Frente al régimen «judicialista» actual de las intervenciones electrónicas efectuadas por la policía judicial, caracterizado por la fuerte limitación de sus facultades, propone el autor una reforma de la legislación sobre las intervenciones de los datos de tráfico que residencie dicho control en el Ministerio Fiscal, permaneciendo el de los correos electrónicos en el Poder Judicial.
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