento de altas tasas de desempleo y a la debilidad de los flujos crediticios se suma la congelación salarial de 2,6 millones de empleados públicos (a los que habría que añadir lo que consiga la presión de la patronal en una negociación colectiva que se va a desarrollar en un clima de amenaza creíble de despidos y cierres) y de 8,5 millones de pensionistas, la recuperación de la actividad económica será imposible y, como consecuencia, se profundizará la paulatina disminución de la recaudación tributaria, que es una causa básica del desequilibrio presupuestario.

8. La subida de impuestos propuesta por el gobierno es injusta e ineficaz

Aumentar la recaudación del Estado para extender y sostener las políticas de protección social e impulsar las políticas de reactivación económica y modernización productiva que sólo el Estado puede acometer en la actual situación de los mercados son decisiones necesarias. Sería injusto, sin embargo, que el aumento de la recaudación se hiciera a costa de una merma de los ingresos de la población de menor renta, que es la que más los necesita y la que los dedica efectivamente a satisfacer necesidades básicas y mantener unos niveles de bienestar reducidos y amenazados por la crisis.

Y al tiempo de injusta, la subida de la presión fiscal sobre las rentas bajas y medias es ineficaz para obtener una mayor recaudación, porque mientras dure la recesión será muy difícil que las personas que perciben rentas bajas y medias, que son la mayoría, paguen en impuestos mayores porcentajes de sus menguados ingresos. También puede resultar contraproducente para conseguir el objetivo de reanudar el crecimiento, porque frenaría aún más la demanda de los hogares. Se olvida que el problema central que está ocasionando la caída de la actividad económica es el retroceso de la demanda interna.

La afirmación anterior no supone aceptar que cualquier tipo de aumento del consumo es positivo o, menos aún, que la superación de la crisis pueda conseguirse incentivando el consumo. Una política económica orientada exclusivamente a impulsar el consumo podría tener repercusiones muy negativas si contribuye a aumentar la compra de bienes importados o de productos cuya producción y consumo generan externalidades negativas que reducen el bienestar de la población. Y podría tener impactos muy dañinos si se traduce en un mayor consumo de recursos insustituibles o compra de bienes físicos, intensivos en materiales y energía, que ocasionarían graves efectos climáticos y medioambientales y un aumento del precio de las materias primas que dificultarían la sostenibilidad del crecimiento.

Los obstáculos mayores que deben superarse para impulsar un crecimiento económico sostenible a largo plazo no son en el caso de la economía española ni unos costes laborales excesivos respecto a los de nuestros principales competidores ni un marco legal que impida que el empleo se ajuste al menor nivel de actividad de las empresas. Por otro lado, los costes salariales totales ya se están reduciendo mediante el recorte de las horas extras, la desaparición o disminución de las remuneraciones variables (vinculadas a resultados), el menor número de días u horas de trabajo efectivo y el despido o la no renovación de los empleos menos productivos. Además, aún siendo cierto que durante la última década los aumentos de los costes salariales han sido en la economía española superiores a los incrementos de la productividad y que, como consecuencia, el aumento de los costes salariales unitarios han sido mayores que en el resto de países capitalistas avanzados, ni los problemas del retroceso de la actividad económica y del empleo o de los desequilibrios de las cuentas públicas y exteriores que padece la economía española pueden resolverse con la reducción de los costes salariales o el abaratamiento de los despidos19. En todo caso, la reducción de los salarios y, más aún, el retroceso de la masa salarial global, como consecuencia del aumento del paro, conducirían a intensificar la crisis20.

La superación de la crisis requiere, a corto plazo, contener la caída de la demanda de los hogares y, a medio y largo plazo, un proceso prolongado de superación del muy insuficiente esfuerzo modernizador realizado hasta ahora, para lo cual es imprescindible empeñar más fondos públicos en investigación y desarrollo, innovación, educación, formación e inversión en las tecnologías avanzadas que van incorporadas en la maquinaria y los equipos más productivos.

La izquierda debería empeñarse en lograr que la política económica esté al servicio de contener el retroceso de la demanda interna en lugar de, cómo parece haber elegido el gobierno, agravarlo congelando salarios y pensiones y aumentando la presión fiscal sobre las rentas de la mayoría de la población. Son los ricos los que pueden y los que en justicia deben financiar las medidas de protección social y el cambio del patrón de crecimiento y modelo productivo que sólo el Estado está en condiciones de realizar.

Los esfuerzos de la patronal para poner el foco de la atención pública en los costes tributarios y laborales (incluyendo los costes del despido) responden a una estrategia política (no a un análisis económico) que pretende que los destrozos causados por esta crisis y por las siguientes sean soportados fundamentalmente por los asalariados, mientras las rentas del capital se mantienen a buen resguardo de ésta y de futuras crisis. Tendría repercusiones muy graves para las clases trabajadoras y para la economía española que esa estrategia política de la patronal y la derecha triunfara. El gobierno presidido por Zapatero sigue resistiéndose a aceptar la lógica, las recetas y el programa de la patronal para salir de la crisis, pero tampoco pone en pie una lógica, unas políticas económicas y acciones alternativas que debiliten esa estrategia política de la CEOE y los apoyos sociales que el PP le brinda.

El tiempo con el que puede contar el gobierno para impulsar políticas económicas que propicien el cambio del modelo de crecimiento y una reforma fiscal capaz de sustentar ese cambio no es demasiado; quizás, como mucho, de dos años. A medida que pasan los meses se hace más difícil e improbable que el gobierno adopte las medidas necesarias para conseguir los objetivos que propugna. La espera de un milagro económico exterior que alimente las expectativas de que el paro puede empezar a disminuir y que permita ver una salida para el atolladero fiscal no parece una apuesta inteligente. Si ese milagro no se produce, el PSOE tendrá muy pocas posibilidades de mantenerse en el gobierno… a no ser que nuevos y sonados traspiés del PP le pongan en bandeja la próxima legislatura.

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NOTAS 

1 En sentido estricto, el déficit de la Administración del Estado alcanzará en 2009, según las últimas previsiones oficiales, el 8,1% del PIB. A ese porcentaje habría que sumar el déficit de las comunidades autónomas, cuya previsión se sitúa en un muy conservador 1,5% del PIB, que muy probablemente será superado. En conjunto, sumando a los anteriores el déficit de los ayuntamientos y el previsible pequeño superávit de la Seguridad Social (de los que no se han proporcionado previsiones actualizadas) el déficit de las Administraciones Públicas supondrá un 9,5% del PIB. Para el año 2010, el gobierno prevé una reducción del déficit del Estado que, pese a su importancia, se situará en un notable 5,4% del PIB. El déficit de las comunidades autónomas alcanzará según las previsiones gubernamentales un 2,5% del PIB. El conjunto del déficit de las Administraciones Públicas superará ligeramente en 2010 el 8% del PIB. El objetivo fiscal del gobierno en 2010 es que el déficit presupuestario sea algo menor que el de 2009. Otra cosa es que lo consiga.

2 Entre los costes de protección social, los que tienen una mayor incidencia en el aumento de los gastos públicos son los derivados del aumento del paro, ya que el total de desempleados que perciben algún tipo de prestación –contributiva, asistencial o de inserción- ha pasado de ser 1.678.561 personas en junio de 2008 a los 2.603.130, un año después. Y siguen creciendo.

3 Todos los datos de este apartado se refieren a los ingresos tributarios homogéneos, que se obtienen aplicando a los ingresos de un periodo las correcciones necesarias para mantener la comparabilidad interanual.

4 El 1 de enero de 2008 se eliminó el gravamen sobre el patrimonio y se suprimió la obligación de presentar la declaración por este impuesto, por lo que ya no se ha vuelto a recaudar nada por este tributo. En 2007, el último año que estuvo vigente el impuesto sobre el patrimonio la cuota a ingresar media de los 981.000 contribuyentes fue de 2.192 euros, la base liquidable alcanzó los 409.000 millones de euros y el total recaudado supuso 2.121,5 millones de euros.

5 Las declaraciones del IRPF en 2007 fueron 18,7 millones, pero como bastantes de esas declaraciones eran conjuntas se estima que el número total de personas declarantes fue de 23,5 millones. Dado que en 2007 las personas que percibieron rentas del trabajo o de la empresa sujetas al IRPF fueron 30,5 millones (27,7 millones, si se expresan en términos de personas-año), cabe considerar que unos 7 millones de personas no hicieron la declaración por no llegar a la renta mínima que obliga a realizarla. En el caso de rendimientos íntegros del trabajo que proceden de un solo pagador, esa renta mínima es de 22.000 euros brutos anuales. Si son varios los pagadores, la renta mínima es de 11.200 euros brutos anuales siempre que el segundo y restantes pagadores no superen cada uno los 1.500 euros. En los rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a retención o ingresos a cuenta, la renta mínima es de 1.600 euros brutos anuales.

6 Aunque no se mencionan entre los cambios principales, hay que anotar que también se aprueban subidas de un punto en el impuesto sobre bienes inmuebles (afecta a todos los propietarios de vivienda y lo cobran los ayuntamientos), en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y, con carácter general, en las tasas (excepto las que gravan el uso de los dominios públicos radioeléctrico o aeroportuario, los juegos de azar o, entre otras, las que afectan a las diferentes modalidades de la propiedad industrial). Conviene recordar que en el Estado español existen cinco haciendas, las de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, la de Navarra y la del Estado, que regula los impuestos y la organización tributaria en el resto del territorio. Eso significa que hay diferentes regímenes fiscales y tributarios y distintas competencias en sus respectivos ámbitos territoriales de competencia que les permiten establecer normas fiscales y tributarias propias. A esos regímenes fiscales habría que sumar el Régimen Económico y Fiscal de Canarias que se ampara en la insularidad y el carácter periférico del archipiélago canario. En este epígrafe sólo se analizan las modificaciones fiscales que plantea el gobierno central. 

 7 Respecto a las rentas del capital, en agosto de 2009 unas 420.000 personas mantenían buena parte de sus patrimonios monetarios (hasta un total de 25.300 millones de euros) en sociedades anónimas que invierten en valores mobiliarios de renta variable (Sicav) y que se camuflan como instituciones de inversión colectiva para que los beneficios que obtienen queden gravados con un tipo impositivo del 1%. Mientras los beneficios se mantengan en la Sicav, los socios no pagan impuestos y la sociedad paga el 1% de los beneficios obtenidos. El socio o partícipe sólo paga el correspondiente 18% que grava a las rentas del capital cuando cobra dividendos (los beneficios que los socios deciden repartirse) o vende sus acciones o participaciones y obtiene, en su caso, plusvalías. Puede también retirar parte de su aportación reduciendo el capital de la Sicav y de esta forma obtiene liquidez, mantiene los beneficios en la Sicav y sólo paga un porcentaje mínimo (entre un 0,5 y 1%, según la comunidad autónoma en que se domicilia o está inscrita la sociedad) al estar gravada esta reducción por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En realidad, las Sicav no son instituciones de inversión colectiva, sino vehículos de inversión de las grandes fortunas (apenas 15.000 o 20.000 personas) que poseen la mayoría del capital de estas sociedades anónimas (actualmente, 25.308 millones de euros) y utilizan socios que son meros figurantes para alcanzar el número mínimo de 100 partícipes que exige la ley. En 2003, cuando el gobierno del PP hizo un breve e inconsistente intento de equiparar su fiscalidad a la del resto de rentas del capital que perciben personas físicas y empresas, del total de las 3.000 Sicav existentes entonces, un solo accionista concentraba más del 25% del patrimonio en unas 2.500 de estas sociedades de inversión. 

8 En los últimos años, los gobiernos comunitarios tienden a vestir la imposición indirecta y la subida de tipos impositivos con disfraces ecológicos que hagan su ingestión menos traumática. El gobierno no ha optado en esta ocasión por abrir esa vía recaudatoria, pero es probable que en un futuro más o menos cercano intente aprobar alguna tasa ecológica. Ates de aceptar cualquier propuesta de impuesto o tasa verde, hay que valorar críticamente sus características concretas. No debería bastar con las buenas intenciones medioambientales o con considerar la eficacia del tributo verde para reducir el consumo o aumentar la recaudación fiscal. Los ingresos obtenidos mediante tributos ecológicos deberían estar dedicados íntegramente a generar energías renovables y fortalecer un tejido económico eficiente que produzca bienes sustitutivos que se caractericen por su baja intensidad en el consumo de materiales y energía. Y deberían gravar no sólo el consumo sino también los costes externos y los riesgos que se generan en las diferentes fases de abastecimiento, producción y distribución de los productos y en la gestión de los residuos que se generan en cada uno de esos procesos. También debería tenerse en cuenta que el aumento de la presión fiscal resultante y los procesos de sustitución de la producción y el consumo de unos productos por otros a los que de lugar la implantación de estos tributos verdes no reduzca las rentas efectivas ni empeore las condiciones de vida de los sectores sociales de menor renta. No se trata de ser muy exigentes con los tributos verdes, se trata de ser muy exigentes para que realmente sean tributos verdes.

9 En 2007, los salarios brutos anuales de la mitad del total de los trabajadores asalariados (incluyendo los trabajadores a tiempo parcial y los que trabajaron únicamente una parte del año) no alcanzaba los 16.718 euros. Ese salario mediano de 16.718 euros era muy inferior al salario medio como consecuencia de una notable desigualdad de las rentas salariales que se manifestaba en los 12.520 euros anuales que percibían de media el 25% de los trabajadores con salarios más bajos frente a los 24.689 euros de media que percibía el cuartil (25% de los trabajadores) con los salarios más altos. La distancia se cuadruplica si en lugar de comparar los cuartiles extremos de mayor y menor renta, se compararan los percentiles (agrupamientos del 1% de los asalariados) extremos. Así, mientras lo trabajadores del percentil nonagésimo percibían de media un salario bruto anual de 36.186 euros, el de los trabajadores del percentil décimo era de tan sólo 8.865 euros, Esta última cifra significa que los nueve percentiles anteriores, el 9% del total de  trabajadores que perciben los salarios brutos más bajos, no llegaban al salario mínimo interprofesional, que se situaba en 2007 en 7.988 euros anuales. La mayoría eran trabajadores a tiempo parcial, pero casi el 20% eran trabajadores a tiempo completo.  Según los datos del IRPF, la renta media por persona-año declarada en 2007 fue de 20.841 euros y el salario medio de 23.573 euros al año; la pensión media, de 10.831 euros y la prestación media por desempleo, de 9.273 euros. Según el INE, el coste salarial bruto (sueldos y salarios) fue en 2007 de 20.158 euros anuales en el conjunto de actividades industriales, construcción y servicios.

10 Unas 100.000 declaraciones (el 0,6% del total) reconocen rentas netas anuales superiores a 150.000 euros (declaran el 5,5% de la base imponible general y pagan el 17% del total recaudado por el IRPF). Los más ricos, 10.580 contribuyentes (0,06% del total), declaraban rentas superiores a los 601.000 euros anuales (suman el 1,5% de la base imponible general y pagan el 6,2% del impuesto). Respecto al patrimonio, la desigualdad es aún mayor: 48.000 personas declaraban en 2007 patrimonios netos superiores a 1,502 millones de euros (y eran propietarios de casi un tercio del patrimonio total); entre ellas, unas 4.000 personas declaraban patrimonios netos superiores a los 6,01 millones de euros (eran propietarios de algo más del 10% de los activos financieros, bienes tangibles e intangibles y derechos de cobro que estaban en 2007 en manos de personas físicas). En el lado opuesto se encontraba la mayoría de la población, los casi dos tercios de las declaraciones que revelaban en el IRPF bases imponibles anuales inferiores a los 21.000 euros; mientras sólo el 17,5% declaraba rentas netas superiores a los 30.000 euros anuales. A tenor de estas cifras, se puede seguir hablando de pobres y, con mayor propiedad aún, de ricos. En conjunto (considerando rentas y patrimonios) y en un sentido muy amplio, los ricos no son muchos más de 750.000. En un sentido más estricto no llegan a 100.000. El poder económico efectivo se concentra en unas 15.000 o 20.000 personas.

11 Durante la última fase de expansión de la economía española (1995-2007), el empleo creció en un 46,5%, con una intensidad muy superior a la del PIB, gracias esencialmente al mayor peso del sector de la construcción (su participación en el valor añadido bruto nominal pasó del 7,5% al 12,3% y en el empleo del 9,4% al 13,9%) y de los servicios de mercado, que se caracterizan por ser muy intensivos en empleos de baja productividad: la productividad aparente del trabajo en estos sectores se redujo entre 1995 y 2007 a un ritmo medio anual del 1,5% en el primero y del 0,5% en los servicios. Ese fuerte crecimiento del empleo, sustentado en sectores de baja productividad que sufren en muy escasa medida la competencia internacional y en los que la penetración de las nuevas tecnologías es débil, ha ocasionado un fenómeno muy interesante: el umbral mínimo de crecimiento real del PIB necesario para generar empleo neto disminuyó paulatinamente hasta el 0,77% durante el ciclo expansivo que finalizó en 2007, mientras durante el periodo anterior (1985-1995) ese umbral mínimo estaba situado en el 2%. Lo normal, tras una crisis como la actual, en la que los sectores que sufren una mayor caída son los que habían generado mayor número de empleos y los que concentraban el mayor número de trabajadores de baja cualificación, es que el umbral mínimo de crecimiento anual del PIB que se requiere para generar empleo neto vuelva a tasas del 2% o superiores. Crecimiento que está claro que no se logrará en 2010 y que será difícil de conseguir en años posteriores si el Estado no impulsa con decisión cambios modernizadores en la estructura productiva capaces de sostener un nuevo modelo de crecimiento. La última previsión de crecimiento del PIB realizada por el FMI indica un retroceso del 0,7% en 2010 y una ligera recuperación del 0,9% en 2011. De confirmarse esas previsiones, no habría generación neta de empleos hasta después del 2014, año en el que un pequeño crecimiento del PIB del 2,1% permitiría el mantenimiento del número de empleos. 

12 Ya saben las autoridades españolas y la Comisión Europea que no será posible reconducir el déficit público hasta el 3% del PIB en 2012. Al igual que tampoco cumplirán ese objetivo muchos de los socios comunitarios. Sin embargo, no quieren renunciar a mantener una brida al gasto público de la que nadie se siente responsable, que las grandes economías comunitarias han roto sistemáticamente desde hace años y que resulta útil para mantener viva, aunque no activa, la ortodoxia fiscal. Los gobiernos de los países que forman parte de la UE pueden así aplicar políticas de recorte del gasto público y disminución del sector público en la economía escudándose en una decisión o restricción “exterior” que escapa a las competencias de los Estados miembros y a la decisión soberana de sus ciudadanos.

13 Las últimas previsiones que acaba de publicar Natixis (filial del segundo grupo bancario francés, el BPCE) en octubre indican que los déficit públicos del Reino Unido (12,8% en 2009 y 13% en 2010) y EE UU (11,0% y 9,8%) serían superiores a los de la economía española (10,0% en 2009 y 9,8% en 2010), mientras los de Japón (8,9% y 9,9%) y Francia (8,0% y 8,2%) se situarían ligeramente por debajo. En Alemania (4,0% y 6,0%), Italia (5,4% y 5,7%) y el  conjunto de los países de la eurozona (6,0 y 6,9%), pese a ser relativamente importantes, serían bastante inferiores a los de la economía española.

14 La deuda pública es una medida bruta que solo tiene en cuenta el pasivo o la deuda de las administraciones públicas y no considera los activos financieros que detenta el Estado. Al igual que la deuda pública genera gastos financieros, los activos financieros públicos también generan intereses y dividendos que van a parar a las arcas del Estado. El Estado español era propietario en 2007 de unos activos financieros que sumaban un valor equivalente al 24% del PIB, por lo que su deuda financiera neta era, antes de la crisis, la más baja (aproximadamente un 12% del PIB) de los países de la OCDE. Dado que esos activos financieros suponen en torno a la mitad del total de los activos públicos tangibles que son propiedad pública (carreteras, infraestructuras, hospitales, escuelas, centros deportivos, jardines,…), en realidad cada niño que nace en España (al igual que cada ciudadano español) viene con una deuda pública debajo de un brazo de aproximadamente 9.000 euros y con unos activos públicos de similar cuantía a la de la deuda debajo del otro brazo. Hay que resaltar que la estimación anterior es puramente contable y que sólo tiene en cuenta los activos públicos financieros y tangibles que pueden valorarse mediante un precio. Además de los activos públicos señalados, el Estado posee otros bienes, pero, ¿cómo se le pone un precio al Museo del Prado? o ¿para qué sirve estimar un valor mercantil aproximado de Las Meninas si, por suerte, no se puede vender? Una parte importante de los activos públicos son intangibles e invalorables desde el punto de vista mercantil. ¿Cómo valorar la situación de la salud física o mental de la población? ¿Qué valor negativo se le puede dar al hecho de que la justicia funcione mal o sea percibida por la ciudadanía con desconfianza? Los sistemas de sanidad pública o de enseñanza pública no valen lo que se gasta el Estado en mantenerlos; su valor viene determinado por la eficacia de su funcionamiento y la calidad de sus resultados. Pese a que muchos de esos activos públicos no tienen precio ni pueden ser valorados, deben ser considerados como inversiones inmateriales que van a determinar la capacidad de generar bienestar social, el nivel de confianza de la sociedad en sus instituciones y en sí misma, la productividad, la situación de las arcas públicas y la capacidad de generar rentas e ingresos fiscales en el futuro.

15 El País, 10 de septiembre de 2000.

16 La intervención de Zapatero en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso de los Diputados el pasado 16 de septiembre (se puede leer en la web del Gobierno de España: www.la-moncloa.es) reconoce como mérito del gobierno la reducción de la presión fiscal y la consiguiente disminución de los impuestos que gravan beneficios, patrimonios y rentas altas y del capital en el IRPF:

La subida impositiva "limitada y temporal" que propone el Gobierno se lleva a cabo para cumplir con el compromiso del Pacto de Estabilidad, mantener la protección social y la inversión productiva.  /…/ Cuando el PSOE llegó al poder en 2004 la presión fiscal era del 34,5% del PIB mientras que ahora es del 32,8%, ello ha sido posible gracias a la bajada del impuesto de sociedades, a las medidas sobre el IRPF y a la eliminación del impuesto sobre el patrimonio. /…/ El Gobierno ha bajado el impuesto de sociedades cinco puntos y bajará otros cinco puntos a las pymes que mantengan o creen empleo.

17 Los presupuestos de educación infantil y primaria se reducen en un 6,8%, los de secundaria (especialmente los referidos a la formación profesional) en un 14,1%, los de investigación en un 15% y las inversiones reales en un 10,2%. La cuantía de la reducción de los gastos de investigación y desarrollo ha sido muy controvertida, porque el carácter simbólico de la inversión pública dedicada a investigación marca las posibilidades del cambio de modelo de crecimiento que se pretende conseguir y el contenido de ese cambio. Aunque el presupuesto total del Ministerio de Ciencia e Innovación no se ha reducido (se ha incrementado en un mínimo 0,2% respecto al de 2009), el presupuesto total de I+D+i ha disminuido en un 3,1%. El presupuesto no financiero de I+D,  que comprende los salarios, gastos corrientes, subvenciones y transferencias (los capítulos 1 a 7, que son los esenciales para la investigación), se han reducido en un 15% y los presupuestos de los Organismos Públicos de Investigación en un 13%. Las subvenciones (capítulo 7 de los presupuestos de I+D) de algunos programas específicos han caído aún más; por ejemplo, la investigación sanitaria pierde un 32,8% y el programa de investigación científica, un 17,8%. 

18 Las pensiones contributivas mínimas que reciben unos 3 millones de personas podrían subir algo más del 2%, lo cual supondría un aumento de 15 euros mensuales para los jubilados con cónyuge a su cargo que ahora cobran 696 euros y de 14 euros mensuales para las viudas con cargas familiares que cobran 651 euros actualmente. El resto, unos 5,5 millones de pensionistas, recibiría de media unos 8 euros más mensualmente. Respecto a los sueldos de los 2,64 millones de funcionarios, el incremento sería del 0,3%, que para la mayoría, que no supera un modesto sueldo bruto, incluyendo el complemento de destino, de 21.000 euros anuales (antes de la retención a cuenta del IRPF y de las cotizaciones a la seguridad social que van a cargo de los trabajadores), supondrá de 2,5 a 5 euros mensuales más que en 2009.

19 La pérdida de competitividad de la economía española en la última década, 1998-2008, guarda relación con un aumento de los costes salariales unitarios nominales del 40%, que es superior a los experimentados por los de Italia (35%), Francia (20%) o Alemania (donde apenas experimentaron cambios a lo largo de ese periodo). Al analizar las causas del crecimiento de los costes salariales unitarios se puede distinguir un alza de los salarios nominales de apenas un 3,2% anual y un muy ligero aumento del 0,3% de la productividad del trabajo (que reflejaban tasas medias negativas en los sectores de la construcción y los servicios de mercado), como consecuencia lógica del muy alto crecimiento de los empleos de baja productividad. Dado que desde 1998 hasta 2006 el salario real medio del conjunto de la población trabajadora experimentó tasas anuales de crecimiento negativo, la participación de las rentas del trabajo en la renta nacional disminuyó en más de 2 puntos mientras aumentaba ligeramente el peso de las rentas del capital y mixtas. Por tanto, los excesos salariales tienen mucho de imaginario, no han incidido en demasía en la pérdida de competitividad exterior de los productos españoles y su impacto sobre la inflación ha sido muy inferior al generado por el excesivo crecimiento de los beneficios (márgenes unitarios o excedente de explotación por unidad de producto). En todo caso, ni los discutibles excesos salariales ni la supuesta rigidez del mercado de trabajo están en el origen de la crisis o han tenido una influencia significativa en su evolución.

20 La rotundidad de la afirmación anterior habría que matizarla para favorecer un análisis correcto de determinadas situaciones particulares: pueden existir empresas y, excepcionalmente, sectores en los que los costes laborales estén causando un retroceso de los márgenes y beneficios que provoca la caída de la inversión productiva empresarial y pueden poner en peligro la continuidad de la actividad económica y de los correspondientes empleos. Esas situaciones particulares también existen y conviene reconocer la posibilidad de que se produzcan. En todo caso, no deben confundirse los impactos causados por los costes laborales con otro tipo de problemas, con los que generalmente se entremezclan, de retroceso de los mercados, insuficiente capacidad competitiva o posibilidades de deslocalización de capacidades productivas que no pueden encontrar ningún alivio o solución en acuerdos salariales a la baja.