La situación de la deuda pública griega es muy grave. No merece la pena detenerse ni una línea más en matizar ese diagnóstico. La deuda soberana de los otros países del sur de la eurozona afronta problemas similares aunque sus manifestaciones no sean aparentemente tan graves.

            El plan de rescate financiero aprobado conjuntamente por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los países de la eurozona y el programa de austeridad impuesto al Gobierno griego no bastaron para reducir la presión de los especuladores o impedir la extensión de la crisis a los otros países periféricos que comparten el euro.

            El problema griego sigue siendo tan preocupante como hace unos meses, pero es hoy mucho más inquietante que entonces porque ha terminado afectando a la estabilidad y supervivencia del euro y ha desembocado en la economía española imponiendo un ajuste adicional de las cuentas públicas que incumple acuerdos legales y compromisos políticos que obligaban al Gobierno a respetar la capacidad adquisitiva de las pensiones y el mínimo incremento del 0,3% en los sueldos de los funcionarios.

            El pasado viernes 7 de mayo, la cumbre de los 16 jefes de Estado y de Gobierno que integran el Eurogrupo acordó un plan para intervenir de forma multilateral y masiva en defensa del euro. La Comisión Europea se encargó de perfilar las bases legales y los contenidos de ese plan y apenas dos días después, el domingo 9 de mayo, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) lo concretó y aprobó.

            Se ha creado un Mecanismo Europeo de Estabilización del euro… y de los grandes bancos europeos. Aunque este segundo aspecto, que implica un nuevo bocado multimillonario para las entidades bancarias, apenas se ha mencionado. Habrá que ver si la asistencia financiera puesta a disposición de ese mecanismo de apoyo al euro (750.000 millones de euros aportados por la Comisión Europea, el FMI y los Estados miembros de la eurozona) puede parar la presión que de manera conjunta realizan los mercados de deuda pública, las agencias de calificación de riesgo y los especuladores. Lo que no está por ver, porque ya ha sucedido, es la reacción inmediata de las bolsas de todo el mundo: el lunes, 10 de mayo, se produjo una subida monumental de las cotizaciones de los bancos que ha arrastrado al alza al conjunto de los valores bursátiles (el Ibex 35, por ejemplo, subió un 14,4% y experimento la mayor subida de su historia en un solo día). Probablemente, sólo harán falta unos cuantos días o algunas semanas para ver hasta qué punto esa euforia bursátil es tan sólo un espejismo que, tras desaparecer, deja paso a un paisaje bastante similar al de las últimas semanas y a parecidos problemas financieros y económicos.

            La situación sigue siendo muy delicada para la deuda pública de los países del sur de la eurozona (agrupados tras la despectiva denominación de PIGS: Portugal, Italia, Grecia y España). También, para el euro. Aunque, de momento, los mercados de deuda siguen discriminando la desigual gravedad de los problemas de estos países (a los que se añade en ocasiones algún socio más, como Irlanda) y la capacidad de cada economía nacional para resistir la presión de los mercados.

            Las notas que siguen tratan de resaltar la importancia y la gravedad de lo que está en juego en el tratamiento de la deuda soberana de los países del sur de la eurozona. También pretenden contribuir a que las personas de izquierdas interesadas en seguir el curso de esta crisis económica global tengan en cuenta las ramificaciones del problema de la deuda soberana de estos países y aprecien la complejidad de un contexto caracterizado por las dificultades de financiación de sus deudas públicas y una fragilidad institucional de la UE para resolver los problemas que afronta el euro que contrasta con su gran capacidad para forzar ajustes extras en los gastos públicos de algunos de sus miembros.

            El programa de rescate de la deuda griega, las recientes medidas de urgencia para defender al euro y la extensión a las cuentas públicas de España y Portugal de las estrictas e indiscriminadas políticas de ajuste impuestas a Grecia aún tienen que desvelar cómo se aplican y si van a ser eficaces. Están en juego la evolución del espacio sociopolítico que conforma la UE, el futuro del euro, la orientación de las políticas económicas que promoverán las instituciones comunitarias y los gobiernos de los Estados miembros y, como consecuencia, las condiciones de vida de las clases trabajadoras y los sectores vulnerables o con mayor riesgo de caer en situaciones de exclusión.

            No resulta nada fácil orientarse en el mar de cifras, interacciones económicas, conceptos técnicos, ideologías e intereses que acompañan a la evolución de la crisis de las cuentas públicas de los países de la eurozona y a su tratamiento por parte de las autoridades económicas comunitarias y de los Estados miembros.

            Menos fácil aún resulta la tarea de afianzar una mirada y un pensamiento críticos sobre los acontecimientos, declaraciones y medidas de las que tan profusamente informan los medios de comunicación a propósito de la deuda soberana de los países del euro. Tras esas noticias y buena parte de los análisis que intentan descifrar las posibles implicaciones de la crisis se deslizan con demasiada frecuencia supuestos argumentos y pretendidas soluciones a los desequilibrios fiscales que lejos de ayudar a comprender los problemas, los obscurecen.

            Gran parte de esos argumentos y soluciones técnicas coinciden punto por punto con los intereses y las políticas que defienden la derecha y la patronal. Pese a la seriedad de los medios de comunicación en los que aparecen y de los expertos que las suscriben, esas posiciones son poco más que quincalla ideológica e intereses de parte. 

1. Impactos económicos, sociales e institucionales de la crisis griega

            Los impactos producidos o que puede ocasionar en las próximas semanas o meses la crisis griega (y la crisis del euro) podrían resumirse de la siguiente forma:

            En primer lugar, merma las posibilidades de reactivación económica del conjunto de la UE. El surgimiento del riesgo soberano (traducido en un aumento de los costes financieros y una ampliación de los diferenciales de tipos de interés que deben pagar los países del sur de la eurozona para colocar sus respectivas deudas públicas) dificulta la movilidad del ahorro y del capital en el espacio económico y monetario que comparten los dieciséis países miembros de la eurozona. En el pasado, la unión monetaria permitió compensar las insuficiencias de ahorro de algunos socios (los países periféricos de la eurozona, pero también Francia) con el exceso de ahorro de otros (Alemania, principalmente). Ahora, la menor movilidad del ahorro ha empezado a concretarse en unos mayores costes financieros para los países prestatarios; los países prestamistas, por su parte, se arriesgan menos y financian en menor cuantía que antes los proyectos de inversión más rentables y las actividades con mayor capacidad de crecimiento y arrastre.

            En segundo lugar, si el encarecimiento de la financiación de la deuda pública griega da paso a una situación de suspensión de pagos o a modalidades de renegociación que impliquen su reducción o aplazamiento, las consecuencias para la mayoría de los bancos acreedores (alemanes y franceses, sobre todo, pero también italianos, belgas, holandeses, luxemburgueses y austriacos que detentan entre sus activos los títulos de la deuda pública griega) podrían ser nefastas. La crisis griega se trasladaría a esos bancos que, al reconocer la depreciación de sus activos y las potenciales pérdidas ocasionadas por una declaración de impagos por parte de Grecia, también podrían situarse en una situación de suspensión de pagos o, incluso, de quiebra técnica. Los problemas podrían transmitirse rápidamente al conjunto del sistema bancario y obligarían a los gobiernos a emprender nuevas y millonarias operaciones de rescate del sistema bancario. Algo parecido ocurre con gran parte de la deuda pública de los socios que presentan mayores niveles de riesgo y vulnerabilidad.

            En tercer lugar, un ritmo tan rápido e intenso de reducción del porcentaje del déficit público respecto al PIB como el que se ha aprobado (e impuesto) en todos los países de la eurozona va a impedir que en los próximos años se produzca una reactivación económica con suficiente empuje como para generar empleos netos y reducir el paro. La financiación de los déficit públicos de la eurozona, aún siendo éstos muy importantes, no generó antes de la crisis global ni durante su fase recesiva un incremento de los tipos de interés; tampoco, mayores dificultades de financiación del sector privado. El objetivo de reducir el déficit público al 3% del PIB del conjunto de los países del euro en 2012 debe considerarse una imposición normativa que no responde a necesidades económicas objetivas. Antes bien, es consecuencia de las incoherencias, límites y fragilidades de la construcción europea y de la incompetencia de sus líderes. La reducción del gasto público se sumará a la reducción de la inversión productiva de las empresas (el descenso de la utilización de las capacidades productivas de las empresas no permite vislumbrar a corto plazo una recuperación de la actividad inversora) y al estancamiento del gasto de los hogares (que siguen desendeudándose y cuya capacidad de compra seguirá debilitándose como consecuencia de los ajustes salariales y laborales que aprueban empresas privadas y sector público). Antes que parte de la solución, el duro ajuste de los gastos públicos supondrá la puntilla que acabe con las posibilidades de una reactivación económica significativa en los próximos dos años... como poco. 

            En cuarto lugar, deteriora la credibilidad de las instituciones europeas. No sólo entre la mayoría de la población griega que ha protagonizado sucesivas huelgas generales y sectoriales que han conseguido avivar un malestar social y un rechazo a la UE sin precedentes. La falta de confianza de la ciudadanía europea en la capacidad de gestión de la crisis por parte de las instituciones comunitarias y los líderes europeos no hace más que aumentar. Y seguirá aumentando y trasladándose a las autoridades nacionales mientras sigan empeñados en reforzar con las medidas que aprueban las posiciones e intereses de capitalistas y especuladores. La crisis griega y su tratamiento por parte de las instituciones y autoridades comunitarias han puesto en evidencia las inconsistencias del proyecto de construcción de la unidad europea. El deterioro que se va a causar a las finanzas y economías de España, Grecia y Portugal se traducirá, inevitablemente, en un paso atrás del artefacto institucional comunitario que hoy existe y en un desdibujamiento del proyecto de construcción de una Europa unida que sólo puede progresar reforzando la solidaridad entre los países miembros y entre sus ciudadanos.

            Y en quinto lugar, favorece la extensión a los países periféricos de la eurozona de la mala valoración de la deuda soberana griega que hacen los mercados. El impacto directo se ha concretado ya en un encarecimiento relativamente intenso de la financiación de la deuda pública de estos países y, lo que es también preocupante, en la extensión de esas dificultades a buena parte de los requerimientos de financiación de las grandes empresas privadas de estos países. La deuda pública española se sitúa en la primera línea, tras Grecia y cerca de Portugal e Irlanda, de los objetivos a batir por los mercados de deuda. Para percibir las negativas consecuencias de la crisis griega no es necesario esgrimir la hipótesis de suspensión de pagos, basta con que se apliquen las políticas de austeridad añadida que se han impuesto o que sigan aumentando los tipos de interés que deben pagar los países del sur de la eurozona por sus nuevas emisiones de deuda pública y que esos mayores costes financieros sigan dificultando la reestructuración y refinanciación de sus deudas públicas.

            En lo que atañe específicamente a la economía española, la carga financiera asociada a la deuda pública es aún relativamente pequeña (el pago por intereses de la deuda supuso en 2009 unos 16.800 millones de euros; es decir, un porcentaje cercano al 1,7% del PIB que, pese a su importancia, supone un coste asumible), pero el efecto conjunto del incremento de la deuda y de los gastos financieros podría degradar la situación de las cuentas públicas e impedir la realización de las imprescindibles tareas de protección social, reactivación económica y cambio de modelo productivo que deberían impulsar las autoridades españolas.
El problema fundamental de todos los países del euro, especialmente en los casos de los países del sur, es que una reducción demasiado intensa y rápida del déficit público en los próximos dos o tres años es imposible si no es a costa de recortes sustanciales del gasto que harán aún más difícil la recuperación de la actividad económica. El Gobierno Zapatero pretende situar el déficit en el mítico límite del 3% del PIB en 2013 y ha dado una nueva vuelta de tuerca al recorte como consecuencia de los acuerdos adoptados por el Ecofín el pasado 9 de mayo. El ajuste adicional supone 5.000 millones de euros para este año y otros 10.000 millones de euros en 2011.

            Al negativo impacto sobre las posibilidades de reactivación de la economía española que ya habían ocasionado el ajuste de gasto público programado en los Presupuestos del Estado de 2010 y el aumento de los costes financieros hay que sumar los nuevos recortes en el gasto público anunciados de forma apresurada por Zapatero en su comparecencia parlamentaria del pasado 12 de mayo. Lo que ayer defendía como imprescindible, ha sido olvidado. Medidas que se habían presentado como necesarias han sido retiradas y otras que se rechazaron antes son ahora la solución o herramientas imprescindibles para resolver los problemas que afectan a la economía española. Tal actuación, no podría ser de otra forma, se traduce en un deterioro de la situación de la economía española y un debilitamiento del apoyo social al Gobierno cuando más necesario era ese apoyo.

            A las acerbas críticas y al rechazo activo que organizan, financian e impulsan la derecha, la patronal y los mercados se suman ahora los imperativos que proceden de  instancias comunitarias. Las presiones internacionales sobre el Gobierno español para que disminuya los gastos públicos de forma rápida e intensa están en el origen del desconcierto y los tumbos que en los últimos dos meses se perciben en el Gobierno presidido por Zapatero y se han ido reflejando en las medidas económicas que anunciaba, defendía, amagaba con aprobar, rechazaba de entrada o aprobaba apresuradamente. Resulta evidente que las propuestas progresistas de política económica que pretendan defender los derechos e intereses de la mayoría requieren un sólido escudo social que las proteja frente a los ataques que inexorablemente va a organizar la derecha y la patronal. Y eso no se ha hecho. Y eso se está pagando.

            Cualquiera de los cinco impactos de la crisis de la deuda pública griega (y del euro) mencionados en los párrafos anteriores sería suficiente para calificar la actual coyuntura de la eurozona como muy grave. No digamos si, como es el caso, tales efectos se acumulan y refuerzan entre sí.

2. Los mercados de deuda pública funcionan muy mal;
las instituciones comunitarias, igual de mal o peor

            Los mercados de deuda pública han dejado de realizar de manera eficiente su función de financiar la deuda pública de los países de la eurozona. Esos mercados, a diferencia de lo que sucedía antes de la crisis, canalizan con dificultad el exceso de ahorro que existe (sigue existiendo hoy) en algunos países de la eurozona hacia los socios que sufren escasez de ahorro y que requieren financiación externa para sostener su elevada deuda pública y los nuevos déficit que alienta la crisis económica global.

            Los mercados no solucionan o solucionan mal los problemas de financiación de la deuda pública de los países del sur de la eurozona y se han convertido en parte de un nuevo problema (la reaparición del riesgo soberano en el área del euro y las dificultades que añade esa reaparición a la financiación de la deuda pública y privada) y en una de las causas determinantes de la aguda crisis de financiación de la deuda pública de los países periféricos del euro sufrida a finales de abril y primeros días de mayo.

            Los mercados consideraron que Grecia podía suspender pagos y al anticipar ese hecho contribuyeron a que aumentara la probabilidad de que se produjera y a que, finalmente, si el poder político no lo impedía, la suspensión de pagos acabara produciéndose. Hasta ahora, esa creencia o anticipación de los mercados ha conseguido que aumentaran los tipos de interés que ofrecían los países involucrados para financiar sus deudas y que los mayores pagos por intereses multiplicaran los problemas de financiación de esos países y alimentaran una actividad especulativa que se vio reforzada por la inacción de los dirigentes políticos europeos y las incertidumbres que sembraron con sus palabras, obras y omisiones.
 
            La responsabilidad de la crisis griega no puede achacarse en exclusiva a los mercados de deuda. Ha habido mucho de acción irresponsable en los anteriores gobiernos de derechas presididos por Karamanlis (tanto por permitir déficit públicos muy abultados como por ocultarlos y mentir a sus socios de la UE). También, en la asesoría que recibieron las autoridades griegas de entidades financieras multinacionales y bancos extranjeros (otra vez puede encontrarse al Grupo Goldman Sachs entre los que han sido colaboradores necesarios en ese engaño) para ocultar parte del déficit público griego. Contribuyeron lo suyo, también, un medioambiente económico y financiero propicio al sobreendeudamiento, una política monetaria del BCE caracterizada por una liquidez extrema y unos tipos de interés muy bajos, unas autoridades económicas complacientes con la marcha de la economía y una conciencia social muy laxa que propiciaba la reproducción de oscuras operaciones especulativas en todos los niveles. La gestión de la Comisión Europea y de las autoridades económicas en su tarea de control de las cuentas públicas griegas ha sido, cuando menos, muy descuidada y no digamos en el seguimiento de la solvencia del sistema bancario, la transparencia de sus operaciones, la calidad de los productos financieros que se ofrecían o el interesado y muy deficiente trabajo técnico de las agencias de calificación de riesgos.

            La crisis de la deuda griega tiene su origen en la conjunción de todos esos factores o, dicho de forma más precisa, en las posibilidades que la inadecuada estructura institucional de la UE y la inoperancia de los dirigentes políticos europeos brindaron a los mercados de deuda para que incrementaran su presión especulativa sobre Grecia con el objetivo de obtener ganancias millonarias a costa de lo que fuera. Parte de la presión de esos mercados anónimos y etéreos (en realidad, son unos pocos grandes bancos de inversión y grandes compañías financieras y de calificación de riesgos) se ha nutrido de la información privilegiada procedente de fuentes gubernamentales anónimas, la escasa disposición mostrada por las grandes potencias europeas para respaldar a Grecia y los sucesivos retrasos en anunciar la ayuda y concretarla.

            Hay que remarcar que son los factores mencionados y no la especulación los que han originado la crisis que afecta, en mayor o menor medida, a la financiación de la deuda pública de los países periféricos. Dicho de forma más rotunda: ni la crisis griega ni la crisis de la deuda pública de ningún otro país de la eurozona han sido provocadas por la especulación. Afirmación que no debe ser interpretada en el sentido de que la especulación no ha tenido un papel relevante en esas crisis. De hecho, los grandes fondos de inversión libre (Hedge Funds o fondos de cobertura de alto riesgo, gestionados muchos de ellos por grandes bancos de inversión) y la utilización que han hecho de los productos derivados financieros han conseguido incrementar el riesgo de impago de la deuda pública y, como consecuencia, los intereses que deben ofrecer y pagar los Estados por su deuda pública.

            Los agentes que actúan en los mercados de deuda pública (y en los mercados anexos, más propicios a la especulación, de los seguros que cubren el riesgo de que la deuda resulte impagada) valoran con sumo cuidado la situación de la deuda pública de cualquier país, las posibilidades de negocio que ofrece la explotación de esos riesgos y las posibilidades de exacerbar esos riesgos mediante su labor especulativa. Y actúan racionalmente, con el objetivo de obtener beneficios multimillonarios, en función de la valoración que hacen y de la cuantía de los fondos que ponen en juego para influir en las percepciones y decisiones de otros inversores.

            Poco se puede argüir sobre unos especuladores que hacen lo que la normativa legal les permite hacer y es previsible que hagan. Quizás una objeción: la condena ética que merecen por basar sus expectativas de beneficios en el sufrimiento y los costes económicos que pueden producir en un país y en sus ciudadanos. Como probablemente esa condena ética deje a los que se benefician de la especulación más bien fríos y no les produzca preocupación moral de ningún tipo, quizás tendría cierta utilidad concretar esa condena moral en normativas y sanciones legales que impidan las operaciones especulativas más evidentes o que impliquen mayores riesgos. Por ejemplo, limitar y regular el uso de productos derivados y valores sintéticos excesivamente complejos que no sirven para financiar la compra de nada ni para asignar de forma eficiente capital (en función de la rentabilidad y los riesgos de los proyectos de inversión). O la utilización de los credit default swaps (CDS) no para el fin con el que fueron creados (se supone que actúan como seguros que cubren a los inversores que han comprado obligaciones privadas o públicas frente al riesgo de impago de los emisores de esas obligaciones) sino como instrumentos de especulación pura y dura que permiten montar ataques masivos que reducen el valor de la deuda pública de cualquier país relativamente vulnerable y aumentan los intereses que deben ofrecer las nuevas emisiones de deuda pública.  

            En todo caso, la objeción y la crítica hay que centrarlas también en los responsables políticos europeos que no actúan para poner orden en esos mercados y que miran para otro lado cuando los millonarios beneficios de un puñado de especuladores y de las grandes compañías financieras que los acogen y amparan ponen en peligro la reactivación de la economía griega (y comunitaria) y las condiciones de vida y trabajo de millones de trabajadores griegos (y comunitarios) 

            El problema no es, por tanto, de episodios de histeria y exageración de los mercados de deuda. El problema es la actuación normal de los mercados de deuda en una coyuntura económica marcada por el estancamiento y por la enorme dificultad que van a tener los países miembros de la eurozona para equilibrar sus cuentas públicas al exigente ritmo impuesto por las instituciones comunitarias.

3. Los mercados de deuda pública podrían funcionar mejor o menos mal 

            Dado que, en la actual fase de la crisis económica global, los mercados de deuda pública están contribuyendo a generar especulación, sobrecostes financieros y riesgos añadidos tan inútiles como evitables, no estaría de más preguntarse qué se puede hacer para que no sigan haciendo tanto daño. De hecho, se han barajado diversas soluciones institucionales que permitirían avanzar en los terrenos de cooperación política y evitar o menguar sustancialmente esos riesgos, costes e incertidumbres:

            Primera, aunque hoy sea políticamente inviable, la constitución de un Fondo Monetario Europeo como único emisor de deuda pública en la eurozona. La segmentación de emisores soberanos (dieciséis bancos centrales que emiten deuda pública en euros) y la ausencia de instrumentos de solidaridad entre los socios generan costes de transacción que podrían suprimirse.

            Segunda, menos problemática que la anterior, la creación de un mecanismo permanente de respaldo colectivo a las emisiones de deuda pública de los países miembros. Esperar al estallido de una situación de crisis y confiar en que una nueva ronda negociadora pueda desactivarla es la apuesta más segura para que se reproduzcan las crisis financieras.

            Y tercera, más fácil aún que las dos anteriores, sería suficiente con una normativa comunitaria que impidiera las operaciones con un evidente contenido especulativo. Incluso bastaría con un compromiso de los países del euro que, sin impedir formalmente esas operaciones, ahogara en la práctica, operando directamente en esos mercados, cualquier resquicio propicio a la especulación.

            No son soluciones lo que faltan. Pero no va a ser fácil activar y concretar alguna de las soluciones mencionadas o cualquier otra. Por lo visto con las últimas medidas aprobadas por el Ecofin para calmar a los mercados, sólo interesan las soluciones a medias o fallidas que sigan dejando márgenes amplios a la especulación y el negocio privado.

            Uno de los factores que impide avanzar en la búsqueda de esas soluciones es la confianza ilimitada que muestran las elites políticas y económicas en un mercado de deuda y en un sistema financiero que son los únicos medios de transferencia de ahorro entre los socios y que dan muestras evidentes de su mal funcionamiento e ineficiencia. La debilidad del Presupuesto de la UE y la insuficiencia de los Fondos estructurales y de cohesión hacen que los flujos financieros institucionales sean poco significativos y no pueden compensar las insuficiencias de las transferencias que realizan los mercados.

            Otro factor es la sobrevaloración de una normativa de convergencia nominal (concretada en objetivos cuantitativos de inflación, tipos de interés, déficit y deuda públicos) y de unos indicadores o ratios de convergencia nominal tan simplistas como inútiles para valorar de forma más detallada y compleja la situación económica de cada economía nacional y, por tanto, para determinar los objetivos específicos que debe lograr y las estrategias apropiadas para conseguirlos.

            La otra cara de esa sobrevaloración de la convergencia nominal ha sido el desprecio por la convergencia real y, como consecuencia, la consolidación de las diferencias en los resultados de las balanzas comerciales o la perpetuación de las desigualdades en las especializaciones productivas de los socios. Las economías nacionales que conforman la UE muestran muy distintos niveles de renta por habitante, diferentes normativas fiscales y una gran variedad de saldos en sus balanzas por cuenta corriente, pero no disponen de los instrumentos monetarios y cambiarios con los que en el pasado afrontaban los choques externos.

            La crisis griega subraya la heterogeneidad real que existe en la eurozona y las diferencias que caracterizan a las economías nacionales de los socios. Al mismo tiempo, supone un aviso sobre las dificultades que pueden ocasionar al euro el mantenimiento y reforzamiento de las grandes diferencias actualmente existentes en la economía real.

            A los factores mencionados hay que añadir un pensamiento económico dominante que considera compatibles un ajuste presupuestario excesivamente rápido y extremadamente riguroso (como el que se ha impuesto a Grecia o España) y la reactivación económica. Principio económico que, como mínimo, es discutible.

            Y por último, hay que considerar la parsimonia con la que los responsables políticos europeos tratan los problemas que afectan a los sectores sociales que presentan menores niveles de renta y cualificación, empleos más precarios y vulnerables, mayores dificultades para encontrar empleo y menos lazos y capacidad de influencia sociopolítica y mediática. O, como reverso de esa indolencia, su diligencia en apoyar a los poderes económicos que afrontan problemas que arañan sus ventas o sus ganancias.

            Como resultado de todas estas influencias se ha impuesto una semisolución (ya veremos si su dureza no la convierte en una solución fallida) a Grecia: el desembolso efectivo de los préstamos del FMI y los bilaterales de los otros países de la eurozona dependen de que cumpla la ortodoxia presupuestaria más estricta. Y se ha extendido ese pretendido remedio de ajuste extremo del gasto público a España. Ya saben todos los países periféricos del euro la medicina que prescriben las instituciones comunitarias.

4. La utilización interesada de la crisis griega

            El pasado 20 de abril, en un desayuno organizado por la revista Vanity Fair, Carlos Solchaga (ex ministro de Economía y Hacienda con Felipe González) declaraba que los mercados de deuda exageraban “de forma histérica las incertidumbres” y presentaba esa tendencia como una “ley ineludible”. El objetivo del señor Solchaga con esas declaraciones no era, como cabría pensar, realizar una propuesta normativa de control o regulación de esos mercados que pudiera contribuir a aminorar las histerias y exageraciones que señalaba y que estaban contribuyendo a encarecer la deuda pública griega hasta niveles insoportables. Tampoco pretendía proponer la creación de un contrapeso institucional o, menos aún, sería impensable en liberal tan cualificado, que la canalización de las transferencias de ahorro entre los países miembros de la eurozona se realizara a través de una organización institucional comunitaria (un mecanismo no de mercado), por lo menos hasta que los mercados de deuda volvieran a desarrollar algunas de las funciones que realizaban antes de la actual crisis económica global.

            El objetivo de Solchaga era tan simple como el de la mayoría de sus colegas liberales: recomendar un plan urgente de recorte del gasto público en los próximos presupuestos del Estado de 2011 que fuese “creíble” y convenciera a esos mercados histéricos para que cesaran la especulación contra la deuda pública española. El Gobierno de Zapatero debe, en opinión de Solchaga, tomar las “medidas impopulares” que hagan falta para mantener la imagen de solvencia de España, convencer a los mercados de que es capaz de llevar el déficit público hasta el límite del 3% del PIB en 2013 e impedir que los problemas de Grecia acaben contaminando la deuda pública española. Ese objetivo ya ha sido cubierto.

            La pretendida histeria de los mercados sirve a Solchaga para respaldar y justificar duras políticas de austeridad y ajuste, tanto en el país que sufre esos ataques histéricos como en los países que sufren daños colaterales o que podrían llegar a sufrirlos. La defensa de las políticas de austeridad y su legión de valedores han encontrado una nueva coartada en la crisis griega.
  
            Mientras tanto, aún se está a la espera de una regulación más exigente del sistema financiero y de las operaciones especulativas de alto riesgo que siguen alentando y generando superbeneficios y burbujas especulativas y que son capaces de poner en entredicho la solvencia de Estados miembros de la UE. Todavía no se ha conseguido el imprescindible restablecimiento de los flujos crediticios que permitirían financiar las actividades de inversión y consumo que realizan empresas y hogares.

            La instrumentalización de la deuda pública griega no acaba, como es fácil imaginar, en Solchaga y compañía. La derecha de toda la vida también se ha apresurado a impartir varias lecciones que fundamentan en su particular análisis de la crisis griega. En síntesis, defienden que el caso de Grecia, como el de España, es una consecuencia directa de la relajación de la disciplina fiscal del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y de la despreocupación (de Zapatero, por supuesto) por la desequilibrada andadura de las cuentas del Estado. Ya se han olvidado de una crisis global que ha incrementado el déficit público en todos los países de la OCDE y que ese desequilibrio fiscal ha permitido que el sistema bancario y la actividad económica de los países ricos no se hundieran.

            El menú que ofrece la derecha es bastante sencillo. De primer plato: más beneficios empresariales y menos costes laborales (además de ajustar los salarios, hay que reducir los costes de la seguridad social a cargo de las empresas y las indemnizaciones por despidos). La ingestión de este primer plato permitiría, según los mantras liberales, impulsar la inversión privada y generar empleo. Y se completa con un segundo plato: trabajar más, más personas y más horas (alargando jornadas y retrasando la edad de jubilación) por menos salarios. Ese menú requiere modificar leyes y reformar el mercado laboral. A eso le llaman impulsar reformas estructurales. Y en esas estamos. 
 
            ¿Qué puede hacer la Unión Europea? En opinión de la derecha, también cosas muy simples: imponer planes de austeridad más estrictos, aplicar con más rigor el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (las reglas comunitarias que establecen, entre otras limitaciones, techos porcentuales al déficit y la deuda de los Estados miembros y recomiendan el equilibrio de las cuentas públicas) y endurecer las sanciones para lo socios que presentan los mayores desequilibrios sin esperar al inicio de la reactivación. De poco vale que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no haya sido nunca, pese a las modificaciones realizadas, una restricción eficaz. De hecho, a finales de 2009, sólo tres socios de la UE (Bulgaria, Finlandia y Luxemburgo) respetaban los criterios de un déficit público del 3% del PIB y una deuda pública inferior al 60%. Y todo hace prever que a finales de 2011 la situación no va a ser mejor.
     
            ¿Demasiada simplificación de las posiciones de la derecha y la patronal? No, los argumentos de la derecha reflejados en párrafos anteriores recogen literalmente las declaraciones públicas de Aznar y Rajoy el pasado 15 de abril (vísperas de la reunión en Madrid del Ecofin) en el Foro de Ideas Económicas organizado por FAES y el Centro de Estudios Europeos. En ese mismo Foro, el comisario europeo de Fiscalidad (el lituano Semeta) abogó por reforzar el papel de la Comisión Europea como "guardián" de las políticas presupuestarias de los Estados miembros de la UE y pidió reforzar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento con el fin de conseguir la reducción y estabilidad de los déficit públicos. La derecha española no está sola en la UE, sino muy acompañada; y no exclusivamente por otros miembros de la extensa y variada derecha europea, también por muchos comisarios, parlamentarios y miembros de los gobiernos de los países miembros adscritos o identificados con el grupo socialista.

5. ¿Son comparables la crisis griega y los problemas
que afectan a la deuda pública española?

            Generalmente, se utiliza esta pregunta retórica u otra similar para confirmar lo obvio, España no es Grecia, y para afirmar a continuación que la situación de la deuda pública española es muy diferente de la griega: no es tan grande en porcentaje del PIB, no ofrece tantos riesgos e incertidumbres y no es previsible que sufra una crisis tan intensa. El significativamente inferior tamaño del mercado de deuda griega y el menor volumen de las operaciones que en él se desarrollan hacen que sus títulos sean más vulnerables ante la especulación.

            De entrada, hay que reconocer que ambas crisis son diferentes. En cualquier caso, ese reconocimiento no supone aceptar la presunción (mezclada con cierto chovinismo) de que los mercados de deuda pueden torcer el brazo al Gobierno griego pero no pueden hacer lo mismo con la deuda pública y la economía españolas. Tampoco hay que dar por buena la impresión de que las importantes diferencias entre ambas economías puedan interpretarse sin más matices como que los problemas asociados a la economía y la deuda soberana griegas son manifiestamente más graves que los que afectan a la española.

            Es cierto que la deuda pública griega ofrece mayores riesgos de impago que la española y que buena parte de los datos disponibles reflejan que la situación de sus cuentas públicas es peor que la de la española. Así, por ejemplo, el peso de la deuda pública griega respecto al PIB alcanzó a finales de 2009 el 110%, duplicando el nivel de la española; pero de inmediato habría que matizar que el nivel de endeudamiento global, público y privado, de la economía española, rebasa ampliamente el de la economía griega (275% del PIB en el caso de la economía española frente al 210% griego).

            Por otro lado, el comportamiento de las autoridades griegas al mentir (no sólo maquillar) reiteradamente a sus socios comunitarios sobre el alcance del déficit público en 2009 ha añadido una prima de incertidumbre a la magnitud de los desequilibrios macroeconómicos griegos y una prima de falta de honradez (achacable al anterior Gobierno griego presidido por Karamanlis) que justifican una parte del diferencial de tipos de interés que debe soportar la deuda pública griega y su peor situación. Esas primas y esos riesgos no son extensibles a la deuda pública española y, hasta ahora, no la han afectado.

            Si bien las primas de mayor riesgo, mayor incertidumbre y mayor inmoralidad afectan especialmente a la deuda pública griega hay otros factores negativos que inciden desigualmente en todos los países de la periferia de la eurozona y que se concretan en una prima de especulación y otra de atolondramiento de las autoridades europeas en la gestión de la crisis griega que han multiplicado la eficacia de los ataques especulativos y explican la magnitud del castigo sufrido por la deuda pública griega en las últimas semanas y el contagio experimentado por las deudas públicas portuguesa, irlandesa, española e italiana.

            Hay, no obstante, un terreno decisivo en el que la crisis de la deuda pública española puede considerarse más grave que la griega: la reducción duradera y sustancial del potencial de crecimiento que ha sufrido la economía española como consecuencia de la crisis global y de las debilidades específicas de la estructura productiva española. Ese problema diferencial, que tiene su expresión más significativa en una tasa de desempleo que duplica la media que sufren los países e la OCDE, puede hacer que la deuda pública española llegue a verse situada a los mismos pies de los caballos de la especulación que ha sufrido Grecia y con parecidas consecuencias de encarecimiento de la carga fiscal.

            Incluso en el caso de que el respaldo financiero conjunto del FMI y la UE consiguiera aplacar la gravedad de la crisis griega, la deuda pública española podría acercarse paulatinamente a una situación de insolvencia que implicaría un escalón más alto en el nivel de gravedad que el alcanzado por la deuda pública griega. Tal situación se produciría si en los próximos años el crecimiento medio de la economía española no supera de media el 2% anual en términos reales. Y el caso es que todas las previsiones de todas las instituciones internacionales relevantes, a excepción de las previsiones oficiales del Gobierno español, señalan que durante los próximos tres años el crecimiento medio anual de la economía española se situará por debajo de ese 2%.

            Si efectivamente, como señalan la mayoría de las instituciones internacionales de análisis y prospección económica, la crisis económica global ha producido una reducción sustancial del potencial de crecimiento de la economía española y ésta experimenta en la primera mitad de la década actual un escaso y precario crecimiento, la reducción del desempleo y de los desequilibrios de las cuentas públicas sería imposible y nos encontraríamos en una situación extremadamente delicada.

6. ¿Puede ser una solución la salida del euro de Grecia
o de cualquier otro socio?

            La primera contestación a esa pregunta debe ser rotunda: no, no es una solución a nada. La salida o, en su caso, la expulsión de Grecia del euro abrirían la puerta a un escenario catastrófico en el que todos los países del euro tendrían mucho que perder sin que ninguno de los socios, incluido Grecia, pudiera obtener beneficios de ningún tipo o ventaja alguna.
Grecia, tras abandonar el euro, tendría más problemas que ahora para refinanciar su deuda pública y colocar nuevas emisiones en los mercados, mayores dificultades para hacer frente a los pagos en euros que ocasionaría el servicio y vencimiento de su deuda y menos fuerza política y económica para negociar aplazamientos o quitas. El excesivo endeudamiento público y, no se olvide, privado, junto al  previsible alza de los tipos de interés que acarrearía su salida del euro supondrían una carga insoportable para el Estado y, no se olvide, para las empresas privadas endeudadas.

            El resto de los países periféricos de la eurozona pasarían a colocarse en la primera línea de los objetivos a batir por los mercados, que trasladarían toda la capacidad de su acción especulativa hacia los socios con más dificultades para reducir los déficit públicos en una situación de bajo y precario crecimiento. Los inversores que actúan en esos mercados no sólo conseguirían hacer de la salida de Grecia de la eurozona un negocio multimillonario, también habrían conseguido la confirmación de que ese negocio podría extenderse a otros países del euro y de que su percepción sobre la fragilidad de los países de la periferia del euro era acertada.

            La salida de Grecia de la eurozona sería la prueba definitiva de las dificultades políticas e institucionales de los órganos de gobierno comunitarios para impedir esa salida. O, para el caso es lo mismo, mostraría la falta de voluntad (y capacidad) de las autoridades comunitarias para impedir la especulación o respaldar de modo efectivo a los socios que son objeto de esos ataques especulativos. La extensión de la crisis griega al resto de países del sur de la eurozona es ya un hecho; pero la salida del Grecia del euro supondría una  intensificación de la crisis que, probablemente, alcanzaría niveles difíciles de imaginar pero, en todo caso, inmanejables. 

            Tampoco las poderosas economías que forman el centro de la eurozona saldrían indemnes. En primer lugar, los grandes bancos europeos detentan buena parte de la deuda pública griega (principalmente, por orden de importancia, los bancos alemanes, franceses, italianos, belgas, holandeses y luxemburgueses han comprado la mayor parte de los 140.000 millones de euros de la deuda griega que detentan y forman parte de los activos de esos bancos) y, no olvidemos, parte de las obligaciones de las grandes empresas privadas que se han financiado en los mercados de deuda. Los grandes bancos europeos serían los primeros que verían depreciarse sus activos, con las  consiguientes consecuencias de deterioro de rentabilidades y solvencias que podrían contagiarse al conjunto del sistema bancario. En segundo lugar, la salida de Grecia y de los países más frágiles de la eurozona favorecería la apreciación del euro y tendría consecuencias negativas para los países que, como Alemania, confían en sus exportaciones para impulsar la reactivación de sus economías.
 
            Hay tantas cosas que perder para Grecia, en primer lugar, pero también, y no en menor medida, para el conjunto de los socios de la eurozona que resulta inverosímil las hipótesis de salida del euro de alguno de los actuales socios o la desaparición del euro. Sin embargo, ahí está esa inverosímil hipótesis: más viva que nunca y menos increíble cada día que pasa como consecuencia de la nefasta gestión de las autoridades europeas.

            No parece razonable, que existiendo soluciones y conociendo que esas soluciones no son demasiado costosas ni, de entrada, excesivamente difíciles de aplicar, los socios comunitarios hayan permitido que la crisis griega se agrave, acercándose a un punto de no retorno en el que todos los socios saldrían perdiendo. Pero que la salida de Grecia del euro sea tan desastrosa como irracional o poco verosímil no significa que no pueda producirse.

            Aunque todo indica que la solución al problema de la crisis de la deuda soberana de la eurozona debería imponer salidas cooperativas basadas en la solidaridad entre los socios, la derecha política que domina los gobiernos de los países comunitarios (especialmente, por su peso político y económico, el Gobierno alemán) y la elite liberal que domina la gestión económica comunitaria (BCE y Comisión Europea) se resisten a cualquier tipo de reforma institucional sustantiva y siguen empeñados en acordar soluciones transitorias que no pongan en cuestión su apuesta a favor de que la eurozona siga siendo poco más que el euro. Se oponen a desarrollar unas transferencias financieras o una coordinación económica y fiscal que consideran, pese a sus mínimos y completamente insuficientes niveles actuales, excesivas o innecesarias. Pretenden que, en lo esencial, cada socio siga haciendo frente a sus problemas presupuestarios en solitario (aunque por su pertenencia a la eurozona no pueda disponer de los instrumentos de gestión monetaria o cambiaria que harían posible afrontar esos problemas) y que la convergencia entre los socios se limite a las variables y los indicadores nominales que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sólo en última instancia y en condiciones extraordinarias que hagan insostenible la situación justificarían la intervención conjunta de los socios. Intervención obligada que se produciría en las peores condiciones posibles.

            En lugar de reconocer los errores en el diseño institucional y normativo del euro y en la gestión de los problemas provocados por la crisis a la eurozona, la labor de los principales líderes europeos ha sido la de echar más leña al fuego de la especulación. Sus retrasos y vacilaciones a la hora de concretar la ayuda financiera a Grecia alimentaron la incertidumbre, encarecieron la financiación que necesitaba Grecia y otros socios del sur de la eurozona y empeoraron y extendieron la crisis de la deuda soberana.

            Lo peor es que cuando los líderes e instituciones de la UE realizan alguna recomendación a los gobiernos de los países miembros con problemas se limitan a reclamar mayores exigencias en los planes de ajuste del gasto público y austeridad más estrictos sin dedicar ni un minuto de su tiempo a reflexionar sobre la posibilidad de que sus recetas multipliquen el caos social y retrasen la recuperación económica.

            De hecho, buena parte de la actuación y de la inacción de los líderes europeos en los últimos meses no han hecho más que aumentar las escasas probabilidades iniciales de que la crisis griega pudiera desembocar en una catástrofe económica, política y social.

            Hasta el día de hoy y pese a todo lo que ha llovido, la salida de Grecia del euro ha sido una hipótesis poco verosímil, también poco probable. Convendría, no obstante, que los líderes europeos no siguieran poniendo tanto empeño como en las últimas semanas en empeorar las cosas y facilitar la labor de zapa de los mercados. Los intereses privados que especulan y obtienen ganancias extraordinarias, aumentando los riesgos y encareciendo la financiación de la deuda pública de Grecia y otros países de la periferia y jugando con las expectativas de salida del euro de algún socio, han encontrado su mejor aliado en la gestión realizada por las autoridades comunitarias.

7. ¿Deben rebajar sus niveles de deuda pública los
países del sur de la eurozona?

            Hace tan sólo uno o dos meses, la respuesta a esa pregunta habría requerido muchos matices y condiciones. Tras lo ocurrido en la última semana del pasado mes de abril y en la primera semana de este mes de mayo, muchas de esas dudas se han esfumado y la contestación debe ser inequívocamente afirmativa: es necesario rebajar el peso relativo de la deuda pública en el PIB. Y habría que extender la misma recomendación a los países centrales de la UE para que también reduzcan los notables desequilibrios que presentan sus cuentas públicas.  No se puede quitar hierro al enorme y creciente problema de deuda pública que afecta al conjunto de los países de la UE y que puede tener repercusiones especialmente graves sobre los países periféricos de la eurozona y sobre el euro.

            Pero la aceptación de necesidad de la reducción del desequilibrio de las cuentas  públicas no puede hacer olvidar que han sido los mercados de deuda y la gestión de las autoridades europeas, al actuar con tan poco juicio como escasa prudencia, los que han transformado la crisis griega en un grave problema que ha terminado implicando al euro y al conjunto de las economías de la eurozona.

            La disminución del déficit público es, en cualquier caso, necesario. No debería haber ningún cuidado en aceptar la pertinencia del interrogante ni la necesidad del ajuste. A partir de esa aceptación (la reducción del déficit público es necesario y va a producirse) se sitúan los verdaderos problemas y las cuestiones más interesantes o de mayor relevancia: cómo y qué gastos hay que ajustar; cuándo hay que comenzar ese ajuste para que no genere más problemas de los que pretende solucionar; a qué ritmos debe hacerse ese ajuste; qué costes son aceptables, tanto desde el punto de vista económico como social; cómo se reparten esos costes para que respondan a criterios de justicia, otorguen viabilidad político y social al programa de medidas a aplicar y minimicen los impactos económicos, laborales y sociales negativos a corto y largo plazo; cómo y qué tributos hay que subir; qué acciones debe realizar el Estado y el sector público, bien sea por que no las realiza el sector privado, porque las realiza de forma ineficiente o porque el Estado pueda hacerlas de forma más atinada y eficiente.

            En lugar de intentar aclarar esas cuestiones, las instituciones de la UE, tanto los organismos comunitarios como los gobiernos de los países socios, se han apresurado a imponer a Grecia un ajuste fiscal y un plan de austeridad tan estrictos y exagerados que pueden resultar contraproducentes. Inmediatamente después, como esos planes no han sido considerados suficientes por los mercados, se ha extendido la exigencia de ajustes más estrictos a España y Portugal.

            Un ritmo menor en la reducción de los desequilibrios presupuestarios daría mayores posibilidades de reactivación económica y permitiría compaginar la reducción de esos desequilibrios y la recuperación del crecimiento económico. El problema es que los mercados no están dispuestos a permitir dilaciones, retrasos o ritmos pausados en los planes de ajuste y austeridad y han apostado por el hundimiento de Grecia, sea por la vía rápida de la austeridad o por la vía aún más rápida de la salida del euro. ¿Por qué aceptar la parte de ese dictado que conduce a perpetuar el estancamiento económico de los países del sur de la eurozona?

            No es de recibo que las autoridades de la UE exijan a Grecia, España y Portugal tan duros ajustes del gasto público que, amén de impedir la recuperación de su crecimiento económico, se van a concretar en nuevos recortes de empleos y salarios. Más aún cuando esos sacrificios van a afectar principalmente a las capas de la población más vulnerables y de menor renta. Tampoco es aceptable que las instituciones europeas desdibujen su perfil y peso político y acepten plegarse, sin mayores resistencias o reservas, a los intereses de los grandes grupos empresariales y a las prioridades, condiciones y ritmos que determinan especuladores y empresas de calificación de riesgo. 

            Es totalmente injusto que el ajuste presupuestario que se impone a los países del sur de la eurozona merme la capacidad adquisitiva de la mayoría de sus habitantes, empeore sus condiciones de vida y amenace sus empleos, mientras los políticos responsables del engaño del déficit público, los técnicos y grandes bancos y empresas de asesoría que han sido colaborares necesarios en el engaño y ocultamiento de datos y los capitalistas y directivos griegos que se han enriquecido durante años, gracias al fuerte crecimiento experimentado por la economía griega, se van de rositas y no soportan ningún coste.

            Es difícil estar en desacuerdo con la necesidad de que Grecia y cualquier otro socio aclaren sus cuentas públicas, profesionalicen la elaboración de sus estadísticas y, como cualquier otro socio con graves déficit públicos, consideren cuántos recortes en los gastos públicos pueden y deben hacer. Pero dicho esto, hay que considerar con más tino a qué ritmos se produce ese ajuste presupuestario para que no trabe las posibilidades de crecimiento y el empeño resulte finalmente inútil; hay que valorar qué partidas pueden recortarse porque tienen menos repercusiones negativas sobre el crecimiento potencial y sobre la situación de los sectores sociales que viven con mayores dificultades; hay que sopesar las posibilidades de incrementar la presión fiscal sobre las rentas y patrimonios que puedan soportar esa subida de impuestos... Es decir, hay que hacer algo muy diferente a la política de ajuste indiscriminado del gasto público, recortes salariales e incremento de los tipos del IVA y demás impuestos indirectos que ya han empezado a materializarse. Y esto vale para todos los países y gobiernos de la periferia del euro.

8. Fin de una ilusión: Zapatero avala el nuevo ajuste fiscal
impuesto por los mercados y las grandes potencias

            De forma abrupta, la crisis fiscal griega ha desembocado en la economía española en forma de un nuevo ajuste del gasto público que ha sido presentado por Zapatero ante el Congreso como una iniciativa soberana de su Gobierno. Ese nuevo ajuste presupuestario se concreta en un paquete de nueve medidas que “pretenden repartir con justicia ese esfuerzo nacional que hoy, como Presidente del Gobierno, pido a los ciudadanos”.

            No se trata de un ajuste cualquiera. La política de austeridad que asume Zapatero supone el abandono de la política económica que defendía hasta ayer mismo. Se reducen de forma inmediata las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media en 2010 y se congelan en 2011 en ese nivel reducido. También se congelarán las pensiones contributivas en 2011 (excepto las pensiones mínimas). Se reduce en 6.045 millones de euros la inversión pública estatal en 2010 y 2011. Se recorta la Ayuda Oficial al Desarrollo en 600 millones de euros entre 2010 y 2011. Se suprime la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011. Las medidas presentadas por Zapatero el pasado miércoles 12 de mayo en el Congreso entrarán en vigor inmediatamente, tras ser aprobadas por el Consejo de Ministros.

            Adiós promesas, acuerdos y compromisos de Zapatero. El mantenimiento de la capacidad adquisitiva y las condiciones de vida de los sectores populares de menor renta están en peligro. Adiós a las líneas rojas que no podían traspasarse y que marcaban las bases, supuestamente firmes, de la política económica que propugnaba el Gobierno. Adiós a la defensa gubernamental de un reparto equitativo de los costes de la crisis. Zapatero y su Gobierno se han visto arrollados por los mercados y por las políticas de respaldo a los mercados que practican las instituciones de la UE, las grandes potencias y los líderes europeos. Adiós a la responsabilidad del poder público en las tareas de favorecer la economía sostenible, impulsar el cambio de modelo productivo y generar empleos.

              La UE, el FMI, los líderes de las grandes potencias del mundo desarrollado y la patronal española aplauden, alaban y celebran las medidas propuestas por Zapatero. En sentido contrario, los sindicatos mayoritarios estudian la forma de canalizar el rechazo popular que merecen el plan de austeridad y el Gobierno que lo ha propuesto. De entrada, estudian un calendario de movilizaciones que, previsiblemente, culminará en una huelga o paro general  de los trabajadores y trabajadoras de la función pública el próximo 8 de junio. Parece claro de qué lado se sitúan los intereses populares y la defensa de esos intereses. Tan claro como que esa intención inicial de los sindicatos mayoritarios requiere desarrollarse, fortalecerse y ampliar sus objetivos más allá de la defensa de pensionistas y funcionarios.

            Los sindicatos mayoritarios habían tenido que gestionar hasta ahora una delicada posición de presión limitada orientada a respaldar (y proteger frente al PP y la patronal) el compromiso gubernamental de no recortar derechos sociales y laborales, mantener la capacidad adquisitiva de los sectores sociales de menor renta y repartir de forma equitativa los costes ocasionados por la crisis. Incumplido ese compromiso por parte del Gobierno, los sindicatos mayoritarios van a pasar a gestionar una posición aún más delicada de gestión del conflicto con un Gobierno que va a seguir manteniendo una notable influencia y un respaldo social y político significativo en sectores sociales de izquierda que son imprescindibles para ganar el pulso al Gobierno y para conseguir una salida popular a la crisis económica.

            El giro abrupto en la trayectoria del Gobierno y el camino de movilización emprendido por los sindicatos mayoritarios nos sitúa en un nuevo escenario en el que van a ganar mucho espacio la argumentación, la crítica equilibrada a las medidas gubernamentales y la explicación detallada de las propuestas de política económica que plantea la izquierda para resolver los problemas del desequilibrio de las cuentas públicas (tanto desde el lado de los gastos como de los ingresos), la debilidad de la demanda de los hogares y la inversión productiva de las empresas, la escasa financiación que facilita el sistema bancario, la financiación de la protección social o, entre otros muchos, la responsabilidad gubernamental en la creación de empleos. Las consignas y las ideas simplistas son recursos que, a pesar de su abundancia, no van a tener mucha cabida en ese tipo de debates.

            La incipiente polémica entre partidarios y contrarios al ajuste fiscal propuesto por Zapatero mezcla inevitablemente argumentos éticos, políticos, económicos e ideológicos difíciles, casi siempre, de deslindar. Conviene, no obstante, intentar delimitar los términos y el alcance de cada problema o propuesta que se somete a análisis y debate.

            En ese sentido, hay un argumento económico de peso en la defensa de la política de ajuste estricto emprendida por el Gobierno que, por su importancia, merece la pena ser comentado y criticado. Ese argumento se ha expresado literalmente de la siguiente forma: “Una recesión tan profunda como la actual exige una pérdida global de rentas, y la anunciada ayer es el sacrificio mínimo necesario para mantener la solvencia en las finanzas públicas”
    
            Es cierto que la recesión es muy profunda y que es bastante probable que exija una pérdida global de rentas. De hecho esa pérdida ya se ha producido y sigue produciéndose, aunque de forma más intensa en lo que afecta a la masa salarial global (tanto por la pérdida de empleos como por la reducción de los salarios) que en la parte de las rentas del capital y la propiedad. En esa argumentación favorable al ajuste de gastos públicos y rentas de la mayoría de la población falta, sin embargo, la mitad de la explicación, que es la más relevante: si esa pérdida global de rentas incide prioritariamente sobre la mayoría social que tiene ingresos inferiores a la renta media por habitante, como ha sucedido en los últimos dos años de crisis, las dificultades para recuperar el crecimiento económico se multiplican, dado que la demanda interna se reduce y no hay posibilidades en el actual panorama de la economía comunitaria de compensar esa caída con la demanda externa. El resultado más probable de esa pérdida de capacidad adquisitiva en la población de menor renta sería, además de la prolongación del estancamiento económico, una disminución de los ingresos públicos que no permitirían reducir la deuda y el déficit públicos a pesar del recorte acordado en los gastos de las administraciones públicas.

            No es suficiente, por tanto, esgrimir la necesidad de una pérdida global de rentas para respaldar el ajuste presupuestario aprobado por el Gobierno. Si se pretende compatibilizar esa pérdida global de rentas con la generación de empleos netos y una reactivación económica que haga posible la reducción del desempleo hay que explicar inmediatamente después que son las rentas más altas las que tienen que soportar lo esencial de ajuste, a través de un incremento de la presión fiscal sobre las rentas del capital, los grandes patrimonios y las rentas del trabajo más altas, y que el Estado debe por esa vía incrementar su recaudación para preservar las rentas y la capacidad de compra de los sectores con rentas inferiores y para impulsar la reactivación económica y la modernización de la estructura productiva.

            El ajuste fiscal propuesto por el Gobierno mete a la economía española en un túnel marcado por los sacrificios que van a soportar, en primer lugar, pensionistas y trabajadores públicos. ¿Qué habrá al final de ese túnel? Tiene toda la pinta de que, si no se cambia la orientación de la política económica a favor de medidas más respetuosas con los intereses y necesidades de la mayoría, después de ese primer túnel vendrán otros y otros… que exigirán nuevos y mayores  ajustes. 

9. Punto y seguido

            A lo largo de los últimos meses, he seguido con bastante atención la evolución de la crisis griega y la emergencia del riesgo soberano en los países de la eurozona. Aún no he conseguido hacerme una idea clara de si lo sucedido hasta ahora corresponde a manifestaciones o acontecimientos relacionados con los problemas financieros de los países periféricos de la eurozona que podrían  extenderse a los otros socios o si se trata de una crisis del euro que se expresa con desigual virulencia en buena parte de las economías nacionales que comparten el euro y, más allá, en el conjunto de la UE. Lo más probable es que estén sucediendo ambas cosas y que este artículo, escrito al filo de la crisis griega y de sus repercusiones sobre las cuentas públicas españolas, sea deudor de la perplejidad. También, del asombro que produce la evolución de un problema financiero limitado, cuyo empeoramiento era previsible y evitable pero ha seguido desarrollándose hasta colocar a la eurozona al borde de una crisis en la que puede jugarse todavía el ser o no ser.

            Las autoridades europeas competentes en lugar de hacer algo por evitar la crisis griega o minimizar sus consecuencias han contribuido a su desarrollo y sólo cuando el peligro de catástrofe era inminente (cumbre de Bruselas del 7 de mayo y reunión de los ministros de Economía del 9 de mayo) parecen haber reaccionado. Por cierto, ¿alguien se acuerda que aún estamos en el semestre de la Presidencia española de la UE?

            Quizás esta intervención tardía de los líderes europeos y las instituciones comunitarias pueda lograr que la eurozona y el euro sobrevivan; pero no va a servir para evitar la extensión e intensificación de las políticas de austeridad en todos los países de la UE. Además, se resucita el dogma ultraliberal del equilibrio de las cuentas públicas a costa de lo que sea. De hecho, el mismo lunes 10 de mayo, Zapatero y la ministra Salgado se apresuraron a anunciar los recortes adicionales en los gastos públicos de 2010 y 2011 que dos días después presentaría el Presidente del Gobierno al Congreso. Esa decisión va a prolongar el estancamiento económico y los sufrimientos de una parte importante de la ciudadanía durante el próximo lustro. 

            Ni la crisis de la deuda pública griega ni la crisis del euro están aún resueltas. Lo más probable es que esas crisis no se solucionen con el plan de rescate de la deuda pública griega recientemente aprobado por el FMI y la UE ni con la intervención multilateral masiva para defender el euro que acaban de diseñar y aprobar los ministros del Ecofín en su última reunión del 9 de mayo. Lo previsible hoy es que la solución o el agravamiento de esas crisis no se decidan a corto plazo en el campo de juego delimitado por los problemas de financiación de la deuda pública griega. Lo peor es que los terrenos de juego en los que finalmente se decida ese resultado podrían ser los de la economía y la deuda pública españolas.  

            En los dos últimos meses se han visto de forma descarnada las limitaciones institucionales de la UE y su escasa capacidad para actuar de forma solidaria, ayudar a algunos de sus socios y minimizar los costes que afectan al conjunto de los países de la eurozona. La capacidad de acción de las máximas autoridades europeas se ha limitado a imponer un durísimo plan de ajuste al socio atacado por los especuladores, aprobar un plan de rescate de la deuda griega que a los pocos días se ha demostrado insuficiente y extender los planes de austeridad a los países del sur de la eurozona. Sólo en el último minuto, cuando la crisis amenazaba directamente al euro, han sido capaces de preguntarse qué podían hacer para impedir la catástrofe. Siendo los hechos así, es pertinente interrogarse sobre la competencia y razón de ser de esas autoridades. De igual modo, parece necesario defender lo obvio: esas autoridades e instituciones están para defender los intereses de Europa y sus ciudadanos; su trabajo no puede ser, como de hecho ha sido, el de respaldar y favorecer a los mercados de deuda y a las empresas e inversores que se enriquecen especulando.

            La crisis griega (¿o la crisis del euro?) ya ha producido nuevas manifestaciones y ramificaciones que afectan grave e intensamente a la economía española. En las últimas semanas se han aprobado un plan de rescate de la deuda pública griega, medidas para defender la estabilidad del euro y nuevos planes de austeridad en los países del sur de la eurozona. Pronto habrá posibilidades de observar los límites económicos y sociopolíticos de esas decisiones: si consiguen reducir los desequilibrios fiscales y relanzar la actividad económica o, por el contrario, obstaculizan el crecimiento económico y no permiten reducir sustancialmente el déficit público; si avivan la resistencia social a las políticas de austeridad, crispan las relaciones sociales e impulsan la desafección de la ciudadanía con las instituciones comunitarias o permiten generar nuevos consensos y proporcionar nuevos impulsos al proyecto europeo; y si permiten u obstaculizan la extensión de la crisis de la deuda pública a otros países de la periferia del euro. Habrá tiempo para tener nuevos sobresaltos, seguir el curso de la crisis de la deuda soberana en la UE y volver sobre estos asuntos.
 
            Queda todavía mucha tela que cortar a propósito de los problemas que afectan a la deuda soberana de la eurozona y de las propuestas recientes de intensificación de la austeridad. No se trata de problemas coyunturales que puedan desaparecer o arreglarse en unos meses.