El asunto de la Zamacolada ha sido repetidamente objeto de estudio. Despues de la entrada de las tropas reales en Bilbao, el juez F. J. Duran, comisionado regio también emitió el 11 de diciembre de 1804 una disposición de gran importancia, estableciendo la posibilidad de satisfacer de sus perjuicios a los afectados por la insurrección poniendo en marcha el mecanismo de resarcimiento de daños. La documentación analizada permite el conocimiento de los perseguidos por los zamacolistas
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