Potestad sancionadora de las Administraciones Públicas y mejora de la protección del consumidor

• Autores: Javier Avilés García
• Localización: Revista de responsabilidad civil, circulación y seguro, ISSN 1133-6900, Nº. 5, 2009, págs. 7-35
• Idioma: español
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• Resumen

  • Si bien se ha escrito que el Texto Refundido de 2007 se ha quedado en una vía muerta que carece de un propósito claro en esta materia, este estudio trata de indagar algunas de las vías de interpretación y aplicación que se abren detrás de la ambigüedad del artículo 48 TRLGDCU. Existen razones suficientes que permiten forzar muchos de los planteamientos que están en plena transformación, y aun reconociendo que este artículo 48 TRLGDCU es un instrumento ambiguo, puede ser al mismo tiempo útil y adecuado para avanzar en nuevas perspectivas dogmáticas, y también de operatividad y de cambio que se abren cada vez más en este ámbito específico del Derecho de Consumo como parcela viva del Derecho privado, en íntima conexión con el Derecho Administrativo. La propuesta trata de aportar algunas reflexiones e ideas sobre cómo subsanar uno de los déficits de protección del consumidor que desde hace tiempo parece subyacer en nuestro Derecho de Consumo. Si bien se detecta que se ha abierto un nuevo escenario en la protección del consumidor, posiblemente los instrumentos jurídicos y legales que permiten clarificar y consolidar tal situación son todavía imperfectos, inadecuados e insuficientes. 1.ANTECEDENTES 2. EL CONTROL DE MERCADO Y LOS INTERESES PRIVADOS 3. EL ARTÍCULO 48 TRLGDCU COMO REVULSIVO Y CORRECTOR DE LA ACTIVIDAD SANCIONADORA DE CONSUMO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 4. LA OBLIGADA PERSPECTIVA DESDE EL CONTROVERTIDO ARTÍCULO 130.2 LRJPAC. 4.1. Resolución de conflictos interprivados por las Administraciones Públicas y eventuales problemas de constitucionalidad. 4.2. La intervención administrativa en la resolución de conflictos en el ámbito del Derecho de consumo 4.3. El contenido de la potestad administrativa de reposición e indemnización de daños y perjuicios causados al consumidor 4.4. La conveniencia de un texto normativo habilitante (estatal preferiblemente). 5. EL PROBLEMA DESDE EL REGLAMENTO GENERAL DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA 6. LA EFICACIA DE LA DETERMINACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL PROCEDIMIENTO 7. EL CONSUMIDOR COMO «PARTE INTERESADA» EN EL PROCEDIMIENTO..