La iniciativa comunitaria LEADER I, II y +, y el Programa PRODER I y II, han generado indiscutibles beneficios en las zonas rurales donde se han aplicado, tal y como ha sucedido en la provincia de Granada. Pero han aparecido también efectos perversos derivados de ella tales como la distribución territorial de sus inversiones, concentradas en los municipios más dinámicos, o el escaso papel redistribuidor de la inversión pública, entre otros. La consecuencia de ello ha sido el reforzamiento de las desigualdades territoriales y sociales en favor de las cabeceras comarcales y los municipios más dinámicos mientras que los periféricos apenas logran ayudas procedentes de estos programas, lo que impide frenar la sangría demográfica de estas zonas.
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