El derecho a la protección de datos personales asiste también al sujeto imputado en un proceso penal, pero la posible vulneración de este derecho fundamental se hace valer, en la mayoría de las ocasiones, ante la correspondiente agencia de protección de datos. Así entendido, el derecho a la protección de datos personales no forma parte del conjunto de principios y derechos del proceso penal, sino de un sistema paralelo de protección, que garantiza el poder de disposición del imputado sobre sus datos personales y el uso racional "no el abuso" de las bases de datos que los contienen.
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