Las Administraciones Públicas están adaptando su funcionamiento a las nuevas tecnologías. Pero la Administración de Justicia lo está haciendo de manera más lenta, por una doble causa: la necesidad de dar protección efectiva a datos muy sensibles; y la garantía de los derechos y libertades fundamentales de las personas sujetas a un procedimiento penal. El Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia 2009-2012 está orientando el camino a seguir.
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